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España: Estudiantes paran el 15 de abril contra Abanca y su universidad: «La pública se hunde mientras crece la privada»

La organización Erguer. Estudantes da Galiza convoca una huelga en todos los niveles educativos para denunciar lo que considera un desmantelamiento sistemático de la escuela y la universidad públicas en Galicia, en un contexto de expansión de la oferta privada.

El próximo miércoles 15 de abril, los centros educativos de toda Galicia se enfrentarán a una jornada de huelga estudiantil convocada por Erguer. Estudantes da Galiza. La movilización abarca todos los niveles de enseñanza y prevé concentraciones en las siete ciudades gallegas: Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo y Ourense. El motivo central es la denuncia de lo que la organización define como una privatización planificada y acelerada del sistema educativo gallego, que respondería a intereses económicos y políticos en detrimento de las clases populares.

La convocatoria no surge de la nada. Erguer lleva desde el inicio de este curso impulsando una campaña bajo el lema Prívannos dun futuro, con la que ha recorrido institutos, centros de FP y campus universitarios. En noviembre, Lucas Pardo, portavoz nacional de la organización, alertaba de que la ofensiva privatizadora del Gobierno de la Xunta se había vuelto especialmente agresiva en los últimos tiempos y afectaba de manera diferencial a los estudiantes de las clases populares y a colectivos más vulnerables, como los que tienen necesidades específicas de aprendizaje.

La Consellería de Educación, dirigida por Román Rodríguez, no se ha pronunciado específicamente sobre la huelga del 15 de abril. El conselleiro sí presentó la semana pasada ante el Parlamento gallego los presupuestos para el próximo ejercicio, que ascienden a 3.090 millones de euros —apenas un 1,5% más que en 2025— e incluyen la convocatoria de unas 1.500 plazas docentes. Fuentes del departamento señalaron que el incremento en la partida de personal ha superado los 160 millones desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT. Sin embargo, las tres centrales han llevado a los tribunales ese mismo pacto por supuestos incumplimientos.

CONTRA LA PRIVADA

La cuestión universitaria es quizás la que más tensión ha acumulado en los últimos meses. Galicia cuenta con tres universidades públicas —USC, UDC y UVigo— que según sus propias rectoras no alcanzan el 1% de inversión sobre el PIB que exige la Ley de Universidades. A ese contexto de infrafinanciación se suma la expansión de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por ABANCA y autorizada por la Xunta en 2022 como primera institución universitaria privada de la comunidad. En diciembre de 2024, el Gobierno gallego le dio luz verde para ofrecer el grado en Derecho —una titulación ya presente en las tres universidades públicas—, una decisión que fue criticada por el BNG, por sindicatos como CIG y CSIF, y por los propios claustros públicos, al entender que podría vulnerar la normativa que prohíbe duplicidades en la oferta académica.

A eso se añade la pretensión de CESUGA de inaugurar el curso 2026-27 con la denominada Universidad Emilia Pardo Bazán en A Coruña, que sería la segunda universidad privada de Galicia. El proyecto, respaldado por empresarios como Ignacio Rivera (Hijos de Rivera) y Constantino Fernández (Altia), recibió un informe desfavorable del Ministerio de Ciencia hace más de un año. La Xunta, a quien corresponde decidir, no ha tomado postura. El rector de la UDC, Ricardo Cao, rechazó la autorización de centros privados que cuentan con informes negativos, mientras que el BNG ha pedido formalmente al Gobierno gallego que bloquee el proyecto.

El propio sindicato CIG-Ensino ha señalado que la plantilla docente en la enseñanza no universitaria lleva cuatro años congelada en 30.424 profesores, con un 33% de las plazas desiertas en las últimas oposiciones. La organización denuncia que Galicia tiene el peor horario lectivo en secundaria, FP y régimen especial de toda España.

EL CASO DE LA FP

En la Formación Profesional, Erguer apunta al reciente Decreto Gallego de FP como la muestra más evidente del modelo privatizador. El texto, aprobado sin consenso con el profesorado según los convocantes, introduce la figura de los docentes asociados procedentes de empresas y potencia los ciclos acelerados orientados a la demanda del mercado laboral. El sindicato CIG-Ensino ha denunciado que la apuesta de la Xunta por la FP Dual ha disparado a 500 horas las prácticas externas, lo que equivale a casi un mes menos de clase sin revisión de contenidos. Mientras tanto, centros como el CIFP Manuel Antonio de Vigo —uno de los mayores del país— arrastran un déficit estructural que les impide acometer obras básicas.

En la enseñanza media, la situación no es muy distinta. Las ratios en las aulas siguen siendo las mismas que antes de 2009, sin que se haya producido un incremento real en las contrataciones de profesorado. Erguer subraya que en el último año han cerrado siete centros públicos, mientras la red concertada y privada no deja de crecer.

Más allá de las aulas, la organización denuncia que la crisis de vivienda dificulta el acceso a los estudios superiores. El cierre del Colegio Mayor San Clemente en la USC ha supuesto una pérdida de plazas residenciales públicas en Santiago mientras los alquileres siguen subiendo. La situación es similar en Vigo y A Coruña. A eso se une un transporte interurbano —con Monbús como operador hegemónico en carretera— que los estudiantes consideran deficiente y excluyente para quienes viven en el rural.

Las demandas de Erguer incluyen una Ley Gallega de Educación elaborada con la comunidad educativa, la paralización de la expansión universitaria privada, la recuperación de los horarios lectivos previos a 2011, la bajada de ratios, la ampliación de residencias públicas y la supresión de tasas universitarias.

 

https://www.galiciapress.es/articulo/movimientos/2026-03-24/5820209-estudiantes-paran-15-abril-contra-abanca-universidad-publica-hunde-mientras-crece-privada

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España: Uno de cada dos docentes sufre agresiones en el aula y el 72% no se siente respetado

Una encuesta a más de 7.500 profesores revela falta de apoyo institucional, sobrecarga laboral y una creciente pérdida de autoridad en la escuela pública.

