El sistema de Educación Infantil de 0 a 3 años en Andalucía genera desigualdades entre las provincias y presenta un déficit de calidad, según Save the Children, que reclama usar los fondos europeos para bajar las ratios del alumnado y mejorar la formación del profesorado y las infraestructuras.
La ONG presentó ayer el informe ‘Donde todo empieza’, en el que realiza un análisis de políticas públicas de Educación Infantil en la comunidad, donde la tasa de matriculación de 0 a 3 años es superior a la media estatal (40,9% frente a un 36,4%). Esta expansión no ha sido homogénea en todas las provincias, y existe un desajuste entre la oferta y la demanda que no responde a las necesidades sociales. En este sentido, Huelva lidera la clasificación de matriculaciones en esta franja de edad con hasta 13 puntos por encima de la media, mientras que Cádiz se coloca en el último lugar, con más de 12 puntos por debajo.
El informe constata que el aumento de las matriculaciones en esta franja educativa ha sido consecuencia del incremento de los conciertos con centros de Educación Infantil de gestión privada y no ha ido acompañado de una planificación que se adecúe a las demandas ni a las necesidades sociales. Además, pone de manifiesto las diferencias de calidad existentes entre las escuelas públicas de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros adheridos privados, ya que los centros públicos son los que están mejor financiados, tienen mejores infraestructuras y servicios de asistencia.
El director en funciones de Save the Children en Andalucía, Javier Cabrera, aseguró que el actual modelo es «ineficiente» y cree «inadmisible» que haya listas de espera y a la vez plazas sobrantes.
Por eso, se necesita «más planificación y una oferta pública de calidad, al tiempo que advirtió de que los niños menos escolarizados son los que «más necesitan compensar las desigualdades». Aunque Save de Children reconoce los esfuerzos de la Junta, el informe refleja que las familias llegan a asumir de media el 28 % de los costes totales del servicio (la media en la UE esta en el 25%).
Tres detenidos en Reino Unido tras drogar a estudiantes en discotecas
La policía británica indicó que está investigando decenas de agresiones de este tipo
Londres.- La policía británica anunció este viernes haber detenido a tres sospechosos de haber intentado inyectar con agujas sustancias a mujeres jóvenes, tras una ola de testimonios de estudiantes que aseguraron haber sido drogadas con este método en discotecas.
Desde hace años, es conocida la práctica de introducir una droga en la bebida de una víctima, reseñó AFP.
Pero en los últimos días numerosas mujeres jóvenes y algunos hombres denunciaron en Reino Unido que intentaron drogarlos en bares o discotecas pinchándolos con una aguja, un fenómeno que estremeció este país.
La policía de Nottinghamshire, en el norte de Inglaterra, anunció que había detenido a dos hombres en el marco de la investigación de este tipo de incidentes.
Los detenidos, de 18 y 19 años, son sospechosos de haber planeado drogar a otras personas «con la intención de perjudicarlas, importunarlas o herirlas», indicaron las fuerzas de seguridad.
En la región vecina de Lincolnshire, también detuvieron el viernes por la mañana a un hombre, de 35 años, sospechoso de poseer drogas con la intención de administrarlas.
La policía precisó que desde septiembre recibió 12 denuncias por «pinchazos con un objeto puntiagudo» en discotecas.
Los testimonios sobre este inquietante fenómeno se multiplicaron después de que dos estudiantes de la universidad de Nottingham lo denunciaran por primera vez, mostrando las marcas de las agujas y los hematomas en la piel.
Zara Owen, estudiante de primer año en la universidad, explicó que se despertó tras una noche de fiesta con unos recuerdos muy vagos de lo que sucedió la víspera y con dolor en el entrepierna, donde tenía la marca de un pinchazo.
Sarah Buckle, en segundo año de carrera, fue llevada a un hospital por sus amigos tras haberse desmayado durante una noche de fiesta.
Entonces, se dio cuenta de que tenía un hematoma en la mano, que mostró a la cadena de televisión Channel 4 News.
