El incremento de los estándares de calidad y la optimización de las políticas públicas son algunos de los resultados que el Perú espera lograr con su incorporación al Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reto que el Gobierno se ha propuesto alcanzar y legar como política de Estado.
El interés de nuestra Nación en formar parte de esta plataforma ha quedado confirmado con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala, en la ceremonia de lanzamiento del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, que el Perú copreside junto con Chile, cuya puesta en marcha facilitará el intercambio de prácticas económicas y políticas entre las naciones miembro. Los primeros pasos para la incorporación peruana ya se dieron: el Gobierno presentó los documentos para ingresar en la organización; la OCDE formuló una invitación formal para que el Perú participe del Programa País; una misión del organismo ya coordinó con autoridades nacionales el contenido del programa, que incluye aspectos de gobierno público, competitividad, desarrollo económico y sostenible, temas laborales, de inversión y modernización institucional, entre otros; y recientemente acaba de dar un paso más al adherirse a la Recomendación del Consejo sobre Principios para la Gobernanza Pública de las asociaciones público-privadas (APP), con lo cual la Nación peruana se convierte en el primer país no integrante de esta plataforma cuyas políticas en materia de APP se sujetan a estos ordenamientos.
La OCDE brinda asesoría y orientación desde 1961 a los países para consolidar políticas públicas, de tal manera que apunta sus esfuerzos a impulsar un responsable cambio económico, social y ambiental, y así diseñar patrones que las naciones interesadas pueden adoptar para lograr un desarrollo pleno. A fin de alcanzar ese objetivo, los representantes de los 34 países miembros se reúnen en comisiones en las que se promueven y discuten nuevas ideas, y se examinan los progresos en diversos ámbitos como economía, comercio, ciencia, empleo, educación o mercados financieros.
La inclusión del Perú en este organismo internacional permitirá, pues, que se incremente aún más la confianza de los inversionistas, lo que originará más empleo, más competitividad, mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Es decir, pertenecer a la OCDE es tan relevante como alcanzar un grado de inversión porque representa una suerte de sello de calidad, no solo sobre las finanzas públicas, sino también sobre todas las políticas, y posibilitará que el Perú se siga insertando en los escenarios más importantes en materia económica y política.
Los esfuerzos están encaminados para que nuestro país siga una ruta de inclusión internacional. Ya se integró a organizaciones tan importantes como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico, y ahora se busca como meta ingresar en la OCDE, porque su inclusión en esta plataforma es un paso más en el proceso de consolidación del crecimiento económico.
La inclusión del Perú en este organismo internacional permitirá que se incremente aún más la confianza de los inversionistas, lo que originará más empleo, más competitividad, mejores condiciones de vida.
* Fuente de la imagen: http://www.sinpermiso.pe/cultura/segun-encuesta-pulso-peru-el-52-de-peruanos-cree-que-la-educacion-no-ha-mejorado/
Resumen: La educación inclusiva es ante todo una realidad , consagrado en la ley desde 2013 y se concreta todos los días durante más de 280.000 estudiantes con discapacidad , en las escuelas regulares «, dijo el Ministro . La Conferencia Nacional sobre Discapacidad s ‘ a cabo el jueves , 19 de de mayo de , 2016 a Elíseo . Presidido por el presidente, François Hollande , se encontró con Najat Vallaud – Belkacem , Ministro de Educación nacional , Enseñanza superior e Investigación , Marisol Touraine , Ministro de Asuntos sociales y Salud, Emmanuelle Cosse , Ministro de Vivienda y Hábitat sostenible , Clotilde Valter , Secretario de Estado para la formación profesional y aprendizaje y Ségolène Neuville , Secretario de Estado responsables de las personas con discapacidad y la lucha contra la exclusión .
«L’école inclusive, c’est surtout une réalité, inscrite dans la loi depuis 2013 et rendue concrète au quotidien pour plus de 280 000 élèves en situation de handicap, scolarisés en milieu ordinaire» souligne la ministre. La Conférence nationale du Handicap s’est tenue le jeudi 19 mai 2016 au Palais de l’Élysée. Présidée par le président de la République, François Hollande, elle a réuni Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, Clotilde Valter, Secrétaire d’État chargée de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage et Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.
«La Conférence nationale du handicap est une opportunité pour le président de la République et le gouvernement de rappeler notre engagement en faveur d’une société plus inclusive.
Cette Conférence est l’occasion pour moi de montrer la mobilisation sans relâche de mon ministère pour une École, elle-aussi, toujours plus inclusive.
L’école inclusive, c’est celle qui «reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser, […] qui veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction», dit la Loi de la Refondation pour l’École de la République. C’est l’école qui se soucie de tous les enfants ; mais c’est aussi celle qui ambitionne la construction de la société de demain et d’un vivre ensemble où chacun se reconnaît en l’autre dans ce qu’il est à la fois le même et différent.
Bien entendu, c’est un changement de paradigme : ce ne sont plus les élèves qui s’adaptent au système mais chaque école qui s’adapte aux spécificités des élèves et met en place tous les dispositifs nécessaires à leur scolarisation et à leur réussite éducative, quels que soient leurs besoins.
