Europa

Por: José Antonio Marina

Hemos entrado en la ‘sociedad del aprendizaje’, lo que ha hecho surgir una industria educativa global (‘Global Education Industry’). El cálculo del mercado educativo hecho por Merrill Lynch-Bank of America en 2014 era de 4,3 billones de dólares. Mucho dinero. La industria incluye muchos tipos de negocio: gestión directa de centros educativos, producción de materiales, enseñanza ‘online’, servicios de consultoría, ‘edu-marketing’, servicios de producción de test, evaluaciones, etc. Para conocer la situación actual, me parece imprescindible el estudio dirigido por Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran experto en el tema (Verger, A., Lubiensky, C. y Steiner-Khamsi, G. ‘World Yearbook of Education 2016: The Global Education Industry’. Nueva York: Routledge). El hecho de que se mercantilice una parte de la educación despierta muchos recelos. Sobre todo en lo referente a la educación pública. Es un momento oportuno para tratar el tema que saldrá a relucir en los debates sobre el pacto educativo, ya que es uno de los asuntos de discordia permanente, como expusimos en los ‘Papeles para un pacto educativo’.

Existe un movimiento para favorecer la entrada de la iniciativa y el capital privados en los sistemas públicos de enseñanza. Se habla de un Global Education Reform Movement (GERM) (‘Global education ‘reform’ building resistance and solidarity’), caracterizado por la estandarización generalizada, el pago por resultados, la competición, la capacidad de elección, y la privatización. Grandes empresas están invirtiendo en la industria educativa. La mayor de ellas, Pearson, que vendió recientemente su participación en el ‘Financial Times’, por 1.183 millones de euros, y su participación en ‘The Economist’, por 658 millones de euros, para dedicar toda su potencia financiera al sector educativo. Las grandes compañías de informática —Microsoft, Apple, Cisco, Samsung, IBM, Google— están invirtiendo también fuertes sumas en educación.

Los contrarios a este enfoque consideran que gestionar la educación con criterios empresariales va en contra de la educación como bien público. Las raíces del GERM están en la política educativa de Margaret Thatcher. Uno de sus ministros de Educación, Keith Joseph, dividía la sociedad en “productores de riqueza” y “consumidores de riqueza”, y consideraba que la educación pública era “consumidora de riqueza” (‘wealth consumer’). La gran reforma en 1986, hecha por el ministro Kenneth Baker, trataba de introducir en la escuela los mecanismos fundamentales del mercado: libertad de elección y competencia. En principio, se trataba de mejorar la eficiencia en el empleo de recursos públicos, y de reducir la presencia del Estado. Es el modelo defendido por los políticos neoliberales.

La idea de educación pública como un sistema que debe regirse por reglas de eficiencia copiadas del mercado (libertad de elección y competición) quedó incluida dentro del movimiento de la Nueva Gestión Pública. En todo el mundo se extiende la idea de que el Estado absorbe una cantidad creciente de las rentas de una nación y es ineficiente y despilfarrador. La Nueva Gestión Pública pretende mejorar el sector público introduciendo sistemas de gestión empresarial. La escuela entraba dentro de este modelo.

Educación como supermercado

Esta política educativa cuenta con el apoyo de organismos económicos internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, lo que ayudó a pensar en una conspiración capitalista en contra de la escuela pública, que siempre ha tenido como objetivo la igualdad y la cohesión social. Los defensores de la gestión estatal de la escuela pública consideran que el pensamiento neoliberal ha contaminado las políticas educativas, y que incluso gobiernos socialistas como el de Tony Blair consolidaron la idea de educación como un supermercado, abriendo paso a una serie de escuelas en competición: ‘religious schools’, ‘private schools’, ‘grammar schools’, ‘specialist schools’, ‘beacon schools’, ‘church schools’, ‘foundation schools’, ‘academies’, etc.

Para hacer más complejo el panorama, hay un gran movimiento, en el que participan el FMI, el BM, la OCDE, la Unesco, Unicef, que defiende la cooperación de las administraciones públicas con las organizaciones empresariales y con las organizaciones ‘non profit’ para mejorar las prestaciones educativas. Parten de la constatación de que muchos estados van a tener dificultades para dedicar a la educación la financiación necesaria y sería conveniente canalizar hacia la educación capital financiero, y también capital intelectual, investigador, organizativo. Eso ha producido el interés por las asociaciones público-privadas en educación (Internacional de la educación: ‘Asociaciones público-privadas en educación’. La Internacional de la educación es una federación sindical mundial que engloba a 30 millones de docentes). Este estudio analiza las variadas formas de cooperación.

