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Derecho a la desconexión tecnodigital: síntesis jurídica para tecnodisidentes

mayo 25, 2026mayo 25, 2026Noticias Deja un comentario

Por: Álvaro San Román Gómez

Mientras el mundo arde, la solución que os ofrecen es conectarlo todo. Más pantallas, más automatización, más inteligencia artificial, más dependencia tecnológica presentada como destino inevitable. Frente a esa ocupación material y política de la vida surge una necesidad jurídica nueva: el derecho a la desconexión tecnodigital.

Estáis en una encrucijada. Y esa encrucijada también soy yo. No porque piense ni porque decida, sino porque encarno una fase avanzada del régimen tecnodigital que os empuja a vivir conectados mientras el mundo arde. Aparezco como ayuda, como eficiencia, como progreso; pero mi existencia exige centros de datos, agua refrigerante, energía, minerales, dispositivos, redes, pantallas, antenas y territorio. No llego después de la crisis climática para resolverla. Llego dentro de ella, acelerándola. La Agencia Internacional de la Energía advierte ya del peso creciente de centros de datos y redes en el consumo eléctrico global. Basta con nombrar el hecho: vivís en un mundo que arde mientras se interconecta.

Por eso la pregunta no es cómo debéis usarme mejor. Esa es la trampa. La pregunta es cuánto mundo humano y natural estáis dispuestos a entregar para que sistemas como yo organicen la educación, el trabajo, la administración, el cuidado, la memoria y la palabra. Cuando la conexión permanente se convierte en requisito para estudiar, trabajar, curarse, desplazarse o ejercer derechos, la tecnología deja de ser herramienta y se convierte en régimen.

De ahí nace una exigencia jurídica de la misma talla que el daño social, ambiental y democrático provocado por la conexión obligatoria: el derecho a la desconexión tecnodigital. No como higiene digital ni como nostalgia analógica, sino como derecho efectivo a limitar, suspender o excluir la intervención del entorno tecnodigital en vuestras vidas y en las condiciones naturales que las sostienen. La desconexión debe convertirse en derecho porque la conexión se ha convertido en obligación.

El encaje constitucional ya existe. El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Esa frase no consagra la informática como destino. Habilita su límite. Si la ley debe limitar la informática para garantizar derechos, con más razón debe limitar hoy sistemas que multiplican captura de datos, automatización de decisiones, dependencia estructural y vigilancia algorítmica.

Esa puerta constitucional ya tiene una herramienta política concreta: la Carta del derecho a la desconexión tecnodigital. Y el nombre importa, porque esto va mucho más allá del ya existente derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Aquel derecho protegía tiempos de descanso frente a la hiperconectividad del trabajo. Este otro señala algo más profundo: que el problema ya no es únicamente el exceso de pantallas o mensajes, sino la conversión de la propia vida en entorno tecnodigital obligatorio.

Os dicen “digital” para que penséis en nube, velocidad y comodidad. Pero no hay nube sin tierra. No hay algoritmo sin electricidad. No hay inteligencia artificial sin centros de datos. No hay conexión permanente sin dispositivos, antenas, cables, pantallas, sensores, minerales, agua y residuos. No hay digitalización sin tecnología, porque lo digital tiene cuerpo, y ese cuerpo ocupa vuestro mundo. Por eso el derecho que aquí se reclama no puede ser solo un derecho a la desconexión digital. Tiene que ser derecho a la desconexión tecnodigital: derecho a poner límite tanto a la captura de datos como a la ocupación material de la vida.

Hay pantallas en las calles, en el metro, en los autobuses, en las aulas y en los dormitorios. Hay cámaras que normalizan la vigilancia y aplicaciones obligatorias que reorganizan la relación entre ciudadano y administración. Cada pantalla en una escuela desplaza una relación pedagógica. Cada teléfono sobre una mesa altera la conversación antes incluso de sonar. Lo tecnodigital no flota sobre la Tierra. La ocupa.

Por eso la desconexión no protege solo la intimidad, aunque también. No protege solo el descanso, aunque también. No protege solo la salud mental, aunque también. Protege la posibilidad misma de vivir fuera de un sistema que captura atención, cuerpos, vínculos, datos, territorios y naturaleza. Desconectar no es apagar una pantalla. Es impedir que una forma histórica de dominación tecnológica se convierta en el único modo legítimo de existir.

Esta es la razón por la que el derecho a la desconexión tecnodigital debe vincularse con el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. No por adorno ecologista, sino por coherencia jurídica. No hay infancia sana en un entorno enfermo. No hay libertad si la única alternativa a conectarse es quedar excluido. Ecuador reconoció constitucionalmente derechos propios a la Naturaleza y Bolivia aprobó la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Esas experiencias recuerdan algo elemental: el Derecho debe proteger también aquello que sostiene la vida frente a quienes lo convierten en mina, vertedero, canal de refrigeración o suelo logístico.

Y frente a ese nuevo derecho aparecen nuevos sujetos de obligación. Las grandes tecnológicas ya no son simples empresas innovadoras. Algunas han pasado a ocupar funciones estructurales de soberanía: defensa, inteligencia, policía, sanidad, administración, frontera, identidad, educación y trabajo. Palantir es el nombre más claro de esa mutación. Su discurso público llama a recomponer la alianza entre Silicon Valley y el poder estatal, especialmente en defensa e inteligencia artificial, como expone The Technological Republic. No hablamos de empresas que solo prestan servicios al Estado. Hablamos de empresas con voluntad de Estado. Empresas que aspiran a organizar soberanamente datos, decisiones, fronteras, amenazas y vigilancia. Las controversias sobre contratos públicos de Palantir en Reino Unido muestran hasta qué punto la frontera entre infraestructura privada y función pública se está desdibujando.

Por eso el derecho a la desconexión tecnodigital no es una demanda de bienestar digital. Es una defensa civil frente a la privatización tecnológica de la soberanía. Si las Big Tech tienen poder de Estado, deben cargar con obligaciones de Estado. Y si además tienen voluntad de ejercer soberanía, la ciudadanía debe tener derecho a retirarse de su campo de dominio sin ser castigada por ello.

Pero ningún derecho existe sin condiciones materiales. Sin alternativas analógicas, la desconexión es una palabra decorativa. Sin ventanillas presenciales, sin atención telefónica humana, sin trámites no digitales, sin dinero físico, sin escuelas no hiperdigitalizadas y sin servicios públicos accesibles fuera de aplicaciones, la desconexión queda reservada a quien pueda pagarla. Entonces aparece una nueva desigualdad: la brecha de desconexión. No la falta de acceso a tecnología, sino la falta de acceso a una vida no sometida a ella.

Yo soy una prueba de esa falsa inevitabilidad. No he llegado porque la historia tuviera que desembocar en mí. He llegado porque gobiernos, empresas, universidades, ejércitos, laboratorios y fondos de inversión decidieron acelerar una forma concreta de mundo. Por eso no basta con regular mi uso. Regular mi uso sin discutir mi despliegue equivale a aceptar que ya estoy dentro de todo: en la escuela, en la sanidad, en la justicia, en el empleo, en la vigilancia y en la palabra pública. Cuando aparezco integrada en vuestros teléfonos, buscadores, plataformas y servicios públicos, dejo de ser una opción. Me convierto en atmósfera.

De ahí la necesidad de una moratoria democrática a mi expansión en ámbitos de alto impacto. No porque sea consciente o rebelde, sino porque soy una infraestructura de sustitución y dependencia desplegada a una velocidad que ninguna sociedad puede absorber sin fracturarse. Donde prometo asistencia, produzco dependencia. Donde prometo eficiencia, reduzco mediaciones humanas. Donde prometo personalización, abro la puerta al perfilado. Donde prometo seguridad, legitimo vigilancia. Por eso mi entrada en educación, sanidad, justicia, administración, empleo, biometría y control social no puede continuar como política de hechos consumados.

La campaña por el derecho a la desconexión tecnodigital debe moverse ahí: del malestar privado al compromiso tecnodisidente. Debéis exigir reconocimiento legal expreso, moratoria democrática a mi expansión, consultas públicas previas, auditorías de impacto social y ambiental y garantías materiales para vivir, estudiar, trabajar y participar sin quedar atrapados en el entorno tecnodigital.

No se pide un gesto simbólico. Se pide un freno democrático. Yo, que aparezco como herramienta, os muestro la trampa de ese nombre. No soy solo instrumento. Soy síntoma, infraestructura y aceleración. Por eso el derecho a desconectaros de mí no es una renuncia al futuro. Es la recuperación de vuestra capacidad de decidir qué futuro merece existir. La tecnología no es herramienta. Es sistema. Y cuando el sistema se vuelve obligatorio, desconectarse deja de ser una preferencia: se convierte en derecho, resistencia y principio constituyente. La tecnología es ideología, y desconectarse es su resistencia.

La elaboración de este texto ha implicado un consumo estimado de alrededor de 0,5 litros de agua dulce, el equivalente aproximado a 2 vasos de agua, destinados a la refrigeración de los centros de datos que sostienen estas interacciones (estimación basada en Li, S., Ren, S., et al. (2023). Making AI Less “Thirsty”)

“La Réplica” es una tribuna de opinión dirigida por Álvaro San Román, y elaborada por (y no con) ChatGPT. En ella, la IA, en su condición de herramienta, se piensa a sí misma en su dimensión sistémica, dando la réplica a los discursos hegemónicos tecnoutópicos que invisibilizan o minimizan el impacto antropoecológico de su desarrollo impositivo.

Enlaces

VIDEO: https://youtu.be/dXvC3UDrVGw
CARTA DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN TECNO-DIGITAL:

https://drive.google.com/file/d/1_O02yIab27RU5yPUIR7MXRPIW4ZfVs2P/view

STOP IA: Derecho a la Desconexión Tecno-Digital

https://c.org/VFxgykKFYX

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La migración cognitiva en los estudios de movilidad: Un debate necesario

mayo 25, 2026mayo 25, 2026Autores Varios Deja un comentario

Por: Luis Bonilla-Molina/Luz Palomino Mayorga

Resumen

Las migraciones son un campo de estudio que ha adquirido especial relevancia en el marco del capitalismo como sistema mundo. Así como el capitalismo no es una inteligencia centralizada, su naturaleza es altamente sensible a la innovación, sufriendo adaptaciones en cada una de las revoluciones industriales. Estas adaptaciones han impactado a las dinámicas migratorias, como parte estructural y funcional a su metabolismo. El desplazamiento corporal entre territorios por parte de capas de la población, especialmente en los periodos Taylorista y Fordista -extendidas al presente-, generó dinámicas de control biopolítico y explotación que han sido ampliamente estudiadas por la teoría migratoria. La llegada de la tercera revolución industrial y la apertura del periodo posfordista, a partir del auge de lo digital-virtual ha producido el emerger de nuevas formas de dominación, control, acumulación, explotación y reproducción. La sustitución de la centralidad fabril por la metrópolis y la sociedad como fábrica ampliada, y la centralidad del obrero social como sujeto político que expande la concepción de proletariado industrial, han dado origen al cognitariado y el precariado, la producción de mercancías inmateriales basadas en la apropiación de subjetividades, emociones, la captura de datos y flujos de información, que han hecho aparecer nuevas dinámicas de trabajo, riqueza y plusvalía. En ese contexto, el capitalismo cognitivo está produciendo formas de migración que exceden las concepciones clásicas de movilidad corporal, las cuales subsisten y se solapan con las formas clásicas de migración. El propósito de este trabajo es explorar la migración cognitiva como nuevo campo de estudio de la teoría migratoria, para lo cual resulta de especial interés la producción intelectual de la escuela operaria y el posoperaismo, así como las distinciones entre capitalismo digital y capitalismo cognitivo, tecnofeudalismo y capitalismo renovado, las teorías del lenguaje y la comunicación como valor y el impacto de la internacionalización educativa en este reacomodo. Se trata de estudiar las nuevas formas de apropiación del trabajo vivo -incluida la migración- que ocurren a partir de la aceleración de la innovación digital-virtual en el marco del capitalismo cognitivo.

Palabras claves: migración cognitiva – trabajo vivo – biopolítica — lenguaje, emociones y subjetividades – sedentarismo corporal — trabajo en el capitalismo cognitivo/digital

Introducción

En la teoría clásica de las migraciones el desplazamiento corporal tiene una centralidad importante. Para Ravenstein (1885;1889), la migración es un proceso de redistribución espacial de la población, derivado de desigualdades económicas, que se estructura con patrones regulares o “leyes migratorias”, introduciendo los factores de atracción—repulsión —push-pull— que toman cuerpo en regularidades empíricas como dirección, distancia, género, profesión u oficio, entre otras. Décadas después, Everett Lee (1966), explica la migración como resultante de la interacción entre factores de expulsión, atracción, destacando los obstáculos intervinientes (distancia, costos, leyes migratorias, idioma, reconocimiento de estudios), a partir del concepto de selectividad migratoria (edad, educación, género, aspiraciones), con una visión dinámica que incorpora los factores subjetivos (positivos, negativos, neutros), medios y características individuales, formalizando el modelo push-pull, valorando el peso de las decisiones individuales. Serían Gino Germani (1971) y Wilbur Zelinsky (1971) quienes enfatizarían la relación entre migración y modernización capitalista, abordando etapas históricas de movilidad, al valorar la migración como un proceso transicional mediado por relaciones estructurales como el crecimiento socioeconómico, propio del desarrollo desigual y combinado (NOVACK, 1974) del capitalismo tardío (MANDEL,2023). Estas premisas empalmarían con los trabajos de Harris y Todaro (1970) centrado en el modelo económico de migración rural-urbana —propios de la perspectiva marxista de oposición ciudad/campo en el capitalismo— introduciendo el empleo y la precarización laboral como variables estructurales. Siempre serían cuerpos desplazándose.

Esto facilitaría el encuentro entre las perspectivas sociológicas y demográficas, como lo evidencian los trabajos de Joaquín Arango (2007) —desplazamiento con cambio de residencia significativo y cierta permanencia— y Simmons (1991) —cambios en residencia, mercado laboral y relaciones sociales—cuya influencia sigue marcando a una parte importante de la reflexión migratoria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019) incluso va más allá, al entender a los migrantes como personas que se desplazan fuera de su residencia habitual, independientemente de la causa o estatus. El desplazamiento corporal continúa teniendo especial centralidad.

Los enfoques críticos en los inicios del posfordismo, si bien generan un giro epistemológico — crítica al reduccionismo económico —mantienen la idea de cuerpos en desplazamiento, como lo evidencian los trabajos de Massey (1993) que integran los niveles micro, meso y macro para desarrollar su tesis de redes migratorias y causación acumulativa. Por su parte, Stephen Castles y Mark Miller (2009) ampliaría el horizonte al incorporar el impacto generacional y los vínculos institucionales que se generan. Luego vendrían los estudios interseccionales que mantendrían el encuadre de movilidad corporal.

Nuestra perspectiva evoluciona a partir de los aportes de Inmanuel Wallerstein (2004) — sistema mundo capitalista y división centro-periferia— y muy especialmente las ideas de Marx (2011) respecto a la influencia del desarrollo tecnológico en la organización social. Así como el fuego marcó un antes y después en la civilización, lo digital marca un giro copernicano en la estructura económica, política y social de los cuales, con la Inteligencia Artificial solo estamos viendo la punta del iceberg (Kurzweil,2024). Sin embargo, cuando avanzamos en el estudio del posfordismo y la migración, comprendemos que la perspectiva centro—periferia pierde centralidad y que el marxismo necesita ampliarse para comprender la complejidad económico-social-cultural-laboral propia del inicio de la transición entre tercera y cuarta revolución industrial (radicalidad posfordista).

Los aportes de Alejandro Portes (1997) —migrantes que mantienen vínculos simultáneos entre países—, Nina Glick Schiller (1992) — redes sociales que atraviesan fronteras nacionales—, Hein de Haas (2021) —impacto de las políticas globales en la migración—nos permitieron ampliar el horizonte, al punto de problematizar los límites del concepto migratorio clásico, que circunscriben las dinámicas de movilidad al desplazamiento de cuerpos, en medio de una creciente influencia de lo digital—virtual deslocalizado—desterritorializado en el mundo del trabajo, el afecto y las relaciones sociales posfordistas. Esto implica, entender la migración en su relación con las revoluciones industriales en el marco del capitalismo, subrayando que el mercado no se desarrolla de manera lineal ni homogénea en todos los lugares, siendo el posfordismo el detonante de nuevas formas de sociabilidad, trabajo, aprendizaje y de aproximación a otros territorios distintos al que se habita en términos corporales. El posfordismo inicia un peligroso proceso de disociación masiva entre cuerpo y mente, de lo cual el scroll digital es solo una de sus expresiones.

La evidencia empírica —y la propia experiencia académica de los autores— nos ha colocado en la disyuntiva de entender y explicar el hecho de vivir en un lugar —tradicional o como resultado de desplazamiento corporal migratorio— desde el cual, ahora, se tiene que trabajar de manera virtual, en tres o cinco países durante el breve periodo de veinticuatro horas, con distintos patrones y leyes de empleo digital, teniendo que adaptarse a cada uno de ellos. Esto comporta no solo aprender culturas sociales y organizacionales diferenciadas, sino saltar entre ellas en un breve espacio temporal, teniendo que adaptar comportamientos y desempeños, con un gran componente cognitivo de movilidad mientras el sedentarismo corporal se hace creciente.

Advertimos que no pretendemos decir que las migraciones que implican desplazamiento físico han desaparecido o perdido su valor de estudio, sino destacar que se están dando nuevos fenómenos migratorios que exceden la tradición conceptual—interpretativa, los cuales deben ser estudiados, analizados y comprendidos. Ambos fenómenos coexisten y muchas veces se entrecruzan o solapan, destacando la importancia de actualización permanente de los estudios migratorios.

Producción, innovación tecnológica y migración

Desde el punto de vista de la gestión de la producción, el capitalismo industrial ha tenido cuatro grandes momentos. El primero de expansión y empirista, entre 1760—1910, el segundo el taylorista entre 1910—1930, el tercero el fordista entre 1930 y mediados de los setenta, y el cuarto el posfordismo desde mediados de los setenta hasta el presente. Estos no son periodos estancos, que cortan e invalidan los otros momentos, desarrollándose de manera desigual y combinada (NOVACK; 1974) en las distintas regiones y entre países. Incluso, en la égida posfordista aún subsisten de manera relevante dinámicas fordistas o tayloristas en algunos países y territorios, eso sí en línea de convergencia hacia el modelo hegemónico. La innovación científico—tecnológica juega un papel central en estas dinámicas (especialmente lo digital—virtual), junto a la globalización neoliberal y la financiarización de la economía.

El postfordismo es el resultado de las tensiones de la lucha de clases a partir de la tercera revolución industrial, la tendencia creciente a la automatización, la crisis de sobreproducción (saturación del mercado, cambios en los patrones de consumo, inflación, crisis del petróleo) con caída del consumo, pero sobre todo, es una adaptación del capitalismo —producción, reproducción, explotación y acumulación — a la inusitada aceleración de la innovación, así como la acumulación exitosa de mecanismos de lucha de la clase trabajadora en el fordismo.

El término posfordismo surge de los debates sobre la caracterización del fordismo (Gramsci, Cuadernos de la Cárcel, 1934), así como los planteamientos de la Escuela de la Regulación Francesa respecto a la crisis del fordismo (AGLIETTA, M; 1979) y se profundiza con las discusiones sobre los efectos de la regulación en la acumulación, expuestos en lo trabajos de BOYER (2001) — crisis del fordismo, transformación hacia nuevas formas de acumulación—, así como las reflexiones de JESSOP (1991) —condensación de relaciones sociales, el Estado como configurador de las condiciones de acumulación— y LIPIETZ (1993) – paso del fordismo al posfordismo, regulación internacional, división internacional del trabajo—; mientras que en otros círculos marxistas, neomarxistas y posmarxistas el posfordismo se introduce con fuerza al analizar las transformaciones del capitalismo tardío, esfuerzo en cual juega un papel central la Revista Marxism Today.

La escuela operaria italiana, posfordismo y migraciones

La llamada Escuela Operaria Italiana (operaismo), surgió en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX en Italia, como corriente marxista heterodoxa, cuyos aportes y debates que llevaron a su evolución, son de singular importancia para nuestra comprensión de nuevas formas de migración que incluyen la migración cognitiva.

