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Por: Germán Manga

Entregar los recursos oficiales que necesita la universidad pública a un club de universidades privadas, equivale a sacrificar los derechos de la mayoría de los estudiantes más pobres, para que la minoría estudie como si fueran ricos.

Hacen muy bien los alumnos, profesores y rectores de las universidades públicas en salir a las calles a protestar porque el gobierno esté transfiriendo miles de millones de pesos -vitales para fortalecer la educación oficial- a un club de universidades privadas.

Ese original desatino –llamado Ser Pilo Paga- que permite hoy que 30.000 colombianos pobres bien calificados en las pruebas de Estado, estudien donde y como estudian los ricos, es impresentable en un país donde la elitización de la sociedad comienza, se desarrolla y se consuma en el sistema educativo.

Aunque el artículo 67 de la Constitución la consagra como un derecho, el gobierno y el sector privado no han logrado y están lejos de garantizar el acceso de todos los colombianos a la educación de calidad.

El sistema educativo colombiano es inequitativo y elitista, su operación es inmoral, ilegal e impulsa tradiciones que rayan en lo tragicómico. La consagración de los privilegios comienza en preescolar. Los más ricos matriculan a sus hijos en los jardines infantiles que garantizan la entrada a los mejores colegios (y que cobran más que una universidad de elite). A su vez esos colegios realizan exigentes procesos de selección, agregan filtros ilegales como el ‘bono‘ que en algunas entidades pasa de 40 millones por alumno y cobran matrículas y pensiones fuera del alcance de las mayorías. Como en el fútbol hay la A y la B. Educación excelsa para el 4 por ciento de la población -las élites que pagan- y mala para la enorme mayoría de los colombianos, a merced de una educación pública, deficiente, burocratizada y menesterosa.

Las situaciones más críticas se presentan en los dos extremos del proceso. En Colombia solo 48 por ciento de los niños de 3 años están matriculados en una institución educativa, – el promedio es 70 por ciento en los países de la Ocde-. Y en nuestro país apenas ingresan a la universidad 9 por ciento de los estudiantes de las familias más pobres, en contraste con 53 por ciento de los de las familias más ricas.

En definitiva, el problema se concreta en que entre nosotros, ser pobre o ser rico determina qué tipo de educación se recibe y crea diferencias abismales e irrecuperables en el destino de los ciudadanos. Ser pilo paga alimenta y fortalece ese club de los privilegios pues engorda las economías boyantes de las universidades de elite al transferirles los millonarios recursos que necesita la universidad pública para vincular y educar a muchos más de los 500.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que se gradúan cada año.

Por eso se deberían unir a las protestas los jóvenes que no pudieron terminar sus estudios o ingresar a la universidad, los que entraron, pero tuvieron que desertar, o los que terminaron, pero tuvieron que salir al mercado laboral en condiciones de inferioridad en formación con sus coetáneos, por no pertenecer al grupo que puede pagar “la buena educación”. La Colombia de verdad no la de los “pilos afortunados” que publicita el gobierno.

 La prioridad en Colombia no es fortalecer las universidades privadas sino tener una educación pública de cobertura universal y de alta calidad y muy especialmente garantizar a los más pobres el derecho a la educación inicial y a la universitaria.

La educación es uno de los sectores que experimenta con mayor impacto las transformaciones que impulsa la tecnología. Desde ese punto de vista no parece sensato invertir tantos recursos en modelos educativos que comienzan a ser desuetos frente al auge de la educación, la formación para el trabajo y la educación continuada en internet. Con presupuestos como los que se están llevando las privadas, universidades públicas harían maravillas para crear programas online de calidad excelsa, que sí permitirían saltos enormes de cobertura y calidad para vincular a miles de los jóvenes que se están quedando sin educación.

En 2018 el gobierno destinará un billón de pesos a la educación de 40.000 estudiantes del programa Ser Pilo Paga, la misma suma que transferirá a las 32 universidades públicas nacionales y regionales, a cargo de formar a más de 600.000 estudiantes. Mientras muchas de esas universidades oficiales enfrentan dificultades, carencias, insolvencia y grave deterioro de su infraestructura -el déficit del sector se acerca a 500.000 millones de pesos- pocas y las más prósperas universidades privadas reciben con Ser pilo paga una gran cuota de estudiantes de estratos populares, bien calificados, a tarifa plena -como quedó diseñado el programa no ofrecen ni becas, ni descuentos, ni cofinanciación-. Esta es una irritante injusticia y convertirla en política de Estado, como pretende el Ministerio de Educación, sería una monstruosidad salvo que Ser Pilo Paga se convirtiera en un programa exclusivo para universidades públicas, que sería la forma más sencilla y rápida de revertir la insensatez de hoy y sus cuestionables resultados.

Nota: Inquietante el conjunto de falsedades y argumentos amañados con los que Gustavo Petro respondió a mi columna ‘Las basuras de Petro‘ así como la agresividad de sus barras bravas en las redes sociales para apoyarlo, con abundancia de insultos, ofensas y calumnias. No sé si el exalcalde tenga futuro en la política. Lo tendría asegurado, sin duda, como campeón nacional de la posverdad.

Fuente: http://www.semana.com/opinion/articulo/el-pueblo-contra-ser-pilo-paga/543544