Las lecciones se desarrollarán al mismo tiempo para ambos grupos, para garantizar que todos los estudiantes reciben los mismos aprendizajes, pero unos las seguirán en el colegio y otros de forma telemática desde ordenadores en sus casas.
La ministra de Educación de Italia, Lucia Azzolina, ha propuesto que las clases que se reanuden en septiembre lo hagan con la mitad de alumnos, mientras que la otra mitad seguirá las lecciones ‘online’ para evitar aglomeraciones en las escuelas ante la pandemia del coronavirus.
«No es una decisión tomada, es una hipótesis sobre la mesa», dijo este 6 de mayo la ministra en una comparecencia parlamentaria, ante el revuelo que ha generado su sugerencia entre partidos políticos y sindicatos.
La ministra ha propuesto que cuando se reanude el año escolar en septiembre, Italia opte por una «educación mixta» en la que los estudiantes puedan seguir las clases de forma presencial y en casa por turnos; la mitad iría a la escuela durante parte de la semana y la otra mitad el resto, para que las clases no tengan entre 28 y 30 alumnos al mismo tiempo.
Las lecciones se desarrollarán al mismo tiempo para ambos grupos, para garantizar que todos los estudiantes reciben los mismos aprendizajes, pero unos las seguirán en el colegio y otros de forma telemática desde ordenadores en sus casas.
«En septiembre tenemos que volver a la escuela, los estudiantes tienen derecho a volver (…) La educación no se ha interrumpido en ningún momento, a pesar de la pandemia del coronavirus, y estamos trabajando para permitir que reabran los colegios de manera segura y eficaz», ha dicho la ministra en una entrevista con el canal de televisión privado Sky.
La titular de Educación ha planteado que se establezca un plan con entradas y salidas escalonadas a intervalos regulares de tiempo para evitar reuniones, que se desarrollen las actividades al aire libre siempre y cuando sea posible, que se reduzca el número de alumnos por aula y que se contraten más profesores, si bien no ha dicho a cuántos.
Ya este junio, ha avanzado, los estudiantes podrán realizar el examen de acceso a la universidad de forma presencial, en espacios grandes y con ciertos protocolos de seguridad.
La hipótesis de Azzolina para el próximo septiembre ha generado cierta polémica en el país y no ha gustado al partido Italia Viva, socio en el Gobierno.
El diputado y miembro de esta formación Cosimo Maria Ferri ha considerado que no es una opción para jóvenes y familias, y ha pedido que el Ejecutivo se centre en reorganizar las clases y en contratar a más personal docente.
Los principales sindicatos italianos han opinado que el aprendizaje a distancia ha servido durante la gestión inicial de la emergencia, pero que no puede alargarse en el tiempo, y han defendido más financiación para contratar a más profesores y permitir que todas las clases sean presenciales.
También pide «reforzar el actual sistema de becas para al alumnado de todos los cursos»
Cáritas Española ha detectado un «aumento de la brecha educativa» en los niños y adolescentes de familias vulnerables en España como consecuencia de la crisis del coronavirus COVID-19 y de las condiciones de confinamiento decretadas dentro el Estado de Alarma.
En las familias más vulnerables, a las graves limitaciones derivadas de la precariedad económica de los progenitores y de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se añade la incapacidad de acceso tecnológico de los hijos en edad escolar para poder realizar un seguimiento de la actividad escolar a distancia, según advierte la organización.
Además, añade que en gran parte de los hogares en situación de vulnerabilidad se notan más las desiguales capacidades de los progenitores para acompañar en los procesos educativos de sus hijos e hijas, debido tanto los niveles educativos y formativos, como por las preocupaciones socioeconómicas y la carencia de habilidades parentales.
«Si ya antes del confinamiento algunas familias acompañadas por Cáritas no tenían una conciencia profunda sobre ‘la importancia’ de ir a la escuela, ahora ven más remota la importancia de la educación para la vida de sus hijos e hijas, sobre todo cuando las situaciones de precariedad económica y social les consume gran parte de sus esfuerzos diarios», indica Cáritas.