Más de la mitad de los docentes de la escuela pública en España asegura haber sufrido agresiones en el aula y un 72,2% afirma que no se siente respetado por el alumnado. Así lo refleja una encuesta presentada este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en la que han participado más de 7.500 profesores de todo el país.

El estudio, incluido en el informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, pone de relieve el malestar creciente del profesorado, que denuncia una pérdida de autoridad, falta de respaldo institucional y un deterioro progresivo de sus condiciones laborales.

La encuesta se ha realizado en centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial —como conservatorios o escuelas de idiomas— y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de recoger la realidad diaria en las aulas.

Falta de respeto y sensación de abandono

Uno de los datos más significativos del informe es la percepción generalizada de desprotección. El 90% de los docentes afirma no contar con el apoyo suficiente por parte de la Administración, mientras que siete de cada diez denuncian una falta de reconocimiento social y profesional.

El sindicato advierte de que esta situación genera una “evidente sensación de abandono” en el ejercicio de la profesión, que se ve agravada por la ausencia de protocolos claros y eficaces para gestionar conflictos o problemas de convivencia en los centros educativos.

En este sentido, el 97,8% del profesorado considera necesario reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día en el aula.

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Sobrecarga y pérdida de atractivo de la profesión

El informe también pone el foco en la sobrecarga laboral. Prácticamente la totalidad de los docentes encuestados reconoce sufrir un exceso de trabajo, mientras que nueve de cada diez consideran que su salario no se corresponde con el nivel de responsabilidad y exigencia que implica la docencia.

Según CSIF, esta combinación de factores está provocando que la profesión pierda atractivo, especialmente entre las nuevas generaciones.

Principales reivindicaciones

Entre las principales demandas del profesorado destacan la reducción de ratios en las aulas, el refuerzo de la autoridad docente, la mejora del poder adquisitivo, la disminución de la burocracia y la reducción del horario lectivo.

El sindicato subraya que el actual escenario “no puede normalizarse”, ya que el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de reconocimiento social afectan directamente a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad del sistema educativo.

Por ello, reclama a las administraciones que sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas y que impulsen medidas que contribuyan a prestigiar su labor.

“Garantizar el presente y el futuro de la educación pública pasa por dignificar la profesión docente”, concluye el informe.

https://lavozdeibiza.com/sociedad/uno-de-cada-dos-docentes-sufre-agresiones-en-el-aula-y-el-72-no-se-siente-respetado/

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España: Peticiones docentes «no infranqueables» alargan la negociación salarial con Educación

La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente han concluido este martes sin acuerdo su reunión sobre la subida salarial de los profesores por peticiones de los sindicatos, que para el titular de ese departamento, Sergio Silva, «no son infranqueables», por lo que volverán a sentarse a negociar, previsiblemente este jueves.

A la salida de la reunión, ambas partes han trasladado «prudencia» sobre la posibilidad de que el acuerdo se pueda cerrar en dos días, una vez que los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO, UGT y TÚ) incluyan sus peticiones, algunas con impacto presupuestario, en la propuesta de acuerdo que la Consejería les ha trasladado hoy.

Cuando la Consejería tenga esas demandas, las estudiará y convocará de forma inmediata a los sindicatos para continuar con la negociación.»Quiero pensar que no va a ser ningún problema en el sentido de que no nos permita firmar el acuerdo, pero también quiero ser prudente», ha dicho Silva en un encuentro con periodistas a la salida de la reunión.  «Nosotros lo vemos como una oportunidad. Estamos dispuestos a llegar al acuerdo, pero entendemos que esa disponibilidad también hay que tenerla por la otra parte», ha manifestado a continuación a los periodistas la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba (ANPE), quien ha explicado que los sindicatos enviarán de forma inmediata sus peticiones para que se les pueda convocar a una nueva reunión este jueves.

Peticiones «no nucleares»

Silva ha explicado que, en la reunión, los sindicatos han planteado diez peticiones en dos bloques que ya se habían hablado en anteriores reuniones y «no son nucleares», pero que algunas tienen impacto presupuestario, como la de vincular la subida salarial al incremento del IPC, mientras otras son «correcciones de estilo, de redacción, de enfoque» en la redacción del texto de la propuesta trasladada por la Consejería. Por ello, el consejero ha considerado «más prudente» pedir a los sindicatos que trasladen esas peticiones por escrito «para tener la seguridad» de los que se firma. «Tengo que decir, en relación a esos 10 aspectos, que no son infranqueables. Al contrario, el Gobierno aquí tiene la voluntad, de alguna manera, de llegar al acuerdo», ha precisado.

«Queremos hacerlo rápido, pero con seguridad», ha alegado, y ha incidido en que el «principal escollo» para firmar el acuerdo en el último año y medio era la denominada ‘cláusula Silva’, ha desaparecido del texto de la propuesta de la Consejería, tras el acuerdo entre PP y PRC para aprobar los presupuestos de este año, que consignan 17 millones de euros para hacer frente al incremento salarial de los docentes.

En los siguientes ejercicios que establece la propuesta de acuerdo, ha recordado el consejero, solo será necesario que existe disponibilidad presupuestaria, como establece el acuerdo entre populares y regionalistas. «Estamos hablando de la oportunidad de firmar un acuerdo salarial que en 18 años no se ha conseguido en esta comunidad autónoma. Yo creo que los 8.500 docentes de la pública y los 2.600 la red concertada, a los que también les afecta indirectamente, estarán deseosos y expectantes de que se firme un acuerdo», ha concluido.

Demandas que no son nuevas

La presidenta de la Junta de Personal Docente ha aclarado que las demandas de los sindicatos no son nuevas, sino que ya se incluían en la propuesta de acuerdo que trasladaron a la Consejería en noviembre del año pasado. «No pedimos más, ni pedimos menos», ha argumentado. Rus Trueba ha recordado que la negociación «no parte de cero», tras más de un año de negociación, y ha confiado en que Educación acepte las peticiones de los sindicatos que «no son grandes». «No estamos tan lejos si se quiere ver así y esperemos que el Gobierno de Cantabria acceda a nuestras peticiones», ha apuntado.

