Aunque la COP29 acordó triplicar la financiación de los países en vías de desarrollo como compensación a las consecuencias del cambio climático, los recursos siguen siendo insuficientes mientras las emisiones se incrementan sin acuerdos claros o novedosos para reducirlas.

Llevamos 29 cumbres globales climáticas desde 1992, cuando se firmó en Río de Janeiro la Convención Marco de Cambio Climático, adoptada por Colombia en 1994, y luego de más de 3 décadas no se ha resuelto mucho, solo se dan pequeños pasos adelante –gracias a la movilización popular del Sur Global– mientras se dan varios hacia atrás al no limitarse las emisiones atmosféricas que cada año se intensifican.

Según el Banco Mundial, en un lapso de 14 años las emisiones mundiales de CO2 –uno de los principales gases de efecto invernadero y responsable central de la crisis climática– se incrementaron en 60 %, al pasar de 22.400 millones de toneladas métricas en 1990 a 35.800 en 2013.

En 1990 había en la atmósfera 354,29ppm (partes por millón) de carbono, en noviembre de 2024 hay 421,55 ppm, según The Nature Conservancy, y cada año los niveles aumentan a mayor velocidad. De 1990 a hoy el CO2 aumentó 39,99ppm, asunto que refleja la incompetencia de las Naciones Unidas para hacerle frente a la crisis climática.

Los Estados ricos prefieren seguir hablando de limitar emisiones y los del Sur Global insisten en la deuda climática del Norte, la cual puede estar por encima del billón de dólares anuales para adaptación y cerca de 3 billones si se suma la mitigación con transición energética justa y sostenible. En Bakú (capital de Azerbaiyán) los países ricos se comprometieron con solo 300.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, compromiso que seguramente no cumplirán pues es persistente la continuidad de la práctica capitalista de seguir endeudando el futuro a costa de los empobrecidos del mundo y sus ecosistemas.

Una prueba de ello es que el Acuerdo de París 2015, durante la cumbre climática COP21, definió que los países más contaminantes aportarían 100.000 millones de dólares anuales para mitigar los impactos de la crisis climática en países empobrecidos. A la fecha solo se han aportado 70.0000 millones.

El proceso de industrialización capitalista incentivó la generación cada vez más exagerada de los gases generadores de efecto invernadero que han recalentado el clima global y traído como consecuencia la crisis climática, con fenómenos y desastres climáticos previsibles que los contaminadores no quieren asumir, lo cual se refleja en transformaciones radicales del clima del planeta Tierra.

El régimen de lluvias ha cambiado de manera trágica, con incremento de tormentas o sequías extremas en lugares donde antes no ocurrían, se destruyen los glaciares tropicales, el Ártico y el Antártico van en franco deterioro y se desplazan forzadamente cientos de miles de personas mientras persisten diversas formas neo-extractivistas contaminantes sin freno y se usan las guerras para controlar y apropiarse del acceso a los bienes de la naturaleza, empobreciendo a miles de millones de seres humanos.

El Informe sobre desarrollo humano 1994 (Naciones Unidas, 1994), liderado por la relatora Fatma Zohra Ksentini, ya precisaba que la causa principal del deterioro ambiental está relacionada con “las modalidades insostenibles de la producción y del consumo, en particular en los países industrializados” y “la responsabilidad de contener, reducir y eliminar los daños al ambiente mundial debe recaer en los Estados que los causan”. A pesar de todos los datos presentados en el Informe, los países industrializados y las empresas más contaminantes no han querido asumir los costos de su contaminación.

Las décadas de 1960 a 1980 fueron de gran debate social, político y cultural (movimientos populares pacifistas, feministas, trabajadores, universitarios y académicos, de juventudes, indígenas, campesinos) sobre las implicaciones negativas del maldesarrollo capitalista occidental y sobre cómo diversos desastres se hacían incontrolables (Minamata, desastre químico de la Sandoz en Basilea, Bhopal, y el del modelo soviético, Chernobyl, Mar de Aral) llevando a Naciones Unidas a convocar cumbres globales (Estocolmo 72, Río 92) para discutir las relaciones entre derechos humanos y problemas ambientales.