A esta situación de partida, se le une en estos momentos «el impacto del estrés emocional» provocado por la situación de confinamiento, según precisa la labor social de la Iglesia Católica. Estas situaciones, según añade, se agravan en los hogares monomarentales o en familias numerosas, donde pueden surgir «conflictos de convivencia».
Asimismo, Cáritas precisa que, a la desigualdad educativa se suma «la brecha tecnológica», creada «no sólo por la ausencia de ordenadores o impresoras en casa y el consiguiente acceso a Internet, sino también por una falta de cultura tecnológica en la familia».
A través de sus programas específicos de Infancia, Juventud y Familia, Cáritas acompaña anualmente a 25.644 familias en toda España. La situación de emergencia sanitaria y social generada por la Covid-19 ha obligado a las 70 Cáritas Diocesana de todo el país a reforzar el acompañamiento a las familias vulnerables con acciones específicas y seguimientos telefónicos individualizados para apoyar la labor del profesorado en coordinación con los centros educativos. Se facilitan, además, lotes de material escolar para aquellas familias que lo demandan.
Además, los equipos diocesanos están facilitando también apoyo emocional y de escucha, y oferta de ocio saludable en el tiempo libre dentro del hogar con el fin de liberar de la presión a las familias que, por trabajo u otros motivos, no puedan pasar tanto tiempo con sus hijos.
Humanizar la escuela
Cáritas cree que para fomentar el desarrollo y aprendizaje, «las prioridades no solo deberían centrarse en los contenidos curriculares, sino también en otro tipo de aprendizajes, como son la gestión de las emociones, la generación de un pensamiento crítico y el desarrollo de diferentes habilidades sociales, como la empatía, la capacidad de adaptación o la resolución de conflictos». «Se trata, en definitiva, de humanizar la escuela y no llenarla únicamente de contenido académico», señala la organización.
Para ello, considera «fundamentales» aquellas medidas que permitan que todo el alumnado pueda continuar en el sistema educativo «con las máximas garantías e igualdad de oportunidades», abogando por «la gratuidad real y efectiva de este derecho en la educación obligatoria».
También pide «reforzar el actual sistema de becas para al alumnado de todos los cursos, incluido el universitario, poniendo el acento no tanto en el rendimiento académico como en la realidad socioeconómica de los sustentadores», incluyendo la continuidad de las medidas de comedores escolares.
Finalmente, señala que esta crisis pone sobre la mesa la «necesidad inaplazable de un pacto de estado por la educación», que garantice «un mismo currículo académico para todos los alumnos durante la escolarización obligatoria y que posponga los itinerarios diferenciados hasta las etapas postobligatorias».
¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la inclusividad en la educación para los niños que son distintos a los otros? Mañana mismo acababa el periodo para presentar enmiendas al articulado del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la también conocida «Ley Celaá». Y hay miles de padres denunciando que una de las disposiciones de la propuesta de la ley tal y como está redactada actualmente, la cuarta, puede perjudicar gravemente el desarrollo educativo de un grupo muy vulnerable.
El antecedente: una llamada de atención de la ONU.En 2014 la Asociación SOLCOM (dedicada a la diversidad funcional) hizo una denuncia contra este organismo por considerar que los centros de Educación Especial de nuestro país estaban segregando injustamente a lo alumnos y yendo en contra de su integración. Más tarde se sumaría a esta denuncia el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI) una muy importante plataforma.
En 2018 llegó el durísimo informe de respuesta de la ONU afirmando que, con esos centros, España practica una segregación injusta con el desarrollo de esos niños a la que había que poner fin. El CERMI se sumó a esta petición. Era un tema que el Gobierno iba a tener que abordar antes o después: en 2017 el Tribunal Supremo estableció que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario. Así que la Ley Celáa ahora recoge ese traspaso del alumnado especial en la escuela general.