Se mantiene la manifestación del sábado

Trueba ha precisado que, aunque se pueda alcanzar esta semana un acuerdo sobre la subida salarial de los docentes, la Junta de Personal mantiene la convocatoria de la manifestación para este sábado en Santander, porque va más allá, al tener como objetivo reclamar mejoras en la enseñanza pública y denunciar las decisiones «unilaterales» tomadas en esta legislatura por la Consejería. La manifestación arrancará a las 12.00 horas desde la sede de la Consejería y recorrerá las calles de la capital hasta la plaza Porticada. «No es una manifestación sólo por una adecuación salarial, es una manifestación por la mejora de las condiciones de la enseñanza pública de Cantabria», ha defendido.

Hasta que se celebre esta manifestación, la Junta de Personal ha anunciado este martes que mantendrá abierto un refrendo entre los docentes para que se pronuncien sobre los cambios en las oposiciones, los conciertos con centros privados y sobre la continuidad del Consejero, entre otros asuntos.

Peticiones docentes «no infranqueables» alargan la negociación salarial con Educación

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España: Educación revisa al alza el seguimiento de la huelga de docentes, que pasa del 41% al 55%

Por: Ivanna Vallespín
El Departamento de Educación ha revisado al alza el seguimiento de la huelga educativa del pasado 11 de febrero y del 40,94% inicial lo sitúa ahora en el 54,73%. El Departamento indica que la actualización de la cifra se ha hecho tras una serie de días sin normalidad en las aulas, debido a la suspensión de clases por el temporal o por los días de libre disposición. La cifra de participación cambia, pero apenas varía el porcentaje de centros que han comunicado las cifras: del 39,42 pasa al 39,99%.

El cálculo del impacto de la huelga -que vació aulas de la pública y llenó las calles- ya generó controversia el mismo día 11: mientras los sindicatos cifraban el seguimiento en un 85%, el Departamento lo reducía casi a la mitad. Uno de los elementos chocantes de las cifras oficiales era el bajo porcentaje de centros que habían comunicado las cifras, solo el 40%, cuando en otras convocatorias se llegaba al 80%. Además, Educación mezcló cifras de pública y concertada y declinó ofrecerlas de forma segregada, algo que se había hecho en la otra gran huelga, la del calendario escolar, en contra del consejero Josep Gonzàlez Cambray en 2022.

Fuentes de Educació achacan estas grandes diferencias, en parte, al hecho de que la convocatoria –impulsada por Ustec, Aspepc, CC OO, CGT y UGT– era mayúscula, afectando a una gran diversidad de sectores. Y es que, en la huelga del pasado día 11 estaba convocado todo el sistema educativo: desde guarderías a colegios e institutos hasta escuelas de adultos y de educación especial, tanto públicas como privadas. La convocatoria afectaba a funcionarios, interinos de centros educativos de la Generalitat, municipales o dependientes de Justicia, pero iba más allá e incluía personal laboral de las oficinas del Departamento en Via Augusta y el personal de ocio educativo (desde extraescolares, vetlladores, comedores escolares y casas de colonias).

Ustec critica el método de cálculo del Departamento, porque asegura que simplemente se divide el número de huelguistas por el total de plantilla. El problema es que, en ese total, también se incluyen los docentes de baja o los que cumplen los servicios mínimos. “Ello puede inflar artificialmente el número de no huelguistas”, critica Ustec. El sindicato también deplora la “poca claridad” en los datos del Departamento, porque no discriminan entre escuelas públicas y concertadas.

Las direcciones consultadas por este diario también admiten disfunciones en la aplicación VAGA, que es la se usa para comunicar los datos de seguimiento en las huelgas. Explican que en el programa aparecen todos los docentes en plantilla, incluyendo los servicios mínimos y los que estaban de baja. “Yo tengo un docente haciendo dos medias jornadas con dos asignaturas diferentes y lo han contado como dos profesores. Todo lo que han podido sumar lo han puesto, han inflado el total”, se queja un director. Otra directora ha detectado incluso que un mismo docente aparecía varias veces repetido en la aplicación. Una dirección habla también de problemas a la hora de fijar los servicios mínimos en las escuelas de adultos. “Un centro tenía destinados 16 docentes en servicios mínimos cuando solo tiene 15 en plantilla. El problema es que la orden fijaba las dotaciones según el número de aulas, pero esto en estos centros no funciona porque tienes pocos profesores para muchas aulas”.

El Departamento admite como disfunción que se cuente en el total el personal en servicios mínimos. Asimismo, detalla que el porcentaje de comunicación de centros se realiza teniendo en cuenta todos los convocados, incluyendo los que no dependen de la Generalitat, como las guarderías municipales, además de las unidades de la sede de Via Augusta: en total, unos 7.500. Y en el porcentaje de seguimiento se tiene en cuenta todo el personal de la pública, mientras que de la concertada solo se contabiliza la plantilla de aquellas escuelas que comunican los datos, “ya que la concertada usa otro aplicativo y el Departamento no conoce la plantilla total de estos centros”, justifican desde Educación. A estos hay que añadir también todo el personal laboral del mismo Departamento, además de los administrativos y profesionales de apoyo educativo de los centros educativos.

Los cálculos sindicales

El sindicato Ustec elevó el seguimiento a un 85% en la pública. La organización defiende que el cálculo lo realiza a través de “datos obtenidos por canales propios, mediante encuestas y comunicaciones con centros y docentes de diferentes territorios”. Ustec asegura que trabaja “con una muestra amplia y territorialmente distribuida” -un tercio de los centros- y calcula el porcentaje, obviando los servicios mínimos “para evitar distorsiones”.

https://elpais.com/espana/catalunya/2026-02-19/educacion-revisa-al-alza-el-seguimiento-de-la-huelga-de-docentes-que-pasa-del-41-al-55.html

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España: Tras una huelga educativa en Aragón histórica, ¿cómo luchamos contra los ataques a la pública?

A pesar de la no convocatoria de cinco sindicatos para no molestar durante la campaña electoral, la huelga educativa de tres días en Aragón vació centros y llenó plazas en todo Aragón. Ahora, ¿cómo seguir?. La energía mostrada no puede disiparse: organicemos la lucha por la educación y los servicios públicos.

