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5 años de mordazas ¡Basta!: Por una nueva legislación que garantice los derechos humanos/España

Noticias

Europa/España/01/07/2020/Fuente: tercerainformacion.es

Este  1 de julio es el 5o aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace impulsamos un manifiesto para que el mayor número de organizaciones y colectivos exijamos de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.

Un quinto aniversario que llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.

A pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.

En los años anteriores hubo un gran número de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, marcadas por el 15M, las mareas y las marchas por la dignidad, que hicieron frente a las medidas de austeridad y los recortes adoptados por el gobierno de servicios básicos y derechos económicos y sociales como la sanidad, afectando a gran parte de la población y especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

En aquellos años denunciamos el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones, así como actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.

QUEREMOS SER MUCHAS VOCES GRITANTO «BASTA DE MORDAZAS». UNETE AL MANIFIESTO.

Con la Ley Mordaza se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes.

Comprobamos que muchas de estas sanciones se aplicaban en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho de información. Y que la Ley Mordaza ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas, lo que podía implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos en todo el procedimiento sancionador administrativo.

El impacto de la aplicación de esta ley ha tenido como consecuencia un efecto disuasorio y desmovilizador, al hacer más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos, amordazando de este modo a mucha más gente de la que se había sancionado. La aplicación de esta ley también ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.

Tan solo en el primer año hubo alrededor de 34.000 sanciones relacionadas con conductas que podrían estar amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Más de 12.000 sanciones fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y casi 20.000 por falta de respeto o de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad, quedando la interpretación de estos hechos bajo la consideración de los propios agentes.

También preocupan otros artículos de la ley por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos, como el que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad, recordando que diversos organismos internacionales ya han indicado a España que el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista.

Igualmente es motivo de preocupación el artículo que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificación, no contemplando la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde no se tuviera posibilidad de notificar con antelación.

Además la Ley Mordaza recogió una disposición adicional con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente” que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años.

Junto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana cabe recordar que entró en vigor la reforma del Código Penal igualmente con impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión. Desde entonces personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. La imprecisa redacción de ese tipo de delitos también restringen la libertad de expresión.

La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.

A pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios que conforman hoy el Congreso se habían comprometido a reformar esta ley, y a pesar de que el Congreso aprobara impulsar en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza sigue a día de hoy completamente en vigor.

En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de 1 millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En este contexto hemos denunciado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el estado de alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y ésto nuevamente bajo la aplicación de la Ley Mordaza.

Y en este contexto llega el quinto aniversario de la Ley Mordaza. Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Hemos reclamado la necesidad de que el gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer.

Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de una vez por todas este quinto cumpleaños de la Ley Mordaza sea de verdad el último.

SUMATE AL MANIFIESTO: ¡BASTA DE MORDAZAS!

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/06/29/5-anos-de-mordazas-basta-por-una-nueva-legislacion-que-garantice-los-derechos-humanos

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España: Los profesores de las escuelas de idiomas volverán a la huelga en septiembre

Noticias

Europa/ España/ 30.06.2020/ Fuente: www.lavanguardia.com.

Los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunidad de Madrid ponen fin este martes a la huelga que han secundado a lo largo de dos semanas, aunque anuncian que en septiembre reanudarán sus reivindicaciones y protestas sobre la falta de seguridad sanitaria en los centros.

En una nota de prensa, los profesores, en huelga desde el pasado día 16 para defender las condiciones sanitarias de alumnos y profesores durante los exámenes, denuncian que la Consejería de Educación «ha permanecido sorda y muda» ante las llamadas al diálogo de las asociaciones de profesores y directores de escuelas.

También denuncian el «afán obstruccionista» de la Consejería con la imposición de unos servicios mínimos abusivos que han impedido el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

La Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid (APEOIM) y el profesorado de las EOI anuncian que reanudarán sus protestas en septiembre.

«Esta huelga ha sido el preludio de unas movilizaciones que pondrán sobre la mesa las pésimas condiciones que ha sufrido la comunidad educativa durante la pandemia. Volveremos en septiembre», dice la nota de la asociación.

Los profesores consideran que la Consejería «tiene que escuchar al profesorado» de las EOI y a sus representantes,que reclaman garantías sanitarias para la celebración de los exámenes de certificación de sus enseñanzas.

Según la APEOIM, los profesores no quieren seguir trabajando en condiciones de riesgo para su seguridad y su salud y las del resto de personal de los centros educativos.