He hecho este video con mi hermano para decir que no cierren los colegios de #EducacionEspecial No creo que lo vea mucha gente porque no tengo muchos seguidores, pero si queréis, dadle amor y a ver si hay suerte 🙂 Es muy importante para mi hermano, pls 😊#NoCierresMiColepic.twitter.com/SF45UJ8mfV
¿De cuántos niños estamos hablando? De 37.000 matriculados en esos centros, en un 40% en concertados y en un 60% restante en públicos. Ellos representan un 0.45% del alumnado general, pero ojo, sólo un 17% del total de todos los niños españoles que tienen necesidades especiales, ya que el 83% ya están integrados en las aulas generales. Si contásemos al resto de alumnos con necesidades educativas especiales, el total sería mucho más grande, ya que el 32% de la población escolar española tiene algún tipo de condición, como déficit de atención o dislexia, entre otras. Volviendo con los protagonistas de este cambio de ley, esos 37.000 alumnos disponen de 280 centros y 8.200 profesores. Es decir, hay un profesor para cada 4.4 alumnos especiales y son educados en centros independientes de los demás.
¿Es esto abandonarlos a su suerte? Hay quien considera que, tal y como está redactada la ley, no se va a dar una transición buena para estos niños. La mentada disposición cuarta dice que «esos centros ordinarios tendrán que contar con los recursos necesarios para atender bien al alumnado con discapacidad», pero no contempla en su redacción actual aumentar la financiación de los centros de educación especial. Es decir, hay sospechas de que se les obligará a pasarse al sistema convencional sin apoyos específicos para ellos.
No a todos, pero sí a la inmensa mayoría: Inclusiva sí, Especial también, es la asociación integrada por miles de padres y madres que se han manifestado en multitud de ocasiones en estos meses en contra de esta medida. Está respaldada por las AMPA de los colegios que ofertan esa educación especial, sobre todo entre los centros concertados. Claman que la Ley Celaá pretende cerrar esos centros o desmantelarlos a su mínima expresión en un plazo de menos de diez años. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha defendido de esta crítica, y según la ley, «los centros especiales podrán seguir escolerizando a los que requieran una ‘atención muy especializada'».
Por poner un ejemplo de país que ha hecho esta transición, Portugal pasó de tener en 1997 un 20% del total de alumnos con discapacidad en centros especiales a que hoy solo representen el 1%.
RT por favor. Seguimos en la lucha. Ahora nos dicen que no van a cerrar los coles de educación especial, su verdadera intención es vaciarlos DES-PA-CI-TO https://t.co/Bo1WJZfrk4
El fondo de la cuestión. ¿Qué es la inclusividad?Algunos padres creen que al compartir instalaciones y recursos, al jugar con los otros niños normales y no contar con profesionales dedicados en exclusiva a ellos, estos niños recibirán bullying, no se adaptarán al ritmo de las clases y quedarán social y educativamente separados. Del otro lado están los que piensan que precisamente por tener que llevar a los niños a centros especiales (como ordenaban hasta ahora a ciertos niños con dificultades) se está vulnerando su integración en la sociedad en general y que ello va en contra de su derecho a la igualdad. Volviendo con lo que decía la ONU y lo que denunciaba el CERMI, en España hay «dos modalidades separadas de educación que no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva». Estas dos modalidades iban, como vemos, en sintonía con el deseo de muchas familias.
Si bien todos los centros educativos de Rumanía permanecen cerrados debido a la epidemia de la COVID-19, la Federación de Sindicatos Libres para la Enseñanza se asegura de que el final del año escolar actual se podrá completar en las mejores condiciones educativas y sanitarias posibles y de que el comienzo del nuevo año escolar en septiembre se llevará a cabo de manera segura tanto para el personal educativo como para los estudiantes.