Por: Jorge Remacha/Jorge Calderón

Algo se está moviendo en los centros educativos. En Catalunya la manifestación del 24 de enero fue el anuncio de un nuevo ciclo de huelgas que empieza el 11 de febrero. También en la Comunidad de Madrid continúa dándose una importante lucha contra la desfinanciación de la educación pública, especialmente la universitaria. Andalucía, Extremadura, Asturias… un reguero de protestas no cesa.

En Aragón cunde entre amplios sectores la preocupación ante los planes privatizadores que podría implantar un gobierno que reedite medidas de derechas tras las elecciones anticipadas del 8F. Pero esta preocupación se combina con la experiencia de una huelga educativa histórica, que muestra que hay posibilidad de responder cualquier ataque a la educación pública.

En las tres capitales aragonesas, y con una gran presencia en el mundo rural, se acaba de demostrar que hay fuerzas para movilizarse con una gran huelga educativa de tres días el 20, 21 y 22 de enero, con seguimientos en torno al 50% y multitudinarias movilizaciones. Fue convocada por CGT y seguida por amplios sectores más allá del propio sindicato (segunda fuerza sindical en la educación pública en Aragón), a pesar de los comunicados en contra de la huelga de CCOO, UGT, CSIF, ANPE, STEA y la asociación de familias FAPAR, justificando que “el contexto actual de proceso electoral en Aragón no es el más adecuado para dicha convocatoria.”

Llamar a no movilizarse ni hacer huelgas durante la campaña electoral aragonesa es un regalo de la burocracia de estos sindicatos a los planes privatizadores del gobierno de la derecha de Azcón. También es una traición a sus propias bases, muchas de las cuales participaron de las manifestaciones de la huelga educativa. Finalmente, es un desacierto que ha sido contestado por manifestaciones masivas, a pesar de la llamada a la desmovilización de estos sindicatos.

Esta huelga muestra que organizar los combates desde abajo, empuja a salir a los sectores cuyas direcciones pueden estar menos decididas o incluso en contra de movilizarse. A las prácticas burocráticas de las direcciones sindicales allá donde se den, hay que imponer la autoorganización desde abajo y la llamada a la unidad de acción.

“Que esta huelga se note en las urnas” ¿Para hacer bloque con Azcón o con el PSOE que implantó la concertada?”

La gran fuerza de la huelga educativa (y el potencial que aún puede desplegar) no puede subordinarse, ni ser base de maniobra, para hacer peticiones a gobiernos con el PP o con el PSOE. Ambos partidos han asegurado durante décadas los recortes y privatizaciones educativas en Aragón.

El PP defiende dentro y fuera de la comunidad el avance en la privatización, sostenido en la destrucción de los servicios públicos. VOX se suma a esta tarea y pretende pelear por imponer más censura y adoctrinamiento reaccionario en la educación. Aragón Existe podría ser un aliado puntual de este bloque, relevando al PAR.

El PSOE trata de permitirse un doble juego de discursos en defensa de la educación pública, al tiempo que es el partido que en 1985 inauguró el esquema actual de la escuela concertada en la LODE. Lo vendió como una solución temporal para calmar las luchas de la comunidad educativa y al mismo tiempo mantener el poder de la educación religiosa tras el franquismo reciente. Esa solución temporal ya lleva cuatro décadas.

Ninguno de los partidos que quiere reeditar un gobierno con el PSOE, como Podemos, CHA o Sumar-IU, nos va a dar este mensaje en campaña electoral. Todos ellos han gobernado con el PSOE en Aragón o lo hacen en el gobierno central, manteniendo en lo esencial todo atado y bien atado para la patronal aragonesa y su depredación de los servicios públicos.

“¡Presupuestos militares, para escuelas y hospitales!”

Y es que, si en las manifestaciones de la huelga educativa se cantaba “¡Presupuestos militares, para escuelas y hospitales!” esta idea señala directamente al gobierno de Azcón con su desvío de fondos para favorecer el “hub” de la industria de la guerra en Aragón, desde los convenios de UNIZAR a los centros de datos, pasando por Instalaza. Pero este cántico también señala al gobierno central de PSOE-Sumar (y al anterior con Podemos) que desviaron esos presupuestos a aumentar el gasto militar y en barreras a las personas migrantes, en sintonía con las peticiones de la OTAN.

El resultado ya lo conocemos: una masacre en Melilla, miles de muertes en el Mediterráneo, nuevas cárceles españolas para migrantes en terceros países, compra y venta de armas a Israel con o sin embargos fake y aumento de las ganancias en los fabricantes de armas.

El Gobierno del PSOE y Sumar, ha comprometido más de 60.000 millones de euros en gasto militar. Si la huelga educativa aragonesa denunciaba el desvío de los nuevos 20 millones de Azcón para la concertada (un total de 1.013 millones para 2025-2031), recordemos que estos 60.000 millones se derivan al rearme imperialista y se financia con recortes en la educación, el transporte y la sanidad pública, que luego impone nuevamente cada gobierno autonómico.

¿Qué hacer con la fuerza mostrada el 20,21 y 22 en Aragón para luchar por la educación pública?

Pero entonces, ¿con la fuerza mostrada el 20,21 y 22 en Aragón para luchar por la educación pública, qué hacemos? No hay que esperar a después de las elecciones, ni dejar que se enfríe la situación, porque se ha se ha demostrado que hay fuerza y ganas de luchar.

Antes de la huelga educativa CCOO, UGT, CSIF, ANPE y STEA afirmaban que sí estaban dispuestos a ir a la huelga educativa, en la que se ha mostrado una gran disposición de la comunidad educativa a luchar, a pesar de su no convocatoria. En una nueva convocatoria de huelga ahora podrán demostrar si es verdad que estaban dispuestos a convocar huelga después del 8F, como dijeron.

Como decía CGT para llamar al resto de sindicatos a secundar la huelga «detener la huelga porque haya elecciones sería un error, porque la privatización no se detiene porque haya elecciones».