La policía británica indicó que está investigando decenas de agresiones de este tipo.
Grupos de estudiantes preparan acciones de boicot a bares y discotecas, a los que piden reforzar las medidas de seguridad en la entrada y una mejor protección de sus clientes.
Fuente de la Información: https://www.eluniversal.com/internacional/110295/tres-detenidos-en-reino-unido-tras-drogar-a-estudiantes-en-discotecas
El impacto causado por el covid-19 ha sido terrible en el entorno más vulnerable, el de las personas de mayor edad, tanto en la altísima mortalidad sufrida en las residencias como en las condiciones en que se encuentran quienes han sufrido la pandemia en su hogar. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa el especial cuidado que merece la tercera edad y las personas dependientes, un enorme desafío de alto contenido ético que el conjunto de la sociedad debe afrontar, tanto en lo que se refiere a su salud como a la propia calidad de vida. La insuficiente falta de financiación del sistema de dependencia, aun a pesar de la ley que la regula, provoca, por ejemplo, que en España haya más de 230.000 personas dependientes todavía sin prestación y casi 150.000 a la espera de ser valoradas, sin contar con que las ayudas son precarias y muy raramente sirven para paliar los déficits de asistencia.
Galicia, a la cabeza del envejecimiento demográfico en España, tiene en consecuencia un reto mayor que el de otras regiones para prestar a toda esta población la atención obligada. En 2035 un 33% de los habitantes de la comunidad tendrá más de 65 años, es decir, uno de cada tres gallegos ya estará en la franja de la tercera edad. Y para entonces pasará de tener el 4,1% de su población en situación de dependencia pendiente de protección pública al 5,5%, lo que supone nada menos que 28.000 personas más que ahora. Si a ello se suma el desplome de la natalidad y en consecuencia la falta de relevo generacional, la atención en los hogares de nuestros mayores en dificultades se torna una misión casi imposible.
La ley de Dependencia supuso, sin duda, un salto cualitativo en la protección social de este amplio colectivo poblacional, aunque cuenta con severas dificultades financieras para su pleno desarrollo. Las políticas de asistencia social necesitan un giro para paliar una situación deficitaria en lo que se refiere a la oferta pública de residencias, sometidas en la actualidad a unas listas de espera insoportables. En el otro lado de la balanza, el vacío lo ocupa la iniciativa privada, cuyo catálogo de atención de mayores se rige por los precios de mercado, solo aptos para quien pueda pagarlos y no todos pueden hacerlo. Resulta apremiante seguir impulsando más y mejores alternativas frente a un problema que crecerá exponencialmente debido a la baja tasa de natalidad y a los cambios que se vienen produciendo en los entornos familiares, donde además los núcleos tradicionales mutan hacia otros modelos que no contemplan la convivencia con los mayores.
El futuro solo puede abordarse, por un lado, con la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la creación de una red residencial sostenida en parte a través de las aportaciones de los peticionarios, cuyas pensiones serán imprescindibles para sufragar los gastos de un sistema equilibrado que cubra el amplio abanico de necesidades de una generación con hábitos muy diferentes a los de sus ancestros.
La previsible demora en crear una completa oferta pública estable obliga a alcanzar acuerdos con centros privados a través de los necesarios concursos. Prueba del colapso y los trastornos sociales que provoca la carencia de un proyecto para los mayores en el conjunto del país no radica solo en las eternas listas de espera, sino también en los ingresos hospitalarios de ancianos que ocupan camas en los centros sanitarios al oponerse sus familias al traslado domiciliario porque aquellos no pueden regresar sin apoyos o porque éstas carecen de medios para atenderlos en el hogar. Solo en 2020, la Xunta internó de urgencia en residencias a casi 800 ancianos que no podían valerse por sí mismos y no tenían a nadie que los pudiera cuidar.