Los docentes dicen que los protocolos son insuficientes y no garantizan los medios materiales y humanos con los que desempeñar nuestra labor, que han trabajado a distancia con sus propios medios y que Educación «no ha proporcionado una plataforma segura y fiable con la que desempeñar el trabajo a distancia y la adecuada atención al alumnado».

Las reivindicaciones continuarán en septiembre, dicen, porque necesitan «una vuelta con garantías sanitarias a nuestras escuelas, en las que el personal docente y administrativo pueda trabajar con los recursos necesarios y el alumnadose sienta seguro gracias a una bajada de ratios que facilite la enseñanza presencial».

Los 36 centros públicos de las EOI que hay en la Comunidad de Madrid imparten en total 22 idiomas a casi 45.000 alumnos.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció en el comienzo de la huelga los servicios mínimos «abusivos», de hasta un 60 %.

Según CCOO, las instrucciones de la Consejería para la celebración de las pruebas llegaron «muy tarde» y no garantizaban un protocolo de salud para 20.000 alumnos que se podrían presentar para obtener certificados de idiomas.

Fuente de la noticia: https://www.lavanguardia.com/politica/20200630/482033300953/los-profesores-de-las-escuelas-de-idiomas-volveran-a-la-huelga-en-septiembre.html

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Josée Scalabrini: Les problèmes en éducation, le gouvernement ne peut s’en laver les mains

Entrevistas

Par: lapresse.

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour l’ensemble des acteurs de notre système d’éducation public.

Josée ScalabriniJOSÉE SCALABRINI
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT, CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC

En mars dernier, alors que la pandémie de la maladie à coronavirus nous frappait de plein fouet, le premier ministre a convié les syndicats à négocier de façon intensive et accélérée dans le but, disait-il, de mettre ces pourparlers derrière nous et de garantir une « paix sociale ». Bien que les enseignantes et enseignants n’avaient pas du tout la tête à la négociation à ce moment, nous avons accepté l’invitation insistante du gouvernement. Nous étions au rendez-vous. De toute évidence, malgré l’image qu’il voulait laisser, le gouvernement n’avait pas non plus la tête à la négociation.

Dans le contexte de la pandémie que nous vivons depuis plusieurs mois, la FSE-CSQ a démontré qu’on peut toujours compter sur elle quand vient le temps de trouver des solutions pour améliorer les choses en éducation. Dans un contexte difficile, les profs ont organisé le retour en classe de mai dernier avec brio, en moins de deux semaines. Cette opération a été réussie grâce au professionnalisme des enseignantes et enseignants et des équipes-écoles, car on va se le dire, les conditions n’étaient pas toutes réunies. La FSE-CSQ a joué son rôle en posant des questions, en demandant des réponses, en remettant parfois en doute certaines décisions gouvernementales. De bonne foi, elle a proposé des voies de passage réalisables afin de s’assurer que les décisions prises répondent aux besoins réels des profs et des élèves dans les écoles et les centres du Québec.

C’est avec la même attitude que la FSE-CSQ s’est présentée aux tables de négociation à la demande du premier ministre. Malheureusement, force est de constater que le gouvernement ne s’est pas présenté aux rencontres qu’il a lui-même convoquées.

Cette négociation devait être enfin l’occasion de mettre un baume sur la souffrance du personnel enseignant, en s’assurant que les services soient offerts aux élèves qui en ont besoin, en revoyant la composition de la classe et en reconnaissant son travail à sa juste valeur, notamment sur le plan de la rémunération.

Le gouvernement avait un autre plan en tête. Il souhaitait profiter de la crise ainsi que de son capital de sympathie pour tenter d’obtenir une entente au rabais avec les profs. Les enseignantes et enseignants ne sont pas dupes. Ils ont été catégoriques et ont refusé à 97 % les dernières offres gouvernementales.

Rappelons-nous que ce gouvernement se targuait de mettre l’éducation au cœur de ses priorités. De plus, le ministre de l’Éducation a répété à maintes reprises ses intentions d’améliorer les conditions de travail des enseignantes et enseignants pour attirer les meilleurs candidats, et retenir celles et ceux qui ont fait le choix de la profession enseignante. Mais entre le discours et la réalité de l’offre qui nous est faite, il y a un monde.

Alors qu’ils sont nombreux à être épuisés, est-ce en allongeant la semaine de travail qu’on rendrait la tâche du personnel enseignant humainement supportable ?

Est-ce en ne proposant rien pour améliorer la composition de la classe et en retirant les remparts qui garantissent les services aux élèves en difficulté qu’on améliorerait leur sort ?