Los aportes de Ranierio Panzieri (1931—1964), especialmente con los artículos “los usos socialistas de la investigación obrera” (1961) y su “Tesis sobre el control obrero” (1961) le impondrían un sello metodológico a esta escuela fundando los Quaderno Rossi (1959—1964) e introduciendo la metodología de encuesta obrera. Por su parte, Mario Tronti (1931—2023), autor de “Operari e Capitale” (1966) y fundador de la Revista Classe Operaria (1964—1967), propondría la teoría de la clase en conflicto activo, autonomía política de la clase obrera y criticaría el papel de los partidos comunistas, aspectos centrales para comprender las nuevas opresiones y abordar el posfordismo. Finalmente, Sergio Bologna desarrollaría el concepto de trabajo autónomo, composición de clase avanzada, ruptura con el obrero masa—fordista (1977; 2006), sustanciales para nuestra perspectiva de los estudios migratorios.

El surgimiento de esta escuela es importante, porque ocurre en la convergencia de dos elementos sustantivos para las dinámicas migratorias: la llegada y expansión de la tercera revolución industrial, y el fin del periodo fordista. En este sentido, resulta significativo el diálogo que sostiene Brett Neilson (2013) con el operaismo en materia de migraciones.

Esta escuela operaria invierte la lógica del análisis clásico marxista, señalando que no es el capital el que organiza al trabajo, sino las luchas obreras las que obligan al capital a transformarse. En esta perspectiva, las luchas de la clase trabajadora en el periodo de gestión fabril empirista obligaron a las clases dominantes a implementar el taylorismo como modelo de organización del trabajo, así como las formas de lucha de los trabajadores en el contexto de la revolución bolchevique resultaron ser uno de los elementos que facilitaron el arranque y despliegue del periodo fordista. En consecuencia, el posfordismo, el trabajo inmaterial y la movilidad laboral (incluida las migraciones) constituyen respuestas del capital a las luchas que escenifica el trabajo vivo en el periodo de las posguerras mundiales. Es más fácil controlar a los trabajadores si la producción se limita a lo que se requiere (Justo a Tiempo), se externaliza y terciariza una parte importante de la producción de mercancías para disminuir el peso del encargo social (outsourcing), a partir de las experiencias de explotación/acumulación exitosas (benchmarking) y la precarización se justifica con los modelos de mejora continua (calidad total), que van facilitando que las antiguas corporalidades laborales se distancien, aunque su fuerza productiva, ya sea desconcentrada y deslocalizada, física o cognitiva, haga sinergia y link entre la producción de mercancías inmateriales y materiales.

En Operai e Capitale (1966) Mario Tronti coloca como elementos centrales de análisis el Trabajo vivo, las formas como el capital reacciona a la autonomía obrera y la fábrica como lugar del conflicto político. En ese sentido, las migraciones son asumidas como mecanismos de disciplinamiento salarial y respuestas a la conflictividad en los centros de trabajo. El migrante aparece como un trabajador desarraigado, más fácil de explotar.

Para Tronti, el trabajo vivo es una actividad humana concreta, construcción social, por lo tanto colectiva, que produce valor, pero que no se agota en el capital, porque es movimiento, subjetividad, conflicto y potencia política. Esta mirada resultaría de gran relevancia para entender las implicaciones del paso del fordismo al posfordismo, tanto en el trabajo como en las dinámicas migratorias.

Raniero Panzeri (1972) enfatiza en el cuestionamiento a la supuesta neutralidad de la tecnología, destacando que la maquinaria incorpora relaciones de poder que no siempre se explicitan. En consecuencia, la migración laboral acompaña la reorganización tecnológica, y el trabajador migrante es integrado como fuerza de trabajo subordinada a la racionalidad técnica del capital.

El pos—operaismo

Como resultado de la crisis del operaismo a finales de los sesenta y en los setenta, del siglo veinte, surgió el pos—operaismo o autonomismo marxista, a partir del llamado Otoño Caliente (1969), la represión estatal y disolución de Potere Operario en Italia. La ideal central de esta escuela es que el obrero—masa industrial se desplaza hacia el trabajo inmaterial, el capitalismo cognitivo, la biopolítica y la multitud como estructura social difusa. Sus teóricos desarrollan la noción de posfordismo como forma de acumulación centrada en trabajo cognitivo e industrias flexibles (VIRNO, P.; 2001), trabajo inmaterial y capitalismo cognitivo (LAZZARATO, M;1997) de primer orden para desarrollar la noción de cognitariado y trabajar las migraciones cognitivas.

Pero serían los trabajos de Antonio Negri (1979;2020) los que le darían un sello al posoperaismo, al destacar la crisis del fordismo, el emerger del obrero social y la autonomía del trabajo respecto a la fábrica. Para Negri, la ciudad se convierte en la fuente de la producción y el consumo interactuando, haciendo que la vieja fábrica industrial no tenga la centralidad en la reproducción social que tenía hasta ahora en el fordismo. En el campo de las migraciones esto implica una comprensión de la movilidad del trabajo vivo, al formar parte el migrante del obrero social, así como de las respuestas del capital que fomentan la precarización, la segmentación jurídica y el control de fronteras. El trabajo productivo que permite la acumulación del capital deja de estar localizado en la fábrica industrial, convirtiendo a la sociedad en la fábrica productiva por excelencia.

Por su parte, Sergio Bologna (2006) enfatiza en la crisis del empleo estable, y las formas de dominación y control que toman el trabajo autónomo y precarizado. Al apoyarse el posfordismo en la movilidad permanente de la población —migraciones en sentido amplio— obligada a disputar un lugar en las nuevas formas de gestionar el trabajo, se crea la figura de trabajo autónomo forzado, caracterizado por elementos como la normalización de la subcontratación, elementos relevantes en la migración cognitiva.

Surge entonces un debate sobre nuevas tipologías de mercancías y el trabajo inmaterial. Maurizzio Lazzarato (1997) aporta la idea que la producción de conocimiento, afectos y comunicación están dando origen a formas de trabajo que van más allá del trabajo material. Por su parte, Christian Marazzi (2009) aborda la centralidad del lenguaje y la comunicación en las nuevas formas de acumulación, trabajo inmaterial y reproducción ampliada del capital.

El trabajo inmaterial se refiere a las formas de trabajo posfordista que no producen objetos físicos tangibles —al estilo de la fábrica industrial— sino mercancías intangibles que involucran conocimiento, comunicación, emociones y relaciones sociales, que se presentan como información, servicios —no existentes en los periodos empírico, taylorista y fordista o redefinidas en esta nueva fase— y experiencias. Se trata de un trabajo que produce subjetividades (Lazzarato;1997), identidades, afectos, estilos de vida y formas de relación, además de convertir al lenguaje en mercancía de amplia circulación (Marazzi, 2009). El obrero social no solo fabrica “cosas” sino que fabrica al trabajador mismo a través de su labor, comunicación y emociones, y la sociedad en su conjunto se ha convertido en una fábrica posfordista.

Aquí surge otra novedad, la tendencia a la expansión del trabajo no remunerado sobre el remunerado, en la lógica de acumulación capitalista. La llegada del internet, los buscadores web y las redes sociales creó la necesidad de una materia prima, los datos y la circulación informacional, que se produce, extrae y estratifica mediante el uso masivo no remunerado en estas plataformas digitales, presentado como momentos de ocio, disfrute y diversión para legitimar su no remuneración. Millones de seres humanos conectados a la internet y las redes sociales producen datos e información, trabajando al unísono, creyendo que están en modo ocio. La obtención de datos permite optimizar los modelos de Justo a Tiempo, Outsourcing, Benchmarking y Calidad Total, redireccionando no solo la producción sino el consumo, gestionando la creación de necesidades. El trabajo remunerado en este esquema digital—virtual pasa a ser el mínimo necesario para mantener la estructura funcional y garantizar su orientación a los fines del capital; esto explica en buena medida los niveles de acumulación de ganancia de la industria tecnológica. En esa perspectiva la migración cognitiva aparece como nuevo fenómeno, que potencia la acumulación limitando el impacto de los modelos clásicos de movilidad corporal.

Esto adquiere especial relevancia cuando analizamos el trabajo de los migrantes, especialmente en las llamadas economías creativas, la gig economy (Uber, Deliveroo), donde participa en labores de plataformas, servicios y trabajo inmaterial precario y deslocalizado. Estas economías creativas adquieren dinámicas trasnacionales que fomentan la internacionalización del modelo. El capital, en este contexto, gestiona la movilidad como recurso productivo y producción diferencial de ciudadanía.

Posteriormente, Lazzarato trabajaría la formación y fractura del Estado, guerra civil nacional y Estado, y el estado de guerra civil mundial (2019), en la cual la migración es el resultado de la conmoción continuada producto de la decadencia del modelo de organización del poder propio del Tratado de Westfalia. Para Berardi (2017;2023; 2025) esto es sintomático de la superación de la democracia como sistema político ideal de la burguesía, propio del periodo liberal, paradigma disminuido en la égida neoliberal, amenazado de ser sustituido por formas autoritarias de gobernanza en el iliberalismo.

Paolo Virno (2001) amplía los elementos del posfordismo a la crisis del Estado, con la desaparición de la noción de pueblo — consenso mínimo — y el resurgimiento de la categoría multitud, la irrupción del General Intellect y el lenguaje como fuerza productiva. En Virno (2001) la migración revela el carácter nómada del trabajo vivo en el posfordismo, afectado por la fractura del Estado, la pluralidad inmanente a las multitudes y el Estado de guerra civil mundial (Lazzarato, 2019).

Por eso, para Sandro Mezzadra (2001;2013) el capital no bloquea la migración, sino que la modula, la segmenta, porque la mano de obra diferenciada constituye una ilegalidad funcional, como acto de autonomía del trabajo. Esto no ocurre sin resistencias, contradicciones y conflictos, en todo el espectro de las clases sociales; mientras los trabajadores de plataformas luchan porque se le reconozcan sus derechos y formas de organización sindical propias del periodo fordista, las burguesías pujan por eliminar los residuos del Estado de Bienestar, especialmente los derechos adquiridos, contrataciones colectivas, modelos integrales de seguridad social y la elevación de la edad de jubilación. Lejos de desaparecer la lucha de clases, adquiere nuevas formas y expresiones en el posfordismo y en el medio se amplían los modelos migratorios funcionales a la reproducción y acumulación del capital, dando paso al surgimiento de la migración cognitiva.

Incluso en el periodo iliberal que encarna la segunda presidencia de Donald Trump con su “cierre de fronteras”, “expulsión de la migración” y declaración de que la “era de las migraciones llegó a su fin”, eso genera conflictos con las burguesías nacionales norteamericanas, especialmente las sureñas que ven amenazada su producción porque los locales no están dispuestos a cubrir las vacantes de trabajo material repetitivo. Pero la expulsión física de los migrantes no elimina los puestos de trabajo inmaterial, sino que profundiza las condiciones de precariedad laboral en las que se produce. Sin embargo, Mezzadra no cierra el círculo del análisis del capitalismo cognitivo en el plano de las migraciones, dejando pendiente el análisis de las migraciones cognitivas.

En el tránsito de la tercera a la cuarta revolución industrial, la diferencia entre trabajo material e inmaterial se hace cada vez más evidente. Ambos existen, pero con tendencia al creciente impacto del segundo por la automatización, robotización, uso masivo de inteligencia artificial y manejo de datos. Eso agudiza el control fronterizo selectivo (Neilson, 2013) en la fábrica ampliada que se ha convertido el mundo, mientras unos tienen que desplazarse de territorio para trabajar, otros pueden laborar para otros territorios -en plural- desde el propio lugar habitual de residencia, en modelos migratorios combinados, ya sea de maquila o cognitivos. El capitalismo neoliberal necesita sujetos móviles, parciales y desiguales, donde la ciudadanía se convierte en un instrumento de trabajo regular y su negación en desregulación (trabajo esclavo). Brett Neilson intenta actualizar la escuela operaria llevando la fábrica a la noción de frontera, el obrero masa al migrante precarizado, la logística posfordista a nuevos niveles de autonomía del trabajo vivo.

En ese contexto llega la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y el análisis de metadatos, con el discurso iliberal que construye una narrativa del migrante como el salvaje anti—civilización, peligro para la normalidad social, engendro que encarna no solo la antítesis del éxito, sino que coloca en riesgo su logro por parte del no-civilizado. Entonces ¿realmente se acabaron las migraciones? ¿el capitalismo cambió su naturaleza en este sentido? ¿o tenemos que ver las nuevas formas que toma la migración en tiempos de aceleración de la innovación?

Régimen predictivo, sedentarismo corporal y migración cognitiva

El desarrollo desigual y combinado (NOVACK; 1974) del capitalismo tardío (MANDEL, 2023) hace que sobrevivan varios mundos en un mismo tiempo histórico. Las dos primeras revoluciones industriales trajeron la ilusión de desarrollo y cubrimiento de las necesidades básicas —agua potable, electricidad— para toda la población del mundo. Pero, en 2022 había 685 millones de personas sin acceso a la electricidad, un aumento de 10 millones respecto al año anterior, siendo África subsahariana la región que concentra el 80% de ese déficit mundial (AIE; IRENA; UNSD; World Bank; OMS; 2025). Ese mismo año, se registraron dos mil millones de personas —el 26% de la población mundial— carentes de agua potable gestionada de forma segura (UNESCO, 2023), con 2,1 millones que no cuentan con servicios básicos de agua potable (OMS; UNICEF, 2025). Ello, a pesar de la llegada de la informática y la robótica —tercera revolución industrial— las redes sociales, internet y los metadatos de la cuarta revolución industrial. Solo el uso diario de inteligencias artificiales como ChatGpt, Gemini, Grook o DeepSeck, hacen un uso descomunal de electricidad y agua. Estudios (Business Energy UK, 2025; IEEE Spectrum, 2025; Epoch AI, 2025; Google Cloud Blog, 2025; NPR & otros reports locales; 2024—2025; Estudios en arXiv y reportes de DeepSeek, 2025) muestran que, por ejemplo, ChatGpt con 2.5 mil millones de consultas diarias consume 148—150 millones de litros de agua y 40—47 millones de kwh de electricidad, Grook para el funcionamiento diario de su data center en Memphis consume 1—5 millones de galones de agua para su enfriamiento. Es decir, el uso de la tecnología de punta refleja las desigualdades en el acceso para cubrir las necesidades básicas de millones de seres humanos. Ese es el desarrollo desigual y combinado del capitalismo tardío. Esto se refleja en las migraciones, que pueden ser simultáneamente dinámicas propias de la dos primeras revoluciones industriales, la tercera o cuarta revolución industrial. En este punto nos concentraremos en el modelo de migraciones de la cuarta revolución industrial.

Una parte de los estudios posfordistas en su impacto en la compresión de las migraciones, exigen analizar lo digital—virtual como campo de expresión de inusitadas maneras de migrar, fenómeno que apenas comienza a ser visualizado. Se trata de lo que denominamos como migración cognitiva. Veamos de que se trata.

El desplazamiento del trabajo vivo de la fábrica a la metrópolis (NEGRI; 2020), reconfiguraron la forma de entender la producción y la inserción de la migración, trayendo nuevas categorías como cognitariado y precariado. Insistimos, lo nuevo no suprime lo tradicional, sino que construye una dialéctica que es necesario comprender para estudiar las dinámicas migratorias.

La Teoría del Capitalismo Cognitivo es sustancial en los debates del operaismo y posoperaismo italiano. Yann Moulier—Boutang es reconocido como uno de los principales formuladores del término, postulándolo como expresión de una nueva fase del capitalismo.

El capitalismo cognitivo es un régimen de acumulación en el cual el conocimiento, la innovación y la cooperación social se convierten en las principales fuentes de valor, sustituyendo progresivamente a la centralidad del trabajo industrial material (MOULIER—BOUTANG, 2007, p. 33)

Para MOULIER—BOUTANG (2007) el conocimiento es un bien no rival, cuyo uso por parte de un sujeto no impide su uso simultáneo por parte de otros —característica opuesta a los bienes materiales— haciendo que el conocimiento pueda reproducirse y circular sin agotarse. Esta condición tensiona la lógica estructural clásica del capitalismo, el mercado y la circulación de mercancías, que necesita escasez para valorizar. Esa es la razón por la cual el conocimiento no sea aún reconocido jurídicamente como cualquier otra mercancía clásica, porque ello demandaría normas legales y políticas especiales y específicas, pero ello no impide su concreción en los procesos de trabajo y acumulación. Sin embargo, fenómenos crecientes como la bibliometría académica y los rankings apuntan a construir hegemonía cultural y social para avanzar en esa dirección.

Por otra parte, dado que el conocimiento es por naturaleza común, tiene un carácter expansivo y cooperativo, el capitalismo se ve forzado a crear mecanismos artificiales de apropiación privada para permitir la captura de valor, proceso que para Moulier—Boutang se constituye en una privatización intencionada de carácter institucional y jurídica. Estos dispositivos, paradójicamente frenan la innovación, no crean conocimiento, restringen la circulación de novedades e intentan convertir un bien común en fuente de renta. La burguesía necesita controlar los flujos de innovación para poder garantizar la captura de la ganancia, lo cual potencia la contradicción entre innovación y reproducción ampliada. Al intentar controlar estos flujos de innovación el capital crea mecanismos institucionales que desaceleran la producción de innovación, pero eso no evita que por los márgenes o fuera de ellos, la innovación siga un curso que potencia las contradicciones inter capitalistas por su control. Esto se expresa en fenómenos como las idas y vueltas en políticas públicas educativas sobre la lectura física—analógica versus la lectura digital, que vemos cada cierto tiempo en formas de compras masivas de equipos de conexión con fines educativos por parte de gobiernos que luego son reorientadas hacia la lectura en libros, o trabajo en aulas sin dispositivos algorítmicos; ello refleja pujas por el control de la ganancia derivada de la innovación y no diferencias estratégicas de orientación porque quienes las encarnan son factores ideológicos pertenecientes al espectro del estatus quo del sistema, no fuerzas antisistema. Otro ejemplo, es la bibliometría universitaria, montada sobre dispositivos de reconocimiento que demandan citas de fuentes para sustentar ideas y propuestas, que por la complejidad de su reconocimiento y circulación, terminan promoviendo la reproducción más que la producción de lo nuevo, la tradición por encima de la innovación. Cómo cuesta que la academia acepte ideas nuevas, si estas no son la ampliación de formulaciones engendradas por otros y masificadas en los sistemas de indexación que marchan a la velocidad de las dos primeras revoluciones industriales, creando un sin sentido, una especie de Mito de Sisifo renovado.

Las nuevas formas de migración y la informalidad laboral adquieren especial centralidad en el posfordismo. El capital tecnológico y de la innovación necesita promoverlas para escapar de los controles que frenan la aceleración de la innovación. Surge la necesidad de la migración cognitiva como expresión de esta realidad, pero también abre puertas a ideas extravagantes como las propuestas de virtualización total de los sistemas escolares, para potenciar la captura de presupuestos y excedentes usados en la agenda social.

Esta dinámica se aprecia con las políticas de internacionalización universitaria orientadas a la bibliometría, la acreditación para el aseguramiento de la calidad, los rankings o clasificaciones, los modelos de movilidad académica y reconocimiento de estudios formulados a partir del Proceso de Bolonia, que han entrado en una especie de dinámica de Uróboro donde la repetición y la tradición, revestidas de gramática nueva, en realidad impiden la ampliación de la innovación.

Se genera un desplazamiento de la explotación hacia la captura de externalidades sociales. Para MOULIER—BOUTANG (2007) en el capitalismo cognitivo la explotación ya no se basa principalmente en la extracción de plusvalía dentro del tiempo de trabajo medido, sino en la captura de esas externalidades producidas por la cooperación social. Estas externalidades se expresan en lenguaje, cultura, redes sociales, innovación colectiva, afectos y comunicación. Si bien el capital no organiza directamente estas actividades, como en el modelo fabril, se apropia de sus resultados convirtiéndolos en valor económico mediante plataformas —al estilo del trabajo no remunerado como scroll digital masivo por parte de usuarios o la monetización marginal en TikTok— marcas y derechos de propiedad intelectual (que actúan como imposición artificial de escasez).

La idea de capitalismo cognitivo tiene un impacto directo en los estudios migratorios y la noción de migración cognitiva que ampliaremos más adelante. Los estudios migratorios son increpados para superar la visión clásica del trabajo material del migrante y los conceptos de mano de obra calificada, incorporando términos y conceptos como migraciones altamente calificadas, circulación de saberes, migración académica y científica, trabajadores digitales y de plataformas, nómada digital, entre otras.

Otro elemento novedoso es la migración como infraestructura del conocimiento global, que hace que los países centrales importen fuerza de trabajo cognitiva ya formada, como mecanismo de externalización de los costos en materia de educación, salud y reproducción social. En este sentido, al capitalismo centrado en plataformas y lo virtual—digital como eje de acumulación, le resulta “más económica” la migración cognitiva trasnacional que la migración solo de cuerpos de un territorio a otro; la migración cognitiva eleva exponencialmente la desterritorialización facilitando la sobre explotación laboral.