Esta es la situación actual, a la que se suma que más del 85% de los cuidadores son familiares sometidos a la presión de tener que conciliar sus vidas privadas y laborales con la atención a sus mayores. No obstante, el escenario demográfico de futuro es aún peor. Urge que las administraciones actúen en consecuencia, previendo que la generación de los baby-boomers llegará en la próxima década a la senectud. Y en menos de veinte años, el sistema tendrá que atender al doble de personas que en la actualidad, una cifra que las proyecciones elevan a dos millones de ancianos. La población envejecida se incrementará, habrá más dificultades en el acceso y en la conservación de la vivienda, tendrá una menor cobertura familiar y menos ingresos para hacer frente a sus necesidades, el pago de las pensiones se complicará y, con las restricciones a la inmigración, habrá también menos personas que puedan intervenir en el sistema de cuidados.
Además de residencias adaptadas a las exigencias de tiempos pandémicos, hace falta un programa moderno de atención. Adaptado a las nuevas circunstancias laborales y a los cambios sociológicos en los entornos en el que se priorice una efectiva atención domiciliaria, con proyectos para acompañamiento a las familias y una mayor cobertura de cuidadores, tanto en extensión de las horas invertidas como de su estatus y condiciones laborales.
La Xunta viene esta semana de anunciar por boca de su presidente Feijóo en el debate sobre el estado de la Autonomía un nuevo modelo de residencias de mayores, que se enviará en las próximas semanas al Parlamento. Entre las novedades, figura que todos los centros nuevos deberán estar divididos en unidades de convivencia de 25 personas como máximo, que servirán como pequeños hogares dentro de cada residencia. También se crearán las primeras unidades de cuidados intermedios en las que se atenderá a los mayores, que tras recibir el alta de un centro de salud, necesiten un “acompañamiento social”. Al anuncio se suma el acuerdo entre PP y PSdeG para la creación de 2.000 nuevas plazas públicas en residencias de mayores en tres años. Son pasos, que a falta de conocer el recorrido final, apuntan en la buena dirección.
El Gobierno, por su parte, ha impulsado un plan de choque, de común acuerdo con autonomías y agentes sociales, que implica una inversión en tres años de 3.600 millones de euros con el objetivo prioritario de reducir las listas de espera e introducir avances en los servicios y prestaciones. La administración central calcula llegar a un porcentaje de financiación del 26,5% para paliar los recortes promulgados por el PP, pero aun alejado de la cifra prevista por la ley. La Xunta se ha comprometido a reducir la burocracia y agilizar la valoración de los beneficiarios de ayudas, consciente del galimatías jurídico existente, y del sufrimiento de muchos afectados. Los concellos, a los que se ha transferido la competencia autonómica del servicio de ayuda al hogar, ven como estas partidas se llevan la mayor parte del gasto social. Ni aun así los fondos llegan ni hay profesionales suficientes para su atención. Con el coste de los cuidados disparado, el aumento de dependientes y la demanda creciente de personal cuadrar las cuentas es un triple reto.
El envejecimiento de la generación más numerosa, más allá de su impacto en la pirámide poblacional, afectará también sensiblemente a la economía y a la distribución de la riqueza. Por eso resulta esencial salvaguardar los derechos básicos del Estado del bienestar para evitar un aumento de la desigualdad y, especialmente, la defensa de la dignidad en una sociedad que, como hemos visto y sufrido, no puede permitirse dejar de lado a sus mayores.
500 profesionales de la ecología se han reunido durante cuatro días en el XV Congreso Nacional de la AEET, para compartir los conocimientos más actuales en ecología y entender las respuestas de los ecosistemas ante las perturbaciones del cambio global.
– El motivo central de este Congreso celebrado en Plasencia es “la puesta en valor de la ecología” y la puesta en práctica de los conocimientos generados dentro de esta área científica. “Desde la ecología tenemos claro qué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado”, ha declarado Ignasi Bartomeus, presidente de la AEET.
– Durante este evento se han compartido más de 450 trabajos científicos para profundizar en procesos ecológicos globales como la degradación de los ecosistemas, las emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad o la inseguridad alimentaria.