Est-ce en revenant sur sa promesse phare d’éliminer les six premiers échelons salariaux que le gouvernement reconnaîtrait le travail des enseignantes et enseignants ? En leur offrant moins que l’inflation ?

Est-ce en offrant une majoration salariale minime à quelques enseignants émérites (des directions adjointes déguisées !) qu’on revaloriserait la profession enseignante et qu’on lui retirerait la palme de la moins bien payée au Canada ?

Si le gouvernement avait été réellement sincère et avait donné des mandats conséquents à son équipe de négociation pour qu’il y ait de véritables avancées aux tables de négociation, il aurait été possible d’en arriver à une entente rapidement. Malheureusement, il faut être deux pour danser.

Malgré le fait qu’il n’y aura rien de normal à la prochaine rentrée, les enseignantes et enseignants sont tout de même soulagés de voir que l’ensemble des élèves reprendront le chemin des établissements et des centres et que les spécialités seront enseignées, car elles favorisent la motivation de plusieurs et le développement global de chacun.

Oui, les enseignantes et enseignants ont hâte de retrouver leurs élèves. Parce qu’ils tiennent toujours à bout de bras l’école publique, ils seront tenus de mettre les bouchées doubles pour aider les plus vulnérables à rattraper le retard qu’ils ont accumulé au cours des derniers mois, sans qu’on leur donne toutes les ressources nécessaires.

Ils auraient cependant souhaité se consacrer aux élèves l’esprit tranquille, sans avoir à se préoccuper de la négociation nationale. Mais parce qu’ils aiment leurs élèves et leur profession, si besoin est, ils seront mobilisés.

Les enseignants seront prêts à poursuivre le combat pour obtenir une juste reconnaissance de la qualité de leur travail, car le gouvernement, qui s’était pourtant engagé à le faire, a manqué à sa parole.

On comprend qu’il pourrait être tenté de faire porter à la négociation le poids des ratés du plan de pandémie, comme il l’a fait pour les camps pédagogiques, alors que ce sont particulièrement les directions qui les décriaient. Nous avons trop donné dans les dernières semaines pour accepter d’être instrumentalisés ainsi.

L’arrivée de la nouvelle présidente du Conseil du trésor nous laisse cependant espérer un changement de ton dans les négociations. Sonia LeBel doit prendre rapidement conscience de l’ampleur des défis qui sont devant elle.

C’est le gouvernement qui voulait négocier en temps de pandémie. Les problèmes en éducation, il ne peut s’en laver les mains.

Source de l’interview: https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-26/les-problemes-en-education-le-gouvernement-ne-peut-s-en-laver-les-mains.php

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El abandono de la escuela pública

Guadalupe Jover

Por: Guadalupe Jover.

Hemos necesitado una pandemia para reconocer las insoportables desigualdades en el derecho a la educación. Dispositivos móviles y conexión a Internet se han erigido en dolorosas metáforas de las condiciones de pobreza material que impiden la educabilidad de muchos niños y niñas. Maestras y maestros hemos tratado de llegar a cada rincón, a cada hogar, y nos hemos asomado a entornos de cuya existencia algo sabíamos y en los que es imposible reclamar concentración, trabajo y esfuerzo. Niños que burlaban la vigilancia de la policía para poder acudir al hogar de un familiar que sí contara con un ordenador. Niñas que debían aguardar a que todos en casa durmieran para poder disponer del silencio que reclama el estudio.

Para paliar esto no basta con la provisión de una tableta. No basta tampoco con la aprobación del ingreso mínimo vital ―pese a ser una buenísima noticia―. Porque las desigualdades de capital cultural de las familias son tales que niñas y niños parecen tener marcado a fuego en su código postal cuál habrá de ser su futuro académico y profesional. El determinismo se agrava en un sistema escolar tan segregador como el nuestro sin que nada apunte ―¡ni siquiera ahora!― a un golpe de timón en las políticas educativas. Veremos en qué acaban los 2.000 millones de euros cuyo destino debiera ser, según el presidente Sánchez, la educación pública.

Maestras y maestros, con mayor o menos acierto, nos hemos dejado la piel en esto. Claro que hemos cometido errores, y mucho habremos de trabajar para enmendarlos. Pero hemos estado solos. Nuestras Administraciones educativas se han lavado las manos. No sabían qué hacer y han optado por la dejación de funciones. Primero fue el silencio. Luego, el frenesí de instrucciones contradictorias. Ahora, pretenden la vuelta a las aulas como si nada hubiera ocurrido, imaginando una escuela en que sea posible respetar las distancias a que la pandemia obliga sin reducir ratios, aumentar las plantillas o dotar de infraestructuras.