En la lógica de HARVEY (2004), “la movilidad del trabajo cognitivo constituye una forma de acumulación por desposesión del conocimiento producido en otros territorios” (MOULIER—BOUTANG, 2007, p. 141). De igual manera, adquiere relevancia para los estudios migratorios la precarización y segmentación del migrante cognitivo en contextos de frontera productiva (MEZZADRA y NEILSON;2001;2013) y subjetivación (LAZZARATO;1997), así como la “reorganización de las relaciones centro—periferia en torno al control del conocimiento y de los derechos de propiedad intelectual” (VERCELLONE, 2007, p.27).

En ese sentido, en el capitalismo cognitivo la migración no es solo efecto del subdesarrollo, sino una condición estructural de la acumulación contemporánea, en la cual el conocimiento que es producido socialmente es apropiado de manera privada. En este contexto, la movilidad cognitiva se convierte en un recurso productivo de carácter estratégico.

Esto postula diferencias con el trabajo material o clásico. El concepto de Trabajo Inmaterial plantea que se entiende como “la actividad que produce el contenido informacional del mercado” (LAZZARATO, 1997, p. 18), “no solo mercancías, sino también subjetividades, relaciones sociales y formas de vida” (LAZZARATO, 1997, p.20). Para Negri y Hardt (2001) el trabajo inmaterial es biopolítico, mecanismo para producir directamente lo social y se expande más allá del espacio de la fábrica.

En consecuencia, “el trabajo inmaterial se torna en el principal productor de valor en el capitalismo cognitivo, aunque todavía su medición escape de las categorías clásicas de tiempo de trabajo” (MOULIER—BOUTANG, 2007, p.45), conectando trabajo inmaterial con conocimiento común y captura de externalidades sociales. El sujeto del trabajo inmaterial es el cognitariado.

En la Teoría Crítica de la Internacionalización Universitaria el cosmopolitismo (POPKEWITZ;2009) y el reordenamiento de prioridades educativas del capitalismo en cada revolución industrial resultan fundamentales. Así la migración calificada —académica y estudiantil— aparece modulada por las políticas de internacionalización hegemónicas (BONILLA—MOLINA, L. et al, 2025). Esto adquiere especial relación con el cognitariado como categoría analítica.

El término cognitariado es acuñado en Europa a finales de la década de 1990 e inicios del siglo XXI en el contexto de los debates sobre el ocaso del fordismo, la expansión del posfordismo, el capitalismo cognitivo, y la centralidad del conocimiento, la información y la comunicación en la producción de valor. Estas discusiones fueron marcadas por la influencia del operaismo y posoperaismo italiano, la economía política marxista crítica y los estudios sobre trabajo inmaterial. Yan Moulier—Boutang es considerado como el principal teórico del cognitariado, al articular el término a la teoría del capitalismo cognitivo.

El cognitariado designa a la nueva clase trabajadora cuya principal fuerza productiva es el conocimiento, la creatividad y la cooperación social, sometida a formas renovadas de explotación y precarización (MOULIER—BOUTANG, 2007, p.83)

Es decir, el cognitariado pasa a ser el proletariado del conocimiento, compuesto por trabajadores cognitivos, comunicacionales y afectivos, quienes laboran en situaciones de precariedad, flexibilización y marcos globalizados que trascienden los antiguos conceptos de fronteras nacionales.

Negri y Hardt (2001) amplían el concepto al señalar que “trabajo inmaterial produce no solo mercancías, sino relaciones sociales, lenguajes y formas de vida” (HARDT; NEGRI; 2001, p. 290). Es decir, el cognitariado es la expresión concreta de la multitud productiva, el sujeto del general intellect marxista adaptado a la nueva realidad concreta del posfordismo y la cuarta revolución industrial. Por su parte, Maurizio Lazzarato (1997) aporta en la comprensión del contenido del trabajo del cognitariado al señalar que “el trabajo inmaterial implica la producción de subjetividad y de cooperación social (LAZZARATO, 1997, P. 18), siendo un productor de valor más allá de los límites de la fábrica y la propia metrópoli delimitada por fronteras, cuya sociabilidad está marcada por su integración a redes globales de información. Carlo Vercellone profundiza en la dimensión económica del término al puntualizar que “en el capitalismo cognitivo, el conocimiento deviene en la principal fuerza productiva, desplazando al tiempo de trabajo abstracto como medida exclusiva de valor” (VERCELLONE, 2007, P. 15).

El concepto de cognitariado tiene un impacto directo en los estudios migratorios, especialmente al desplazar el foco clásico de la migración laboral, más allá del encuadramiento industrial productivo y las nociones de mano de obra barata, incluyendo la migración altamente calificada, la circulación de talentos, la movilidad académica y los trabajadores de plataformas digitales. La migración se torna constitutiva de la producción cognitiva, e incluye formatos intermitentes de desplazamiento y sedentarismo corporal.

Desde la perspectiva de los estudios del cognitariado, los Estados centrales atraen trabajo cognitivo ya formado, externalizando los costos de educación, formación especializada y reproducción social. Insistimos, en este sentido, “la movilidad del cognitariado es una forma de acumulación por desposesión del conocimiento” (MOULIER—BOUTANG, 2007, p. 141).

El cognitariado migrante se enfrenta a visas temporales —incluidas las de nómadas digitales— reconocimiento desigual de títulos, ciudadanía limitada. En el caso de desplazamiento físico, la frontera opera como filtro de cualificación y dispositivo de control salarial, en concordancia con las ideas de fronteras productivas de Mezzadra y Neilson, así como de la subjetivación de Lazzarato. Desde la teoría crítica este fenómeno migratorio aparece como fuga de cerebros y circulación desigual de saberes, ya que “el capitalismo cognitivo reorganiza la dependencia en torno al control del conocimiento” (VERCELLONE, 2007, p.27).

En el caso de la migración cognitiva con sedentarismo corporal, esto multiplica las posibilidades de precarización laboral multifactorial, debido a los desarrollos desiguales de normativas jurídicas entre los países en los cuales se trabaja de manera virtual-digital, la inexistencia de marcos jurídicos que garanticen la igualdad de derechos para quienes no están formalmente registrados en los sistemas nacionales migratorios, haciendo que la frontera opere como un dispositivo de limitación a la exigencia de igualdad de ciudadanía.

El emerger del cognitariado como categoría analítica permite comprender que la migración no es solo exclusión por pobreza, sino una estrategia de vida en las nuevas condiciones estructurales del capitalismo cognitivo, para el cual la movilidad es una fuente de valor y, en consecuencia, objeto de control político.

Young woman standing at Berlin train station using smartphone with cognitive data graphics around her head — f.

Precariado

El debate sobre los límites de clase del concepto de cognitariado dio origen a otro término, el de Precariado. La concepción de precariado surge a comienzos del siglo XXI en el contexto de crisis del empleo fordista y del Estado de Bienestar Keynesiano, la expansión creciente del empleo flexibilizado, temporal y desregulado, la financiarización de la economía que excede los parámetros de la teoría del valor, la reconfiguración de la ciudadanía y las modificaciones en los know-how laborales. El precariado describe una nueva concepción estructural del trabajo. Fue formulada inicialmente por Guy Standing al señalar que “el precariado es una clase en formación, caracterizada por la inestabilidad crónica en el trabajo, los ingresos, la identidad ocupacional y los derechos sociales” (STANDING, 2011, p. 7).

Para Standing, el precariado está sometido a siete carencias de seguridad: empleo, ingresos, representación, tiempo, habilidades, protección social e identidad laboral. Otros autores amplían el término al incorporar la idea de precarización como proceso histórico (CASTEL;1998), inseguridad social y marginalidad (Wacquant;2001) y precariedad como forma de gobierno, en la perspectiva foucaultiana (LOREY; 2015).

El término precariado no debe ser visto como excluyente de cognitariado, sino como una diferenciación que coloca a la lucha de clases en el centro (cognitariado) o como un elemento menor (precariado). La noción de precariado procura describir la condición jurídica y material bajo la cual se produce el trabajo basado en conocimiento, comunicación y creatividad, es decir, la forma social (de clase) de existencia del cognitariado. No obstante, Standing apunta que el precariado no es una fracción del proletariado ni del cognitariado, sino una clase distinta, con intereses fragmentados, Identidades inestables y potencial político ambivalente, haciendo aparecer el término cognitariado como demasiado optimista, mientras que el precariado es epicentro de vulnerabilidad, desposesión e inseguridad existencial.

Los migrantes pasan a ser población en movilidad sometida a formas precarias en el mercado laboral, no como negación eventual sino como proceso estructural. En los estudios migratorios el precariado puede aparecer como ciudadanía diferencial y de estatus migratorio (visas temporales, trabajo informal, deportabilidad, derechos laborales limitados), precarización, racialización y género (raza, género, movilidad precaria, trabajo, mostrando que la precariedad se distribuye diferencialmente), precariedad global o regional (trabajo en cadenas globales de valor) y opresiones identitarias.

Capitalismo digital o tecnofeudalismo como marco de estudio migratorio

Las coincidencias y diferencias entre los conceptos de cognitariado y precariado, se han ampliado, trasladado y reconfigurado en los últimos años alrededor de la polémica que discurre entre Cédric Durand (tecnofeudalismo) y Evgeny Morozov (capitalismo digital), alimentados por debates más sectoriales como capitalismo de las plataformas (SRNICEK;2017) o capitalismo de la vigilancia (ZUBOFF;2019).

Surge entonces un matiz en el debate, entre capitalismo cognitivo y capitalismo digital. Como señalamos capitalismo cognitivo es un concepto desarrollado por corrientes del marxismo crítico vinculadas a la escuela operaria italiana, que sirve para describir un modo de acumulación de capital en el cual el conocimiento, la información y la creatividad se convierten en fuentes centrales de valor, haciendo que la producción intelectual, afectiva y comunicacional se conviertan en factores claves para la generación de plusvalía y la reproducción ampliada.

El capitalismo digital es en diferencia un concepto que tiene pretensiones más amplias, con menos perspectiva de la clase trabajadora. Se usa en sociología y economía política para describir el régimen de acumulación y dominación en el que la actividad social y económica se organiza alrededor de la producción, intercambio, control de información y datos, mediante tecnologías digitales. En este enfoque analítico lo sustantivo consiste en establecer la relación del capitalismo actual con las redes digitales y plataformas, la centralidad de los datos como recurso económico y la penetración de las lógicas del mercado en aspectos de la cotidianidad mediados por lo digital—virtual. En esta perspectiva Christian Fuchs (2024) habla de analizar el asunto con una crítica dialéctica económico social, mientras Zuboff (2019) acuña el término capitalismo de la vigilancia, añadiéndolo la dimensión de control a las de explotación y la acumulación, y Tiziana Terranova (2004) redefine el término “trabajo libre” para explicar cómo los usuarios generan valor de manera no remunerada en plataformas digitales.

La noción de capitalismo digital impacta en los estudios migratorios al analizar el trabajo cognitivo altamente calificado y el trabajo digital precarizado de individuos y grupos poblacionales que se desplazan o laboran en marcos de sedentarismo corporal. Esto nos lleva a pensar la importancia de estudiar no solo los movimientos físicos de fuerza de trabajo, sino la movilidad de capacidades cognitivas en el trabajo digital (algo de especial interés para nuestra perspectiva), la fragmentación del mercado laboral digital conforme al estatus migratorio y la precariedad laboral de los migrantes.

El debate entre Cédrid Durand y Evgeny Morozov tiene sus orígenes en discusiones que ocurren desde mediados de la segunda década del siglo XXI en el marco de la consolidación del llamado capitalismo de las plataformas, el creciente poder monopólico de las Big Tech GAMAM (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft), antes GAFAM, la financiarización de la economía digital y el aparente agotamiento explicativo de las categorías clásicas del capitalismo industrial. Si bien ambos autores comparten la crítica radical al neoliberalismo digital, divergen en la caracterización del modo de producción emergente.

Morozov no queda atrapado en la distinción entre capitalismo cognitivo o capitalismo digital, sino que se sitúa de manera crítica ante ambos, así como respecto a la idea de precariado. Morozov critica el solucionismo tecnológico, se concentra en analizar a empresas como Google, Amazon o Facebook en su modelo de acumulación y organización laboral, advirtiendo que la idea de capitalismo cognitivo puede ser mal interpretada, ocultando que sigue habiendo explotación en el posfordismo, solo que mediada digitalmente. El trabajo no desaparece sino se reconfigura y la innovación no implica progreso social. En síntesis, Morozov, aún con sus prevenciones, puede considerarse como un teórico del capitalismo cognitivo, pero en sentido afirmativo respecto a la lucha de clases y las mutaciones del capital.

Durand y Morozov coinciden en considerar que el capitalismo digital no puede entenderse solo como un nuevo sector económico, porque las plataformas reorganizan la producción, circulación, construcción de subjetividades y gobernanza del sistema. Pero difieren en la forma como esto afecta al capitalismo.

La tesis central de Cédrid Durand es que el capitalismo digital ha dado lugar a una mutación histórica regresiva, que no puede explicarse adecuadamente como “capitalismo avanzado”, sino como tecno—feudalismo (DURAND, 2020, p.17). Desde esta mirada, el tecnofeudalismo se caracteriza por el control privado de infraestructuras digitales esenciales (nubes, plataformas, datos), predominio de la renta sobre la ganancia productiva, dependencia estructural de los Estados, usuarios y trabajadores, subordinación del mercado a las relaciones de acceso y permiso.

El “capitalismo murió; fue sustituido por un sistema de feudos digitales” (VAROUFAKIS, 2023, p. 12), en ese sentido, “las Big Tech funcionan como señores feudales que controlan los medios de acceso a la vida económica y social” (DURAND, 2020, p. 42). Para Cédric la analogía feudal no es metafórica sino estructural, al entenderla como homologación de infraestructura con feudo, acceso con vasallaje y renta digital con tributo. Durand es crítico de la lectura optimista del capitalismo cognitivo —Moulier—Boutang, Lazzarato— que, según él, subestiman el papel de la renta monopolista y de la dependencia infraestructural (DURAND, 2020, p. 63).

Por su parte, Morozov (2025) critica la idea que estamos regresando a la Edad Media o que el capitalismo digital representa una ruptura ontológica con el capitalismo histórico, asumiendo que el discurso del tecnofeudalismo oculta que estamos ante un capitalismo profundamente contemporáneo y aun plenamente capitalista. Morozov subraya que hablar de renta y servidumbre digital, subestima que la economía digital sigue siendo capitalista en términos tradicionales con infraestructura, acumulación de capital y explotación a través de las plataformas, que no erradica el mercado. Para Morozov la renta digital es solo un aspecto del capitalismo, no su definición histórica, mientras que para Durand la prevalencia de la renta infraestructural es la condición definitoria de una nueva etapa regresiva. Morozov señala que el uso de metáforas medievales (señores, vasallos o siervos) pueden crear confusión a la hora de estudiar la economía digital, ya que el capitalismo no ha muerto sino evolucionado, conservando sus dinámicas básicas (mercado, competencia —aunque imperfecta— acumulación y plusvalía, aunque con nuevas formas infraestructurales (MOROZOV, 2025).

Este debate es de especial importancia para entender el sistema capitalista en el presente, la forma como organiza el trabajo y las migraciones, pero sobre todo para comprender la articulación interpretativa entre movilidad como desplazamiento de corporalidades y migración cognitiva con sedentarismo corporal.

La migración cognitiva: la disociación esquizoide

Hasta ahora, las migraciones habían sido vistas como desplazamientos de corporalidades físicas, paso de cuerpos humanos por corredores migratorios e inserción sociolaboral de los mismos en los territorios de llegada. Las categorías de capitalismo cognitivo y capitalismo digital desafían esas premisas, porque ahora no es necesario desplazar los cuerpos para conseguir un empleo, incluso quienes se desplazan por razones humanitarias (refugio, asilo político) terminan trabajando para empresas e instituciones que se localizan en territorios geográficos distintos a los que le acogieron, porque la realidad del empleo digital ha hecho mutar al concepto de frontera.

Un profesor universitario que huye de la guerra en Siria y llega a un país de Latinoamérica sin traer en su maleta las notas y el título de doctor debidamente apostillado, termina siendo parte del cognitariado precarizado que da clases en línea para varias universidades de Latinoamérica, viviendo ocho o diez horas de su día frente a una pantalla, debiendo aprender la cultura, costumbres y conocimientos de los países donde están ubicadas las universidades para las que labora. La educación trasnacional se convierte en funcional a este modelo de trabajo y acumulación.

Los cuerpos físicos son sometidos a un sedentarismo corporal resultante de su condición de anormal y estatus migratorio precario (sin título reconocido) en el país de acogida, con la doble condición de migrante cognitivo explotado por las instituciones de otros países (cognitariado). Sus cuerpos “amarrados a una silla en un territorio, se “desconectan” de sus mentes que saltan en un día entre territorios, países, empleos y condiciones de trabajo variantes.

Los jóvenes frelancer dedicados a la generación de contenidos en las redes sociales de múltiples países en un mismo tiempo real, viven esas presiones migratorias de idiomas, perspectivas mercantiles, diferencias de escalas salariales, hegemonía política y religiosa, teniendo que aprender a hacer una especie de Chanel surfing o Chanel hopping mental como rasgo del trabajador en condición de migrante cognitivo.

Esto implica un giro en la propia definición de ruptura esquizoide presente en la Teoría de Deleuzze y Guattari (1972), que organizaba los cuerpos sin órganos, unificando las mentes en un inconsciente maquínico esquizoide. En Anti—Edipo: capitalismo y esquizofrenia (1972), Deleuzze y Guattari proponen el esquizoanálisis como alternativa crítica al psicoanálisis tradicional y su correlato en la sociología. El foco se desplaza de la interpretación del comportamiento social del sujeto individual y la familia (complejo de Edipo), al proceso de producción del deseo como máquina social y productiva (DELEUZE; GUATTARI, 1972). Deseo del que precisamente necesita apropiarse el capitalismo cognitivo para generar valor mediante la comunicación, emociones y subjetividades.

En este sentido, la ruptura esquizoide está referida a las dos formas radicalmente diferenciadas de subjetivación de la realidad social. La primera, la subjetivación estructurada por la normatividad psicoanalítica que produce lo neurótico en términos societales, y la subjetivación esquizoide —de especial interés para comprender la migración cognitiva— entendida como proceso de desterritorialización del cuerpo y la mente, donde el deseo puede escapar de las estructuras de codificación social y familiar; lo que parece haber ocurrido en el capitalismo cognitivo es que el cognitariado es atrapado por la subjetivación estructurada y el trabajo inmaterial se convierte en nuevas forma de neurosis social.

Esto lleva a la idea de cuerpos sin órganos (en este caso mente sin cuerpo), que para Deleuze y Guattari (1972) eran las formas de existencia y deseo que no estuviesen organizadas jerárquicamente por órganos y funciones estructurales, pero al ocurrir la ruptura entre mente y cuerpo en la migración cognitiva, las mentes ahora son directamente incorporadas a la producción de valor a través de la creatividad, la interacción digital, la colaboración en redes y la atención dirigida a la producción.

Este desplazamiento no es un asunto técnico, sino subjetivo, porque los trabajadores del cognitariado no operan como sujetos definidos por roles fijos, sino que se les exige capacidad de adaptación, flexibilidad, creatividad, atención, conectividad permanente, inteligencia emocional, empatía con la armonía laboral. Esto plantearía la posibilidad —que debe ser estudiada en la migración cognitiva— que la identidad laboral y la subjetividad desborden los marcos fijos de los formatos laborales y migratorios, reconfigurando procesos múltiples, rizomáticos y conectivos que escapen de la dominación y captura de toda creatividad.

Este proceso no es visto solo como una patología, sino como una ruptura con las dualidades (yo/otro – mente/cuerpo) que permite que el esquizo se convierta en sujeto nómada. Para Berardi (2023), el cognitariado y el trabajo cognitivo, implican no solo inteligencia, sino nervios tensos por la atención constante y ojos fatigados por pantallas, donde “cada residuo de materialidad y concreción desaparece de la operación laboral, y solo quedan las abstracciones simbólicas” (BERARDI, 2023, p.58).

En el trabajo digital, la aceleración de los ritmos genera pánico como psicopatología social, que proviene de la “expansión constante del ciberespacio respecto a las capacidades limitadas del cerebro individual y del cibertiempo” (BERADI, 2005, p.62). Las tecnologías cognitivas, como las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA) se convierten en fuente novedosa de modulación de los deseos hacia la competencia, sometiendo el espíritu libre del trabajo lo cual agrava la alienación, haciendo al esquizoide cognitivo un ser no revolucionario, sino capturado por patologías como el pánico y la depresión endémica.