500 profesionales de la ecología se han reunido durante cuatro días en el XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre,un evento para el intercambio de los conocimientos ecológicos más actuales y desde el cual se reclama “la puesta en valor de la ecología”, como ciencia capaz de dar respuesta a los efectos negativos del cambio global.“Desde la ecología tenemos señales muy claras de que es el momento de actuar y tenemos claro qué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado”, segúnha declarado Ignasi Bartomeus, presidente de la AEET.
Sesión científica sobre Inteligencia Artificial
En este encuentro celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia del 18 al 21 de octubre, se han compartido 450 trabajos científicos que son clave para entender cómo funcionan los cambios detectados en la naturaleza, tanto a nivel local como global, para que “a partir de este conocimiento científico podamos tomar las mejores decisiones de cara a que estos cambios no nos afecten en negativo o que sepamos aprovechar aquellas oportunidades que nos pueda brindar la naturaleza”, según ha explicado Gerardo Moreno, profesor de la Universidad de Extremadura y miembro del Comité Organizador del congreso.
Los temas tratados en el Congreso se han centrado principalmente en cómo la ecología puede ayudarnos a entender y enfrentarnos a retos derivados del cambio global tales como la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, los cambios en el uso del suelo, la inseguridad alimentaria o la mejora de la gestión y conocimiento de los ecosistemas, entre otros.
La ceremonia de apertura de este congreso contó con la participación de Antonio Hidalgo, Rector de la Universidad de Extremadura; Jesús Alonso, Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de Extremadura; Fernando Pizarro, Alcalde de Plasencia e Ignasi Bartomeus, Presidente de la AEET.
Un evento que ha sido impulsado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), la cual aúna a más de 800 profesionales de la ecología y el medio ambiente terrestre, con el apoyo de la Universidad de Extremadura y el Instituto de Investigación de la Dehesa (Indehesa), así como de la Junta de Extremadura y de las entidades Fundecyt PCTEX y AllGenetics.
“Desde la ecología estamos trabajando para medir y entender los riesgos a los que nos enfrentamos”
Durante estos cuatro días se han dado cita personas expertas en todas las áreas de la ecología terrestre, entre las que destacan científicos y científicas de reconocido prestigio nacional e internacional como Sara Varela de la Universidad de Vigo, investigadora que lidera el proyecto de predicción «Mapas Lab», quien ha resaltado el papel fundamental de la ecología en la actualidad: “la naturaleza está cambiando y desde la ecología estamos trabajando en medir y entender los riesgos a los que nos enfrentamos, para que el impacto sea el menor posible”, según ha apuntado en declaraciones durante el congreso.
Por su parte, Marta Goberna del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), investigadora que coordina el proyecto europeo EJP SOIL, ha señalado algunas de las barreras a las que se enfrenta la comunidad científica a la hora de poner en práctica los conocimientos generados: “nos encontramos con dificultades a la hora de transmitir a la sociedad que hay determinadas prácticas humanas que rompen los equilibrios naturales, lo que frena el impulso de actividades que respeten este equilibrio”, ha explicado.
A este respecto, desde la AEET han destacado que para conseguir “ese equilibrio con la naturaleza, no podemos seguir mirando a corto plazo”, ya que según explica Ignasi Bartomeus, los retos del cambio global requieren de una visión holística que mire a la totalidad del problema.
La importancia de la ecología en una sociedad global
En este evento se han celebrado dieciséis sesiones temáticascentradas en profundizar sobre procesos y cambios ecológicos que se están dando a nivel mundial, para comprender de forma conjuntacómo responderán los ecosistemas a lo largo del tiempo ante las perturbaciones derivadas del cambio global y poner en marcha estrategias de mitigación.“La sociedad mundial se enfrenta a desafíos medioambientales comunes como la COVID 19 o el cambio climático, lo que demuestra la vital importancia de la ecología a nivel global, el motivo central de este Congreso”, tal y como ha señalado la AEET.