Al abandono institucional hemos sumado el maltrato en los medios. Se ha llegado a responsabilizar al profesorado del cierre de las escuelas, cuando ni el estado de alarma permitía su apertura ni las condiciones de los centros ―de los centros públicos que yo conozco y en los que llevo 30 años trabajando― lo hacen posible. Tampoco los diagnósticos de los expertos parecían apuntar a la raíz del problema, al menos desde la percepción de quienes estamos a pie de aula.

Nuestro malestar y nuestro estupor son ya insoportables cuando escuchamos a los responsables políticos hablar del curso próximo. Su propuesta es ―y ahí la propia ministra― “optimizar espacios”, ignorando al parecer que, en el escuela pública, hace años que bibliotecas, laboratorios y aulas de usos múltiples se utilizan como aulas convencionales. Que centros construidos para 600 estudiantes pasan ya de los 1.000. Que no cabe un alfiler ni en aulas ni en pasillos ni en patios, y que estos nada tienen que ver con los fastuosos polideportivos que nos enseñan en los telediarios. De eso hablamos cuando hablamos de los recortes que llevan asfixiándonos curso tras curso.

Durante estos meses maestras y maestros hemos tratado de acompañar a nuestros estudiantes supliendo la falta de educadores sociales ―en muchos casos fulminantemente despedidos al comienzo de esta pandemia allí donde los había― sin escatimar ni medios ni tiempos ni energías. El desmantelamiento de los departamentos de Orientación y el menosprecio por las labores de tutoría amenazaban con dejar a niñas, niños y adolescentes abandonados a su suerte. Hemos dedicado mañanas, tardes y noches, días laborables y festivos, periodo escolar y vacacional a acompañar educativamente a nuestros 100, 200 o 300 estudiantes tratando de atender, en primer lugar, a su situación personal: “Esta noche murió mi papá”. Que en esta ocasión ―como en tantas otras― hayamos tenido que suplir a psicólogos o trabajadores sociales no puede enmascarar la apremiante urgencia de que unos y otros pasen a formar parte, en número suficiente, de las plantillas de los centros. Y que la tutoría reciba al fin en la jornada laboral docente el reconocimiento que merece. Ojalá sea ya ineludible con la Ley Integral de la Infancia.

Hemos hecho todo lo posible por proponer escenarios de aprendizaje pese a la desaparición de la clase como espacio y tiempo compartido, como grupo humano. Y lo hemos hecho con nuestros propios equipos y pese a la ausencia de plataformas institucionales ágiles y seguras. Cuando las “autoridades” discutían acerca de cómo evaluar, lo que a nosotros nos agobiaba era qué hacer para que el alumnado aprendiera. Claro que nos hemos equivocado en muchos momentos. Y por ello estos dos meses que restan para el comienzo del próximo curso debieran ser un tiempo ganado y no perdido, en que toda la comunidad educativa trabajara codo con codo. En que nos escucháramos.

Pero es también la hora de la política. Autoridades ministeriales y autonómicas no pueden seguir jugando a esconderse. Cuando debieran estar también ellos preparando el próximo curso ―construcción de nuevos centros, mejora de infraestructuras, reducción de ratios, ampliación de plantillas, dotación de recursos, reestructuración de la jornada laboral docente, replanteamiento curricular, provisión de entornos virtuales que aseguren la privacidad de los datos allí alojados―, los vemos dando todo por perdido, desplazando la responsabilidad al que está “por debajo”. En esto ha venido a parar “la autonomía de los centros”. En un sálvese quien pueda.

Necesitamos sumar voces y el concurso de toda la comunidad educativa, de economistas y sociólogos, de politólogos y periodistas, de cuantos están opinando de educación en los medios para exigir una escuela pública a la altura de la de los países en que pretendemos mirarnos. Una escuela que vele por la equidad educativa y la justicia social, por los derechos de los más vulnerables y por la mejora del bienestar y la calidad de los aprendizajes de todo nuestro alumnado.

No hay tiempo que perder. En septiembre será tarde.