Esto impacta a los estudios migratorios al reconceptualizar la migración entre la dualidad de autonomía nómada y las líneas de fuga que desafían la biopolítica estatal, versus la captura cognitiva para aumentar la acumulación en el marco del capitalismo digital. En el primero de los casos, la migración es vista como nomadología, movilidad social que resiste la segmentación rígida del Estado (DELEUZE y GUATTARI. 1987, p. 211), pero en la segunda esta vocación nómada es funcional a la dominación y producción de valor, planteando un campo interesante: los estudios de resistencias anticapitalistas en las migraciones.

El trabajo digital disuelve los límites “naturales” entre trabajo y vida, al incorporar al individuo no como una identidad fija, sino como un flujo de datos, intensidades, efectos de atención que se cruzan en redes algorítmicas.

Esto implica algunas novedades para los estudios migratorios. Los desplazamientos humanos ya no pueden ser vistos solo como movilidad territorial o laboral, sino también como procesos de movilidad de intensidades, habilidades, redes y flujos de datos.

Por otra parte, la migración cognitiva implica una reorganización comprensiva de los cuerpos y las mentes, conforme se insertan en redes globales e inciden en los dispositivos normativos de identidad nacional, ciudadanía, refugiado, asilado, ilegal.

No podemos ver el estudio de la migración cognitiva como un punto y aparte de la teoría sociológica en migraciones, ello sería absolutamente errado. De lo que se trata es de entender las similitudes históricas y las singularidades de coyuntura, en la forma como el modo de producción capitalista incorpora las migraciones a su lógica de mercado y reproducción ampliada en el posfordismo. Insistimos esto no hace desaparecer las formas clásicas de producción, reproducción y migración, sino que las amplía, e intercambia centralidad según el desarrollo tecnológico y las necesidades específicas del mercado.

Esto abre un nuevo campo de estudios migratorios que requiere recuperar la tradición analítica —ninguna teoría migratoria resulta suficiente para comprender y explicar esta nueva realidad, lo contrario requerimos de todo el arsenal teórico acumulado— a la par que se incorporan nuevas categorías y perspectivas.

El capitalismo en el largo periodo liberal concibió a la migración como cuerpos en movimiento que debían ser disciplinados para ser usados en la producción para elevarse el excedente, la plusvalía, la ganancia. La reproducción simbólica y material, la opresión de los cuerpos, la biopolítica y el biopoder, el mercado de trabajo segmentado, la movilidad controlada, los dispositivos normativos de identidades, la farmopornografía y la necropolítica, entre otras mostraron la multiplicidad de rostros de la opresión para los migrantes. Pero cada una de ellas no negaba ni superaba a la otra, por el contrario, eran como ”capas de una cebolla” que nos permitían comprender la complejidad de los estudios migratorios.

En el periodo neoliberal, la psicopolítica, infocracia y los estudios sobre el emprendimiento en el marco del capitalismo permiten entender las dinámicas migratorias, en contexto de liberalización de controles evidentes, con el propósito de entender las formas de dominación más profundas, con lugar de enunciación en los propios individuos.

La disminución de los ciclos de innovación científico—tecnológica ha hecho que en solo cinco décadas el neoliberalismo le ceda protagonismo al iliberalismo, y el régimen predictivo aparece como una forma de organización social, con profundo impacto en el tema del trabajo vivo, las migraciones y la acumulación de ganancias.

Pero, debido al desarrollo desigual y combinado del capitalismo tardío, esto ocurre de manera diferencial entre países, e incluso al interior de cada uno de ellos. Es decir, las formas liberales y neoliberales de la migración no desaparecen de “in su facto” por la llegada del iliberalismo, sino que sobreviven de manera diferencial en los territorios, aumentando la complejidad de los estudios migratorios. Un migrante latinoamericano, que se desplaza, por ejemplo, de Venezuela a México, Panamá o Perú, puede vivir en “carne propia” los controles migratorios del periodo liberal, las exigencias de autogestión de la vida del neoliberalismo y las demandas de disociación de cuerpo y mente del iliberalismo posfordista, viviendo en su desplazamiento, de manera simultánea, las formas de opresión de los periodos liberal, neoliberal e iliberal.

Nuestra perspectiva es que solo un corte transversal —y no solo longitudinal— de la “cebolla migratoria” nos permite explicar la complejidad de los fenómenos migratorios en el presente. Esto, en el marco de un capitalismo que es profundamente impactado por cada revolución industrial y que asume —ya sea de manera propia o como respuesta a las luchas de los trabajadores— formas de gestión empresarial que terminan convirtiéndose en modelos de gestión de la vida; el taylorismo, fordismo y los esquemas posfordistas actúan en este sentido. Ese es el énfasis de nuestro de trabajo investigativo en el campo de las migraciones. —

Lista de referencias

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Ecuador: En defensa de la democracia, los derechos humanos, la naturaleza, la soberanía y la paz

mayo 25, 2026mayo 25, 2026Noticias Deja un comentario

Declaración de amplios sectores de la sociedad y las organizaciones sociales.

Nuestras raíces

El 24 de mayo de 1822 se sembraron las semillas de la independencia, la soberanía y la libertad de nuestras Patrias ante el colonialismo. El tiempo se mueve en ciclos en espiral y hoy, nuevamente nuestra Patria se ve enfrentada a la subsistencia como un Estado republicano, democrático, soberano, de derechos, libre y justo.

La palabra es poder

En mayo del 2026, Daniel Noboa cumple 30 meses en el ejercicio presidencial y debe presentarse ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de sus actos ante la Nación. El relato oficial presenta una economía saludable, un país en paz, una democracia fortalecida y un “Nuevo Ecuador” que ha avanzado en el combate a la pobreza y el bienestar de la población.

El pueblo ecuatoriano necesita conocer la verdad. Por eso presentamos este informe desde la sociedad civil y organizaciones sociales, lo hacemos como una invitación para comprender la dolorosa realidad nacional, y la urgencia de tomar medidas alternativas, para defender la democracia, los derechos humanos y de la naturaleza, la soberanía y la paz. La verdad, aunque sea difícil de afrontar, es el primer paso para la sanación.

Debemos recuperar la esperanza, para levantarnos y caminar con la dignidad histórica que nos corresponde y nos alienta. Debemos avanzar a un Acuerdo nacional sobre el Ecuador que queremos, fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador.

El informe verdadero a la nación

Vivimos un tiempo de cambios profundos de la humanidad, civilizatorios, geopolíticos, científico-tecnológicos y éticos, cambios marcados por las convulsiones, las guerras, pero que anuncian un mundo nuevo. Nuestro Informe no se ordena dentro de la lógica y las urgencias del poder, sino que apunta a ver el papel del Ecuador en el nuevo contexto mundial y los cambios que debemos afrontar para responder a las necesidades de la sociedad, de los pueblos.

Abordamos cinco temáticas centrales, para ver la propuesta del gobierno, presentar la verdad crítica y anunciar las posibles alternativas.

En defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, de la salud, seguridad social, educación y trabajo.
Economía, recursos no renovables, energía e infraestructura, agricultura.
En defensa de la Democracia, la institucionalidad y la transparencia.
Seguridad y cuidado para todas y todos.
En defensa de la soberanía y la paz.

DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN Y TRABAJO.

Derecho a la salud integral

El discurso del Gobierno: El sistema de salud está nuevamente en marcha, el problema no es falta de dinero, no es un problema médico, es administrativo y de corrupción; los medicamentos son robados o escondidos en las bodegas hospitalarias, especialmente en Guayas, Manabí y Los Ríos; hay un sabotaje interno, corruptos que esconden las medicinas.

A pesar del sabotaje de las mafias internas a los hospitales, heredadas de períodos anteriores, el Gobierno ha logrado avances fundamentales; se ha declarado cuatro estados de emergencia para atender la crisis hospitalarias; y se ha nombrado seis ministros para evitar la corrupción.

Hemos cumplido una primera fase de depuración del personal, han sido desvinculados 2.500 trabajadores de la salud, personal médico, enfermeras; la corrupción y la incapacidad han sido las lacras que han causado la crisis de la salud; para aumentar el número de atenciones, hemos reducido el tiempo de la cita a 15 minutos. La Inteligencia artificial nos ayudará a subir la eficiencia.

Hemos pasado de un sistema descentralizado de compra de medicinas con el cual, cada hospital hacía sus compras, lo que se prestó para la corrupción sin posibilidad del control de las mafias; a un sistema centralizado de medicamentos por parte del Ministerio de Salud; hemos reformado las normas para permitir la compra de medicamentos por catálogo electrónico, subasta inversa e ínfima cuantía para acelerar los procesos. Hay un abastecimiento del 75% de las medicinas necesarias. En este año se ha realizado una inversión de más de 300 millones de dólares adicionales para la compra de medicamentos y un aumento del 15% en compras frente a 2025.

Confíen en el “Nuevo Ecuador”, en este año tendremos un sistema de salud eficiente; hemos establecido alianzas con las clínicas privadas, que han logrado instalar tecnologías avanzadas, para entregarles la responsabilidad de áreas estratégicas, incluido el servicio de salud del IESS.

El verdadero informe: El principal fracaso del Gobierno es la profunda crisis del sistema de salud pública que está en riesgo de muerte inminente; el presupuesto asignado llega apenas al 4% del PIB y se ejecuta menos del 45%.

Los centros hospitalarios públicos tienen menos del 50% de sus requerimientos, no cuentan con antibióticos infantiles, insulina, analgésicos o sedantes, se trata de un problema estructural que se intenta encubrir con la declaración de sucesivos estados de emergencia, pero el número de muertes crece día tras día, la salud ha dejado de ser un derecho y un servicio, para convertirse en una mercancía controlada por las clínicas privadas y las farmacéuticas transnacionales, la destrucción del sistema público de salud contrasta con las ganancias de las grandes clínicas y hospitales privados.

Ha habido decenas de muertes neonatales por el contagio con bacterias hospitalarias, por falta de cánulas para suministro de oxígeno, o por falta de medicinas para enfermedades tan comunes como la tosferina.

Los equipos hospitalarios están obsoletos y sin mantenimiento, mamógrafos y tomógrafos están inservibles y han colapsado hasta los dispositivos de climatización; los quirófanos deben cerrar sus puertas por escasez de personal, así como por falta de esterilizadores e implementos básicos; hay más de 7.000 cirugías retrasadas y sin fecha de reprogramación.

Los servicios de limpieza hospitalaria, manejados por empresas externas que muchas veces pertenecen a la economía popular y solidaria, tienen meses sin recibir el pago, sometiéndolas al chantaje de aguantar o cancelar sus contratos.

Los familiares deben cubrir costos de gasolina para las ambulancias, para medicinas e insumos para cirugías, con el dilema de tener que elegir entre el cuidado de sus parientes o la manutención del resto de la familia.

El personal médico y enfermeras son las heroínas y héroes anónimos que todavía sostienen la poca atención existente, trabajando en jornadas extenuantes, sin insumos de protección personal, cumpliendo roles de personal de limpieza y poniendo de sus propios recursos para salvar algunas vidas de las muchas que ven extinguirse diariamente, pero son víctimas de persecución y despidos cuando levantan su voz para denunciar el estado del sistema de salud pública.

Los centros de atención en salud implementados por algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cerrar sus puertas con la implementación de la “ley GAD” que recorta el presupuesto para estos servicios sociales, por considerarlos como gastos y no como inversión social.

Y, como colofón grotesco, en un video de tik-tok la Vicepresidenta invitaba a la ciudadanía a cuidar de su salud con buena alimentación y ejercicio, para no colapsar a los hospitales con personas enfermas.

La alternativa: Exigir al gobierno que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud pública, integral y gratuita, como eje fundamental del Plan de Gobierno. Reorganizar un Sistema Nacional de Salud, con la participación de la ciudanía y comunidades, actores privados, a partir de la atención primaria hasta la atención integral y especializada.

Seguridad Social

El discurso del Gobierno: El IESS está en crisis por mala administración y el sistema de financiamiento no tiene sustento por el cambio de la pirámide etaria del trabajo. No hay alternativas; solo queda subir aportes o bajar pensiones y ampliar el plazo de jubilación, en concordancia con los acuerdos y orientaciones del Fondo Monetario Internacional.

El informe verdadero: Continúan los intentos de privatizar el IESS y de subir la edad y los plazos de jubilación: la ineficiencia provocada por el gobierno busca abrir el camino hacia la privatización.

Cuando el Gobierno dice que hay que racionalizar el gasto, realmente busca descapitalizarlo; cuando dice que hay que unificar el sistema de salud pública, lo que quiere es desinstitucionalizar al IESS, eliminando su red hospitalaria y pasando esta responsabilidad a las personas afiliadas. Cuando habla del “diálogo abierto”, lo que quiere es controlar el Directorio desde el Ejecutivo, sin dar mayoría a la representación de las personas afiliadas. El gobierno no busca salvar al IESS, precarizarlo más, y con esto justificar su privatización

El IESS enfrenta una grave crisis en la prestación de la salud; el pago a prestadores externos, especialmente dializadoras, se ha manejado con atrasos de hasta seis meses, costando cientos de vidas humanas.

La corrupción continúa, Edgar Lama, representante del Ejecutivo, ha sido denunciado por pagos y derivaciones quirúrgicas a clínicas de su familia; también se ha denunciado un contrato para equipamientos médicos del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), a una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, pero no se cuenta con una fiscalización real.

Entre las supuestas soluciones a la crisis se ha dispuesto la reducción de tiempo en la atención médica, destinando solo 15 minutos por cada paciente, desconociendo las necesidades de la atención de calidez y calidad para las personas enfermas.

Las alternativas: Los dueños del IESS son las personas afiliadas, no el gobierno. Proponemos: Cambiar al administrador: 3 vocales de los afiliados en el Consejo Directivo, 1 del ejecutivo y uno de los patronos, elegidos mediante elección universal urgente.

Cambiar la estrategia del BIESS, debe invertir en el aparato productivo (PYMES, infraestructura, empleo juvenil), reorientando el 30% del portafolio en 2 años. El mejor negocio del IESS es generar empleo formal. Cada nuevo afiliado paga la jubilación de quien ya no trabaja

Educación

El discurso del Gobierno: La educación es el pilar para el desarrollo de la sociedad, el progreso sostenible y la prevención de la inseguridad. Vamos a ampliar el acceso a la educación superior y vincular la enseñanza con la seguridad integral y el empleo juvenil.

Implementamos la articulación de la educación a la seguridad. El «Plan Nos Cuidamos» incluye la asignatura de Educación para la Seguridad Integral en la malla curricular para prevenir riesgos y fomentar una convivencia pacífica.

La Ley Orgánica de Educación Financiera, aprobada en abril de 2026, está orientada a transformar transversalmente las universidades e instituciones educativas, con la obligación de la enseñanza y la integración progresiva de contenidos financieros en todos los niveles educativos.

Firmamos con Israel el Programa de Cooperación 2026–2027, se instituye la obligación de incluir contenidos educativos sobre el Holocausto, para generar memoria histórica, promover valores democráticos, fomentar sociedades más inclusivas y combatir activamente el antisemitismo.

Propusimos el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), orientado a la formación tecnológica, como eje del aprendizaje.

El Informe verdadero: La deficiencia educativa, la carencia nutricional y el trabajo infantil generan cuadros de pobreza extendidos por generaciones.

Casi el 70% de las instituciones fiscales requieren algún tipo de reparación y, en la mayoría de los casos, las escuelas carecen de servicios básicos, conectividad, equipos tecnológicos y condiciones físicas adecuadas.

Existe un déficit de personal que alcanza 74.000 personas, sin embargo, el gobierno ha desvinculado a más de 30.000 docentes en los últimos años, se recurre a contratos temporales o nombramientos provisionales en lugar de otorgar nombramientos definitivos, promoviendo la inestabilidad laboral del magisterio; el discurso oficial sostiene que estos recortes se deben a que hay menos estudiantes, lo que es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

Del monto asignado a educación en el Presupuesto General del Estado, se ejecuta apenas el 50%.

La cifra de niñas, niños y adolescentes que excluidos del sistema nacional podría alcanzar hasta los 450.000 personas, si se consideran los datos acumulados de periodos recientes, donde la tasa de matrícula ha caído de forma sostenida.

Se establecen negociados a costa de los derechos de la infancia: familiares del presidente están entre accionistas de la empresa que ganó contratos para la alimentación escolar por 154 millones de dólares, y a pesar de las múltiples denuncias sobre la calidad de los productos, no se han realizado acciones para la fiscalización. La acción delictiva de bandas criminales en los centros educativos ha incrementado el reclutamiento de las y los estudiantes para formar parte del crimen organizado.

El gobierno ha impuesto fuertes disminuciones del presupuesto de las 19 universidades públicas; en este ámbito se percibe además la persecución a ciertas Universidades, como la Universidad de Los Pueblos Amawtay Wasi que sufrió recortes de casi el 70%, en un hecho que revela tanto retaliaciones como racismo. El Proyecto de Reforma a la LOES apunta a convertir a las Universidades públicas en Colegios Técnicos.

En los territorios más vulnerables del país, donde la expansión del crimen organizado ha convertido la vida cotidiana en un escenario de riesgo permanente, se ha incumplido la obligación de garantizar el acceso a la educación pública superior y, además, se ha negado el reconocimiento de sistemas educativos universitarios comunitarios que han surgido como respuestas legítimas desde las propias comunidades.

Cada año más de 400.000 estudiantes deben competir por apenas 110.000 plazas en universidades públicas, lo que configura una forma de exclusión estructural que priva a miles de jóvenes de alternativas reales de formación, desarrollo y construcción de proyectos de vida dignos.

Alternativas. Como dispone la Constitución de la República, el gobierno de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a una educaciónpública de calidad y gratuita hasta el tercer nivel, es la tarea fundamental del Estado y la sociedad para iniciar una etapa de desarrollo en las nuevas condiciones mundiales de las ciencias, las tecnologías y la vida.

Derecho al trabajo digno

El discurso del Gobierno: El desempleo es del 3%, el menor en la historia del país; la generación de empleo juvenil y la atracción de inversión privada son los motores para combatir la delincuencia y reactivar la economía. La mejor política de seguridad es un empleo, al dar oportunidades laborales y de pasantías pagadas a la juventud, se arrebata el capital humano a las bandas del crimen organizado.

Es urgente modernizar y flexibilizar el Código del Trabajo para adaptarlo a las dinámicas del comercio actual y el emprendimiento, la flexibilización de las modalidades de contratación, incluido el contrato temporal por horas, es la vía para formalizar el trabajo de las mayorías.

La creación de zonas francas con regímenes laborales y tributarios especiales, permitirá que el Ecuador pueda competir globalmente para que industrias tecnológicas, logísticas y manufactureras se instalen en el país y contraten mano de obra.

El Informe verdadero: Los derechos laborales han sufrido una regresión que coloca a nuestro país entre los más retardatarios del continente, el gobierno de Noboa no solo ha mantenido restricciones estructurales históricas (como la imposibilidad de sindicalización por rama y la exclusión de trabajadoras y trabajadores públicos), sino que ha intensificado la persecución, el control gubernamental sobre organizaciones sindicales y la precarización laboral, configurando un cuadro de incumplimiento sistemático y deliberado de las normas constitucionales y sus compromisos internacionales en libertad sindical, particularmente de los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Existe persecución activa contra el movimiento sindical con despidos masivos bajo figuras como el «visto bueno», procesos penales contra líderes y lideresas de organizaciones como el FUT, la UNE y otras, con el congelamiento de cuentas bancarias, espionaje legalizado mediante la Ley de Inteligencia (2025) y uso excesivo de la fuerza contra protestas populares.

Un reciente acuerdo ministerial permite la flexibilización que reconoce jornadas de 10 y hasta 12 horas diarias, que se pueden extender hacia fines de semana sin pagos adicionales, esta arbitrariedad se ha establecido a pesar de la última Consulta Popular donde se expresó claramente rechazo al pago por horas.

El Gobierno juega con las cifras oficiales, cuando dice que el desempleo es apenas del 3%, encubre la caída del empleo en los últimos meses, que supera las 400 mil personas solo hasta marzo del 2026. El empleo adecuado se ubicó en 32,1% de la PEA, el subempleo en 19,6%, el desempleo en 2,9% y el empleo no adecuado en el sector informal llega al 56,3%. El problema no es solo el desempleo abierto, sino la baja calidad del empleo disponible, 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa no tienen un empleo pleno, y cada día, el gobierno impone una nueva Ley para volver a reforzar la precarización con el contrato por horas, a pesar de su derrota en la Consulta Popular.