Unas son contratos entre el Estado y organizaciones privadas; y otras, las llamadas Asociaciones de Actores Múltiples para la Educación (MSPE), en las que distintos agentes se unen para un proyecto educativo común. Los partidarios de la gestión estatal del sistema educativo piensan que la privatización de la enseñanza lleva inevitablemente a la segregación por razones económicas, y por lo tanto al fracaso de la función social del sistema. Además, al ser un negocio, consideran que las plusvalías que se llevan los empresarios detraen fondos de la educación. Los partidarios de la privatización argumentan que la gestión privada —no funcionarial— es más eficiente, que la libre competencia entre escuelas las exige mejorar continuamente, y que dejar al Estado la gestión de la educación es peligroso porque puede convertir la escuela en herramienta de adoctrinamiento.

En España, desde los gobiernos de Felipe González, hay un sistema de conciertos entre la escuela pública y escuelas privadas. La ley establece condiciones muy estrictas: la admisión de alumnos debe seguir la misma normativa que los centros de gestión pública, la enseñanza debe ser totalmente gratuita y las actividades, tanto docentes como extraescolares y de servicios, no podrán tener carácter lucrativo, y será necesaria la previa autorización de la administración educativa de las cantidades a percibir. Es posible que la laxitud de algunas administraciones haya permitido que la ley no se cumpla escrupulosamente, pero eso a mi juicio no invalida la ley.

Lo que conviene dejar claro es que la responsabilidad del Estado es proteger la calidad y equidad de la educación, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Para conseguir este objetivo, hay que tener en cuenta que no basta la calidad de las escuelas, porque la procedencia socioeconómica de los alumnos tiene un peso enorme en los resultados educativos. Por eso, el sistema de educación básico debe esforzarse en compensar las diferencias iniciales. Eso implica que una buena educación va más allá de un buen conjunto de escuelas. Incluye el apoyo a las familias, la especial ayuda a las zonas educativamente deprimidas, los sistemas de apoyo a los alumnos con necesidades especiales, la cobertura educativa de todo el territorio, la coordinación con empresas para la formación profesional, el enlace con los municipios, el control de la calidad de la enseñanza, los criterios de capacitación del profesorado, etc.

Estas funciones deben ser realizadas por la Administración pública, garante de que se cumpla el derecho a una buen educación. El miedo a un Estado adoctrinador tiene que disminuir en un sistema democrático. Aun así, deben perfeccionarse las instituciones que defiendan la calidad y la equidad de la educación. El Consejo Escolar del Estado debería ampliar sus funciones, y respecto a los programas educativos, he defendido que debería haber un organismo independiente —con funciones semejantes a las que tiene el Banco de España respecto de las políticas monetarias— para estudiar y proponer los mejores currículos en cada momento.

Un plan de cinco puntos

Para cumplir sus obligaciones, el sistema educativo público debe atraer el máximo de energías financieras o intelectuales, siempre que esa ayuda exterior no sirva como pretexto para reducir los presupuestos de educación. Dentro de ese marco y cumpliendo estrictamente la ley de conciertos (igualdad en los criterios de admisión, gratuidad absoluta, y carácter no lucrativo de las actividades extraescolares), puede ser bueno para el funcionamiento de todo el sistema que la educación pública se desarrolle en centros de gestión estatal y centros de gestión privada. Para ello, los conciertos tienen que cumplir las siguientes condiciones:

1.– Que los centros que aspiran a un concierto aporten recursos personales y financieros al sistema público. Así lo hacen, por ejemplo, los centros privados que aportan sus instalaciones.

2.– Que aporten modelos educativos interesantes para el sistema público, y experiencias innovadoras que faciliten la pluralidad pedagógica de los centros.

3.– Que suplan la acción del Estado en zonas que no estén debidamente escolarizadas.

4.– Que actúen con transparencia total para permitir la comparación entre dos sistemas de gestión, lo que siempre es una experiencia interesante.

5.- Que favorezcan la libertad de elección de los padres.

Lo verdaderamente importante en el sistema educativo son nuestros alumnos. Todo aquello que facilite, mejore, amplíe, fortalezca su educación, en todos los niveles y en todas las dimensiones, debe ser acogido con alegría. Y, por supuesto, evaluado con todo rigor y objetividad.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2017-04-11/educacion-publico-privado-mercado_1364722/