Si bien todos los centros educativos de Rumanía permanecen cerrados debido a la epidemia de la COVID-19, la Federación de Sindicatos Libres para la Enseñanza se asegura de que el final del año escolar actual se podrá completar en las mejores condiciones educativas y sanitarias posibles y de que el comienzo del nuevo año escolar en septiembre se llevará a cabo de manera segura tanto para el personal educativo como para los estudiantes.
En Rumanía, los jardines de infancia, las escuelas y las universidades permanecerán cerrados durante el resto del año escolar 2019-2020, a excepción de las clases de secundaria superior e inferior, a raíz del comunicado emitido el 27 de abril por el presidente rumano, Klaus Iohannis, en el que anunciaba que estos centros educativos no volverán a abrir este curso.
La situación académica de los alumnos y su evaluación final se determinarán de acuerdo con la actividad realizada hasta el 11 de marzo; por lo tanto, no se contempla “congelar” el año escolar actual, explica Adrian Voica, vicepresidente de la Fédération des Syndicats Libres de l’Enseignement (FSLE) y miembro de la mesa del Comité syndical francophone de l’Éducation et de la Formation (CSFEF), una estructura que agrupa a todos los afiliados francófonos de la Internacional de la Educación.
Voica hace hincapié en que los alumnos de las clases de secundaria superior e inferior volverán a la escuela entre el 2 y el 12 de junio para preparar los exámenes nacionales. Aunque estas pruebas se llevarán a cabo según se planeó en un principio, es decir, del 15 al 18 de junio en el caso de la evaluación nacional (ciclo de secundaria inferior), y del 9 de junio al 24 de junio para el bachillerato (ciclo de secundaria superior), durante su celebración se respetarán unas reglas muy estrictas de distancia social que comprenden: un máximo de diez alumnos en un aula; estos permanecerán dos o tres horas en el aula; estarán alejados unos de otros; se medirá la temperatura de todas las personas, alumnos y docentes, que entren en la escuela; las puertas de entrada y salida estarán separadas, y se realizará la desinfección de los espacios.
Así pues, el año escolar 2019-2020 en Rumanía finalizará el 12 de junio, fecha hasta la que continuarán las modalidades de educación a distancia. Las escuelas volverán a abrir el 14 de septiembre para todos los estudiantes. Adrian Voica insiste en el hecho de que la FSLE velará por que, para entonces, se pongan en marcha nuevos procedimientos de protección y se disponga de material (máscaras, viseras, guantes) para el alumnado, el profesorado y el personal de apoyo educativo.
«No termino de imaginar cómo se hará». Con estas palabras describe Alfredo Hoyuelos, coordinador de Talleres de Expresión de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona (una, si no la más, potente red de escuelas infantiles del país) y profesor Asociado del Departamento de Psicología y Pedagogía, la posible vuelta a la actividad en las aulas de 0.-3 y 3-6.
«Sorpresa y profunda preocupación» es lo que tienen los colectivos de educación infantil de la Comunidad de Madrid ante el anuncio del Gobierno en relación a la vuelta a las aulas en las próximas semanas. Ameigi, la Junta de Portavoces de las escuelas infantiles y la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6 de Madrid lanzaron hace unos días un comunicado en el que, entre otras cosas, ponían de relieve la falta de criterios claros para esta decisión.
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, aseguraba en una entrevista a este periódico, que «en esa fase 2 se abrirán las escuelas infantiles, 0-3 y 3-6, con el fin de ayudar a los padres y madres en la conciliación de la vida laboral y familiar». El objetivo es que puedan usar este servicio las familias que o bien no puedan teletrabajar o que no tengan flexibilidad horaria para conciliar.
Es precisamente este dato, el de la conciliación de la vida familiar y laboral el que, en buena medida, censuran quienes se dedican a la educación infantil. Tanto Hoyuelos como los colectivos de Madrid critican el hecho de que las cuestiones relacionadas con el trabajo sean las que determinen qué pasa con la infancia, dejando a un lado los derechos de niñas y niños.