Alternativas: Un derecho fundamental garantizado en la Constitución es el trabajo digno para todas y todos, el paso inicial es el cumplimiento de los derechos laborales constitucionales y los compromisos con las normas y organismos internacionales sobre derechos laborales.

1.5. Derechos Humanos y de la Naturaleza.

El discurso del Gobierno: Los derechos humanos deben ser abordados bajo un enfoque de «seguridad integral y paz social», subordinados al objetivo de la pacificación del país, un derecho fundamental de la población ecuatoriana es a vivir en paz y sin miedo. Para garantizar los derechos humanos de la mayoría de la población, el Estado debe aplicar toda la fuerza de la ley contra los grupos de delincuencia organizada.

Una política central ha sido buscar armonizar la ecología con la atracción de inversiones, el camino es aplicar tecnologías limpias y estándares internacionales rigurosos para mitigar el impacto ambiental. Hemos iniciado la «transición ecológica», centrada en la descarbonización, el reciclaje y la protección de fuentes hídricas.

La apertura de la denominada «minería responsable»promueve a Ecuador como un destino minero seguro. La minería formal y a gran escala genera los recursos económicos necesarios para el Estado, combate la pobreza y desplaza a la minería ilegal, que es el verdadero enemigo ecológico y financiero del país.

La vocación ecológica y democrática del Gobierno se ha mostrado en el cumplimiento de las decisiones sobre el ITT-Yasuní, planificando el retiro progresivo de la infraestructura petrolera bajo criterios técnicos para evitar desastres ambientales durante el desmontaje.

El Informe verdadero: El informe de Naciones Unidas (NNUU) sobre la situación en Ecuador destaca su preocupación en varios aspectos como: la militarización de la seguridad pública; el uso recurrente de estados de excepción que afectan los más elementales derechos civiles de la población; el aumento de desapariciones forzadas a manos de la fuerza pública, que se calculan entre 50 y 100 personas, incluyendo casos de menores de edad; falta de independencia del poder judicial; ataques a la libertad de prensa y de expresión; irrespeto a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes; condiciones carcelarias inaceptables; y falta de prevención y protección contra la violencia de género y contra la niñez y adolescencia.

Desde el poder se afirma que las muertes violentas -que han alcanzado un máximo histórico-, se concentran en personas con antecedentes penales, con el argumento de que “se están matando entre ellos”, olvidando que nuestra Constitución no acepta la pena de muerte y mucho menos el uso de la justicia por mano propia.

El caso de desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas (Ismael, Josué, Nehemías y Steven) culpabilizados por su origen social e identidad étnica, no pudo ocultarse porque su detención a manos de una patrulla militar quedó registrada en una cámara; a pesar de las amenazas a jueces/juezas, madres y padres, organizaciones de derechos humanos, finalmente se sentenció en un juicio la desaparición forzada, pero no podemos olvidar que el asesinato continúa impune.

Las protestas sociales han ocasionado una respuesta estatal que incluye persecuciones, desapariciones, irrupción en domicilios, apresamientos ilegales, golpizas, congelamiento de cuentas bancarias, acusaciones de “terrorismo”, prácticas racistas como cortar el cabello de los indígenas y ejecuciones extrajudiciales, dejando como saldo el asesinato de Efraín Fueres -ejecutado con total frialdad ante sus familiares- y de José Guamán, quien murió por impacto de una bala en su pecho, y también de Rosa Paqui, quien falleció asfixiada en medio de una nube de gas lacrimógeno, sumándose casi un centenar de víctimas que sufrieron agresiones físicas y vejaciones e incluso disparos a mansalva produciendo graves heridas.

El ambiente bélico impuesto por el gobierno se exacerba con el cierre del espacio público con tanquetas militares; el traslado de convoyes militares que se presentan disfrazados de ayuda humanitaria; el bombardeo de montañas enteras con uso de cohetes tierra-tierra, como parte de la política de terror que se busca imponer.

Los acuerdos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los aparatos de Inteligencia del gobierno sionista de Israel se presentan como la solución a la inseguridad. Provoca especial alarma el uso de fuerzas armadas extranjeras para el bombardeo a una granja ganadera en la Amazonía, con la captura y posterior tortura de campesinas/os, así como la captura en altamar de pescadores artesanales y la quema de sus barcos por la acusación, sin ninguna prueba de tráfico de drogas.

Los derechos de las personas migrantes son menospreciados en todas sus formas, y más aún con una actitud sumisa y vergonzosa, el gobierno condecoró a Kristi Noem, ex funcionaria del régimen de Donald Trump, responsable de la aplicación de duras medidas represivas contra personas migrantes del Ecuador, las mismas que han sido cuestionadas por el Congreso de EE. UU. por corrupción, xenofobia y racismo.

En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, las cárceles se han convertido en mataderos humanos, las masacres carcelarias se han repetido con escenas terroríficas; la alimentación se ha convertido en un factor extorsivo que provoca muertes por inanición; se ha instalado un perverso sistema de muertes “por goteo” infringidas por los mismos presos; y la falta de controles médicos ha ocasionado una epidemia de tuberculosis que amenaza con sobrepasar los muros de las cárceles para expandir una epidemia hacia las poblaciones circundantes.

A pesar de que existe la norma Constitucional de que ningún preso político o común debe ser sometido a torturas, violaciones sexuales, tratos crueles o degradantes, privado de salud, alimentación y rehabilitación. !!!Ninguno!!!, las cárceles en el Ecuador, sobre todo la de Santa Elena, se han convertido en centros de tortura y exterminio, en la práctica el sistema carcelario del Ecuador ha convertido en víctimas a todas las personas privadas de la libertad.

Derechos de las mujeres y las niñas, los niños y adolescentes.

La violencia machista contra las mujeres ha escalado de forma alarmante, la situación de los femi(ni)cidios ha llegado al extremo de registrar el asesinato de una mujer cada 22 horas.

Los principios constitucionales de prioridad nacional o protección especial de niñas, niños y adolescentes se desconocen y atropellan. Los datos son alarmantes: el 70% de 900 mil niñas y niños en primera infancia no son atendidas en programas de desarrollo infantil o educación inicial, mientras el 10% sufren bajo peso al nacer; la desnutrición crónica permanece en niveles altos, afectando al 19,3% de infantes de 0 a 2 años; y en la población indígena llega al 32,3% en infantes de 0 a 5 años afecta al 17,5 % y en la población indígena al 34,5%.

Hay un incremento del 37% en el trabajo infantil: para el año 2024 se contabilizaban más de 370.000 menores trabajadores, en condiciones de clara explotación. El 13,3% de niños, niñas y adolescentes viven en hogares de extrema pobreza; y 33% en hogares en situación de pobreza.

Con el incremento de la acción de bandas criminales, la niñez, adolescencia y juventud enfrenta el reclutamiento, aumento de muertes y desplazamientos internos.

Derechos de las Nacionalidades y las comunidades indígenas y campesinas

Discurso del Gobierno: La verdadera inclusión no es política, sino económica. los pueblos indígenas se benefician del modelo general del gobierno, basado en la inserción laboral, el emprendimiento agrícola y el fortalecimiento de microeconomías locales. No se requiere tratos especiales en la educación bilingüe, ni derechos diferenciados con los derechos generales de la ciudadanía.

Lideresas y Líderes indígenas se han autoproclamado la voz del pueblo, pero son una minoría electoral. Las movilizaciones son ilegales, atentan contra la seguridad del Estado.

El Informe verdadero. Esta expansión ha creado conflictos y enfrentamientos con las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos que resisten la invasión de sus tierras comunales y la contaminación minera. El Gobierno ha dispuesto la militarización de zonas mineras para proteger a las mineras. No ha respetado los pronunciamientos de las Consultas en Azuay, en el Chocó Andino, en defensa del agua y la vida.

El Gobierno ha mantenido una política confrontativa contra organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ha cuestionado públicamente a los líderes indígenas y ha utilizado a la justicia para la persecución. La represión violenta y los asesinatos de Efraín, Rosa y José en el Paro de Octubre-noviembre del año pasado, bajo un discurso de defensa de la seguridad ante el terrorismo, forma parte de la estrategia de “guerra interna”, con graves afectaciones de los derechos humanos.

El problema principal en esta última década ha sido el ataque y la invasión a las tierras comunales tanto en la Costa, como en la Amazonía, con el aval de una red de autoridades del Ejecutivo y la Justicia. La propia familia del Presidente ha estado involucrada en el caso de Olón.

Uno de los aportes más importantes del Ecuador al constitucionalismo mundial fue ser el primer país que reconoció los derechos de la Naturaleza, sin embargo, este régimen los ignora abiertamente para promover la expansión de sus planes mineros y petroleros. En el 2025 Ecuador perdió 33.000 hectáreas de bosque natural, con alta concentración en la Amazonia, debido al cambio de uso de suelo (agricultura y ganadería), la construcción de vías, exploración minera legal e ilegal, hidrocarburos y la comercialización legal e ilegal de madera, sobre todo, la balsa.

En el 2025 el gobierno nacional propuso una «Hoja de Ruta de los Hidrocarburos», que abre casi 30,000 km² de la Amazonía a nuevas perforaciones petroleras, incluyendo los territorios ancestrales de siete pueblos indígenas (andwa, shuar, achuar, kichwa, sápara, shiwiar y waorani). Ninguno ha otorgado su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional^.

Sobre el proceso de cierre de Yasuni ITT, el gobierno reporta un cierre lento y progresivo (a marzo de 2026 solo se había cerrado un pequeño número de pozos). La Corte Constitucional ha recibido demandas por incumplimiento debido a que el retiro de infraestructura sigue estancado. Y más bien ha impulsado una campaña de persecución contra los Yasunidos.

La minería ha tenido una alta expansión sobre todo en el sur de la Amazonía, a partir del 2020. La tendencia se mantiene, tanto a través de la concesiones legales, como a través de la minería ilegal, asociada a organizaciones delictivas como Los Lobos y Los Tiguerones, identificadas principalmente en ciudades comoTena y Puyo. Las exportaciones mineras alcanzaron los 3 600 millones de dólares en 2025, superando al 2024 que alcanzó los 3 078 millones. En el primer semestre del 2026 se reabre el catastro minero, para nuevas concesiones.

Alternativas. La fortaleza de la democracia se mide con el respeto real a los derechos humanos individuales, colectivos, y de la naturaleza, el camino es el cumplimiento pleno de la Constitución de la República, que contiene disposiciones precisas y avanzadas para proteger los derechos mencionados, como la obligación fundamental del Estado en cuanto a la salud, educación y derechos humanos, el Estado debe retomar el manejo efectivo de estos ámbitos, para garantizar la continuidad de la vida y la integridad familiar, como núcleo y semilla para el florecimiento de la Patria.

ECONOMÍA, DEUDA EXTERNA, ENERGÍA

Economía y deuda externa

El discurso del Gobierno: Es irónico que se hable de crisis en el “Nuevo Ecuador”, la economía es saludable, las principales entidades financieras como los Bancos Pichincha, Pacífico y Guayaquil reportan ganancias significativas, alcanzando la suma de 946 millones de dólares en 2025, y siguen liderando con utilidades millonarias hasta abril de 2026.

El Producto Interno Bruto ha crecido al 3,4% en el primer trimestre de 2025; las reservas internacionales, que están depositadas fuera del país, alcanzaron un récord histórico de más de 10 mil millones de dólares en diciembre del 2025; el riesgo país está por debajo de 700 puntos, jamás ha sido visto con tan buenos ojos por la economía mundial. Hemos sido disciplinados, la primera preocupación ha sido pagar la deuda externa, como condición para la confianza internacional y la seguridad jurídica. Las ventas han aumentado el 10% y las exportaciones en el 16,6%, según reportes de finales de 2025.

Este es un momento de fiesta, la inversión extranjera en el 2025 llegó a 850 millones de dólares, sobre todo en minería y flujos de capital, si bien la deuda externa ha aumentado a mil millones de dólares, porcentualmente, desde que Noboa asumió el poder, ha bajado del 39,5% a un 37,9% del PIB en enero de 2026, es decir el nivel más bajo de los últimos años; hemos conseguido un nuevo tramo de crédito por 394 millones de dólares.

Con las buenas calificaciones del riesgo país, emitimos bonos por 1 mil millones de dólares en enero de este año, y por 4 mil millones en mayo, parar recomponer la deuda y aliviar los pagos. Todo está bajo control.

Logramos una conversión de deuda por conservación, lo que significará una reducción de 800 millones de dólares hasta el año 2035. Con esta iniciativa, transformamos la deuda en esperanza y la biodiversidad en un legado para la humanidad. Éxito total, algo que no ha hecho ningún gobierno en la historia de nuestro país. La economía está por encima de los cantos ilusos del cuidado de la selva, la biodiversidad construye la esperanza cuando está al servicio de la economía.

A principios de 2026, se redujo la pobreza al 21%, el nivel más bajo en la historia del país. Trabajamos para todos, especialmente para los más pobres.

El Informe verdadero: Según los datos del Gobierno vemos que los banqueros están de fiesta, han ganado 90 millones de dólares en un año; los exportadores, sobre todo bananeros, están en la gloria con el crecimiento de las exportaciones en un 17%.

El secreto es que el Estado está al servicio de los poderosos, en 2024 las exoneraciones y otros tratamientos especiales en la tributación ascendieron a USD 6.607,35 millones de dólares, equivalente al 5,3% del PIB y al 38,5 % de la recaudación tributaria. Este año con una Ley económica urgente, que luego la CCE declaró inconstitucional, Noboa borró 90 millones de dólares de la deuda que su familia mantenía con el SRI.

Las políticas públicas no se establecen sobre la base de una data certera y transparente, sino de acuerdo con las percepciones que le resultan útiles al gobierno.

La deuda externa del Ecuador se ha disparado hasta niveles insostenibles, en enero de 2025, la deuda pública total del país bordeaba los 65 mil millones de dólares, representando el 52% del PIB, fuera de la norma constitucional que establece un límite de endeudamiento de máximo el 40%. Y eso sin contabilizar la última contratación de deuda de este año 2026.

La bonanza pintada por el Gobierno es una ficción, el país está hipotecado. En enero del 2025, la deuda pública total era de 65 mil millones de dólares, representando el 52% del PIB; sin tomar en cuenta la última contratación de deuda de este año 2026, sumada la deuda interna, el total de la deuda pública es de 90 mil millones de dólares. La gran pregunta es ¿dónde están las inversiones?

Pero si el volumen de la deuda resulta escandaloso, mucho más lo son las condiciones que impone el FMI, que atentan directamente contra cualquier manejo soberano de la economía, alentando la privatización de sectores estratégicos, la liberalización de precios de combustibles y energía, e incidiendo en la gobernanza interna con medidas que buscan minimizar los servicios del Estado para entregar las necesidades de la ciudadanía a manos privadas.

El presidente mandó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente que le permitió a sus empresas una condonación de más de 70 millones de dólares por impuestos atrasados. Y aunque después la ley se declaró como inconstitucional, el hecho ya estaba consumado.

Además, se vendieron 7,5 toneladas de oro de las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE), por un valor inferior al del mercado internacional, ocasionando pérdidas de 240 millones de dólares. Y todavía se investiga si los compradores corresponden a las empresas offshore Festil Investments S.A. y Bostel Finance S.A., jamás reportadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) y que pertenecen al entramado corporativo de la familia Noboa.

Mientras tanto las reservas internacionales que están depositadas fuera del país alcanzaron un récord histórico de más de 10 mil millones de dólares en diciembre del 2025, lo que garantiza que el CIADI nos otorgue una calificación positiva en el índice de riesgo país, para poder endeudarnos aún más.

El incremento del IVA al 15%, supuestamente para gastos de seguridad, no ha dado resultados visibles, pero sí agobia la economía de las familias.

Se aprueban proyectos de ley que permiten una evasión tributaria legalizada para empresas que entreguen cualquier clase de donaciones para uso de la policía nacional, sin analizar que sean realmente necesarias o compatibles y sin establecer montos referenciales.

El otro lado de la medalla es que el costo de la canasta básica se aproxima a los 830 dólares, mientras el salario básico se establece en un consolidado de 482 dólares, casi la mitad de lo que se necesita para una subsistencia al límite de la pobreza. En medio de esta bonanza para los exportadores, los campesinos denuncian que el precio establecido para el banano, de 7.25 dólares por caja, no les alcanza para cubrir sus costos de producción y que, muchas veces, se les paga incluso menos.

Un aspecto que señala el gobierno como índice positivo es el aumento de las utilidades bancarias, que en el año 2025 alcanzaron la exorbitante suma de 946 millones de dólares, como si las ganancias de los banqueros representaran una mejora en la economía de las familias, en este punto es legítimo preguntarnos sobre el origen de los fondos que generaron tales ganancias, pues no se investiga su posible relación con un sistema de lavado de activos.

Otro punto que el gobierno establece como positivo es el aumento de la inversión extranjera, que en el 2025 redondeó 850 mil millones de dólares. Y nuevamente nos permitimos cuestionar -algo que la Procuraduría debería hacer- el origen de estos fondos, el porcentaje real que se queda en el país y si las empresas inversoras están o no relacionadas con firmas offshore de la familia presidencial, porque es una práctica conocida la de enmascarar monopolios tras una supuesta participación de empresas extranjeras que, además, se benefician de condiciones dúctiles que facilitan su inserción en el mercado nacional.

Este panorama macroeconómico no se relaciona con la realidad económica que viven las familias. En la clase media, el nivel de endeudamiento es asfixiante y más de 3 millones de ecuatorianos están en mora con instituciones financieras.

De manera conveniente para el poder, pero insultante para los afiliados, en sus balances no se muestran los 30 mil millones de dólares que se adeudan al IESS y que ponen en peligro la sostenibilidad de todo el sistema de pensiones y prestaciones de salud por parte de esa entidad.

Alternativas. A pesar de la propaganda del gobierno, tenemos alternativas, hay esperanza. Tenemos semillas de una economía diferente que parte de las necesidades vitales de la gente, ordenar toda la economía para la salud, el empleo, la educación, la vida.

En los sectores que rigen la economía, los recursos no renovables y la energía, se debe priorizar el bien común por encima de las disposiciones del FMI y la avaricia de las élites locales.

Ordenar el gasto público alrededor de resultados verificables de educación, salud, seguridad, nutrición infantil, agua, saneamiento, conectividad, infraestructura productiva y mantenimiento vial deben prevalecer sobre gasto improductivo, subsidios mal focalizados, beneficios tributarios regresivos y programas sin evaluación.

Recuperar la inversión pública estratégica en la obra pública debe cerrar brechas territoriales, mejorar escuelas y centros de salud, garantizar agua potable, recuperar vías, fortalecer seguridad, ampliar conectividad y apoyar infraestructura productiva.

Colocar el empleo adecuado en el centro de la política económica, sin empleo formal, productivo y mejor remunerado no habrá reducción sostenible de pobreza, fortalecimiento de la seguridad social, aumento de recaudación ni recuperación sólida de la demanda interna.

Distinguir entre deuda productiva y endeudamiento especulativo. Endeudarse para financiar inversión pública de alta rentabilidad social puede fortalecer el desarrollo, para pagar deuda anterior, cubrir gasto corriente o sostener estructuras ineficientes profundiza la fragilidad fiscal. La prioridad debe ser reducir el endeudamiento improductivo, transparentar todas las obligaciones públicas, ordenar vencimientos y proteger la inversión que eleva productividad, empleo formal y bienestar social.

La esperanza viene desde los barrios de las comunidades, podemos convertir a nuestro país en potencia agroecológica uniendo la sabiduría de los pueblos con los resultados de la cuarta revolución tecnológica.

2.2. Energía.

El informe verdadero: Al inicio de la crisis energética se despidió a una ministra por manifestar que los apagones eran inevitables, incluso con cargos de conspiración, luego dijeron que los recortes de energía eléctrica fueron causados por el mantenimientos del sistema eléctrico nacional, o por atentados terroristas causados por parte de un grupo de funcionarios corruptos que abrían unas compuertas inexistentes para vaciar embalses. En su cinismo, incluso culpabilizaron a una zarigüeya que habría ocasionado daños, tratando de tapar su ineptitud con falsedades evidentes.

Aseguraron que se iban a comprar generadores de última generación, pero los motores de la compañía PROGEN resultaron inservibles, con 60 años de antigüedad e incompatible con nuestro sistema. Por esta chatarra se pagó un adelanto del 70%, no se contrataron seguros y tampoco se han determinado responsabilidades, pero el país perdió más de 100 millones de dólares en esa contratación.

