El país andino sigue avanzando en materia de derechos sociales. La nueva Ley de Identidad de Género que ha entrado en vigor desde el 1 de agosto permitirá a las personas trans modificar su nombre y sexo en los documentos oficiales de un modo mucho más sencillo.
Los derechos de la comunidad LGTB siguen calando en Sudamérica. Primero se ganaron el favor social y ahora ha llegado el paso de modificar las diferentes legislaciones de los países latinoamericanos.
El pasado mes de mayo, Bolivia aprobaba una nueva Ley de Identidad de Género que ha entrado en vigor el 1 de agosto para regocijo del colectivo trans.
La ley en cuestión permite a las personas trans modificar sus datos personales (sexo y nombre) en el documento de identidad como paso previo para poder cambiar el resto de sus documentos oficiales.
Entre los requisitos que se solicitan para realizar este cambio figuran un examen psicológico, un registro de antecedentes de la persona en cuestión y una fotografía actualizada.
El día de su aprobación, Virginia Velasco, aseguraba que la normativa permitirá al colectivo el acceso a la salud, la educación y el trabajo sin discriminación.
Desde el Gobierno se ha querido eliminar las barreras burocráticas para agilizar el proceso. De este modo, en un trámite de no más de 15 días se realizarán cambios en los registros civiles, y la persona trans podrá disfrutar de la identidad con la que se siente identificado de una manera rápida y alejada de procesos traumáticos.
La nueva norma ha tenido repercusión desde el mismo momento de su entrada en vigor. Tamara Núñez del Prado, adjunta al Defensor del Pueblo, ha confirmado que este lunes al menos 40 personas ya han comenzado los trámites, que se prolongan durante unos 15 días. Durante el primer semestre, unas 2.000 personas se acogerán a esta medida, según los cálculos de las autoridades.
Núñez del Prado y el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, han coincidido en calificar la nueva ley de «cambio histórico» para el país andino. Con esta reforma, Bolivia es el país número 41 que alienta normas a favor de las personas trans.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación , convoca a una movilización la cual partirá de los Pinos y llegará al Zócalo. Hora de Salida 10:00 AM
La defensora iraní de los derechos humanos Narges Mohammadi, presa de conciencia, puso fin a su huelga de hambre el 16 de julio, al cabo de 20 días, cuando se le permitió hablar por teléfono con sus hijos durante 30 minutos. El fiscal asociado le ha entregado un documento por el que se compromete a permitirle llamar a sus hijos una vez a la semana.
Estaba en huelga de hambre desde el 27 de junio como protesta por la negativa de las autoridades a permitirle hablar con sus hijos. Los gemelos se fueron a vivir con su padre al extranjero el 17 de julio de 2015, pues no había nadie que pudiera cuidar de ellos en Irán tras la detención de su madre.
Narges Mohammadi padece varios problemas graves de salud, entre ellos un trastorno neurológico, y necesita medicación diaria, así como atención médica especializada constante, que no pueden prestarle en la prisión. Su estado físico empeoró aún más durante la huelga de hambre. El 9 de julio la sacaron de la prisión de Evin para llevarla a un centro médico de Teherán, porque sufría palpitaciones y una bajada de tensión.
Retrasar la lactancia materna incrementa el riesgo de mortalidad de los recién nacidos hasta un 80%
NUEVA YORK, 29 de julio de 2016 – Alrededor de 77 millones de recién nacidos –o 1 de cada 2– no reciben leche materna en la primera hora que transcurre después de su nacimiento, y esto les priva de los nutrientes, los anticuerpos y el contacto con la piel de sus madres que son esenciales para protegerlos de las enfermedades y de la muerte, dijo UNICEF.
“Hacer que los bebés esperen demasiado tiempo para tener el primer contacto fundamental con su madre fuera del útero disminuye las posibilidades del recién nacido de sobrevivir, limita la producción de leche y reduce las posibilidades de la lactancia materna exclusiva”, dijo Francia Bégin, asesora superior de nutrición de UNICEF. “Si se alimentara a todos los bebés solo con leche materna desde el momento en que nacen hasta los seis meses de edad, se salvarían más de 800.000 vidas cada año”.