L’école inclusive, c’est surtout une réalité, inscrite dans la loi depuis 2013 et rendue concrète au quotidien pour plus de 280 000 élèves en situation de handicap, scolarisés en milieu ordinaire.
Dans toutes les écoles de France, on compte aujourd’hui au moins un élève en situation de handicap. Ce résultat est le fruit d’une détermination sans faille dans la politique que je mène.»
Najat Vallaud-Belkacem,
ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
www.kaosenlared.net/Por: Amy Goodman y Denis Moynihan
Wildin es solo uno de los cientos de miles de menores que, ya sea solos o con sus madres, han huido de la violencia en América Central en los últimos años.
La mañana del jueves 28 de enero se presentaba fría en Durham, Carolina del Norte. Esa mañana, Wildin David Guillen Acosta salió de su casa rumbo a la escuela pero nunca llegó. En el camino, fue detenido y arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece detenido desde entonces. Wildin tiene actualmente 19 años de edad. Huyó de su casa en Olancho, Honduras hace más de dos años y fue detenido al cruzar la frontera, pero como en ese momento era menor, se le permitió reunirse con familiares que tenía en Carolina del Norte. Comenzó a asistir a la secundaria Riverside High School y estaba previsto que se graduara en junio de este año. Quería ser ingeniero. En lugar de ello, permanece encerrado en el tristemente célebre Centro de Detención Stewart ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, gestionado por la compañía con fines de lucro Corrections Corporation of America.
Wildin es solo uno de los cientos de miles de menores que, ya sea solos o con sus madres, han huido de la violencia en América Central en los últimos años. Principalmente provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Actualmente, Honduras es uno de los países más violentos del mundo y Olancho cuenta con una de las tasas más altas de asesinatos, lo que provoca que muchos huyan del lugar. El Ejército de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA) tienen fuerzas especiales desplegadas de forma permanente allí, las cuales participan de operativos antinarcóticos que también han provocado la muerte a decenas de hondureños.
Wildin fue arrestado en el marco de una serie de operativos de inmigración llamados “Operación Guardián de la Frontera”. Muchos creen que el objetivo de estos operativos fue generar miedo entre quienes se encuentran aún en América Central y están considerando realizar el peligroso viaje hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. “Como he dicho en repetidas oportunidades, nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en aquel momento. “Si vienen aquí de forma ilegal, los enviaremos de regreso de conformidad con nuestras leyes y nuestros valores”, afrimó. Inmediatamente después del arresto de Wildin, familiares, amigos, compañeros de clase y profesores de la secundaria Riverside realizaron una contundente manifestación de valores, marchando en apoyo de Wildin y de otros cinco jóvenes arrestados de manera similar. A este grupo de jóvenes encarcelados se le llama con frecuencia “NC6” o “Los 6 de Carolina del Norte”, en español. La Comisión de Relaciones Humanas de Durham solicitó al ICE su liberación, al igual que lo hizo el Concejo Municipal de Durham.
Una profesora de Wildin, Ellen Holmes, sostuvo en un video que realizó en su apoyo: “Hay mucho miedo en nuestra comunidad, porque, desafortunadamente, no es el único menor que han detenido. Esto provoca ausencias y deserciones en nuestras escuelas. Está generando un intenso sentimiento de miedo en el seno de nuestra escuela y de nuestra comunidad”. Existe escasa evidencia de que los arrestos y las deportaciones masivas hayan reducido el flujo de refugiados centroamericanos hacia Estados Unidos, pero ciertamente han atemorizado a los estudiantes y a las familias que actualmente se encuentran aquí, lo que los obliga a mantener a los menores fuera de las escuelas por temor a que sean arrestados como Wildin.
La solicitud de asilo de Wildin fue rechazada y el 19 de marzo un juez de inmigraciones denegó la solicitud de reabrir su caso. El 20 de marzo se dispuso su deportación a Honduras. Sin embargo, debido a la enorme presión pública que ejerció esta organización de base liderada por jóvenes, la directora del ICE, Sarah Saldaña, emitió esa mañana una orden por la que se pospuso su deportación. La solicitud de asilo de Wildin se encuentra ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, en un proceso que podría tardar meses e incluso años en resolverse.
Paromita Shah, directora asociada del Proyecto Nacional de Inmigración de la Asociación Nacional de Abogados, dijo en el noticiero de “Democracy Now!: “Debería ser liberado. Noventa días, desde cualquier punto de vista, es un período de tiempo atroz para ser pasado en detención”. Shah estuvo en Washington, D.C., junto a varios estudiantes y a la docente de Riverside High Ellen Holmes, visitando a integrantes del Congreso y al secretario de Educación, John B. King Jr., para solicitarles que apoyen a Wildin.