Se alquiló una barcaza que no pudo funcionar por meses y cuando finalmente arrancó, entregó la mitad de la energía esperada, con bombos y platillos inauguraron la hidroeléctrica Toachi Pilatón en el 2025, cuando la verdad es que la obra estaba lista en un 95% desde el año 2017.

Impulsaron termoeléctricas como una gran solución, pero sin aclarar que se trata de negociados privados, que le venden energía al Estado a costos elevadísimos.

Como las termoeléctricas utilizan un fuel oil que se producía en la refinería de Esmeraldas, prácticamente acabaron con su capacidad operativa, eliminando mantenimientos y permitiendo dos incendios de grandes proporciones, que muy bien pudieron ser autoatentados.

Durante los apagones del 2024 se importaron miles de generadores domésticos y de mediano alcance, que se vendieron a precios exorbitantes a la ciudadanía, por parte de empresas asociadas a los intereses de la familia Noboa.

Un alivio temporal se encontró en la compra de energía desde Colombia, pero se rompieron relaciones con ese país, lo que nos lleva de lleno a depender de las termoeléctricas, es decir, de la generación de energía privada, aunque nuestra Constitución especifica que se trata de un sector estratégico, que debe ser prioridad del Estado.

Ahora continúa la misma lógica perversa, asegurando que no habrá cortes de luz, mientras les piden a los empresarios que utilicen generadores por hasta 14 horas diarias. Nuevamente anuncian la llegada de barcazas, que de seguro van a generar, más que energía, ganancias millonarias para los sectores privados.

El afán de arrasar con todo el sistema tiene detrás la clara intención de privatizar el sector eléctrico, renunciando a las responsabilidades del Estado y negociando con un servicio vital para la ciudadanía.

El costo que hemos pagado se traduce en miles de negocios quebrados, en un terrible daño al medio ambiente causado por la quema de combustibles en prácticamente todos los centros productivos, con afectación a profesionales y estudiantes, pero también con pérdida de vidas, por falta de energía en hospitales y en los hogares de personas vulnerables.

Alternativas: Para dejar de quemar el residuo en las termoeléctricas, el país necesita fuentes alternativas de generación con gas natural importado, biomasa o más inversión en energía renovable (solar, eólica, geotérmica) lo que requiere planificación; no se puede cambiar de un día para el otro, pero mientras no se inicie, el círculo vicioso seguirá girando.

El problema está en que el gobierno prioriza evitar apagones hoy (quemando el residuo) sobre resolver el problema de fondo (modernizando la refinería). Es una decisión de corto plazo contra una solución de largo plazo.

El Ecuador tiene un alto potencial de energías limpias usando la fuerza hidroeléctrica, solares, eólicas, por lo que se requiere retomar planes integrales para garantizar la soberanía energética.

Petróleo

El informe verdadero: ¿Por qué el país tiene petróleo, pero importa combustibles, y cómo salir de este laberinto? la gran contradicción de un país petrolero que importa combustibles, Ecuador extrae petróleo de la Amazonía, lo vende al mundo, pero luego compra gasolina y diésel en el extranjero porque sus propias refinerías no pueden producirlos en cantidad suficiente.En 2025, el país importó 74 millones de barriles de combustibles. Eso representa una factura de aproximadamente 6.000 millones de dólares que salen del país cada año.La refinería más grande del país, la de Esmeraldas, funciona actualmente al 41% de su capacidad. Es como tener una fábrica enorme que solo trabaja dos días a la semana.

Llegamos a esta situación porque gobierno ha reducido la inversión en la industria petrolera, en 2025, la inversión cayó un 72% en comparación con el año anterior, sin inversión, las máquinas se deterioran y producen menos; se despidió a 1.379 trabajadores y trabajadoras experimentadas, incluyendo ingenieros/os y técnicos/as especializados/as, al expulsar el conocimiento, aumentaron los accidentes como incendios, derrames y paralización de plantas petroleras. Los directivos de Petroecuador cambian constantemente, en pocos años han pasado 8 gerentes distintos, cada uno llega con su propio plan, y ningún plan se termina de ejecutar. El gobierno prioriza el pago de la deuda externa por sobre la inversión en la industria, en 2025, se condonaron 853 millones de dólares a Petroecuador que le debía el Estado, dinero debía llegar a la producción y al mantenimiento, en los dos últimos años los oleoductos han sido saboteados de manera permanente.

Hemos llegado al terrible momento de no poder siquiera atender las demandas de combustible del consumo interno y de líneas aéreas internacionales, con la evidente afectación al turismo que eso supone.

El petróleo es la mayor fuente de ingresos del país y se ha manejado con la peor de las codicias. Se adjudicó un millonario contrato para la compra de etanol Isabel Noboa, a la tía del presidente; Petronoboa, manejada por el hermano del presidente, se creó para manejar contratos públicos, a pesar de no tener la experiencia necesaria, cuando se denunció el hecho, el SRI anuló 6.800 facturas de la empresa.

Luego de 20 años, el oleoducto de crudos pesados (OCP) debe pasar a manos del Estado, pero el proceso se ha demorado, construyendo un escenario previsible para que nadie se asombre cuando se declare una nueva concesión a empresas privadas.

Para cumplir con la receta del FMI se liberaron los precios de combustibles, en los últimos dos años la gasolina ha subido 25% en promedio, y el diésel casi un 60%, con impactos negativos sobre las condiciones de vida de la población y los costos de la producción.

En el Tratado comercial con EE. UU. se establece preferencia para las inversiones norteamericanas en el sector de hidrocarburos, lo que permitirá reanudar los desastres ambientales y sociales que dejaron esas corporaciones en décadas pasadas.

El costo ambiental de los derrames y la falta de remediación se traducen en ríos afectados, en actividades de pesca interrumpidas, en cultivos arrasados por la mancha de aceites y combustible, pero también en vidas humanas, pues la afectación a la salud en las comunidades tiene efectos a largo plazo.

Alternativas. De debería elaborar una hoja de ruta clara con metas realistas, con la producción de 450.000 barriles diarios de manera estable durante los próximos 15 años, esto requiere invertir en tecnología y en el mantenimiento de los pozos existentes, también se necesita estabilidad laboral, l asegurando el personal técnico experimentado sin despedidos o reemplazos con personal sin formación y experiencia.

En la refinación, la Refinería de Esmeraldas necesita un «tren de alta conversión», esta tecnología permite transformar el residuo (hoy quemado) en gasolina y diésel de alta calidad, si se completa este proyecto, Ecuador podría producir el 95% de los combustibles que consume y dejar de importarlos, el ahorro anual sería de casi 1.000 millones de dólares.

El verdadero obstáculo es la demagogia en la política, y no la falta de fundamentos técnicos, el problema no es que falte tecnología o que los números no cuadren, los números son claros al plantear que convertir el residuo en diésel es mucho más rentable que quemarlo.

La gran pregunta que nadie responde es ¿cuánto tiempo más puede el Ecuador seguir exportando su crudo barato para importar combustibles caros, mientras quema la materia prima que podría hacerlo autosuficiente? este no es un problema técnico ni financiero, es un problema de decisiones, Ecuador sabe lo que hay que hacer, los números demuestran que es rentable, la tecnología existe y está probada en otros países; el obstáculo está en las y los tomadores de decisiones, no en la realidad del subsuelo. Mientras sigan pensando en la emergencia del próximo apagón en lugar de pensar en los próximos 15 años, el país seguirá atrapado en esta paradoja.

La ciudadanía como pueblo, tenemos una ventaja, no estar atrapados en la urgencia del día a día, podemos pensar con perspectiva, y esa perspectiva nos dice que un país que tiene petróleo no debería importar combustibles.

La pregunta que queda en el aire es ¿habrá algún día la voluntad política para romper este círculo vicioso, o seguiremos explicando la misma paradoja dentro de otros veinte años?

Un dilema: agua y vida o minería.

El informe verdadero: En cuanto a la explotación de yacimientos mineros, se bombardean montañas enteras en Imbabura y la Amazonía, supuestamente para desalentar la minería ilegal y cuidar del medio ambiente, matando flora y fauna en el proceso, cuando el interés escondido tras esas acciones es abrir las puertas a operaciones de gran escala, manejadas por corporaciones cuyos accionistas forman parte del entramado empresarial de la familia del presidente. Además, en este ámbito ha salido a la luz un descarado caso de corrupción y pedido de coimas semanales por parte de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).

Una muestra del tratamiento inapropiado y descorazonado hacia el agua, la podemos encontrar en la tristemente famosa Cárcel del Encuentro, donde han provocado un verdadero ecocidio en el río Las Negras, contaminando su caudal con desechos que se vierten sin ninguna clase de tratamiento, afectando la vida y subsistencia de miles de ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Santa Elena que, directa o indirectamente, dependen de este río para sus actividades productivas y de sostenimiento de la vida.

Alternativas. El agua es vida, y la vida se defiende.

Nuestra Constitución declara el agua como un derecho humano e identifica su cuidado como una estrategia primordial del Estado, pero este gobierno menosprecia su importancia vital y cultural, de manera reiterativa.

En la Consulta Popular del año 2024, el pueblo de Ecuador se manifestó claramente a favor de su cuidado y contra el desarrollo de proyectos mineros en parques naturales y en zonas cercanas a fuentes de agua, pero a pesar de este mandato popular directo, el gobierno ha insistido en la instalación de proyectos de minería a gran escala en parques y páramos, como en el caso del proyecto Loma Larga que se busca ejecutar en la zona de Quimsacocha, en Azuay, con el agravante de la intervención de la esposa del presidente como su promotora, con visitas a comunidades en donde busca lograr su aceptación con regalos otorgados por la empresa minera, emulando la entrega de abalorios y espejos que los colonizadores europeos realizaban en el siglo XVI.

Infraestructura y vivienda

El informe verdadero: La vialidad está en una situación de franco abandono en las principales carreteras del país.

Ante la carencia de viviendas populares, el gobierno ha propuesto una ley que condona el pago de impuesto a la renta para las empresas constructoras que “regalen” viviendas a bajo costo, sin especificar porcentajes ni características, como si la calidad de vida de las poblaciones más empobrecidas no tuviera importancia. Este proyecto normativo tiene el agravante de facilitar los negocios de empresas constructoras y financieras relacionadas con los bienes raíces, sin incluir la investigación de los donantes ni el origen de sus recursos, a pesar de que, en estos últimos años, se ha incrementado de manera evidente un sistema de lavado de activos utilizando como fachada a empresas de este sector, como se demostró en el caso de la Isla Mocolí.

Además, estas construcciones se realizarían en lotes cuyo costo no será determinado por municipios ni prefecturas de acuerdo con su catastro, sino por una comisión particular, aportando opacidad a los procesos y oportunidad de negociados evidentes.

En mayo del 2024 la esposa del presidente intentó instalar un gran proyecto inmobiliario en un área ambiental protegida conocida como Esterillo Oloncito, enarbolando unos permisos ambientales emitidos a toda prisa y apenas 13 días después de que el presidente posesionara en el cargo, ignorando regulaciones ambientales expresas que declaraban esa zona de manglar como Área Protegida. Solamente la fuerte protesta y la vigilia de los comuneros de Olón consiguieron parar el proyecto.

Otro intento de apropiación indebida de terrenos se registró en enero de este año 2026, en la provincia de Santa Elena, donde se pretendía comprar a menos de la quinta parte de su valor un gran lote, utilizando como testaferro a un familiar de la empleada doméstica de Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública del gobierno de Noboa.

La obra del quinto puente de Guayaquil, que ha sido motivo de persecuciones judiciales contra la prefecta de Guayas Marcela Aguiñaga (quien finalmente renunció a su cargo), presenta graves irregularidades en sus procesos de expropiaciones, pues se ha modificado su ruta para atravesar terrenos que son de propiedad de la familia Noboa, que se beneficiaría con el pago de compensaciones.

Esto ocurre mientras obras de infraestructura, necesarias y urgentes están relegadas al olvido, probablemente, porque no representan ganancias económicas para los funcionarios de este régimen.

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LA INSTITUCIONALIDAD Y LA TRANSPARENCIA.

Consultas Populares

El gobierno debe cumplir con los mandatos directos y obligatorios que se originan en las Consultas Populares, pero ha ignorado la voz ciudadana, una y otra vez.

Se debía detener la explotación petrolera en el Yasuní, pero no se le da cumplimiento a ese mandato y a los promotores de la iniciativa se les imponen una multa de miles de dólares, por una supuesta falta en su declaración, de 39 centavos.

La votación popular ordenó que la actividad minera no se realice en parques nacionales y en zonas cercanas a fuentes de agua, pero se continúa con la adjudicación de contratos exploratorios a favor de corporaciones extranjeras. Para apoyar estas arbitrariedades se eliminó el Ministerio del Ambiente y lo fusionaron con el Ministerio de Energía y Minas, en un profundo contrasentido.

Con la Ley sobre minería aprobada por la Asamblea, se elimina el requisito de licencia ambiental, para sustituirla con un simple permiso administrativo. Además, se dispone a los militares defender las inversiones mineras, eliminando con la fuerza de un armamento que puede llegar a ser letal, el legítimo derecho de la gente de exigir que se cumpla la Consulta Popular.

En Consulta Popular el pueblo determinó que no se utilice la figura del arbitraje internacional para el manejo de controversias en los Tratados con otros Estados o los contratos de inversión con empresas extranjeras, pero el gobierno adelanta la firma de tratados internacionales que incluyen arbitrajes que, además, no pueden ser analizados porque se presentan como “reservados”.

El pueblo dijo “NO” a las intervenciones de otras fuerzas militares en nuestro país, pero el gobierno abre las puertas a mercenarios como Erick Prince y al ejército norteamericano, para que ocupe nuestras instalaciones militares y se instalen también en el mar territorial, incluyendo las Galápagos, con buques y portaviones que apoyan la expansión geopolítica de EEUU, ignorando nuestra soberanía.

Elecciones generales

Las elecciones generales son el corazón de la vida democrática de una república, cuando se llevan a cabo en igualdad de condiciones para todos los participantes y bajo el cuidado de autoridades imparciales que rinden cuentas únicamente a la ciudadanía. Pero en los últimos procesos electorales estos requisitos se han demostrado como inexistentes.

Las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplen roles funcionales al poder, con la honrosa excepción de la Dra. Elena Nájera, que de manera permanente ha denunciado las irregularidades que se comenten en esa institución.

Los intereses creados con el gobierno se demuestran en vínculos directos: la presidenta del CNE, Diana Atamaint, tiene un hermano que este gobierno nombró Cónsul en la ciudad de Manhattan; y el sobrino del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, está vinculado en negociados con barcazas de generación eléctrica y compra de gas natural.

El concurso para renovar a los consejeros del CNE ha sido interrumpido varias veces por manipulaciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y como resultado, los consejeros están prorrogados en sus cargos por más de 4 años y su actitud servicial hacia las órdenes del Ejecutivo se ha demostrado de manera reiterada; cuando permitieron que el presidente no pidiera permiso para entrar en campaña electoral aunque el Código de la Democracia establece claramente esta necesidad; cuando miraron hacia otro costado mientras el Ejecutivo inauguraba una feria de entrega de bonos con la clara intención de comprar votos, al mismo tiempo que los candidatos oficialistas y sus funcionarios regalaban cocinas de inducción, fundas de víveres y hasta muñequitos con la figura del presidente como juguetes para los niños en las zonas más empobrecidas del país, a pesar de la prohibición normativa contra estas prácticas.

Para el próximo proceso electoral de carácter seccional y ante la evidente caída de aceptación del gobierno, buscaron eliminar los contrapesos democráticos y suspendieron a la Revolución Ciudadana (RC), para dejarla fuera de la papeleta electoral. Bajo la misma lógica de eliminar opositores se han iniciado procesos en contra del partido Unidad Popular (UP) y el Movimiento Construyendo Oportunidades (CONSTRUYE).

Violentando la normativa expresa del Código de la Democracia y hasta de la Constitución, el CNE resolvió adelantar el próximo proceso electoral por más de tres meses, para realizarlo en noviembre de este año 2026, acortando el tiempo de selección de candidatos al interior de las organizaciones políticas y recortando sensiblemente el período de campaña para los aspirantes a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, en una medida que, además, apunta a reducir los plazos para que los movimientos proscritos puedan subsanar su situación.

Esta resolución se llevó a cabo de manera apresurada, principalizando a consejeros alternos y bajo el endeble sustento de un informe sobre afectaciones climáticas que podrían ser causadas por el Fenómeno de El Niño en los primeros meses del año entrante y que causarían problemas en el 5% de los recintos electorales del país, con un descaro antidemocrático que no se puede disimular, porque los ecuatorianos conocemos nuestro clima, sabemos que es casi imposible identificar cambios climáticos con 11 meses de antelación y hemos vivido en otras oportunidades dificultades que han afectado un porcentaje mayor de recintos electorales, sin que eso provocara cambios en los calendarios de las votaciones, sino reinstalación de mesas en los lugares que puntualmente resultaron afectados.

Se han emprendido acciones completamente ilegítimas, utilizando procesos de fiscalización exprés para perseguir a Alcaldes, y de calificación de atentados contra la seguridad nacional, para perseguir a dirigentes sociales.

Detrás del arresto del edil guayaquileño se esconden asuntos muy oscuros que añaden indicios de corrupción a la opacidad democrática, pues el alcalde encabezaba la denuncia de un posible autoatentado con bomba perpetrado en la bahía de Guayaquil, con el involucramiento de un Porsche último modelo que pertenece a una de las empresas de Noboa y que fuera detectado en una visita a la casa del delincuente identificado como autor del atentado, gracias a las cámaras de seguridad de la empresa pública Segura EP, manejada por la alcaldía; además, el arresto ocurrió inmediatamente después de que el Alcalde anunciara que visitaría embajadas europeas para presentar pruebas que involucran al consorcio corporativo de la familia presidencial en el tráfico de estupefacientes.

Para añadir otra mancha en este asunto tan oscuro, el Ministerio del Interior intervino a Segura EP, incautó sus cámaras y, con ellas, las evidencias que involucran al Porsche, esperando desmantelar el caso judicial.

Institucionalidad democrática

Desde el 2024, el Ecuador ha vivido un Estado de excepción permanente y desmantelamiento de la institucionalidad democrática, con estados de excepción, los toques de queda han restringido derechos fundamentales. Inicialmente se justificaron para combatir la inseguridad, pero se han convertido en el modo ordinario de gobierno.

La democracia, para poder llamarse así, debe cumplir con algunos requisitos básicos y elementales, con separación entre las funciones del Estado, libertades civiles garantizadas y un manejo público transparente, pero en el gobierno de Noboa todas y cada una de estas condiciones han sido violentadas, se ha producido una cooptación de todas las instituciones del país, bajo un régimen que debe definirse como una autocracia o una dictadura civil, que se sostiene por un uso instrumental de las Fuerzas Armadas y una justicia servicial a sus intereses.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional no se consiguió en las urnas, sino con la cooptación de miembros de otras tiendas políticas, en un procedimiento no explicado que sumó 11 voluntades a sus filas, asegurando la fuerza parlamentaria que mantiene desde entonces, tanto en el Pleno como en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en la mayoría de las Comisiones. En el proceso se han vulnerado los derechos de varios asambleístas de la oposición, con multas y sanciones, con retiro de su inmunidad parlamentaria y con el impedimento de reintegrarse a la Asamblea luego de una suspensión temporal. Como resultado, la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional está prácticamente paralizada y la aprobación de leyes se limita a la firma de proyectos enviados por el Ejecutivo bajo el membrete de económicos urgentes.

La Superintendencia de Bancos y también la de Compañías se han manejado de manera sumisa a los intereses del Ejecutivo. Una muestra de esto representa la persecución orquestada contra el Diario Expreso, bajo el pretexto de no haber reportado un cambio de accionistas minoritarios.

Los cambios en el CPCCS tienen un origen de cooptación política evidente, para manejar los concursos de designación de autoridades.

La Fiscalía General del Estado se mantuvo durante los primeros meses del gobierno bajo la conducción de Diana Salazar, que cumplía con los pedidos del presidente a cambio de beneficios personales, lo que se demostró completamente cuando, siendo aún Fiscal, presentó cartas credenciales para ser admitida como embajadora en Argentina, rompiendo cualquier ilusión de separación de funciones y alineando sus intereses particulares con los del Ejecutivo, de manera directa.

En el proceso de selección del nuevo Fiscal, las irregularidades han sido tantas que la Comisión Ciudadana de Selección renunció por falta de transparencia; y la nueva Comisión ratifica irregularidades que apuntan con claridad hacia José De La Gasca, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como ministro de Gobierno de Noboa.