Los progresos para lograr un aumento en el número de recién nacidos alimentados con leche materna en la primera hora de vida han sido lentos en los últimos 15 años, según indican los datos de UNICEF. En África subsahariana, por ejemplo, donde las tasas de mortalidad de menores de cinco años son las más altas de todo el mundo, las tasas de lactancia materna temprana aumentaron solamente 10 puntos porcentuales desde 2000 en África oriental y meridional, y han permanecido sin cambios en África occidental y central.
Incluso en Asia meridional, donde las tasas de iniciación temprana de la lactancia materna se triplicaron en 15 años –del 16% en 2000 al 45% en 2015– el aumento dista de ser suficiente: 21 millones de recién nacidos todavía tienen que esperar demasiado tiempo antes recibir la leche materna.
Cuanto más se retrasa la lactancia, mayor es el riesgo de morir en el primer mes de vida. Retrasar la lactancia materna de 2 a 23 horas después del nacimiento aumenta el riesgo de morir en los primeros 28 días de vida en un 40%. Retrasarla por 24 horas o más incrementa este riesgo hasta un 80%.
“La leche materna es la primera vacuna del bebé, la primera y mejor protección que tiene contra la enfermedad y los trastornos”, dijo Francia Bégin. “Debido a que casi la mitad de las muertes de niños menores de cinco años son de recién nacidos, la lactancia temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.
Los análisis de UNICEF muestran que las mujeres no están recibiendo la ayuda que necesitan para iniciar la lactancia inmediatamente después del nacimiento incluso en aquellos casos en que un médico, una enfermera o una partera presta asistencia durante el parto. En Oriente Medio, África septentrional y Asia meridional, por ejemplo, las mujeres que dan a luz con una partera cualificada presente tienen menos posibilidades de iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida en comparación con las mujeres que dan a luz con parteras no cualificadas o con familiares.
La alimentación de los bebés con otros líquidos o alimentos es otro motivo por el que se retrasa la lactancia temprana. En muchos países es costumbre alimentar al bebé con fórmula para lactantes, leche de vaca o agua con azúcar en los tres primeros días de vida. Casi la mitad de todos los recién nacidos son alimentados con estos líquidos. Cuando los bebés reciben alternativas menos nutritivas que la leche materna, amamantan con menos frecuencia, haciendo que sea más difícil para las madres iniciar y continuar la lactancia materna.
A nivel mundial, sólo el 43% de los bebés menores de seis meses son amamantados de manera exclusiva. Los bebés que no reciben leche materna en absoluto tienen 14 veces más probabilidades de morir que aquellos que se alimentan sólo con leche materna.
Cualquier cantidad de leche materna reduce el riesgo de morir del niño. Los bebés que no reciben nada de leche materna tienen siete veces más posibilidades de morir a causa de infecciones que aquellos que recibieron por lo menos algo de leche materna durante sus seis primeros meses de vida.
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Nota a los editores
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra anualmente del 1 al 7 de agosto en más de 170 países para fomentar la lactancia materna y mejorar la nutrición infantil en el mundo.
www.amnesty.org/03-08-2016/Por: Camille Roch, Tale Longva
Las sesiones de diálogo sobre derechos humanos con las comunidades locales están encontrando soluciones para poner fin a la doble discriminación que sufren las mujeres que viven con discapacidad física en Senegal.
“Cada día encontramos dificultades”, dice Absa Seye, una joven que ha participado en la sesión. “Las mujeres embarazadas que viven con una discapacidad hacen frente al estigma, y muchas dudan antes de salir de casa durante el embarazo.”
En Senegal, las mujeres que viven con discapacidad se enfrentan a menudo a una doble discriminación, por ser mujer y por su discapacidad. Debido a los prejuicios negativos, corren un riesgo especial de ser estigmatizadas y hacen frente a desventajas desproporcionadas en comparación con el resto de la población.
Casi nunca se habla de los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres, como sus necesidades específicas durante el embarazo. El acceso a los servicios de atención de la salud es a menudo complicado, y la falta de personal médico cualificado impide que reciban la atención adaptada que por su condición necesitan.
Las mujeres embarazadas que viven con una discapacidad hacen frente al estigma, y muchas dudan antes de salir de casa durante el embarazo.
Para responder a estos desafíos, la ANHMS y Amnistía Internacional Senegal están reuniendo a mujeres con discapacidad física para celebrar sesiones de diálogo con el fin de identificar la discriminación y desarrollar soluciones para abordarla.