Fuente del artículo: https://elpais.com/educacion/2020-06-23/el-abandono-de-la-escuela-publica.html

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España: Pandemia, crisis ecosocial y educación

Noticias

Pandemia, crisis ecosocial y educación

La “transición” en la enseñanza

23/06/2020 | Maitane Arri, Marije Etxebarria y JoseManu Gutiérrez

Lur ha vuelto a clase esta mañana. Hacía más de dos meses que no pisaba ese espacio cotidiano de conocimiento, normas, amistades, docentes, camaradería, amores, etc. Una vuelta a un territorio lleno de emociones. Pero, esta vez, las impresiones son encontradas. Ahora, llega a la puerta, tiene que esperar su turno, a la distancia reglamentada, contenta y expectante, viendo el nuevo look de sus compas con la mascarilla, buscando miradas, guiños cómplices que va aprendiendo desde que llevan la boca tapada, un poco tensionada por cómo van a ir las cosas los próximos días y el nivel de exigencia que se les va a pedir. Parece que quedan lejos los abrazos, los manotazos, las confidencias al oído, la alegría, el enfado, las connivencias a partir de un gesto. Parecen mucho más lejos, aquellos días cuando hicieron una ilusionante y divertida campaña contra la pasividad ante el cambio climático, sumándose al llamado de Greta Thunberg. Parece un recuerdo de otra vida anterior. En medio, encierro. Reclusión en el hogar. Hay quienes se han adaptado a las nuevas rutinas familares, a trabajar con el ordenador. Hay quienes han sufrido acoso familiar en casa, quienes no disponían de recursos digitales para responder a las tareas, quienes tenían ayuda para llevar a cabo los aprendizajes y quienes no, quienes tenían que compartir los medios con sus familias porque también otras personas del núcleo familiar teletrabajaban.

Lur siente nuevas emociones y recuerda las viejas. Y, ¿en medio? Una mezcla apenas explicable de miedo, tristeza, ausencia, desmotivación, angustia, ansiedad, fastidio –sobre todo cuando ha pasado su cumpleaños sola con su familia y en su habitación, esperando nerviosamente la retahíla de mensajes y vídeos para felicitarla en estas nuevas circunstancias– y, además, duelo. La amama de Lur sufrió 32 días en la UCI antes de fallecer y no pudieron verla ni acompañarla en los últimos instantes.

El mundo, que para Lur, más o menos a gusto, era seguro (tenía sus límites, sus normas, sus cuidados, etc.) se cayó de un día para otro y se sumergió en la incertidumbre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotras? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estará amama? ¿Cuánto vivirá? ¿Cómo será la vuelta a la vida anterior? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se sienten mis compas?

Lur ha vivido-sufrido esta situación. Y el sistema educativo que le obliga a ir a su centro escolar le impuso refugiarse en casa y aumentar de repente su autonomía para responder a los nuevos retos. Y ese sistema educativo ¿qué le ha ofrecido? Trabajar los contenidos (sinnúmero) desde casa, con ayuda de docentes que también se encontraban en estado de shock y, según los casos, con limitadas habilidades digitales, más la ayuda que le pudieran ofrecer en el hogar.

¿Eso es educación? No. Podrá ser enseñanza a distancia, tele-enseñanza, enseñanza digital, etc., pero no educación. Las emociones son imprescindibles en educación, en el aprendizaje, y las que se han instaurado durante la pandemia son emociones negativas. ¿Qué administración educativa ha puesto énfasis en el cuidado y gestión de las emociones y en los sentimientos, es decir, en lo que más necesitaban nuestras estudiantes, en vez de obstinarse en terminar el temario a cualquier precio? Además, entre otras, ¿dónde han quedado los proyectos colaborativos, las comunidades de aprendizaje, los grupos de trabajo inclusivos, etc.? Y tantas y tantas cosas.

Pero es que uno de los objetivos de la educación, según la ley vigente, “es introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la educación en el centro de nuestra sociedad y economía (…) en la economía actual, cada vez más global y más exigente en la formación de trabajadores y empresarios (…) incide inevitablemente en la empleabilidad y en la competitividad”. Y aquí está la clave. El sistema educativo ha estado muy lejos de ser la institución segura, inclusiva, equitativa y ética que se le supone como servicio social, porque sus fines declarados son servir a las necesidades de la economía de mercado y de la competitividad de las empresas, no a las de las personas y a las de la comunidad donde vivimos.

Nos encontramos, pues, a una Lur que, gran parte de sus próximos años, estará inmersa en la educación del sistema hegemónico, donde los valores, los conocimientos, las inquietudes, las actitudes o las lecturas de la realidad van a estar supeditados al actual modelo de producción y consumo. Y, siempre, con el fin de que adquiera los “nuevos patrones de conducta” al servicio de la economía hegemónica.