El gobierno que salga después del 8F en Aragón va a mantener en lo esencial el programa privatizador. No salir a pelear para parar las privatizaciones en educación pronto es desperdiciar las fuerzas que se han demostrado en la huelga, causando un golpe a la capacidad de imponerse de la comunidad educativa y dando un balón de oxígeno a gobiernos privatizadores.

CGT, como sindicato convocante, tiene que organizar asambleas en los centros, llamando a todos los sindicatos de enseñanza que han dado la espalda a esta huelga. Que sean organizadas democráticamente, con libertad de tendencias políticas y sindicales, para debatir en común y coordinar un plan de lucha de la comunidad educativa contra los conciertos y la desfinanciación en la educación pública.

Estas asambleas no pueden dejar fuera a los trabajadores de los centros que no son públicos, que quedan bajo el control de patronales y contratas con un largo historial de irregularidades. Tratar de unir esa brecha, así como sumar a interinas, es fundamental. Y aún hay más sectores de los servicios públicos, la juventud y la comunidad educativa que pueden confluir de forma más presente.

Contracorriente convocó la huelga de estudiantes en apoyo al resto de la comunidad educativa, pero es necesario ir más allá. El resto del movimiento estudiantil tiene que entrar en escena, junto a trabajadores docentes y no docentes. También, les docentes tienen que defender el derecho a huelga estudiantil frente a las directrices que envía a los centros el Servicio Provincial tratando de dificultar su derecho a huelga.

Como dice Cynthia Lub en un artículo anterior: “los ataques en la educación pública son un ataque contra los hijos e hijas de la clase trabajadora, para conseguir una mano de obra subordinada a la voluntad de las empresas, preparándola y disciplinándola para ser carne de cañón en las nuevas guerras. Por eso, necesitamos que el movimiento estudiantil se sume a organizar la huelga desde abajo, con asambleas de docentes, no docentes y alumnas en cada centro de estudio.”

Autoorganizarse con asambleas de base en los centros y tomar reivindicaciones de otros sectores en lucha han sido dos claves fundamentales para sumar fuerzas en otras luchas recientes de la comunidad educativa. Estas asambleas de base, deben confluir en una gran asamblea general de toda la comunidad educativa, que exponga lo votado en cada centro y sea la base de las futuras movilizaciones. También es necesario que los sindicatos llamen a la coordinación para unir las luchas del sector público en todo el Estado, con la perspectiva de preparar una huelga general de los servicios públicos, organizada desde abajo y democráticamente en todos los centros de trabajo de la educación, la sanidad o los transportes.

Como dijimos en un artículo anterior, “en Catalunya y en la Comunidad de Madrid fueron elementos clave a la hora de levantar movilizaciones históricas estos cursos y fortalecer la organización de un sector docente solidario con la situación de un alumnado cada vez más diverso y con grandes dificultades, como vimos con la creación de la Plataforma de Docentes contra los Desahucios o con el apoyo a las acciones y huelgas por Palestina. También las movilizaciones del curso pasado en Asturias, Andalucía o Extremadura marcan un punto de apoyo.”

Como demostró la gran afluencia de familias a la huelga educativa aragonesa, hay que compartir la lucha y las preocupaciones de la comunidad que nos rodea. Esta unidad es una base para sostener las movilizaciones futuras y rodearlas de solidaridad. Herramientas como éstas pueden ser determinantes para poder confluir con la lucha de la sanidad, el transporte y más sectores que pelean contra la privatización de los servicios públicos.

Una educación distinta

Desde la CRT cuestionamos el actual sistema educativo dirigido por el Estado y al servicio de seguir reproduciendo la sociedad capitalista. Para imaginar una educación diferente, al servicio de las necesidades de la mayoría trabajadora y gestionada democráticamente desde abajo (abriendo oportunidades para la emergencia de nuevas pedagogías), no es posible separarla de la pelea por superar los grandes problemas de desfinanciación y ataques que sufre la educación pública.

Tampoco podemos imaginar una educación diferente de forma separada de los combates diarios en los hogares de nuestro alumnado, desde la vivienda al salario, pasando por el racismo de estado, las ofensivas imperialistas o la degradación de los servicios públicos. La escuela no es una isla aparte. En definitiva, no podemos separar la pelea por una educación sobre nuevas bases de la pelea por conquistar una sociedad sobre nuevas bases.

Por eso, proponemos una serie de medidas que tratan de tender un puente entre demandas actuales en defensa de la educación pública y objetivos que ponen en cuestión la sociedad capitalista y su escuela tal y como están. No se trata de una lista de medidas para enmarcar, sino que la pensamos unida a las propuestas anteriores para organizarse en común y sumar fuerzas con el resto de la comunidad educativa, el movimiento obrero y la juventud.

Por el paso de los centros educativos a una red única 100% pública y fin de los conciertos educativos y su personal. Separación de Iglesia y Estado. Educación pública, laica, gratuita y universal de los 0-3 años a los estudios universitarios y de FP, financiada con impuestos a las grandes fortunas y empresas.

Reapertura de las vías cerradas en los centros públicos, con aumento de plazas y fijeza de plantilla para asegurar la bajada de ratios y mejorar la calidad educativa. Pase a plantilla fija de interinas y del personal externalizado, refuerzo de los servicios de limpieza, conserjería, traducción, personal psi, atención socioeducativa, educación sexual y apoyo escolar recortados durante años, así como de los servicios privatizados en los campus universitarios. Por la gestión democrática en los centros educativos a través de asambleas de docentes y no docentes, junto a la comunidad educativa y la coordinación con el movimiento estudiantil.

Becas-salario para los estudiantes de rentas bajas y necesidad de transporte en Universidad y FP. En FP, pase a la pública, prácticas remuneradas, plenos derechos laborales. Ruptura de todos los acuerdos universitarios con el Ejército, empresas que invierten en armamento, que se enriquecen del expolio imperialista en África y América Latina e instituciones israelíes. Por una universidad dirigida por sus estudiantes, docentes y trabajadores con representación acorde a su peso en la comunidad universitaria. En tiempo de tambores de guerra y de nuevos combates en la educación, un grito debe unir nuestras luchas: ¡abajo los presupuestos militares, arriba los de los servicios públicos!