Basado en debates participativos en los que intervienen miembros de la comunidad local, este enfoque basado en derechos contribuye a reforzar su conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y a impulsar la participación de las autoridades y los centros de salud en la prevención del trato discriminatorio.
“Estas sesiones ayudan a abordar cuestiones relativas a la accesibilidad a la atención de la salud para las mujeres embarazadas, las dificultades que encuentran en su papel de madres, y cuestiones relacionadas con la sexualidad, que para muchas es algo de lo que nunca hablan”, explica Aminata Dieye, coordinadora de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional Senegal.
“He aprendido mucho sobre los derechos sexuales y reproductivos. Gracias a la formación, comprendemos la importancia de asistir a los controles de salud, ya que las mujeres con discapacidad tienen necesidades especiales que deben ser vigiladas durante el embarazo. La formación también fue reveladora en el sentido de que ahora puedo imaginar una vida de mujer casada como cualquier otra mujer”, dice Absa.
Doscientas mujeres han participado en las sesiones de diálogo y actúan como defensoras para informar a otras mujeres en el seno de su comunidad.
Partiendo de este enfoque para poner en marcha un cambio de actitud, el proyecto se combina con programas de radio interactivos para llegar a una audiencia más amplia más allá de la región de Thies.
En los programas de radio de una hora de duración en Sud FM y Best FM han intervenido expertos médicos y especialistas de organizaciones internacionales para concienciar sobre los derechos de las mujeres que viven con discapacidad.
Las entrevistas con expertos jurídicos sobre la ratificación por Senegal en 2010 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se centró también en el marco jurídico que rodea su derecho a denunciar el clima de discriminación que aún prevalece.
“Este proyecto ha fomentado los conocimientos sobre la situación de las personas que viven con discapacidad, desde la sensibilización que hemos llevado a cabo en el seno de nuestras familias hasta la comunidad en general, a la que se ha llegado a través de los programas de radio. Incluso ha habido personas que me han parado en la calle para decirme que han escuchado el programa de radio y que no eran conscientes de todas las dificultades a las que se enfrentan las personas que viven con discapacidad”, dice Diobe Ndiaye, una joven que participó en la sesión de diálogo.
Los mismos derechos para todas las mujeres
Los esfuerzos sostenidos para proteger los derechos de las mujeres con discapacidad han dado lugar a mejoras. Las reuniones con miembros de la comunidad local y la formación del personal médico han resultado eficientes para difundir información, mejorar la accesibilidad a las instalaciones de atención de la salud y abordar las barreras específicas para la discapacidad.
En el centro maternal de Thies, por ejemplo, pequeñas modificaciones están cambiando las cosas, observa Aby Cisse, que trabaja en la ANHMS. Se ha instalado una nueva rampa para mejorar el acceso, y se ha trasladado la sala de obstetricia a la planta baja para que a las mujeres les resulte más fácil la consulta con el personal.
La mayor visibilidad generada por los programas de radio también ha dado lugar a la distribución de muletas por el socio principal de la asociación, a disposición de las personas de la asociación.
El proyecto liderado por la ANHMS y Amnistía Internacional Senegal se hace eco de la implementación de nuevas medidas sociales en todo el país para apoyar a las personas con discapacidad, como la distribución de la tarjeta de igualdad de oportunidades (carte d’égalité des chances), que da derecho a su titular a ventajas económicas, como la contribución total o parcial al costo de la atención médica que necesite.
Pero todavía queda un largo camino por recorrer para que las mujeres con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás mujeres.
“Se necesitan nuevas medidas como la carte d’égalité des chances para las personas que viven en la pobreza extrema ya que les permite acceder a atención y servicios médicos. Pero aún queda mucho por hacer en todos los ámbitos para que estas medidas sean plenamente efectivas. Por ejemplo, sensibilizar a los centros de salud para que garanticen que las personas titulares de la tarjeta se benefician realmente de las ventajas a las que tienen derecho.”
“Este proyecto también está creciendo, y es importante hacer participar a personas jóvenes y organizar sesiones de diálogo con asociaciones juveniles, para prevenir la discriminación y cambiar las mentalidades”,dice Aminata Dieye.