La trágica crisis sanitaria forma parte, es una emergencia sistémica, de la gran crisis ecosocial que sufre la mayoría de las formas de vida del planeta y que nos ha traído al Antropoceno. Una crisis ecológica y social causada por el modelo económico vigente que trata de ensalzar y reforzar la ley educativa de referencia. Superar esta crisis global evoca inevitablemente la exigencia de trabajar para las necesarias transiciones sociales y ecológicas que construyan nuevas sociedades más justas, más equitativas, más ajustadas a los ciclos de la biosfera… y, en consecuencia, más resilientes ante próximos eventos. Y aquí es donde vuelve a aparecer la educación, la necesaria transición educativa que forme ecociudadanía empoderada y desarrolle resiliencia para responder a los retos del futuro.

Al contrario que el objetivo citado, la transición educativa debe poner la vida en el centro de la educación, en el núcleo de la actividad y del currículo escolar. Una vida, frágil, finita, que se nos muestra en la ecodependencia e interdependencia de las personas. Estos principios deben ser los pilares de una nueva educación ecosocial que guíe el desarrollo integral del alumnado y que atienda a los problemas locales y globales, así como a los sujetos y colectivos ocultados en el currículo (cambio climático, pérdida de biodiversidad –uno de los factores de la pandemia–, crisis de cuidados, otras economías posibles, salud pública, transición energética… y personas con necesidades específicas, mujeres, migrantes, desahuciadas, sin techo, precarias, explotadas…). Todo ello basado sobre los preceptos ecosociales de justicia y equidad social, de sostenibilidad en el uso de los bienes comunes y de democracia participativa.

La transición educativa ecosocial ofrece espacios a la inclusión y al empoderamiento, a la propuesta de alternativas y al desarrollo de acciones ecosocialmente transformadoras. Y esto exige la integración en el sistema educativo de una nueva competencia, que debería ser la más antigua: la competencia ecosocial para la sostenibilidad. El conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que revela una manera de concebir y expresar la crisis ambiental y una participación real en las ineludibles transiciones futuras. La competencia ecosocial para la sostenibilidad gravita alrededor de varios ejes: que cada persona se conozca, se comprenda y se adapte adecuadamente a sí misma, a su grupo y al mundo en el que vive; que adquiera los conocimientos de ciencias naturales y sociales necesarios para estar preparada ante nuevas contingencias; que conozca cómo se desarrolla la vida y los límites y flujos energéticos, materiales y biofísicos de nuestro planeta; que sea consciente de la profunda crisis ambiental, de sus impactos sociales y de la inevitabilidad de profundos cambios sistémicos; que contribuya al desarrollo de una sociedad plenamente democrática, participativa, solidaria, inclusiva y plural; que analice críticamente los problemas, busque alternativas y plantee soluciones imaginativas para ser un agente social activo para el cambio.

Lur, de esta manera, habría vivido en mejores condiciones el confinamiento y la vuelta a clase, a sus relaciones y habría sido un agente activo en su comunidad. Por Lur y por la necesaria transición social y ecológica, educación ecosocial hacia la sostenibilidad.

23/06/2020

Maitane Arri, Marije Etxebarria y JoseManu Gutiérrez (Euskal Gune Ekosozialista)

Fuente de la Información: https://vientosur.info/spip.php?article16099

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España: Asturias prolonga la enseñanza de Religión hasta los 18 años

Noticias

Asturias prolonga la enseñanza de Religión hasta los 18 años

Cuando diseñó el currículo de Bachillerato, el Gobierno del Principado solo incluyó la asignatura de Religión en el primer curso. Una hora a la semana en primero, como asignatura optativa. Así aparecía en el decreto de ordenación publicado en el año 2015. Creía que así cumplía con el marco general que fijaba la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educativa (LOMCE), la polémica Ley Wert, que todavía hoy rige, aunque con ligeros cambios y artículos en suspenso. No pensaron lo mismo algunos colectivos de docentes y grupos vinculados a la Iglesia, que terminaron defendiendo en los tribunales la ilegalidad de la medida. Demandaban que se ofertase la asignatura en todos y cada uno de los cursos de la enseñanza no universitaria. El Tribunal Supremo terminó dándoles la razón en una sentencia de finales 2019. Ahora la Consejería de Educación tramita por vía de urgencia el procedimiento burocrático para incluirla en segundo de Bachillerato ya desde septiembre. Esto supone de hecho que se prolonga la enseñanza religiosa en la escuela hasta los 18 años.