Hoyuelos explica a este periódico que, tras casi dos meses de estar en sus casas, las criaturas necesitarían un periodo de adaptación similar al que se produce en septiembre, tras las vacaciones de verano. Construir la confianza y los vínculos con las criaturas de 0-3, con las que trabaja en Navarra, puede llevar varias semanas. Y esta relación se construye «cuerpo a cuerpo», afirma.
El experto en el trabajo y la vida de Loris Malaguzzi, destaca la importancia del contacto físico en estos periodos (aunque no solo) en los que niñas y niños entran en las escuelas infantiles. Y cómo, principalmente en el 0-3, las profesionales están expuestas constantemente a la saliba, los mocos o las lágrimas de las criaturas. Describe momentos complicados en ese reencuentro tras las vacaciones en los que niñas y niños tienen crisis por la separación de sus familias y cómo la cercanía de las profesionales, así como de las madres y padres, juegan un papel importante en la adaptación. «Tenemos que acogerles», dice. «No me imagino con máscara», sentencia.
Los colectivos madrileños se preguntan en su comunicado si niñas y niños, a partir de los 6 años ya pueden quedarse solos en casa, si tienen la madurez suficiente para hacerlo. El alumnado de primaria es, junto a los primeros cursos de la ESO, quien no tendrá opción para volver a las aulas antes del mes de septiembre.
Tanto unos como otros destacan de esta propuesta del Gobierno, el hecho de que se utilice a las escuelas infantiles como un elemento imprescindible para la vuelta al trabajo de madres y padres. De nuevo, primero están las necesidades de la economía, del mundo adulto, frente a los derechos de la infancia. En este sentido Hoyuelos propone que las administraciones den ayudas económicas a las familias o de flexibilización de horarios y de fomento del teletrabajo. «Usar las escuelas como elemento fundamental (frente a la crisis económica, de trabajo o de seguridad) lo veo contrario a las medidas de seguridad» relacionadas con la distancia social.
Las y los profesionales
El otro punto de crítica, no menos importante, es la situación en la que se encuentran las y los profesionales de la educación infantil, que en muchos territorios del Estado, dadas sus condiciones laborales, han sufrido ERTE y, como aseguran Ameigi, la Junta de Portavoces y la Plataforma, han visto ninguneada su labor «de educadores y educadoras al ignorar, en la mayoría de territorios, el trabajo online de acompañamiento, sostén y orientación a familias y criaturas, al negar durante el confinamiento esta opción para mantener vínculos necesarios con las
familias».
Hoyuelos también se pregunta, en esa relación tan estrecha entre educadoras y criaturas y, principalmente, en las dificultades para retomar los vínculos que pueden tener algunas de las últimas, qué pasará si las profesionales que han de volver al trabajo no son las de referencia del alumnado. Pueden darse casos de baja laboral, o personas que en este momento sean grupo de riesgo y no deban volver a las aulas. La posibilidad de contagios entre educadoras, criaturas y familias están muy presentes.
Se añade a estas cuestiones, como señalan los colectivos, que en muchos sitios, como en Madrid, se han suspendido contratos públicos para la gestión de los centros de infantil, desde el primer día. ¿Cómo harán las empresas? ¿Tendrán que volver a contratar a quienes hace dos meses han despedido o sometido a un ERTE sin siquiera saber cuántas niñas y niños acudirán a los centros?
Hoyuelos resume la situación en la disyuntiva entre los derechos de la infancia y los derechos del mundo adulto. ¿Cuáles están por encima?
Dos meses. Ese es el tiempo en el que las y los niños más vulnerables de la Comunidad de Madrid, quienes pertenecen a familias que cobran la Renta Mínima de Inserción, se han alimentado, diariamente, de refrescos, pizzas, hamburguesas o sandwiches. También de alguna ensalada.