En Senegal, la formación de mujeres que viven con discapacidad forma parte del programa Educación – Empoderamiento – Justicia (EEJ), que tiene como objetivo reforzar los derechos humanos y contribuir a una mayor justicia a través de la educación en derechos humanos e iniciativas de empoderamiento, con especial atención a la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
Bridge International Academies parece estar perdiendo influencia en Uganda, después de que el Gobierno decidiera cerrar 87 escuelas primarias de pago, incluidas las pertenecientes a Bridge, por no cumplir con las normas y regulaciones mínimas.
El cierre de las escuelas primarias privadas en el distrito de Jinja, en Uganda, se produjo con efecto inmediato el 11 de julio tras la decisión del Inspector de Escuelas del Distrito, según el diario ugandés Daily Monitor.
Por debajo de los estándares
El informe indica que las escuelas no cumplían con los “requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación y Deporte”. Continuaba diciendo que no habían contratado docentes cualificados, no disponían de las licencias necesarias ni contaban con la infraestructura apropiada, incluyendo aulas, salas de profesores o baños adecuados. Los campus escolares de Bridge International Academies (BIA) en cuatro áreas resultaron afectados por el cierre.
Cuestión de importancia nacional
El día que se anunciaron los cierres, Margaret Rwabushaija, presidenta nacional del sindicato de docentes Uganda National Teachers Union (UNATU) y miembro del Parlamento, planteó esas mismas preocupaciones durante una sesión parlamentaria. Mencionó que se trata de una cuestión de importancia nacional, instando al Ministro de Educación a asegurarse de que las escuelas de BIA fuesen sometidas a una completa inspección en relación con la calidad de la educación aportada. “Si no estuvieran conformes con los estándares educativos del país, debería revocarse de inmediato su licencia; de lo contrario estamos poniendo en peligro el futuro de nuestros niños”, dijo.
Rwabushaija señaló que Bridge, que había obtenido la aprobación hace dos años únicamente para abrir una escuela en Uganda, y hacía poco estaba ya gestionando hasta 62 establecimientos. Rwabushaija continuó indicando que Bridge emplea personal académico que carece de cualificaciones y la formación necesarias, que se limitan a seguir su propio programa pre-establecido.
IE: los gobiernos deben implementar un marco legislativo
El discurso de la presidenta de UNATU ante el Parlamento se hace eco de la demanda de la Internacional de la Educación (IE) de que todos los gobiernos establezcan y garanticen la aplicación de un marco legislativo para dar efecto a la aportación de una educación de calidad en conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
El Objetivo 4 de la Agenda 2030, que obliga a los gobiernos “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” se ve reforzado por la Meta 1 que requiere “velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad”. Por otro lado, el marco legislativo ha de garantizar que ahí donde existan agentes no estatales, éstos deberán cumplir las normas mínimas para poder obtener su registro. Dichas normas incluyen el empleo de docentes cualificados, impartir un programa escolar acorde con los requisitos nacionales, contando con locales y facilidades adecuadas para los cursos impartidos.
Tras negarle la inscripción al siguiente cuatrimestre, un juez federal de Chiapas demandó a la institución garantizar su acceso a la educación
Un juez federal de Chiapas amparó a una estudiante de la licenciatura de Trabajo Social contra las autoridades de una universidad privada de ese estado, ya que le impidieron continuar con sus estudios vulnerando su derecho humano a la educación, por el retraso en el pago de dos mensualidades.
Tomando como base la perspectiva de género, así como en tratados internacionales y en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derecho a la educación, el juzgador resolvió el amparo 902/2016, ya que la quejosa además de pertenecer a un grupo vulnerable, ser ama de casa, madre de tres hijos y sin ingresos propios, se desempeñó como estudiante de excelencia académica de centro de estudios.
La educación superior, conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación, puede catalogarse como un servicio público. No obstante que sean los particulares los que brinden dicho servicio, Las instituciones privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional”, sentenció el juez.
Además, en su resolutivo el impartidor de justicia planteó que al contar con reconocimiento de validez oficial de estudios, la universidad ejerce una atribución concedida por el Estado, por lo que al impedir a la estudiante realizar la inscripción al cuarto y quinto cuatrimestre de la licenciatura de Trabajo Socialejerció actos equivalentes a los de autoridad.
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