¡Por una educación 100% pública, gratuita, laica y de calidad! ¡Por la lucha en educación! ¡Organicemos la lucha y la huelga en educación!

https://www.izquierdadiario.es/Tras-una-huelga-educativa-en-Aragon-historica-como-luchamos-contra-los-ataques-a-la-publica

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Entrevista: La lucha de la comunidad educativa, es la misma de todos los servicios públicos.

“La lucha de la comunidad educativa, es la misma de todos los servicios públicos: nos tenemos que coordinar al grito de ‘Presupuestos militares, para escuelas y hospitales’”

Verónica Landa, docente de secundaria de Ciencias Sociales en un instituto de Badalona, militante de la CRT y de Pan y Rosas. Nos habla de cómo se está preparando la jornada de huelga de la comunidad educativa de Catalunya, los debates que se desarrollan sobre las reivindicaciones, el papel de los sindicatos y la coordinación de las luchas con otros sectores del servicios públicos también en lucha.

El ciclo de huelgas que empieza el 11 de febrero pone sobre la mesa la crisis de la educación pública. ¿Por qué habéis ampliado vuestras reivindicaciones, más allá del incremento salarial?

El trasfondo de la convocatoria es que aunque la Ley de Educación exige destinar un 6% del PIB en educación no se llega al 3%. Todo esto comporta problemas graves de un sistema educativo en crisis en Catalunya y todo el Estado.

Como docentes, cuando salimos a luchar y explicamos los motivos, nos vemos obligadas a romper los prejuicios que se promueven, sobre todo desde los medios de comunicación, como por ejemplo que nuestros sueldos son demasiado altos. Lo que no se dice es que durante años hemos perdido entre un 20% y un 25% de poder adquisitivo, con recortes y presupuestos esqueléticos. Además, en los centros públicos el Personal de Atención Educativa (PAE) apenas llegan al salario mínimo. O todo el personal externalizado y que sufre el convenio del lleure como las monitoras de comedor o las vetlladores, como fue mi caso hace años, que también se han añadido a la huelga y que al ser personal externalizado cobran sueldos de miseria. Por lo tanto, la subida del salario es una de las reivindicaciones de la huelga que atraviesa todos los sectores de educación.

Ahora bien, desde el curso pasado, un sector de docentes planteó luchar por esta reivindicación salarial únicamente. Por el contrario, en varias plataformas y espacios de organización de la comunidad educativa, se debatió sobre la necesidad de luchar por otras reivindicaciones también por qué, aunque nos suban los salarios, los graves problemas que atraviesa la educación pública continuarán si no se cambian las condiciones laborales de precariedad y la carencia de recursos.

Creo que si solo luchamos por la subida de salarios y no luchamos por el incremento de recursos por la pública, dejamos de lado a sectores como el PAE o los sectores externalizados de la educación. Además, la subida salarial no soluciona unos problemas insostenibles de la educación como son las ratios o la carencia de infraestructuras.

No podemos caer en una lucha para mejorar condiciones solo de un sector específico de la educación y tenemos que plantear medidas y reivindicaciones que den solución a los problemas estructurales que afectan a toda la comunidad educativa.

Por lo tanto, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones, además de la subida de los salarios?

Tenemos un número de alumnos en cada clase que, con suerte, va de los 25 a los 30. Estas son las ratios. Continúan siendo excesivas, desde infantil hasta bachillerato. Además, según datos del mismo Departament, un 34% del alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo sin que se hayan previsto las medidas y apoyos para garantizar una atención de calidad. Es imposible atender a todo el alumnado y hacerlo con calidad cuando tienes clases de 30 o 35 alumnos. Por eso una reivindicación clave de la huelga, sobre todo para centros como el mío, es la bajada de ratios.

Ligado a esto, pedimos más recursos y el aumento estructural de plantillas de equipos de apoyo especializado, tanto psicosociales, como psicopedagógicos y también sanitarios. Es decir, que aumente el personal educativo necesario para atender todas las necesidades que el alumnado se encuentra a lo largo de su educación. Que estas plantillas sean además estables, porque hay mucha rotación e inestabilidad laboral que hace que las compañeras que son interinas no sepan donde trabajarán -o si trabajarán- el curso siguiente. Además, que los servicios de las auxiliares de educación especial (las vetlladores) dejen de estar externalizados y pasen a formar parte directamente del Departament d’Educació porque bajo empresas privadas se precarizan sus condiciones de trabajo y hacen un trabajo clave para poder atender los alumnos con necesidades educativas. Otra cosa que ha afectado mucho, por ejemplo en mi centro, ha sido el recorte de integradores y educadores sociales. Mi centro vio como de repente perdía un integrador social sin ningún tipo de explicación; estas figuras educativas también son claves en centros y barrios con tantos problemas sociales. Hablar de inclusión sin reducir ratios ni reforzar equipos es un ejercicio de cinismo institucional. También hay que invertir en infraestructuras, todavía muy precarias como el mantenimiento de las instalaciones y edificios, cocinas o la climatización de los centros.

Y por otro lado, luchamos por menos burocracia. A pesar de que dicen que trabajamos poco o que tenemos muchos días de fiesta, tenemos una sobrecarga laboral insostenible: hacemos de media 8 horas semanales extra de manera gratuita; somos el colectivo de trabajadores que más horas extra sin remunerar hace al año. El Departament nos carga cada vez más con más funciones administrativas, cargos que comportan trabajo pero no sueldo, elaboración de informes, etc.

Cuál es la respuesta del Departament d’Educació y de las instituciones?

El Departament nos da la espalda y no muestra mucha voluntad de solucionar nada, como no lo ha hecho nunca. Si se ha conseguido algo en la educación ha sido gracias a la lucha y la coordinación del personal educativo. Las políticas para educación del PSC de Salvador Illa y Esther Niubó no se alejan mucho de las aplicadas por Esquerra Republicana con el ex conseller Cambray o los gobiernos de Junts y los convergentes. Con décadas de recortes, de carencia de inversión, de incrementos de presupuestos y de financiar la escuela concertada, la crisis de educación se ha profundizado.