Durante estas semanas la presión ha sido constante por parte de la FAPA Giner de los Ríos, que llegó a denunciar por vía administrativa a la Comunidad. También por parte de la oposición en la Asamblea de Madrid, de sindicatos, de ONG, etc…
Los menús, confeccionados y repartidos en las cadenas de alimentación rápida Telepizza y Rodilla, en un primer momento, y Viena Capellanes, después, se componían en gran medida de pizzas, sandwiches, fritos o hamburguesas.
Y aunque la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendía este tipo de comida en una intervención en la Asamblea de Madrid: «No es un problema, creo, que los niños que están en sus casas, confinados y jartos de estar ahí, tengan que aguantar los menús que les pondrían sus señorías de Podemos», finalmente ha decidido que, tras la finalización del convenio firmado con las cadenas de alimentación, el próximo día 15 de mayo, se buscarán otras opciones.
Está previsto que hoy el consejero de Educación, Enrique Ossorio, comparezca para dar más detalles sobre la alternativa que tendrán a partir del día 18 los 11.500 menores que recibían los menús hasta ahora.
Europa/Alemania/Austria/07 Mayo 2020/lavanguardia.com
Los centros educativos reabren sólo para algunos cursos
Alemania y Austria enviaron este lunes de vuelta a la escuela a miles de niños y adolescentes –es decir, no a toda la población escolar–, dentro de sus respectivos planes de levantamiento gradual derestricciones a la vida pública que se decretaron contra el coronavirus. Aunque en Alemania en las dos últimas semanas habían regresado ya a los pupitres algunos estudiantes de niveles concretos y han comenzado los exámenes del Abitur (la Selectividad alemana), el día oficial de vuelta a la enseñanza presencial pactado por el Gobierno federal y los 16 länder (estados federados) que componen el país era ayer, 4 de mayo.
El modelo de reapertura de centros escolares en Alemania y Austria presenta considerables similitudes: han vuelto al cole sólo algunos cursos (mayormente alumnos de instituto), casi sólo para asignaturas troncales, siempre en grupos reducidos, y con estrictas reglas de higiene y distancia interpersonal.
Alumnos de cursos decisivos
Hay turnos, en grupos pequeños, se marcan distancias, y se dan sólo materias troncales
El resto de escolares deberá esperar a que la canciller, Angela Merkel, y los presidentes de los länder tomen nuevas decisiones este miércoles en una reunión por vía telemática. Las competencias en Educación son de los länder, y la mayoría de sus responsables querrían que, antes del verano, todos los niños vayan al colegio al menos un día a la semana.
Pero nadie osa pronosticar cuándo se volverá a una normalidad escolar como la de antes del virus, ni siquiera escrutando el horizonte del curso 2020-2021.
Por lo pronto, de cuanto se puso en marcha ayer hay un asunto que mueve a la perplejidad. Tanto en Alemania como en Austria es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público y dentro de las tiendas, pero no se ha decretado ese mismo mandato para los escolares dentro de la clase. En Austria, como particularidad, sí es obligatorio llevar mascarilla fuera del aula, en los pasillos del colegio y en el patio.
Un alumno de 10.º curso (equivalente a 4º de la ESO) limpia su escritorio antes de hacer un examen, en Ettlingen, Alemania (Getty)
“Al llegar esta mañana todos nos hemos lavado las manos al entrar, y había también desinfectante; los grupos son ahora de 15 alumnos en vez de 30, está todo colocado para que nos sentemos guardando distancias, y en las pausas no se puede salir del aula”, explica Julia Burow, de 17 años, estudiante del instituto Marie Curie de Berlín, a la salida de su primer y breve día de regreso físico a este centro de secundaria del barrio de Wilmersdorf. Vuelve a tener lecciones mañana, porque el martes le toca ir a la otra mitad de la clase. Burow y una compañera de su misma edad, Annika Dittrich, cursan 11.º (el equivalente de 1º de bachillerato en España), uno de los niveles que retomaron clase de nuevo tras siete semanas de cierre, en las que imperó la enseñanza digital.