Es por eso, que las sesiones han estado focalizadas en cuestiones globales tan relevantes hoy día como: la recuperación y restauración a gran escala de ecosistemas degradados para mitigar el cambio climático; las respuestas de la ecología del paisaje para hacer frentea dos procesos globales que ponen en compromiso la conservación de los ecosistemas como son la intensificación agraria o expansión urbana y el abandono o renaturalización; la función de los sistemas agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria; la relación de la biodiversidad y el bienestar humano para avanzar hacia una sociedad más sostenible;la era del big data y su valor para el seguimiento de la biodiversidad; los avances tecnológicos para predecir de una forma más precisa los impactos humanos sobre procesos tan relevantes como el intercambio genético entre poblaciones, la polinización, la dispersión de semillas;el potencial y límites de la Eco-informática para abordar problemas ecológicos complejos; o los últimos avances en el estudio de un recurso tan valioso como el agua, captación, almacenaje, transporte y redistribución del agua en el ecosistema terrestre.
Mesa Redonda «Ecología en la educación», en el XV Congreso Nacional de la AEET
La transferencia de conocimientos científicos a la sociedad ha sido otro asunto clave de este Congreso, donde se ha visto la “necesidad urgente” de educar en ecología a las futuras generaciones o la difusión e intercambio de conocimientos ecológicos para la gestión pública y social de los ecosistemas. En este sentido, la AEET ha otorgado durante este congreso los Premios Luis Balaguer a la investigadora Montse Vilà, especializada en el estudio de los impactos de plantas invasoras, y a Fernando Valladares, profesor investigador del CSIC que dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, por su excelente trayectoria y transferencia de conocimientos ecológicos a la sociedad.
Para entrevistas pueden contactar con Alba Villanueva (637 873 604)
En las últimas 24 horas, Rusia reportó mil 36 nuevos decesos por la enfermedad.
Las autoridades de Moscú anunciaron este jueves un plan para cerrar restaurantes y comercios no alimentarios e implantar otras restricciones desde finales de mes mientras Rusia registró su récord de contagios de COVID-19 y decesos desde el inicio de la pandemia.
El grupo de trabajo gubernamental contra el coronavirus reportó el jueves 36 mil 339 nuevas infecciones y mil 36 decesos en las últimas 24 horas, que elevaron el total de víctimas mortales en el país a 227 mil 389, el peor dato en Europa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió al rebrote en la víspera decretando una semana no laboral a partir del 30 de octubre. Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, siguió sus pasos este jueves con el anuncio de restricciones en la capital.
Todos los restaurantes, cafés y establecimientos que no vendan comida, además de gimnasios, cines y otros locales de ocio deberán cerrar entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre. Con las escuelas y jardines de infantes ocurrirá lo mismo. El acceso a museos, teatros y otros establecimientos estará limitado a los titulares de los códigos digitales que acreditan estar vacunado o haber superado la enfermedad, una medida que se mantendrá después del 7 de noviembre.
“La situación en Moscú se está desarrollando de acuerdo al peor escenario posible”, escribió Sobyanin en su blog, agregando que el número de contagios en la capital está en máximos históricos.
La mortalidad por el virus lleva semanas al alza y superó las mil personas diarias por primera vez durante el fin de semana, ante la baja tasa de vacunación, el escaso cumplimiento de las precauciones de seguridad y las reticencias del gobierno a endurecer las restricciones. Unos 45 millones de rusos, 32 por ciento de sus cerca de 146 millones de habitantes, recibieron ya las dos dosis de la vacuna.
El periodo no laboral, que incluye un feriado estatal de dos días, debería ayudar a limitar la propagación al evitar que la gente acuda a las oficinas y viaje en el abarrotado transporte público. El Kremlin instó también a las autoridades locales a restringir el acceso a restaurantes, teatros y locales de ocio durante este periodo.
Putin afirmó que en algunas de las regiones donde la situación es muy preocupante, la semana de descanso podría empezar el sábado y prorrogarse hasta el 7 de noviembre.