La modificación del currículo de Bachillerato concluye hoy mismo, 19 de junio, su exposición pública. La reforma consta de cuatro páginas en las que se clarifica cuál es el marco legal y la forma en la que se ofertará la materia de Religión a partir de ahora en segundo de Bachillerato. Educación, al igual que ya había hecho en primero, incluye la asignatura en el bloque de asignaturas específicas, dentro de las tres modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, con una carga de una hora lectiva a la semana. Es la que tiene menor peso horario de todas las que se imparten. De este bloque los estudiantes tendrán que escoger como mínimo una materia y como máximo dos. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Dibujo Artístico tienen cuatro horas semanales y Psicología tres, por citar tres ejemplos.

Con este cambio, el Principado considera que cumple con lo dictado en la sentencia número 1492/2019, de 30 de octubre de 2019, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El alto tribunal tuvo en cuenta el recurso de casación presentado por una familia que integraba la plataforma Asturiana Religión en la Escuela contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del 5 de junio de 2017. La administración asegura que este nuevo currículo respeta los derechos y libertades fundamentales.

Precisamente, el colectivo Religión en la Escuela ya había transmitido su intranquilidad por el hecho de que la consejería no hubiera movido ficha casi ocho meses después de que el Supremo hubiese dictado sentencia firme anulando el currículo y a apenas dos meses y medio del inicio de un curso que va a ser complicado por otras muchas razones derivadas de la crisis del coronavirus. No entendía cómo era posible que el 19 de mayo, cuando se inició el procedimiento de admisión de alumnos en centros públicos y privados para el curso 2020-2021 estuviera sin cumplir el fallo judicial. La plataforma reclama que se agilicen todos los trámites, que se notifique a las familias que van a poder matricular a sus hijos de la asignatura de Religión en segundo de Bachillerato y que se den instrucciones a los centros concretas para evitar problemas organizativos de última hora.

El caso de Asturias no es único. Otras comunidades autónomas realizaron la misma interpretación de la polémica Ley Wert y solo incluyeron la materia en uno de los dos cursos de Bachillerato. Por citar solo dos ejemplos, es algo que sucedió tanto en Extremadura como en Baleares. Ambos casos llegaron también al Supremo.

La forma en la que el Principado incluye Religión en el currículo no ha estado exenta de polémica y ha terminado varias veces en los tribunales. En mayo de 2018, también el Supremo daba, en esta ocasión, la razón al Gobierno asturiano que había dejado la asignatura con solo una hora semanal en Primaria. La batalla judicial en el caso de Bachillerato ha sido enconada con diferentes denuncias interpuestas por familias, sindicatos y hasta por el Arzobispado, que llegó incluso al Constitucional. Ahora, el caso parece haber llegado a su fin.

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Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/asturias-prolonga-la-ensenanza-de-religion-hasta-los-18-anos/

 

 

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España: La educación, la gran olvidada de esta pandemia

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La educación, la gran olvidada de esta pandemia

Son pocas las familias que no han sufrido los problemas experimentados por alumnos/as y profesores/as para sacar adelante el curso, afectados por la pandemia de la COVID-19 y el consecuente periodo de confinamiento. Y ahora nos asomamos con incertidumbre y preocupación al inicio del nuevo curso académico que se avecina.

La lectura del libro La utilidad de lo inútil. Manifiesto, del profesor y filósofo Nuccio Ordine, deviene paradójica e irremisiblemente en una reflexión sobre lo útil. Ordine, apoyándose en pensadores clásicos, desgrana la utilidad de aquello que se considera en primera instancia como inútil.

El valor del conocimiento

Nos interesa resaltar aquí el valor o utilidad del conocimiento, particularmente en estos tiempos en que la COVID-19 está afectando de un modo dolorosamente explícito no solo a la salud de la población y a la economía.

Llegado el momento de un primer intento de vuelta a la normalidad, aflora el daño que ha sufrido la educación en todos sus niveles, desde infantil a la universidad. Y que, sin duda, seguirá padeciendo en el inicio del próximo curso.

No debiera ser necesario recordar el valor –la “utilidad”– de la enseñanza. No solo es el medio para adquirir los conocimientos y destrezas que permiten desenvolverse como persona y como ciudadano. Como señala Ordine, la enseñanza y la cultura son partes constitutivas del “líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad y bien común pueden experimentar un vigoroso desarrollo”.

Hay que agradecer al pensador italiano por recordarnos el discurso que Victor Hugo pronunció en la Asamblea Constituyente francesa en 1848. Su objeciones, en palabras de Ordine, mantenían una “apabullante actualidad” en 2013, fecha de la primera edición de su obra. Y la recobran si cabe con mayor vitalidad siete años más tarde con motivo de la pandemia de la COVID-19.

