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América del Sur/Argentina/3 de febrero de 2017/Fuente: la nación

Se acerca el comienzo de las clases y vuelven las amenazas de paro, convirtiendo a alumnos y padres en rehenes de la disputa gremial.

Con la cantidad de tinta dedicada a delinear el preocupante y doloroso estado de la educación argentina, no quedan dudas respecto de los problemas que asociadamente atraviesa el gremio docente. Se suma que este sector no escapa a las generales de la ley que rigen al sindicalismo nacional en su conjunto y que, salvo honrosas excepciones, flaco favor les hacen a los trabajadores.

Cuando los niños aún disfrutan de sus vacaciones, de cara al comienzo de las clases, confirmado para el 6 del mes próximo en la provincia de Buenos Aires, la pulseada ya comenzó. Hablamos de un ríspido asunto que enfrenta estacionalmente a docentes y gobierno y que siempre toma de rehenes a los escolares.

En los últimos años, en todo el país, viene aumentando el pase de estudiantes de instituciones públicas a privadas, incluso entre familias con recursos exiguos. En gran parte, ello se debe a los paros sindicales, con su consecuente ausentismo docente, fomentados por gremialistas como Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), y Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Es paradójico que estos líderes sindicales, que tanto dicen defender la escuela pública, estén virtualmente conduciendo a la privatización del sistema de educación con su proceder.

Más de una década de populismo degradó gravemente la educación pública. La pérdida de días de clase, la baja calidad de la educación, que revela que más del 60% de los estudiantes no reúnen las condiciones mínimas para desempeñarse en la vida adulta, sumadas la deserción y la repitencia escolar, son desafíos que debiéramos encarar, aunadamente, padres, docentes, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa y empresarios, entre otros actores.

Los padres que entregan por tantas horas a sus hijos y están dispuestos a colaborar para su mejor educación ¿pueden razonablemente confiar en que la salida a los problemas sea el combate abierto que plantea Baradel, con su secuela de paros y acortamiento del calendario escolar ya bastante raleado? El reclamo salarial es sólo una de las patas del grave problema que enfrenta nuestra educación.

Resulta llamativa la impunidad con la que habla y se mueve este representante gremial que, como tantos otros, hace de esa representación una actividad casi vitalicia. Son los que suelen exigir cambios a los gobernantes, incluso a veces hasta reclaman sus renuncias, pero ellos se mantienen por décadas en la cúpula del poder sindical, suprimiendo cualquier oposición y trabando eventuales renovaciones de cuadros. La vida ostentosa de muchos de los personajes que integran nuestra burocracia sindical no puede justificarse. En el caso del gremio docente, los cargos deberían ser rentados con un sueldo por las funciones gremiales que fuera igual a lo que gana, por ejemplo, un maestro con 10 años de antigüedad al frente de un grado y no superar un lapso razonable en la función sindical, con cargos revocables y veedores que controlen las arcas para defender las elevadas cuotas sindicales pagadas, precisamente, por los propios docentes con sus magros salarios.

Allá por 1997 Baradel fue pionero de la Carpa Blanca, aquel campamento instalado por docentes frente al Congreso en reclamo de una ley de financiamiento educativo. En 2014, más de tres millones de estudiantes bonaerenses quedaron sin clases cuando los maestros pedían a través de él un aumento del 35% y ponían en jaque al gobierno de Daniel Scioli. Su propia carrera «docente» ronda los 25 años, pero hay que destacar que sólo estuvo al frente de un aula por poco tiempo, en la escuela Villa Urbana, de Lomas de Zamora. Fue delegado del Suteba, que dependía de Ctera, en Lanús. Al recibirse de abogado, ganó posiciones en Suteba, entidad que agrupa al 60% de los docentes bonaerenses, de la mano de Hugo Yasky, quien le dejó su puesto de conducción en 2004, cuando él pasó a Ctera. Ganó las elecciones internas de 2010 y 2013 y reúne varias funciones gremiales, aunque la principal sigue siendo, evidentemente, la de «agitador».

Vocero de demandas salariales o laborales, involucrado siempre en disputas gremiales o político-partidarias, arrastra también a su tropa por insólitas cuestiones, como la movilización de 2005 en rechazo a la visita del presidente norteamericano con motivo de la Cumbre de las Américas, que significó otro día de clase perdido para los alumnos.

Desde fines del año pasado, los docentes vienen exigiendo la reapertura de paritarias. «Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto (…) no vamos a aceptar que nos pongan un techo a la paritaria», amenazaba Baradel, quien convocó para hoy a una marcha en todo el país.

La gobernadora María Eugenia Vidal, acusada por los gremialistas de incumplir la cláusula de reajuste salarial por inflación, respondió indignada: «Hacen política con la educación y los chicos. Esperaba más de Baradel», y citó a los representantes sindicales a una mesa de negociación para el lunes próximo. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo con acierto que los adultos deben discutir las problemáticas con los chicos dentro de las aulas, advirtiendo también que en una provincia claramente quebrada no se puede ofrecer lo que no se puede pagar, en relación con el reformulado piso del 35% que reclaman los docentes frente al 18% con que se cerró la paritaria con estatales bonaerenses para este año.

Frente a estos sistemáticos manejos extorsivos, si Mauricio Macri o Vidal presionan con descontar los días de huelga a los maestros, se los acusa de ser autoritarios, pero nada es más autoritario que cerrar las aulas y mantener al alumnado y a sus padres como rehenes de la disputa.

El sindicalismo tiene un rol fundamental, como defender las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, pero también debería interesarse por la productividad e impacto de esos salarios, medidos en términos del aprendizaje de los estudiantes, los niveles de graduación, la posibilidad de continuar estudios superiores y de acceder a una salida laboral. Es éste otro importante debate que habría que priorizar durante las agitadas semanas de paritarias docentes.

La ley de educación nacional de 2006 estableció que «la educación es una prioridad» en todo el país y que se «garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender» sin por ello prohibir el derecho de huelga de los docentes, pero sí reglamentándolo adecuadamente como en el caso de otros servicios públicos esenciales que no pueden dejar de prestarse.

Cabe recordar que a fines del ciclo lectivo 2016, el ministro de Educación de la Nación, dijo a este diario que ya es hora de dar el debate sobre el papel de la huelga docente.

El ámbito para la política partidaria es muy distinto. No se puede permitir la extorsión de pretender hacer pagar a los chicos por los desacuerdos con el gobierno de turno. Es de esperar que la sensatez de los trabajadores de la educación pueda ganarle a la conducta de muchos de sus dirigentes sindicales, reclamando creativa e innovadoramente, sin afectar los días de clase, con marchas a contraturno, en días feriados u otras que seguramente generarán mayores simpatías y apoyos. Y que las máximas autoridades cumplan con el compromiso anunciado de priorizar la educación y sumar, para ello, medidas concretas dirigidas a brindar mayor bienestar y calidad de preparación a los docentes.

Transitamos este tiempo deseando que sea un momento bisagra que nos permita proyectarnos hacia un futuro en el que la educación funcione como instrumento para el desarrollo y la superación de toda forma de exclusión; una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1980944-la-educacion-en-jaque

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