Hasta ahora, el Kremlin había descartado decretar un confinamiento nacional como el impuesto al inicio de la pandemia, que supuso un fuerte revés para la economía y erosionó la popularidad de Putin, pero daba poder a las autoridades regionales para decidir posibles restricciones.
Muchas de las 85 regiones en que se divide la vasta nación ya limitaron la asistencia a eventos públicos multitudinarios, así como el aforo de teatros y restaurantes, entre otros. Algunas han declarado la vacuna obligatoria para ciertos funcionarios y mayores de 60 años.
Moscú había evitado las restricciones hasta el momento, con restaurantes y cines abarrotados, multitudes en discotecas y karaokes, y el transporte público lleno de usuarios sin mascarilla, aunque las UCIs de los hospitales llevaban semanas saturadas.
La justicia francesa condenó este miércoles a seis meses de prisión con suspensión de pena a una profesora de alemán por portar una pancarta antisemita durante una manifestación contra el pasaporte sanitario.
Cassandre Fristot, quien fuera miembro de la agrupación ultraderechista Frente Nacional (ahora rebautizada Agrupación Nacional) fue condenada por el tribunal de Metz (noreste) por «provocación al odio racial».
En una imagen de una manifestación el 7 de agosto en esta ciudad, la joven de 34 años, que luce una boina, aparece portando una pancarta con los nombres de varias personalidades, la mayoría judías.
Los nombres rodeaban la pregunta «¿Pero quién?» y la exclamación «¡Traidores!». La difusión de la foto suscitó una oleada de indignación entre la clase política y los grupos de lucha contra el racismo.
«Es una victoria sobre todo lo que constituye una incitación al odio», se felicitó la abogada Annie Levi-Cyferman, que representaba a la Ligue des Droits de l’Hommes (Liga de los Derechos Humanos).
La joven debe abonar además un euro simbólico y 300 euros a ocho de las 13 asociaciones que se constituyeron como partes civiles, entre ellas SOS Racismo, la Licra y el Crif, que reúne a instituciones judías.
Durante el juicio el 8 de septiembre, al que no acudió la acusada al igual que este miércoles, su defensa negó cualquier antisemitismo y, durante su detención, la mujer aseguró que solo quería «denunciar a los poderosos».
La falta de oportunidades y la desigualdad en el trabajo productivo y reproductivo empuja a las mujeres a abandonar los pueblos en busca de mejores condiciones de vida
El día 15 de octubre es el día internacional de las mujeres rurales, y con motivo de esta jornada el pasado 13 de octubre el Instituto de las Mujeres organizaba un encuentro en la localidad vallisoletana de San Pelayo. En la inauguración de este acto, la alcaldesa Virginia Hernández se presentaba: “Soy hija de la generación de padres que huyó del pueblo a la ciudad cuando tuvo que formar una familia. A ellos y a las generaciones anteriores les grabaron a fuego que el lugar de donde procedían no era un lugar para criar a sus hijas, y antes de eso ya les habían grabado a fuego que en la ciudad las personas se desarrollaban y prosperaban y en el campo quedaba lo rústico y lo cateto.” Con esta presentación la alcaldesa de San Pelayo habla de ese “exilio forzoso” del campo a la ciudad, y de cómo se ha asumido ese flujo migratorio como propio y natural.
En España el medio rural abarca un 90% del territorio y tan solo el 20% de la población reside en él. La despoblación del entorno rural de nuestro país supone un gran conflicto en sí mismo. A esto se suma que, a pesar de que las mujeres suponen casi el 51% de la población en España, en las poblaciones rurales esta proporción disminuye cuanto menor es el municipio. El medio rural no solo cuenta con menos mujeres, sino que además su población femenina está muy envejecida, siendo esta en su mayoría mayor de 65 años, y con una proporción todavía superior de mujeres mayores de 80 años. Ante estos datos cabe preguntarse, ¿qué está ocurriendo en nuestro país con las mujeres rurales?