Y a la vez siempre nos culpan de todos los problemas en educación: si los resultados de las pruebas PISA son malos, es culpa nuestra porque no estamos suficientemente capacitadas y no damos clases bastante innovadoras. Si el alumnado no logra un buen nivel de catalán, es culpa nuestra y nos quieren obligar a sacarnos el C2, pero a la vez los recursos de aula de acogida para los alumnos que acaban de llegar a Catalunya dan risa. Nos han llevado a un punto en el cual no podemos más, por eso vamos a la huelga e iremos hasta el final.

Y además, los presupuestos dedicados a la educación son todavía bastante bajos, ¿no?

Exacto, los presupuestos en la educación son esqueléticos. Tal como señalan los sindicatos convocantes de la huelga, el Departament justifica su propuesta económica en el acondicionamiento establecido desde el Departament d’Economía que determina, vista la situación presupuestaria actual y el tope de endeudamiento de la Administración pública, que el incremento presupuestario para Educació no puede superar el 1% del actual. Esto sitúa una inversión total de 50 millones de euros para hacer frente a las demandas prioritarias de la comunidad educativa: aumento salarial de todo el personal docente; incremento de plantillas para bajar ratios y mejorar la atención educativa. Una compañera lo describió como los juegos del hambre: quieren que nos peleemos por las migajas de este presupuesto.

Con esta propuesta, del todo inadmisible, es evidente que el Departament no puede hacer frente a ninguna de las demandas de la comunidad educativa. Mientras tanto el gobierno central sube los presupuestos militares ante la carrera armamentística de los gobiernos imperialistas del mundo. PSOE y Sumar, han comprometido más de 60.000 millones de euros en gasto militar para cumplir con la agenda de la OTAN.

Por eso, nuestra lucha por el incremento de los presupuestos de los servicios públicos, tendría que implicar una lucha política contra estos gobiernos. ¿Cómo puede ser que se aumente el presupuesto en gasto militar por la “defensa de Europa” mientras los servicios públicos nos estamos ahogando y no podemos más? Solo tenemos que mirar como está el personal sanitario, la situación de los maquinistas, la educación, los servicios sociales. Es hora de volver a gritar eso de “presupuestos militares por escuelas y hospitales”.

Por eso, me ha sorprendido muy negativamente el acuerdo que acaban de firmar todos los sindicatos docentes de Aragón con el PSOE. Un compromiso de campaña electoral, es decir de estos que no se cumplen nunca, con el partido de la guerra y la carrera militarista, y el mismo partido que aquí en Catalunya -o en el mismo Aragón hasta 2023- es el resposnable del estado de la educación pública. Todo después de una huelga histórica de 3 días. Este no puede ser el camino, necesitamos construir un movimiento que parta de una idea elemental, la total independencia de los partidos que gobiernan por los de siempre y que son parte, aunque lo hagan con discursos “progresistas”, de una escalada que promete destruïr los servicios públicos y los derechos sociales y democráticos, en favor de la preparación de nuevas guerras.

El ciclo de huelgas está convocado por todos los sindicatos educativos. ¿Cómo se ha llegado a esta unidad sindical y con qué debates sobre el rol de los sindicatos?

Cuando empezamos a organizarnos, un amplio sector, sobre todo de docentes, plantearon organizarse sin los sindicatos. De hecho, a pesar de que los sindicatos educativos están convocando el ciclo de huelgas de manera unitaria, todavía hay debates en algunas asambleas sobre la participación o no de los sindicatos. Por un lado, es totalmente comprensible este malestar, sobre todo respecto a las direcciones de los sindicatos más burocráticos como CCOO y UGT que hicieron negociaciones vergonzosas a nuestra espalda con el Departament, que a escala estatal no convocan huelgas generales desde el año 2012 y que pactaron con los gobiernos reformas laborales o de pensiones que empobrecieron al conjunto de la clase trabajadora.

Ahora bien, como docente militante, de la izquierda revolucionaria, y afiliada a la CGT, creo que también hay fuerzas políticas de derechas -incluso de extrema derecha- que se aprovechan de este descontento para promover una perspectiva antisindical, directamente de liquidar los sindicatos como herramienta de lucha. Esta ha sido históricamente una posición de la derecha para echar a las organizaciones obreras. Por el contrario, yo creo que los sindicatos, como conquista democrática desde hace décadas son una herramienta importante de la clase trabajadora que tenemos que recuperar -los grandes sindicatos- de manos de quienes no quiere que se llenen de trabajadores y trabajadoras y que los utilizan con el fin contrario al que tendrían que servir.

Al mismo tiempo tenemos que fortalecer los sindicatos combativos y convertirlos en herramientas que potencien la autoorganización y el control democrático, desde abajo, de nuestras luchas y reivindicaciones. Por eso tenemos que ser críticos también, por ejemplo, con el apoyo de CGT y STEA al acuerdo con el PSOE en Aragón, que apunta en un sentido totalmente contrario a esto.

Hace falta una transformación profunda del modelo sindical, contra la burocratización de los grandes sindicatos que actúan como línea directa de los partidos políticos de los gobiernos. Y a veces, existe la presión en el corporativismo y el abandono de los sectores más precarios de la educación en prácticamente todos los sindicatos y esto también lo tenemos que combatir porque cuando más divididos estemos, más fuerza perdemos.

La actual unidad sindical con los sindicatos alternativos y de izquierda es un paso adelante contra la fragmentación sindical. Pero solo la organización democrática desde abajo puede impedir cualquier maniobra burocrática que vaya en contra de nuestros intereses como comunidad educativa. Hay que estar organizados en asambleas de centro, en asambleas unitarias de zonas, y donde todo el mundo pueda decidir, debatir y votar las decisiones. Solo así podemos controlar el rumbo de nuestra lucha.

¿Cómo os estáis organizando en los centros educativos?

Pues estamos haciendo asambleas de trabajadores y trabajadoras de centro, participando a las asambleas unitarias de nuestra zona para poder coordinarnos con otros centros. Estamos haciendo difusión en el barrio sobre los motivos de la huelga, y por eso, hemos tenido en cuenta que estamos en un lugar donde muchas familias son migrantes y no hablan ni catalán ni castellano y para llegar a ellas y que vean que también son parte de esta lucha hemos hecho carteles explicando la huelga traducidos a sus idiomas. Además, estamos intentando implicar organizaciones del barrio para tejer alianzas entre estas y la comunidad educativa.

