Multitudes en las calles de todo Brasil, universidades públicas paralizadas, docentes con pancartas con duras críticas al Gobierno. Según denuncian los manifestantes, la viabilidad de las instituciones de educación pública corre serio riesgo si los planes de recorte anunciados desde Brasilia prosperan. Los más perjudicados —alertan— serán los sectores de la sociedad más desfavorecidos.
Según explicó a Sputnik el profesor Antônio Gonçalves, presidente del Sindicato Nacional de Docentes de Instituciones de Enseñanza Superior (ANDES), actualmente las arcas públicas de los tres niveles de Gobierno (municipal, estatal y federal) se encuentran comprometidas, al punto de arrojar un panorama «aterrador».
«La enseñanza media es responsabilidad de los estados. Muchos estados están con problemas fiscales, porque en la década de 1990 tomaron préstamos del Gobierno federal, que trató esas deudas de modo inconstitucional, cobrando intereses sobre intereses. Muchos estados están insolventes desde el punto de vista económico», explicó.
«La Unión [federal], que financia la mayor parte de la enseñanza superior, está siendo gestionada por un gobierno de extrema derecha que —ignorando los sucesivos cortes en el presupuesto de la educación desde 2014 y que llegan ya al 40% del presupuesto— anunció nuevos cortes que llegan a 30% entonces eso puede inviabilizar el funcionamiento de muchas universidades e institutos federales», agregó.
Todo, indicó Gonçalves, va de la mano de otra gran reforma antipopular que se plantea el Gobierno de Bolsonaro: la reforma del sistema previsional, que de aprobarse, prevé alzar la edad de retiro y establecer un sistema de capitalización individual gestionado por privados (contrariamente al sistema de solidaridad intergeneracional que rige hoy).El cóctel explosivo daña con mayor gravedad a la clase trabajadora brasileña, alertó el sindicalista de la docencia universitaria. Según dijo, en la concepción del actual Gobierno, «el acceso a las universidades y la enseñanza superior debe ser para una élite intelectual».
La situación preocupa más a la comunidad educativa, ya que en diversas instancias, autoridades lanzaron acusaciones dirigidas a la academia de las universidades públicas, donde la resistencia al actual Gobierno es notoria. Desde el Gobierno, diversas figuras señalaron a un presunto sesgo ideológico de los centros de estudio.
Durante los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016), se abrieron al menos 18 universidades federales en todo el territorio. También se implementaron sistemas de becas en universidades privadas, además de sistemas de discriminación positiva para los afrobrasileños, que a pesar de ser más de la mitad de la población no tienen la misma representación en las instituciones, incluidas las universidades.
Asimismo en ese período se modificaron los sistemas de selección universitaria. De un tiempo a esta parte, un examen unificado es la manera de alcanzar la nota de corte para seleccionar las plazas en institutos públicos federales. Anteriormente, había un sistema de exámenes de ingreso — ‘vestibular’, en portugués.
«[Ahora] buena parte de la clase trabajadora brasileña puede tener su acceso a la enseñanza superior —que ya es restringido— todavía más dificultado», explicó Goncalves.
En campaña, Bolsonaro se manifestó crítico con el sistema de cuotas raciales, pues a su entender atenta contra la igualdad, aún cuando los indicadores oficiales arrojan niveles de pobreza, exclusión y violencia que escalan de manera preocupante entre los afrobrasileños.
Una diputada de su Partido Social Liberal (PSL) intentó presentar un proyecto de ley para eliminar el sistema de cuotas, medida ante la cual presentó un recurso la Fiscalía federal. Para Gonçalves, «el actual Gobierno ignora que hay racismo en Brasil».
«Vivimos un racismo que es estructural. Históricamente, la población negra tiene menos acceso al mundo del trabajo formal, una remuneración más, menor acceso a la educación superior. Esa deuda histórica fue reparada parcialmente a través de políticas afirmativas que avanzaron en el último período, pero que deben avanzar todavía más», opinó Gonçalves.
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En su lugar, se ha instalado el discurso de la «meritocracia», que exalta los esfuerzos individuales para alcanzar determinados logros. Sin embargo, para el profesor, este concepto no es real, de momento que, por ejemplo, «la población negra no llega a las mejores escuelas de enseñanza básica y media, y en consecuencia no llega en la misma situación de igualdad en la disputa por las plazas de enseñanza superior».
Por otra parte, otras de las iniciativas más controvertidas de Bolsonaro en la educación fue su apoyo durante la campaña al movimiento ‘Escuela sin partido’. Según sus seguidores, la finalidad es quitar el sesgo ideológico de izquierdas que supuestamente los docentes dan en sus aulas.Esta iniciativa casi se transforma en ley en 2018, pero finalmente fue archivada. Sus detractores consideran que es una herramienta de persecución y criminalización de las posturas críticas. Aunque gracias a la presión popular se pudo detener, nada garantiza que no se vuelva a presentar en un futuro, indicó el presidente del ANDES.
Por ejemplo, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, invitó a los alumnos a filmar las clases y a viralizar los contenidos de los profesores que consideraban «ideologizados». Este apoyo allanó la cancha para que hubiera linchamientos virtuales y acoso contra docentes.
También Weintraub cuestionó la inversión en sociología y filosofía, una medida que según Gonçalves es «para hacer valer su política educativa».
«Es una política instrumental, de aprender a leer y escribir, pero que no alimente el pensamiento crítico. Porque para que el proyecto del Gobierno se pueda sobreponer, cuenta con la alienación de la clase trabajadora. La alienación de la clase trabajadora pasa por el trabajo y también por la restricción a contenidos de historia, filosofía o sociología, que despiertan la crítica», opinó el sindicalista.
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
«Entonces el Gobierno, cuando escoge atacar esos contenidos, es porque sabe que la resistencia del pueblo brasileño se da mucho por la constitución del pensamiento crítico permitido por esas disciplinas», agregó.Asimismo, hay científicos y profesores que están tomando la decisión de emigrar de Brasil, pues no consiguen financiación para sus trabajos. Luego de la apuesta que hicieron anteriores Gobiernos para dar un impulso a la creación de conocimiento para el desarrollo, esta tendencia puede significar «una gran pérdida para el país».
«No vamos a conseguir mejorar la calidad de vida del pueblo sin una educación pública gratuita, de calidad, laica y socialmente referenciada. Es fundamental que haya financiación. El Gobierno, más allá de los cortes de la educación, anunció cortes del 50% en la financiación de ciencia y tecnología. El dinero que queda va a ser solo para investigaciones que puedan generar patentes. Esa es la concepción del actual Gobierno», concluyó Gonçalves.
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201905151087264716-brasil-educacion-publica-bolsonaro-sindicatos-protestas/
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