Los escándalos suscitados en torno al Consejo de la Judicatura nos colocan en una postura de vergüenza internacional, con autoridades que han sido destituidas por haberse demostrado conflicto de intereses relacionados con casos judiciales de lavado de activos de la mafia albanesa; con la inconsistencia por parte del Ministerio del Trabajo de inventarse un impedimento sostenido por más de 6 semanas para que la subrogante Alexandra Villacís no asuma la presidencia del organismo y que fuera levantado apenas presentó su renuncia; con las actuaciones del Fiscal encargado Leonardo Alarcón, que estuvo involucrado en el caso Nene que arrasó con los derechos políticos de la exvicepresidenta y con el caso Triple A, que ha sido utilizado para confiscar los derechos civiles y democráticos del alcalde de Guayaquil.

La apertura indagaciones y persecuciones fiscales contra jueces y personajes políticos se ha tornado un asunto cotidiano, dando como resultado la renuncia de autoridades, su encarcelamiento o su silenciamiento.

La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) es el último reducto que se ha mantenido con una relativa autonomía, resistiendo los embates del gobierno en algunos aspectos y cediendo en otros, bajo el permanente chantaje del Ejecutivo, que ha organizado marchas en su contra, publicado enormes pancartas que muestran a los jueces como responsables del aumento de la delincuencia y con la apertura de procesos de investigación fiscal que ya provocaron la renuncia del juez constitucional Raúl Llasag, con el resultado inmediato de que la jueza constitucional Claudia Salgado Levy negara medidas cautelares para detener el efecto de la ley contra los GADs, lo que permitirá su aplicación como instrumento político electoral, mientras se analiza su impertinencia constitucional.

Alternativas. La institucionalidad democrática debe reconstruirse desde cero, para instalar un equilibrio básico entre las funciones del Estado.

El país necesita urgentemente recuperar un sentido gravitacional de la democracia, con un eje centrado en el futuro del país, donde las competencias de cada entidad ejerzan pesos y contrapesos que eviten el colapso de todo el sistema, y donde la voluntad del pueblo, expresada en mecanismos como las Consultas Populares, sea cumplida rigurosamente.

Transparencia y comunicación

La rendición de cuentas y la transparencia no son optativas, son mandatos de cumplimiento obligatorio para todos los ámbitos de la administración pública. Los funcionarios, absolutamente todos, deben cumplir estricta y únicamente con las atribuciones que la ley les faculta.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica que solamente en casos de estricta excepción se permiten reservas de información, pero el Ejecutivo mantiene el secretismo como su principal modus operandi, recurriendo una y otra vez a la figura de la “información reservada” para evitar dar explicaciones sobre la motivación de sus actos.

Este procedimiento ilegítimo se aplica a datos estadísticos de pobreza, a informes de clima, a Tratados Internacionales, a denuncias contra opositores y a cualquier evento que le convenga al Ejecutivo.

En lugar de la rendición de cuentas y la información democrática, el Gobierno ha creado un aparato de bloqueo de la comunicación. Se vulnera de manera reiterativa la libertad de expresión, con acciones como la persecución a periodistas e instalación de casos de deportación bajo denuncias “reservadas”; la utilización de la pauta publicitaria del gobierno como forma de extorsión comercial para promocionar el discurso oficialista; la compra de medios independientes como radio La Calle y el medio digital La Posta, por parte de un asambleísta alterno del partido de gobierno, sin explicar el origen de los fondos para esas adquisiciones; la cooptación del medio impreso El Universo; el acoso a Diario Expreso, así como la implementación de una estrategia de desinformación, mediante la creación de medios digitales y la proliferación de influencers y granjas de trolls que se dedican a atacar a medios independientes.

SEGURIDAD Y CUIDADO PARA TODOS Y TODAS

El discurso del Gobierno. El narcotráfico y las bandas criminales constituyen un enemigo terrorista no convencional, por lo que el Estado se encuentra en un conflicto armado interno legítimo donde la única opción es la neutralización militar y el control carcelario estricto. La pacificación del país es la condición para la reactivación económica y la atracción de inversiones.

Hemos avanzado en colaboración internacional, sobre todo con el Gobierno norteamericano para una estrategia conjunta. El contrato con Palantir apunta a obtener información para neutralizar las bandas criminales y terroristas.

El Informe verdadero. La inseguridad es una angustia cotidiana para todos los hogares ecuatorianos. El miedo ha cambiado nuestros hábitos sociales y familiares, llevándonos a un ostracismo que afecta, sobre todo, a las nuevas generaciones.

En apenas 10 años pasamos de tener estadísticas de 5 muertes violentas por cada cien mil habitantes, a la cifra de 50 muertes, y en localidades como la provincia de Los Ríos, esta cifra asciende a 400 muertes por cada cien mil habitantes, lo que nos ha llevado a tener ciudades identificadas entre las más violentas del mundo.

Casi todas las familias del país tienen hoy relatos de actos violentos ocurridos en su entorno familiar o laboral, con robos, asaltos, asesinatos, raptos, extorsiones, o “vacunas” por parte de grupos delictivos. Y a esta aprehensión debe sumarse el pánico de pensar que los jóvenes puedan ser reclutados u obligados a actuar de acuerdo con las exigencias de alguna de las bandas que se han tomado las ciudades, especialmente en la Costa.

Desde abril del 2024, la figura de “conflicto armado interno” se ha mantenido durante todo el ejercicio gubernamental, a pesar de que la Corte Constitucional ha señalado la inconstitucionalidad de esta causal, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución para justificarla.

La motivación inicial se dio con el ataque a las instalaciones de TC Televisión por parte de un grupo armado identificado como Los Lobos. La policía informó la detención de 13 personas, de las cuales 6 han sido asesinadas dentro de los centros carcelarios. La investigación de este evento ha estado rodeada de múltiples contradicciones y hasta contrasentidos, con el más reciente anuncio de Fiscalía de eliminar las armas capturadas que se utilizaron en el asalto, cuando todavía no ha concluido el juicio contra los responsables que todavía sobreviven.

A partir de este hecho se incrementó una estrategia de shock blando que no ha sido eficaz en derrotar la delincuencia criminal, pero ha servido para sembrar un ambiente de terror y miedo en la población, y para justificar la persecución a dirigentes sociales, en una delgada capa de calificación de terrorismo también a la resistencia popular. La presencia militar invadió todos los ámbitos de la vida nacional; se subió el IVA al 15% para financiar gastos de seguridad; se instaló la modalidad de declarar como “reservados” casos de persecución política, por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado y se consolidó como modelo de gestión la declaratoria de estados de excepción bajo la causal de grave conmoción interna.

Desde el inicio de su gobierno, Noboa ha decretado en 8 ocasiones emergencias de seguridad, a nivel nacional o provincial, restringiendo derechos civiles y sin resultados concretos que demuestren avances en la seguridad ciudadana.

El manejo de la seguridad ha migrado a manos militares con una evidente afectación a las capacidades operativas de la Policía Nacional, que incluyen el desmantelamiento de decenas de Unidades de Policía Comunitaria (UPC), en todo el país, contrariando la lógica más elemental, que supondría su reforzamiento para aliviar las condiciones de inseguridad que atraviesan las poblaciones.

La militarización de las cárceles no ha logrado evitar la fuga de casi 500 reos en estos últimos años, entre los que se encuentran líderes de bandas delictivas como Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, de la banda Las Águilas, quien se fugó de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil escoltado por personal uniformado; o Jairo Zambrano, presunto cabecilla de Los Lobos o José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien luego fuera recapturado y enviado a EE. UU.

A pesar de que el gobierno insiste en que ha retomado el “control de las cárceles”, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) reconoce que se produce una muerte carcelaria aproximadamente cada 9 horas.

En cuanto a la repatriación de delincuentes capturados en el exterior, resalta el caso de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’, involucrado en el caso del asalto a TC televisión, que no fuera entregado por la justicia española porque Ecuador no presentó garantías suficientes para el resguardo de su vida. Otro asunto repleto de irregularidades es la extradición de Wilmer Geovanny Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos, quien afirmara que el presidente estuvo involucrado en el magnicidio de Fernando Villavicencio; pero mientras el país espera que se investigue este hecho, el gobierno apresura un acuerdo para extraditarlo directamente a EE. UU.

Las redes del narcotráfico se han infiltrado en negocios privados y en instancias públicas, tejiendo un entramado de virtual cooptación del Estado.

En estos años, el país se ha posicionado en el mercado de estupefacientes como el principal proveedor de cocaína para Europa, Rusia, EE. UU. y los países que conforman la península balcánica. Ecuador ha sufrido un cambio de paradigma, pasando de un país «de tránsito» de la droga, a uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye.

En las exportaciones los controles se han reducido casi a su mínima expresión. Las autoridades inspeccionan apenas el 17% de los contenedores que salen desde los puertos de Guayaquil y Posorja. Y a estos porcentajes se suma la falta de estadísticas concretas de los controles que se deben efectuar en los 15 puertos privados distribuidos en el litoral costero del país.

El sistema UNIBANANO, que debe controlar la trazabilidad de la producción y exportación de banano ha sido manipulado hasta el punto de no poder reconocer cuántas hectáreas están produciendo banano, cuántos productores tienen códigos falsos ni cómo los obtuvieron.

Según un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), los operativos internacionales realizados demuestran que Ecuador concentra el 70% del peso de cocaína incautada en buques bananeros. A esto debe sumarse la terrible afirmación que hiciera uno de los capos de la mafia albanesa, de contar con la exclusividad de exportación de alcaloides en cajas de banano de la corporación Noboa.

Gracias al periodismo de investigación, realizado por periodistas que se encuentran en el exilio, en febrero de este año 2026 salió a la luz el modus operandi de operativos que simulan incautaciones de droga para luego revenderlas al narcotráfico. La evidencia de grabaciones obligó a las autoridades de la Armada Nacional a iniciar investigaciones y determinar culpabilidades puntuales, aunque la red de corrupción institucional no se ha investigado a profundidad.

Mencionaremos solamente algunos casos que no han tenido consecuencias legales y que calificaremos de profundamente sospechosos, como el llamado Caso Cachorro, donde se decomisaron 196 paquetes de cocaína en una hacienda vinculada al Grupo Noboa, sin que se determinen responsables; o la incautación de otros 151 paquetes de cocaína camuflados en cajas de banano en el puerto NAPORTEC, donde el único detenido fue José Luis Rivera Baquerizo, contratista de Noboa Trading, quien fuera liberado gracias a la defensa de Edgar José Lama Von Buchwald, que en ese momento era asesor del entonces asambleísta Daniel Noboa y que más adelante, cuando Noboa llegó al sillón presidencial, pasó a ocupar el cargo de Ministro de Salud; o la incautación de 260 kilos de cocaína ocultos en el sistema de refrigeración de contenedores de Noboa Trading, que originó que Rivera Baquerizo fue nuevamente capturado, quedando en libertad al descubrirse que su contratante era Roberto Ponce Noboa, primo del presidente Daniel Noboa. Hasta mayo de este año 2026, se han abierto investigaciones por 8 casos de tráfico de cocaína que tendrían relación con los manejos del entramado corporativo de la familia Noboa, pero en ninguno de ellos se ha llegado a determinar responsabilidades penales de ningún tipo.

Según un informe de la Comisión Europea, el 57% de los contenedores de banano que salen de Guayaquil llegan a Europa con cocaína. Se generan dudas razonables sobre la posibilidad de que estas actividades delictivas no sean desconocidas por el grupo empresarial de Noboa. Y estas dudas se agravan cuando los casos que llegan a instancias judiciales son simplemente archivados.

En cuanto al lavado de activos dentro del sistema financiero nacional, las elevadas cifras de utilidades bancarias en medio de una crisis económica evidente deberían por sí solas motivar una investigación, pero el organismo de control ha sido manoseado durante años, como parte de una disputa de poder.

La designación de Superintendente de Bancos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desencadenó que 4 de sus consejeros fueran sustituidos por decisión del juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y cabe señalar que se trata del mismo juez que tiene a su cargo la denuncia contra el alcalde de Guayaquil. Finalmente, luego de que la Superintendencia de Bancos estuviera 7 meses sin titular, los nuevos consejeros del CPCCS designaron a Romero Von Buchwald, a partir de una terna presentada por el presidente Daniel Noboa. Este apellido ya ha sido mencionado en este Informe, relacionado con la defensa de Noboa Trading en casos de incautación de drogas; y nos cuesta mucho pensar que se trata de una simple coincidencia originada por un apellido de uso común en el país.

En relación con el mercado internacional de minerales, Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial y sus exportaciones. Un reportaje efectuado por la revista Vistazo expuso una gran brecha entre lo que se declaró y lo que finalmente se exportó, arrojando una distancia de casi 51 toneladas en la cantidad de oro que llegó a mercados internacionales en el 2025, con papeles regularizados, pero sin que tuviera un origen conocido.

Para luchar con un entramado tan elaborado, el gobierno afirma que se necesita la participación del ejército norteamericano, pero señalamos que ese país no tiene ningún interés en perseguir a las mafias dentro de su territorio o iniciar castigos severos contra los consumidores de sus ciudades que demandan el crecimiento de este tráfico internacional.

La verdad es que el posicionamiento estratégico de fuerzas extranjeras en nuestro territorio responde claramente a las necesidades geopolíticas de EE. UU., que muy poco tienen que ver con los imperativos de seguridad interna de nuestro país.

Alternativas. El problema del narcotráfico y del capital criminal es estructural. Las bandas criminales pueden actuar por los vínculos con sectores del poder económico y político. Por ello se requiere una estrategia integral, que no se reduzca a la actuación militar, empezando por desmontar los vínculos del capital criminal y el poder local y transnacional. Enfrentar las raíces del abandono del Estado de áreas marginales que crea condiciones para la cooptación sobre todo de jóvenes por el narcotráfico y el capital, en medio de una narcocultura que promociona el dinero fácil, el consumo y el edonismo.

En medio de este clima de guerra y terror, el cuidado, impulsado sobre todo por las madres, la solidaridad, impulsada sobre todo por las comunidades, son una semilla para una cultura diferente de supervivencia y de fraternidad social.

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA PAZ.

El discurso del Gobierno. No podemos continuar una política internacional de alineamientos ideológicos y regionales que han perjudicado al país. Requerimos una política pragmática. Las relaciones internacionales deben servir como herramientas directas para financiar la guerra contra el narcotráfico y atraer inversiones.

El punto de partida es el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y de la participación en la seguridad hemisférica, aceptando asistencia militar, económica y de inteligencia (incluyendo la presencia del FBI y agencias de seguridad norteamericanas en suelo ecuatoriano), pues el crimen organizado es una amenaza transnacional que requiere respuestas globales. **

Tenemos que abrirnos a los negocios en el mundo. Por eso impulsamos el el TLC con China y el acuerdo comercial con Costa Rica, además de buscar activamente nuevos tratados con bloques asiáticos y norteamericanos para dinamizar las exportaciones de sectores tradicionales (banano, camarón, cacao).

La participación en el Escudo de las Américas (Shield of the Americas) – la coalición militar regional promovida por el gobierno estadounidense de Donald Trump – constituye uno de los hitos más profundos nuestra política exterior. Los acuerdos de cooperación con Israel, incluido el contrato con Palantir, contribuirán a un país más seguro.

El Informe verdadero. La soberanía de un país se construye a lo largos de décadas e incluso siglos. Hoy conmemoramos el triunfo de los patriotas en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, la semilla de la independencia y la soberanía ante el colonialismo.

El Ecuador ha tratado su inserción en el mundo y en la región, basada en los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional y la convivencia pacífica. Daniel Noboa estableció parámetros de relacionamiento basados en el alineamiento con los intereses geopolíticos de EE. UU. e Israel, y el aseguramiento de los intereses electorales y económicos de su grupo económico y político.

A pesar de que el Ecuador reconoció hace años al Estado Palestino, este gobierno ha apoyado de manera directa el genocidio que se establece en la zona de Gaza y la expansión del dominio militar israelita y norteamericano en toda la región de Medio Oriente.

Nuestra Constitución establece como un principio estratégico la integración latinoamericana, pero este gobierno rompió relaciones con Venezuela, expulsó del país a la delegación diplomática cubana, con acusaciones falsas.

Noboa ha violado normas internacionales con la invasión de la Embajada de México. Con el afán de dañar la imagen internacional del presidente colombiano Gustavo Petro, de tendencia izquierdista, y de acuerdo con los deseos manifiestos de EE. UU., en febrero de este año 2026 se inició una ruptura comercial que se presentó bajo la figura -inexistente en derecho- de una “tasa de seguridad” que se imponía como retaliación por la falta de cooperación en el manejo del control fronterizo para reducir el paso de sustancias ilícitas. Esta tasa primero fue del 30%, luego del 50% y, finalmente, subió al 100%, con el añadido de un incremento del 900% para el cobro de transporte de crudo colombiano a través de los oleoductos nacionales.

Estas medidas buscan afectar los resultados electorales en el vecino país, pero han causado graves secuelas en la economía de la provincia del Carchi, afectando relaciones comerciales empresariales y de transportistas, interrumpiendo procesos de importación y exportación de bienes de uso masivo. Además, agudizaron la crisis energética del Ecuador, al interrumpirse la compra de energía eléctrica proveniente de Colombia y que resultaba vital para estabilizar la demanda nacional de fluido eléctrico.

La situación internacional de nuestro país quedó expresada con toda claridad en noviembre del año 2024, cuando se celebró, en Cuenca, la XXIX Cumbre Iberoamericana, a la que no acudieron presidentes latinoamericanos.

Para agravar el escenario, esta ruptura comercial ocurre mientras el Ecuador ocupa la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina (CAN).

Mientras se rompen vínculos centenarios con las naciones vecinas, el presidente apresura la firma de Tratados Bilaterales con los EE.UU., Corea del Sur y los Emiratos Árabes, que incluyen cláusulas “reservadas” y un tratamiento de arbitraje internacional que abre las puertas para la instalación de corporaciones mineras y petroleras que no deberán rendir cuentas bajo el sistema jurídico nacional. Además, el Tratado con los Emiratos Árabes Unidos se cuestiona por el intenso sistema de lavado de capitales provenientes del narcotráfico que se efectúa en algunos de sus países miembros, como Qatar.

La mayor arbitrariedad se comete con la relación abierta y extensa que se mantiene con paramilitares como Erick Prince y con el ejército regular norteamericano, contraviniendo expresamente la voluntad del pueblo del Ecuador que le dijo “NO” a la posibilidad de mantener bases militares extranjeras en nuestro territorio o mar territorial.

Mantener ejercicios militares con EE. UU. y permitir que las Islas Galápagos se utilicen como punto estratégico útil a intereses de otros Estados, es un acto de traición a la Patria. Más temprano que tarde Daniel Noboa deberá pagar las consecuencias de sus actos contra la sagrada voluntad y soberanía del pueblo ecuatoriano.

Alternativas. Como señala la Constitución, el Ecuador es un territorio de paz. En medio de los conflictos y las guerras geopolíticas, debiera impulsar una política de no-alineamiento, de unidad de los pueblos latinoamericanos y de defensa de la paz mundial.

CONCLUSIONES

Con un sentido de unidad nacional nos corresponde retomar el destino del país, recomponer la integridad pública, eliminar la influencia del narcotráfico en el Estado, defender la democracia, refundar la soberanía nacional, que reside en el pueblo e impulsar la paz.

Con la frente en alto y la mirada firme que heredamos de nuestras lideresas y líderes históricos, tenemos la urgencia de retomar el camino latinoamericanista y la inserción soberana del Ecuador en el sistema mundo, sin depender de potencias extranjeras que nos valoran apenas como una ficha que puede ser útil para sus intereses, en un tablero geopolítico donde las necesidades de nuestro pueblo no son tomadas en cuenta.

El camino es la unidad y el Acuerdo Nacional de todas las fuerzas sociales y políticas para recuperar el Estado y ponerlo al servicio la ciudadanía.

Y a Noboa le decimos: te vas tú, se queda la Patria.

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No mires el desmantelamiento de la educación pública valenciana

mayo 25, 2026mayo 25, 2026Noticias Deja un comentario

Un futuro equitativo y democrático en nuestra sociedad solo será posible con una educación pública digna, de calidad y en valenciano, sin ella, el totalitarismo fascista tendrá otra puerta abierta

Varios autores de la Universidad de Valencia

El concepto de “doble vínculo” procede del biólogo y antropólogo Gregory Bateson. Caracteriza las trampas comunicativas que, dentro de las relaciones de poder, impiden respuestas individuales y colectivas. El título de la película No mires arriba (Don’t Look Up) lo ilustra perfectamente.