Para encontrar una respuesta a esta pregunta es necesario plantear desde un inicio en qué situación están las mujeres del medio rural. Como punto de partida encontramos que las mujeres de la España Vaciada hacen frente a una doble discriminación: por mujeres y por la falta de oportunidades que les ofrece su entorno.
El encontrarse en un medio con los valores tradicionales mucho más arraigados y en consecuencia con un machismo más explícito en sus dinámicas tiene como resultado que el papel de las mujeres se encuentre mucho mas estrechamente ligado al ámbito privado, reproductivo y a los cuidados. En un contexto en el que la falta de servicios esenciales es muy patente, el resultado es que sean las mujeres quienes los suplan, principalmente en lo relacionado a la atención a la infancia y personas dependientes y trabajo doméstico.
En un contexto en el que la falta de servicios esenciales es muy patente, el resultado es que sean las mujeres quienes los suplan
Así, una vez más, las mujeres quedan relegadas a su rol tradicional de cuidadoras al que añaden esta sobrecarga de trabajo y, ante la dificultad que supone conciliar esto con el mundo laboral, se ven obligadas a dejar sus empleos. Esto junto con la masculinización del mercado laboral rural y la falta de oportunidades se traduce en unos índices más bajos de empleo femenino. En datos, la tasa de empleo masculina en zonas rurales es de un 70%, mientras que la tasa de empleo femenina es de un 52,4%.
Esta división del trabajo productivo y reproductivo en el ámbito rural se acentuó notablemente con la llegada de la modernización e industrialización de las actividades agrarias en los años 50. Con esta transformación de los modos de producción tradicionales -de los cuales las mujeres formaban parte tanto como los hombres- se da un excedente de mano de obra en el campo, siendo los hombres quienes se apropian de la producción agraria. Sin embargo, las mujeres no quedan excluidas al completo de estas tareas sino que pasan a llevarlas a cabo como una “extensión” de su trabajo reproductivo, es decir, como una “ayuda familiar en el campo”.
Mediante este proceso las mujeres fueron perdiendo todo el reconocimiento económico y social ligado a su trabajo y, a pesar de contar con una sobrecarga de trabajo tanto doméstico como agrario, acaban por convertirse en mano de obra invisible. Inmaculada Idáñez, de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural -CERES, explica la ausencia de mujeres como trabajadoras asalariadas en el campo a partir de esta misma sobrecarga de trabajo: “A la hora de contratar a mujeres estas cuentan con una carga añadida, los cuidados. Si tienes hijos o te encuentras a cargo de personas dependientes tienes ese peso que no garantiza que puedas trabajar siguiendo los mismos horarios y el mismo ritmo que un hombre, y eso no interesa”.
Tan solo tres de cada diez titulares de explotaciones agrícolas son mujeres
A pesar de que son muchas las actividades productivas que se desarrollan en el entorno rural, es cierto que la identidad rural siempre ha estado estrechamente ligada a la actividad agrícola y ganadera al ser esta la que gestiona y ocupa una parte considerable de los recursos naturales de los pueblos. Sin embargo, tan solo tres de cada diez titulares de explotaciones agrícolas son mujeres y tan solo suponen un 38% del empleo de la industria alimentaria. En un intento por intervenir en este sector y poner en relieve el la importancia del papel de las mujeres en las explotaciones agrarias, las asociaciones de mujeres rurales llevan años luchando por una ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la cual fue aprobada por el gobierno socialista en 2011.
Esta ley promovía diferentes medidas para fomentar y revalorizar la participación de las mujeres en las explotaciones agrarias como pueden ser la regulación de la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos miembros titulares; el reparto de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares… Con esto se pretende hacer patente el trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares, dado que a pesar de suponer un tercio de este apenas no figuran como titulares ni toman decisiones. Entre las medidas que contemplaba la ley se encontraba la de incentivar este régimen de titularidad compartida a través de ayudas económicas, sin embargo esta no ha llegado a hacerse efectiva hasta este mismo año, 10 años después con la aprobación de un real decreto para incentivar económicamente este régimen de explotaciones.