En Alemania, con una población escolar de 11 millones (el país tiene 83 millones de habitantes), se ha optado por priorizar el regreso escalonado según determinadas casuísticas. Así, volvieron alumnos de fin de ciclo, como los del último curso de primaria, que en Berlín y Brandemburgo es 6.º (como en el sistema español), y en los demás länder es 4.º, si bien no todos los länder decidieron enviar ya a clase ayer a estos escolares de 10 años. También regresaron los alumnos de fin de etapa de escuelas profesionales. Y volvieron también los estudiantes que tienen que hacer el Abitur (Selectividad) en el próximo año académico.
Debate a la vista
La mascarilla no es obligatoria en el aula, pero hay maestros que la llevan y la aconsejan
Ese es precisamente el caso de Annika y Julia. “Me preocupa un poco el desarrollo escolar posterior –admite Annika–. Estas semanas de homeschooling digital no han sido perfectas; a veces falla la conexión, o no tienes el aparato necesario, y en general no es lo mismo que tener al profesor delante. El próximo curso nos toca hacer el Abitur; es importante, nos jugamos mucho”. En el regreso, no se imparten todas las asignaturas, sólo las troncales y las optativas de peso. El resto de materias seguirá en el entorno digital.
“En el reencuentro con mis alumnos de biología de 11.º he visto que algunos tenían mucha necesidad de hablar del coronavirus, otros menos o nada; algunos dijeron que estudiaban bien solos en casa, otros que preferían estar en la escuela”, resume Gerhard Storbeck, profesor de biología y alemán en el instituto Marie Curie. Según Storbeck, en esta fase la escuela debe servir también para “intercambiar experiencias, pues hay alumnos que conocen a alguien que tiene coronavirus, pero para otros es algo muy abstracto, no conocen a nadie que lo tenga”.
Una maestra usa gel desinfectante antes de entrar en una escuela de primaria en Dortmund, este de Alemania (INA FASSBENDER / AFP)
¿Implicará esto un acelerón de madurez para los adolescentes?
“También, seguramente –sopesa el profesor Storbeck–. Pero por supuesto todos preferiríamos que no fuera por el motivo que es”.
La dinámica de las clases es distinta, más distante, cada uno en su sitio, sin tareas de grupo. Gerhard Storbeck, como muchos otros profesores, se pone mascarilla en clase aunque no sea obligatorio, y se la recomienda a sus alumnos. “Estamos demasiado cerca unos de otros”, alerta. De hecho, la Asociación Alemana de Profesores (DL) considera que la mascarilla debería ser obligatoria en los pasillos, en el patio, y en la parada del autobús escolar.
Cada land dicta sus normas de higiene. Las autoridades de Berlín enviaron a todos los centros escolares varias indicaciones. Así, los picaportes de puertas y ventanas, las barandillas y en general los elementos que se tocan con más frecuencia deben ser limpiados más de una vez al día. Hay que ventilar las aulas a menudo. Los alumnos deben lavarse las manos varias veces, aunque del grifo mane sólo agua fría. También se distribuyeron miles de litros de desinfectante. Para reducir el riesgo de contagio, no hay deportes ni juegos, ni cantos en coro.
Dado el alambicado sistema educativo alemán, resulta imposible dilucidar el número de niños y adolescentes que volvieron ayer a clase. La Oficina Federal de Estadística (Destatis) estima que hay 1,1 millones de alumnos de instituto, pero ayer no regresaron todos los cursos de secundaria, y sí lo hicieron algunos de primaria. En Austria, con una población escolar de 1,1 millones sobre un total de 8,8 millones de habitantes, regresaron a clase 100.000 estudiantes de Matura (la selectividad austriaca) y de fin de ciclo de escuelas profesionales.
Reunión Merkel-länder
Las autoridades aspiran a que antes del verano todos los niños vayan un día por semana a clase
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