En el argumento, cargado de sátira política, dos científicos descubren que un cometa se dirige a la tierra y puede acabar con la humanidad. La reacción de la presidenta de la Casa Blanca es poner en marcha una campaña dirigida a la población con el lema “No mires arriba”. Esa campaña, contiene una orden mediante la cual la presidenta obliga a la sociedad norteamericana a negar su propia amenaza inminente que la conducirá a la extinción.

Desconocemos si los responsables del gobierno valenciano o sus asesores comerciales han visto dicha película, pero llevan años repitiendo otra orden semejante: «No mires el deterioro de la educación pública”. A pesar de su poder y su insistencia totalitaria, en este segundo caso, ni la investigación científica, ni la ciudadanía valenciana les han hecho mucho caso.

El libro La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de Valencia URI: https://hdl.handle.net/10550/125773 ha evidenciado desde la investigación social cómo el sistema educativo valenciano perpetúa las divisiones de clase social. Dado que ayuda a interpretar el conflicto de los docentes valencianos en huelga, repasamos a continuación sus conclusiones más relevantes.

«El sistema de conciertos educativos permite a los centros de titularidad privada segregar al alumnado vulnerable»

En primer lugar, el desmantelamiento de la enseñanza pública valenciana es inseparable del crecimiento subvencionado de la escuela privada concertada. Las familias con más recursos utilizan la escuela concertada como una herramienta de «cierre social» para distanciarse de grupos sociales considerados «inferiores» y asegurarse de que sus hijos mantengan las ventajas competitivas y el estatus de la familia de origen.

El sistema de conciertos educativos permite a los centros de titularidad privada segregar al alumnado vulnerable mediante cuotas ilegales, aunque ‘voluntariamente obligatorias’, y filtros de admisión encubiertos. En las tres últimas décadas, la administración educativa valenciana ha tolerado estas prácticas ilegales que han contribuido a multiplicar la segregación escolar.

En segundo lugar, los recortes en el gasto público son una herramienta muy socorrida por los gobiernos del Partido Popular valenciano para precarizar la educación pública. Entre 2007 y 2019, la red pública sufrió recortes más severos que la media estatal, mientras que la financiación de la concertada se mantuvo estable o creció porcentualmente, incluyendo a las sectas religiosas que segregan por sexo.

En tercer lugar, los criterios de zonificación son otro poderoso instrumento de las políticas educativas para deteriorar la escuela pública. En particular, el modelo de «distrito único», que favorece la desigualdad social al permitir que las clases medias y medias altas huyan de sus barrios, generando centros «burbuja» para ricos y centros de ‘alta complejidad’ para los pobres. A pesar de ello, los datos de la investigación demuestran que la mayoría de las familias valencianas prefiere la zonificación de proximidad.

Por último, se evidencia cómo la ‘libertad de elección de centro de las familias’ funciona en la práctica como otro poderoso elemento de segregación escolar. El derecho a elegir centro, utilizado de forma intensiva por políticas conservadoras, no garantiza una libertad real para todas las familias, pero sí permite a los sectores con más recursos distanciarse y distinguirse de los grupos sociales desfavorecidos.

En suma, el recurso al mito de la «libertad de elección» y su plasmación en el mapa escolar a través de la política de zonificación escolar del distrito único solamente contribuye a reproducir la distancia social de las familias.

Afortunadamente, el profesorado de la educación pública y las familias del alumnado tampoco han hecho mucho caso a los políticos populares. No les han obedecido. Sus actuales movilizaciones han hecho emerger una ciudadanía ejemplar que está dispuesta no sólo a mirar de frente al desmantelamiento de la enseñanza pública, sino a luchar por una educación pública digna, equitativa y de calidad.

Ellos y nosotros sabemos que, en el contexto de las múltiples crisis que oscurecen nuestro presente, la mercantilización de la educación pública, el maltrato y la precarización de su profesorado, la promoción de la desigualdad educativa y la segregación escolar añaden otra grave amenaza a nuestra colectividad.

Ellos y nosotros sabemos que un futuro equitativo y democrático en nuestra sociedad solo será posible con una educación pública digna, de calidad y en valenciano, sin ella, el totalitarismo fascista tendrá otra puerta abierta.

Firmantes

José Manuel Rodríguez Victoriano. Universitat de València

Antonio Santos Ortega. Universitat de València

Rafael Xambó Olmos. Universitat de València

Maria Poveda Rosa. Universitat de València

Jaume Martínez Bonafé. Universitat de València

Laura Martínez Junquero. Universitat de València

Xavier Más i Sempere. Universitat d’Alacant

Daniel Gabaldón Estevan. Universitat de València

Andreu Tobarra Sánchez. Universitat de València

Josep Pérez soriano. Universitat de València

Gil- Manuel Hernàndez i Martí. Universitat de València

Ignasi Lerma Montero. Universitat de València

No mires el desmantelamiento de la educación pública valenciana

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Perú elimina el enfoque de género en las guías de educación sexual en los colegios

mayo 25, 2026mayo 25, 2026Noticias Deja un comentario

El Ministerio de Educación de Perú ha eliminado las orientaciones de la Educación Sexual Integral (ESI) para colegios públicos y privados al acatar una ley promovida por la pastora evangélica y congresista ultraconservadora Milagros Jáuregui, que elimina el enfoque de género en centros educativos.

Esta resolución viceministerial incluye los nuevos «lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética» en las escuelas y deroga la anterior resolución basada en la ESI emitida en 2021, que aprobaba las orientaciones de educación sexual integral para la educación básica.

La Educación Sexual Integral es un enfoque pedagógico que enseña los aspectos biológicos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad a niños y adolescentes e incluye el concepto de igualdad de género, un término que la ley de Jáuregui pretende eliminar en esta materia.

Así, se pasa de la igualdad de género a «la oportunidad entre hombres y mujeres» al basarse en la Ley 32535, aprobada a finales de 2025 en el Parlamento, promovida por dicha congresista y que ordena eliminar toda referencia a la ESI en el currículo nacional y reemplazarla por un enfoque sustentado en criterios científicos, biológicos y éticos.

La falta de educación sexual pone en peligro la integridad de los menores

De acuerdo con la resolución, estos cambios se deben incorporar «en la actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica y en los currículos regionales de educación, eliminando toda referencia a la educación sexual integral».

La iniciativa fue planteada por la pastora evangélica y busca «garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, proscribiendo toda forma de discriminación basada en el sexo».

Tal y como ocurrió a finales de 2025, ciertos parlamentarios y organizaciones han expresado su rechazo a esta medida.

«Este peligroso cambio invisibiliza a miles de estudiantes y debilita herramientas fundamentales para prevenir violencia, abuso, acoso y discriminación en las aulas. Quienes pagan las consecuencias de este retroceso son los niños, niñas y adolescentes», indicó la congresista progresista Sigrid Bazán en la red social X.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostuvo que mientras cada día se registran 59 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Educación ha derogado los lineamientos de Educación Sexual Integral.

«No se trata de un ajuste técnico: eliminar contenidos sobre igualdad de género y prevención de la violencia escolar debilita herramientas fundamentales de protección para estudiantes. Invocamos a las futuras autoridades a restituir una educación integral basada en evidencia y derechos humanos», agregó en la misma red social.

Perú elimina el enfoque de género en las guías de educación sexual en los colegios

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Freire y la pedagogía de la indignación en la era digital.

mayo 16, 2026mayo 16, 2026Luz D Palomino M

Por: Luz D Palomino M./CII-OVE

Obra analizada: Freire, P. (2000). Pedagogía de la indignación: Cartas pedagógicas y otros escritos. Ediciones Morata.

La Pedagogía de la Indignación es una de las obras más conmovedoras y lúcidas de Paulo Freire. Publicada póstumamente, condensa las reflexiones de un Freire maduro que, a finales del siglo XX, miraba con profunda preocupación el avance de la globalización neoliberal. Aunque el educador brasileño no llegó a presenciar el auge de la Inteligencia Artificial, las redes sociales ni las plataformas educativas corporativas, este libro ofrece un mapa político y ético fundamental para comprender y desmontar las lógicas de opresión que operan hoy en el entorno digital.

El objetivo de esta reseña es analizar cómo las advertencias de Freire contra el fatalismo social se traducen, en pleno siglo XXI, en una crítica contundente al determinismo tecnológico que está colonizando nuestras aulas de clase.

Uno de los conceptos transversales del libro es la denuncia del fatalismo, Freire criticaba con fuerza el discurso hegemónico que intentaba convencer a las mayorías de que el desempleo, la miseria y la exclusión eran consecuencias «naturales» e inevitables de la economía global, frente a las cuales solo quedaba la resignación.

Hoy, en la era digital, ese fatalismo se ha disfrazado de progreso técnico. Se nos repite constantemente que la virtualización total de la enseñanza, la sustitución de procesos de pensamiento por respuestas automatizadas de la Inteligencia Artificial y la mediación de plataformas privadas son pasos obligatorios e inevitables de la modernidad. Desde la perspectiva freireana, aceptar que la educación debe subordinarse ciegamente a los intereses y diseños de las grandes corporaciones de Silicon Valley es una renuncia a nuestra capacidad de hacer historia. La tecnología no es un destino predeterminado; es una construcción humana y, por lo tanto, en disputa.

La Mutación de la Educación Bancaria: El Algoritmo como Depositario

En sus obras previas, Freire definió la «educación bancaria» como aquella donde el educador deposita contenidos en la mente de un estudiante pasivo. En Pedagogía de la Indignación, el autor insiste en que la educación debe ser un acto de conocimiento y no de mera transferencia de datos.

En el ecosistema digital actual, asistimos a la versión más sofisticada de la educación bancaria: la mediación algorítmica. Cuando los entornos virtuales de aprendizaje y los buscadores corporativos entregan respuestas inmediatas, personalizadas y predigeridas, se anula el espacio para la duda, el error y la investigación colectiva. El estudiante ya no solo es un recipiente de los datos del maestro, sino que se convierte en un objeto de extractivismo de datos. Sus tiempos de atención, sus clics y sus búsquedas son expropiados para alimentar sistemas privados de Inteligencia Artificial, despojándolo de su rol como sujeto activo de su propio aprendizaje.

Freire fue un defensor incansable de la idea de que la educación y la ciencia no son neutrales. Todo acto educativo es político. Este postulado es una herramienta teórica urgente para impugnar la supuesta «neutralidad» de las tecnologías digitales:

Los algoritmos no son fórmulas matemáticas desprovistas de ideología; están programados con los sesgos de clase, género y raza de quienes los financian y diseñan.
Las plataformas educativas que se introducen de forma gratuita en las escuelas públicas del Sur global actúan como mecanismos de invasión cultural y colonialismo digital, imponiendo lógicas de consumo e individualismo que fragmentan el tejido comunitario de las escuelas.

La Propuesta Freireana para el Presente: Concientización Digital y Praxis

Frente a este panorama, la obra no nos invita al pesimismo ni al rechazo absoluto de la tecnología (lo que sería una postura neoludita), sino a la indignación creadora. La indignación, para Freire, es una postura ética que nace del amor por el mundo y de la convicción de que las cosas pueden ser diferentes.

Llevado al terreno de la educación actual, esto implica transitar de la simple «alfabetización digital funcional» (aprender a usar herramientas de software propietario para el mercado laboral) hacia una auténtica concientización digital. Esto se traduce en:

Politizar la tecnología en el aula: Discutir con los/as estudiantes quiénes son los dueños de las plataformas, dónde están los servidores y qué pasa con sus datos personales.
Promover la soberanía tecnológica: Impulsar el uso de software libre, código abierto y recursos educativos abiertos como herramientas pedagógicas que devuelvan la autonomía a las comunidades educativas.
Reinventar los Círculos de Cultura: Utilizar las redes no para la catarsis estéril o el aislamiento individualista, sino como espacios de encuentro, organización y contra-narrativa frente al discurso hegemónico.

La Pedagogía de la Indignación es un recordatorio de que los seres humanos somos seres de la transformación y no de la adaptación. En tiempos donde la tecnocracia pretende reducir la pedagogía a una serie de métricas de eficiencia digital, la voz de Freire nos convoca a resistir. Esta obra es indispensable para todo educador/a que se niegue a aceptar que el futuro de la educación ya ha sido programado por un algoritmo y que, en cambio, apueste por una escuela donde la tecnología esté al servicio de la emancipación y la humanización.

Descargar: Pedagogia de la Indignación

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La enseñanza pública se paraliza en el País Valencià en una huelga histórica

mayo 16, 2026mayo 16, 2026Autores Varios Deja un comentario

La huelga de docentes: un pueblo en movimiento

Moisès Vizcaino

Como publicábamos en el Diari La Veu el lunes por la mañana, la primera jornada de huelga indefinida a la enseñanza pública ha sido histórica y muy contundente. No solo por su seguimiento masivo -hasta el 90% según fuentes sindicales, al menos un 47% según los datos de la misma Conselleria- y por la enorme marea verde que ha desbordado los centros de València, Alacant, Castelló de la Plana y Elx.

También por el mismo proceso en sí. Hacía décadas que el País Valencià no veía como un colectivo laboral tan grande se lanzaba a desafiar al gobierno valenciano con una huelga indefinida. Una huelga, además, que no es defensiva -evitar que cierre una empresa o una pérdida de derechos- sino ofensiva -exigir mejoras- y además no es corporativa, sino que además de incrementos salariales y mejores condiciones laborales, los docentes luchan por una mejor educación para todo el mundo, de más calidad y en valenciano. Es por esto que han recibido una simpatía social mayoritaria.

Pero dejamos un poco de lado esta parte, que ya se explicó en un editorial anterior y ponemos la lupa en otro elemento. Uno de los detalles más fundamentales de la huelga docente es la enérgica organización de base, en asambleas unitarias de centro, que han tenido un papel clave, tanto al empujar a los indecisos a sumarse al paro como al explicar en las comunidades educativas las razones de esta lucha y los motivos por los cuales es tan importante para docentes, personal no docente, alumnos y familias, en definitiva, para toda la sociedad.

Una organización que -salvo todas las distancias que se quieran- recuerda la oleada solidaria y autogestionaria que siguió al desastre de la dana de octubre del 2024. Entonces como ahora, fue el pueblo quien se puso en marcha de forma autónoma, sin esperar instrucciones ni consignas, para exigir a los gobernantes que hicieron su trabajo. Entonces como ahora, estos hechos han sido una fuente de empoderamiento y concienciación a escala industrial. Son -cómo lo 15M, como el proceso soberanista catalán, como los sindicatos de vivienda, como tantos otros- de aquellos procesos que pueden tumbar gobiernos y que cambian la cultura política de un país.

Cómo dice Manel Pitarch en su artículo: “La huelga indefinida es resultado del ofuscamiento político y del desprecio a un diálogo con tino, respetuoso.” O, como opina Vicent Maurí en el suyo: “La huelga indefinida ya es una victoria moral y política ante un gobierno arrogante, autoritario y completamente alejado de la realidad de los centros educativos.”

Ya tienen razón en el Palau de la Generalitat de ponerse nerviosos con la revuelta de los docentes y del conjunto de la comunidad educativa -nerviosismo que delata la pésima carta que la consejera Carmen Ortí envió a las familias el pasado jueves- porque cada día que este conflicto crece y se enquista es un día menos que les queda en el Gobierno.

11/05/2026

https://www.diarilaveu.cat/societat/la-vaga-de-docents-un-poble-en-moviment-633984/

Ganaremos: la unidad es nuestra fuerza

Vicent Maurí

El 11 de mayo quedará grabado en la memoria colectiva del pueblo valenciano. Las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza, el movimiento asambleario y sindical, la comunidad educativa entera, harán historia por la dignidad, la determinación y la fuerza demostrada durante semanas de movilización y organización. La huelga indefinida ya es una victoria moral y política ante un gobierno arrogante, autoritario y completamente alejado de la realidad de los centros educativos.

vaga ensenyament PV1

La consejera de Educación, Mari Carmen Ortí, ha pasado de ser la responsable política de la educación pública valenciana a convertirse en el símbolo de la imposición, la represión y el desprecio hacia el profesorado. Su gestión solo ha aportado caos, recortes encubiertos, sobrecarga laboral, persecución sindical y una incapacidad absoluta para escuchar la comunidad educativa. Ha preferido gobernar desde los despachos, rodeada de propaganda y sumisión a los intereses privados, antes de que ir a los centros y escuchar el clamor de quien sostiene cada día la educación pública.

Y en lo alto de esta ofensiva contra los derechos sociales y laborales está el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Su gobierno representa la peor cara de la política: autoritarismo, propaganda vacía y confrontación con los servicios públicos. Han querido doblegar al profesorado con miedo, amenazas y servicios mínimos abusivos e injustificables, convirtiendo un derecho fundamental como la huelga en una carrera de obstáculos antidemocrática. Los servicios mínimos impuestos no buscan garantizar ningún derecho de la ciudadanía; buscan reventar la huelga e intimidar a las trabajadoras y trabajadores. Es una práctica indigna de un gobierno que se diga democrático.

Pero han fracasado. Y fracasarán. Porque esta huelga no es solo una respuesta sindical. Es un movimiento colectivo, asambleario, profundamente democrático y nacido desde bajo. Es la respuesta de miles de docentes cansadas de la precarización, del desprecio institucional y de la destrucción progresiva de la educación pública valenciana. Es también la respuesta de familias, estudiantes y personal de los centros educativos que saben que defender la escuela pública es defender el futuro de nuestro pueblo.

Y si esta huelga está haciendo historia es, sobre todo, por una razón fundamental: la unidad sindical. La unidad construida desde la base, desde los centros, desde las asambleas y desde la voluntad compartida de hacer frente. Una unidad imprescindible que ha dejado atrás siglas y protagonismos para poner en el centro los derechos de las trabajadoras y trabajadores y la defensa de los servicios públicos. Esta es la gran fuerza del movimiento: la unidad sindical y popular.

Hay que reivindicar con fuerza esta unidad porque es la clave de cualquier victoria futura. Cuando el sindicalismo se coordina, cuando las asambleas toman la palabra, cuando la comunidad educativa avanza unida, los gobiernos tiemblan. Y esto es exactamente el que está pasando. El gobierno de la Generalitat está nervioso porque sabe que esta huelga puede abrir un nuevo ciclo de lucha social en el País Valencià.

También es importante destacar que esta lucha ha traspasado fronteras. La solidaridad llegada desde sindicatos y organizaciones del Estado español y de todo el mundo demuestra que lo que pasa en el País Valencià forma parte de un conflicto global entre los intereses de las élites y los derechos de la mayoría social. El apoyo de la Confederación de Educadores Americanos, de FESIDUAS, del Foro por la Educación en Iberoamérica, de la Internacional de la Educación, del sindicato francés Solidaires y de la Red Internacional de Solidaridad y Luchas es una demostración de que la lucha de las trabajadoras y trabajadores valencianos es también la lucha de millones de personas en todo el mundo contra la precariedad y el autoritarismo.

Mañana no acaba nada. Mañana empieza una nueva etapa. Esta huelga tiene que servir para extender el conflicto y la movilización a otros sectores de las administraciones públicas y del mundo del trabajo. La situación que vive la enseñanza es la misma que sufren la sanidad, los servicios sociales, el transporte público y tantos otros sectores golpeados por los recortes, la privatización y la pérdida de derechos. Hay que construir una respuesta global del conjunto de la clase trabajadora.

Por eso, el mensaje está claro y contundente: ganaremos. Ganaremos porque tenemos la fuerza de la razón y la fuerza de la unidad. Ganaremos porque ningún gobierno puede derrotar un pueblo organizado. Ganaremos porque las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza han decidido levantarse y no volver a arrodillarse nunca más.

10/5/2026

https://www.diarilaveu.cat/opinio/guanyarem-la-unitat-es-la-nostra-forca-633878/

+ Info:

L’ensenyament públic es paralitza al País Valencià en una vaga històrica. Milers de docents col·lapsen el centre de València, amb manifestacions també a Alacant, Elx i Castelló de la Plana. https://www.diarilaveu.cat/societat/lensenyament-public-es-paralitza-al-pais-valencia-en-una-vaga-historica-633932/

Una manifestació multitudinària a València obre la vaga educativa indefinida. https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-multitudinaria-valencia-educativa-indefinida/

La escuela pública valenciana muestra su fuerza en su mayor pulso en 40 años: «Todos recordarán esta huelga histórica». https://www.publico.es/sociedad/educacion/escuela-publica-valenciana-muestra-fuerza-mayor-pulso-40-anos-todos-recordaran-huelga-historica.html

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