Se acerca un mes de febrero con muchas huelgas en el sector público como maquinistas, sector social, ayuntamientos, sanidad: ¿pensáis que es posible coordinarse?

Está claro que es posible. Incluso, en muchas asambleas o espacios de debate se está planteando como una idea de sentido común. Es inexplicable porque los sindicatos convocantes de las huelgas de maquinistas o de médicos, no proponen coordinarse con la huelga educativa.

Coordinar las luchas, las huelgas y los procesos de movilizaciones es una necesidad y daría mucha más fuerza en la lucha por la defensa de los servicios públicos. Para empezar, hacia el 11 de febrero los sindicatos podrían convocar asambleas para debatir como coordinar la huelga educativa con la huelga de maquinistas, con acciones conjuntas para garantizar una huelga eficaz en toda Catalunya, con cortes de carreteras y calles principales, por ejemplo. Imagináis el impacto de toda Catalunya bloqueada por estas acciones conjuntas!

Todo esto marcaría el camino a seguir para coordinar un plan de lucha conjunto hacia una huelga general de todos los servicios públicos, organizada democráticamente en asambleas.

De hecho, los sindicatos y colectivos de estudiantes hacen un llamamiento a la huelga el 11 de febrero, ¿como piensas que os deberíais de coordinar?

Exacto, hacia el 11 de febrero el Sindicato de Estudiantes convoca huelga estudiantil y otras agrupaciones juveniles, como Contracorrent se han sumado también. La participación de los estudiantes es clave, aunque hay profesoras que plantean que no hace falta. Pero la realidad es que son los jóvenes, los mismos estudiantes, los primeros afectados por la crisis de la educación pública. Además, es gracioso porque el Departament en su currículum educativo plantea que se tiene que educar y formar al alumnado en un pensamiento crítico. ¿Qué hay más educativo que transmitir la defensa de los servicios públicos? Educar también en los valores de la solidaridad con el profesorado que sufre la precariedad laboral, lo cual afecta a la educación de calidad.

Los ataques en la educación pública son un ataque contra los hijos e hijas de la clase trabajadora para conseguir una mano de obra subordinada a la voluntad de las empresas, preparándola y disciplinándola para ser carne de cañón en las nuevas guerras. La educación no puede ser una educación para situaciones de crisis y para que las nuevas generaciones estén preparadas por un mundo convulso como este. La educación nos tiene que permitir pensar y plantear otra sociedad y por eso, que el movimiento estudiantil sea partícipe y organice la huelga, es un paso importante.

En síntesis, creo que la lucha por unos servicios 100% públicos, de calidad y al servicio de la clase trabajadora solo es posible con la unidad y coordinación de todos los sectores públicos, junto a otros sectores organizados como los de la lucha de la vivienda y de la juventud.

EsquerraDiari.cat

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Portugal: La huelga del viernes afectará más a la sanidad y la educación

Los trabajadores de la administración pública realizarán una huelga el viernes contra el paquete laboral presentado por el Gobierno, y se espera que los sectores de la educación y la sanidad sean los más afectados, informó una fuente de la Federación de Sindicatos Independientes.

La huelga, convocada por la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de las Administraciones y Entes Públicos(Fesinap), que cuenta con servicios mínimos, abarca a los trabajadores de todas las carreras de la Administración Pública.

Los motivos de la huelga son la retirada inmediata del proyecto de reforma laboral, la petición de una reunión urgente con el Gobierno sobre la reforma «Trabajo XXI», el fin de la discriminación sindical practicada por el Ejecutivo y la participación efectiva de Fesinap en las negociaciones laborales.

En declaraciones a la agencia de noticias Lusa, el Secretario General de Fesinap (Federación de Colegios Privados de Portugal) afirmó que la educación, incluidos profesores y personal no docente, y la sanidad, incluidos médicos y enfermeros, «pueden ser los sectores más afectados tras la huelga».

«La huelga es consecuencia del paquete laboral presentado por el Gobierno a los sindicatos. En nuestra opinión, este paquete representa un retroceso de más de 20 años en la legislación laboral, un retraso para los trabajadores y las generaciones futuras; en otras palabras, trae mucha incoherencia, muchas dudas, todo lo que será malo para el mercado laboral», declaró Mário Rui a la agencia de noticias Lusa.

Según el secretario general de Fesinap, con esta reforma, los trabajadores portugueses se empobrecerán aún más en comparación con sus colegas europeos.

«Por lo tanto, la administración pública estará en huelga mañana [viernes]. Prevemos trastornos importantes en prácticamente todos los sectores. En las escuelas, los tribunales, los hospitales, los servicios de la Seguridad Social, etc. Será una señal fuerte para el 11 de diciembre, día de la huelga general, y para el 12, porque Fesinap también presentará un preaviso de huelga para el 12 de diciembre», dijo.

El dirigente sindical destacó que se han decretado servicios mínimos para todas las instituciones públicas.

Mário Rui también afirmó que la huelga también pretende denunciar la discriminación sindical practicada por los sucesivos gobiernos.

«Representamos a miles de trabajadores que no se identifican con las estructuras sindicales que se reúnen regularmente con el Gobierno, me refiero a UGT y CGTP. (…) Durante años hemos intentado dialogar con el Gobierno, pero éste siempre ha priorizado el diálogo con las centrales sindicales», afirmó.

Según el secretario general de Fesinap, esta postura del Ejecutivo es «antidemocrática e incomprensible.»

«Si se mantiene esta postura del Gobierno, los trabajadores saldrán a la calle para exigir sus derechos y los de sus familias. El Gobierno tiene que mirar a Fesinap de otra manera, tenemos miles de trabajadores asociados».

https://www.theportugalnews.com/es/noticias/2025-11-20/la-huelga-del-viernes-afectara-mas-a-la-sanidad-y-la-educacion/920519

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