Los Estados ricos y las grandes empresas fueron cooptando el discurso y tiñéndose de verde sin serlo. La firma en 1992 en Río de Janeiro Brasil de las Convenciones sobre protección de la biodiversidad y el referido a frenar la crisis climática parecían ir en el camino correcto, pero el capital –que sabe para dónde va– convirtió la protección de la diversidad biológica en un nuevo negocio llamado el “oro verde” y ha eludido avanzar en la transformación de la matriz energética basada en energía fósil.

Por ello, creer que los problemas y conflictos ambientales van separados es un error: biodiversidad, crisis climática, extractivismo minero-energético, agroindustrial y de cualquier otro tipo están interconectados, son interdependientes y afectan tanto a los ecosistemas y territorios como a los seres humanos que los habitan. Mientras tanto las consecuencias caen con mayor intensidad sobre los países más empobrecidos, que menos han contribuido con emisiones a la crisis, como señaló el Informe Stern (2007).

Las emisiones de gases de efecto invernadero se han acelerado pese a las cumbres y los acuerdos por reducirlas. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Es evidente cómo se está ampliando la tendencia a realizar cumbres climáticas en países petroleros (Emiratos Árabes Unidos 2023, Azerbaiyán 2024), ya que estos no aceptan su responsabilidad en la crisis y, como afirmó el jefe de la delegación de Arabia Saudita en la Cumbre hace 2 semanas, en esta clase de acuerdos internacionales no se pueden incorporar referencias explícitas de que la energía fósil tiene que ver con los desastres climáticos que se suceden. No es gratuito que cuando el presidente de Azerbaiyán inauguró la COP29 en Bakú afirmando que el petróleo era “un regalo de Dios”, les dio una bofetada a los cientos de millones de seres humanos que sufren las consecuencias de las emisiones contaminantes de la energía fósil.

Por ello, la conclusión central de la cumbre climática (que debería ser cómo disminuir en serio, evitar y eliminar las emisiones contaminantes) terminó en seguir aplazando la toma de decisiones urgentes para enfrentar la crisis y la destrucción de la biodiversidad, ya que ser responsable, internacionalmente hablando, implica saber la verdad sobre quiénes son los más contaminadores, asumir con rigor la transición energética justa y sostenible, mitigar los impactos causados y tratar de adaptarse con dignidad a las nuevas condiciones anti-ambientales.

De otra parte es pertinente mencionar que, como ha venido pasando en las diversas cumbres, en Bakú casi 2.000 agencias y empresas de la energía fósil estuvieron presentes, más que los delegados gubernamentales de los 150 países del Sur Global; además del apoyo de la sede de Azerbaiyán, el primer país petrolero del mundo desde mediados del siglo XIX, y de Arabia Saudita, el mayor productor, a lo que se suman posturas políticas negacionistas como las de Donald Trump o Javier Milei, quien retiró a la delegación argentina.

Por ello el resultado de la COP29 en Bakú es más de lo mismo, sin compromisos concretos por reducir y eliminar las emisiones contaminantes, insistiendo en el negocio de la contaminación a través de figuras como derechos de emisión o bonos de carbono.

Toda acción climática debería pasar por discutir y acordar tanto los límites a las emisiones contaminantes como las formas financieras de asumir lo emitido a la fecha por parte de Estados y empresas, así como sus consecuencias actuales y futuras, y cómo indemnizar, reparar y avanzar hacia una transición energética urgente, justa, equitativa y sostenible con cero emisiones contaminantes en una fecha precisa.

Si la financiación sigue siendo una farsa, si se insiste en los mercados de contaminación, si la energía fósil se sigue imponiendo sobre las energías renovables, si los Estados ricos que son los que más emiten gases contaminantes no asumen su responsabilidad y desarrollan planes de reducción, como contribuciones nacionales determinadas (NDC), no habrá posibilidad de avanzar en la resolución de la crisis.

El Estado colombiano por intermedio de su Gobierno puede avanzar con dignidad frente a la transición energética justa, insistiendo y exigiendo la responsabilidad de los más grandes contaminadores, los países ricos, quienes deberán aportar proporcionalmente a sus emisiones históricas de los últimos 100 años, con 1 billón de dólares anuales, no menos, en los próximos 20 años si de verdad se quiere enfrentar la crisis climática. Es un tema de justicia climática, quien más emite es más responsable.

https://periodico.unal.edu.co/articulos/cumbre-del-clima-en-baku-mas-de-lo-mismo-y-menos-soluciones-concretas