Ana Rabadán, de la asociación FADEMUR, asegura que es necesario apostar por la titularidad compartida para intentar solventar el conflicto al que hacen frente las mujeres en el mundo agrario. “Esta medida profesionaliza la actividad agraria de las mujeres y les permite tener una remuneración y un reconocimiento no solo social, sino también laboral y económico”. También apunta que en la actualidad hay unas 800 explotaciones de titularidad compartida, a diferencia de las 10.000 que se esperaban, y todavía existen territorios como Madrid en los que no hay ninguna explotación en este régimen. Ante esta situación reclama que es una falta de respaldo a las mujeres rurales, y que es necesario que se apoyen medidas efectivas como esta para luchar contra la despoblación.
Ante esta falta acusada de servicios, empleo y facilidades para conciliar y desarrollar su vida personal, familiar y laboral, el territorio rural español está experimentando un proceso de “huida” de las mujeres. A pesar de que la España vaciada va despoblándose progresivamente, este éxodo es mayoritariamente femenino: dos de cada tres personas que emigran del entorno rural son mujeres. Además, entre 2007 y 2018 el porcentaje de mujeres en poblaciones de menos de 1000 habitantes han ha caído, mientras que el número de mujeres en poblaciones con más de 1000 habitantes ha aumentado. Es decir, a fin de cuentas cuanto más pequeñas son las poblaciones más envejecidas y masculinizadas se encuentran.
En su estudio acerca de la construcción de nuevas identidades para las mujeres en el medio rural, la doctora Fátima Cruz Souza habla acerca de la huida de las mujeres de este entorno y de su rechazo al rol tradicional que se les ha adjudicado. Esta menciona los estudios secundarios y superiores como una herramienta fundamental para esta huida. Además, tanto ella como las autoras Cecilia Diaz Mendez y Capitolina Diaz Martinez en su estudio “De mujer a mujer: estrategias femeninas de huida del hogar familiar y del medio rural”, explican como las madres tienen y han tenido un papel clave en este fenómeno, siendo las principales impulsoras de la emigración de sus hijas a los núcleos urbanos priorizando sus estudios en lugar de la participación en la actividad productiva agraria familiar.
La falta de mujeres en el mundo rural da lugar a una pirámide de población regresiva
Esta falta de mujeres en el mundo rural da lugar a una pirámide de población regresiva al dificultarse enormemente la formación de nuevos núcleos familiares, que es la clave para garantizar la supervivencia del territorio y que tiene un efecto determinante sobre la perdida de población. En conclusión, sin mujeres el mundo rural no tiene futuro.
Para Ana Rabadán, de FADEMUR, la clave de la supervivencia del entorno rural se encuentra en el impulso de políticas transversales que abarquen todos los sectores, no solo el primario. Es necesario asegurar el acceso a servicios, empleo e incluso ayudas económicas para evitar el éxodo de mujeres y, en consecuencia, la despoblación. Aunque asegura que la titularidad compartida es una herramienta útil para contribuir a la igualdad de oportunidades en el mundo agrícola, es importante que haya una implicación mayor con este conflicto.
Por su parte, Inmaculada Idáñez de Ceres afirma que se están rompiendo moldes, y que poco a poco avanzamos hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en este entorno. “Las mujeres nos estamos empoderando y el mundo rural se está dando cuenta de que somos igual de capaces”. Si bien, al hablar de un cambio en las formas de producción y consumo, Inmaculada señala que el avance es mas lento. La agricultura ecológica está muy ligada a las mujeres dado que estas generalmente tienen empresas más pequeñas, lo que permite un trabajo en la dirección de canales cortos de comercialización, economía circular y cercanía. Sin embargo competir con grandes multinacionales y fondos de inversión es prácticamente imposible, por lo que el cambio de la concepción de alimentación con una perspectiva mercantilista es mucho más lento y costoso.
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