No recortar en cultura en momentos inadecuados

El escritor, político e intelectual francés argumentó ante la Asamblea lo perjudicial e ineficaz de recortar la financiación de la cultura. Particularmente en un momento equivocado, cuando el país necesitaba, por el contrario, potenciar las actividades culturales y la enseñanza pública.

Nos interesa centrarnos aquí en esta última, en la enseñanza pública, cuando –como en aquel 1848– es más necesaria que nunca –y lo seguirá siendo en el futuro inmediato–. En unos momentos en que debemos protegerla con especial atención para evitar el riesgo de que la sociedad caiga en el abismo de la ignorancia.

“¿Cuál es el gran peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún más que la miseria”, clamaba Victor Hugo defendiendo las instituciones de enseñanza que tienen precisamente como objetivo expreso “perseguir, combatir, destruir la ignorancia”.

Los problemas de la educación que se han agudizado

Las dificultades que el distanciamiento social plantea para este nuevo curso ya están sobre la mesa. Y se unen a los problemas estructurales de la enseñanza en España, agudizados por la pandemia.

Basándonos en diagnósticos y propuestas realizadas por expertos sin duda más cualificados, cabe hacer una recapitulación de los mismos:

  1. Desigualdades en función del origen de las familias.
  2. La brecha de acceso y uso de recursos digitales en algunos hogares, que aumenta la desigualdad frente a la educación no presencial.
  3. Algunos problemas endémicos como el fracaso escolar.
  4. Las desigualdades en organización, gobernanza y modelos educativos entre las distintas comunidades autónomas, que han hecho más evidentes las deficiencias del Estado autonómico en materia educativa.
  5. El debilitamiento del papel de los ministerios de Educación.
  6. La frágil situación de las universidades españolas, atenazadas por sus problemas internos, la falta de recursos y su escasa relevancia en asuntos públicos de importancia.

Durante la COVID-19, la enseñanza ha estado relegada en las medidas de mantenimiento y desarrollo, en las estrategias de superación y recuperación. No se le ha prestado la debida atención en las agendas políticas e informativas, más centradas en el debate entre la vida y la economía.

La pandemia ha desencadenado un enorme esfuerzo por preservar la salud de la población, la economía del país, la supervivencia de las empresas y los sectores económicos, el empleo y la economía de los trabajadores.

No hay recuperación sin prestar atención a la enseñanza

Pero ninguna sociedad puede recuperarse plenamente de los efectos de esta pandemia y volver a una normalidad, al menos no más injusta y desigual que la anterior, sin prestar una atención preferente a la enseñanza. Si es cierto que no queremos que nadie quede atrás, debemos defenderla con todos los medios a nuestro alcance, al igual que hemos hecho con la asistencia sanitaria y con la economía y el empleo.

Es irrenunciable cuidar las necesidades educativas inminentes y responder estratégicamente al futuro que se plantea tras la pandemia. Atender no solo al “pan de la vida”, sino también al “pan del pensamiento, que es también el pan de la vida”. Como propuso Victor Hugo, es imprescindible e ineludible atender a las necesidades para el estudio de los niños y jóvenes.

La imaginación, el voluntarismo y el esfuerzo de profesores, alumnos y familias han contribuido decisivamente a que el curso académico no se perdiera. Pero no es suficiente. Al menos no para afrontar el próximo, cuyo progreso no puede descansar únicamente en ellos. Son necesarios voluntad, esfuerzo y coordinación institucional para integrar esos elementos y potenciarlos.

El inminente comienzo del nuevo curso académico impone una mirada cercana. Pero no deben olvidarse la planificación y la estrategia necesarias para abordar la solución de los numerosos problemas estructurales que sufre la enseñanza.

La educación también tiene necesidades

Muchos ciudadanos no podrán disfrutar de vacaciones estivales este año por motivos de salud o económicos. Por eso, es momento de dar una respuesta social y solidaria que incorpore la educación, la cultura y la ciencia, el ejercicio comprometido de la(s) ética(s) y el trabajo en pro de un futuro sostenible. La pausa estival no puede ser una excusa; no en este momento y en esta situación.

Al igual que hemos hecho un esfuerzo por levantar y ampliar infraestructuras y plantillas de los centros sanitarios, hemos empoderado a otras profesiones igualmente relevantes, y hemos incorporado la iniciativa y colaboración ciudadana para responder a la emergencia de la vida, debemos hacerlo también para atender las necesidades de la enseñanza.

No caigamos en un error deplorable dejando de lado la enseñanza. Iluminemos la ruta poscovid con las luces de la Ilustración.

Fuente de la Información: https://theconversation.com/la-educacion-la-gran-olvidada-de-esta-pandemia-141145

 

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