Axel Herrera es uno de los estudiantes que fue a Washington. Al igual que Wildin, era un estudiante indocumentado de Honduras, pero ingresó a Estados Unidos a los siete años de edad y por tanto tuvo derecho acogerse a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertas protecciones legales durante un período limitado a los inmigrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. siendo niños. “Hemos hablado con varios legisladores. Hemos hecho llamados. Hemos enviado cartas. Hemos obtenido el apoyo de algunos congresistas de Carolina del Norte, que se comprometieron a solicitar que nuestros compañeros sean liberados. Pero no hemos tenido la respuesta que esperábamos, que es tener a Wildin y a algunos de los demás estudiantes de ‘Los 6 de Carolina del Norte’ de regreso en nuestras escuelas”.
Wildin Acosta permanece detenido en la prisión privada del ICE en Georgia. Su solicitud de que se le enviaran las tareas escolares a la prisión fue inicialmente denegada. Tras las protestas de la población, la guardia cedió. Muchos estudiantes de secundaria son sancionados por negarse a estudiar. Wildin está encerrado en detención permanente y debe luchar por su derecho a estudiar. El secretario Johnson y todos los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deberían aceptar que son esa determinación y ese compromiso los que van “de conformidad con nuestros valores
El número de personas que, en Afganistán, han huido de la violencia y permanecen atrapadas en su propio país –donde se encuentran al límite de la supervivencia– se ha duplicado espectacularmente a lo largo de los últimos tres años, según destaca un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.
Nada menos que 1,2 millones de personas se encuentran internamente desplazadas en Afganistán a día de hoy: un incremento dramático respecto a las aproximadamente 500.000 de 2013. Los afganos constituyen ya una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo: se calcula que 2,6 millones de personas con ciudadanía afgana viven fuera de las fronteras del país.
“Mientras la atención mundial parece alejarse de Afganistán, corremos el peligro de olvidar la terrible situación de las personas a las que el conflicto ha dejado atrás”, ha manifestado Champa Patel, directora de Amnistía Internacional para Asia meridional.
“Incluso tras huir de sus casas en busca de seguridad, un número cada vez mayor de personas afganas se consumen en condiciones atroces en su propio país, y luchan por su supervivencia sin vislumbrar el final.”
La investigación realizada por Amnistía Internacional concluyó que, pese a las promesas formuladas por los sucesivos gobiernos afganos, las personas internamente desplazadas de Afganistán siguen careciendo de cobijo, comida, agua, atención médica y oportunidades de educación y empleo.
“Preferiría estar en la cárcel que en este lugar; al menos en la cárcel no tendría que preocuparme por la comida y el cobijo.”
dijo a Amnistía Internacional Mastan, una mujer de 50 años que vivía en un campamento en Herat. “Preferiría estar en la cárcel que en este lugar; al menos en la cárcel no tendría que preocuparme por la comida y el cobijo.”
La situación se ha deteriorado dramáticamente en los últimos años, y cada vez hay menos ayuda y artículos de primera necesidad, como la comida, disponibles. En 2014 se lanzó una nueva política nacional sobre personas internamente desplazadas que podría ser una tabla de salvación para quienes han tenido que desplazarse, pero que apenas se ha implementado, obstaculizada por la presunta corrupción, la falta de capacidad del gobierno afgano y el desvanecimiento del interés internacional.
Desalojos forzosos
Pese a que las autoridades afganas han prometido mejorar las condiciones en las que viven las personas internamente desplazadas, Amnistía Internacional ha concluido que los desalojos forzosos –ya sea por parte del gobierno o de actores privados– constituyen una amenaza diaria.
El 18 de junio de 2015, primer día del Ramadán, un grupo de hombres armados vestidos con ropas militares amenazaron con arrasar con excavadoras el campamento de Chaman-e-Babrak, en Kabul. Un anciano protestó por el intento de desalojo forzoso, y pidió a unos policías cercanos que detuvieran la acción de las excavadoras. Los hombres armados lo golpearon, lo que provocó una manifestación de protesta.
Como respuesta, según af los residentes, la policía y los hombres armados abrieron fuego contra las personas internamente desplazadas: mataron a dos de ellas e hirieron a diez. Entre los heridos había un niño de 12 años. No se ha llevado a cabo ninguna investigación, y nadie ha comparecido ante la justicia.
Una vida al límite de la supervivencia
La mayoría de las comunidades de personas internamente desplazadas carecen de acceso a instalaciones básicas de salud. Estas personas, que sólo disponen ocasionalmente de clínicas móviles gestionadas por ONG o por el gobierno, a menudo se ven obligadas a buscar una atención médica privada que no se pueden permitir.
“Si enfermamos, tengo que mendigar para conseguir algo de dinero con el que ir a clínicas privadas”, dijo a Amnistía Internacional una mujer de 50 años en Herat. “No tenemos otra opción.”
Al carecer de una fuente de ingresos estable, las personas internamente desplazadas pueden encontrarse con grandes deudas. En un caso, un padre dijo a Amnistía Internacional que había tenido que pedir prestados 20.000 afganis (292 dólares estadounidenses) para pagar una operación de su hijo. “Es una suma enorme de dinero para nosotros”, dijo el padre.
Aquí la comida es un lujo, nadie puede permitírsela. Vivimos principalmente de pan y verduras en mal estado desechadas del mercado.
Pese a que, según la política de 2014 y las obligaciones contraídas por Afganistán en virtud del derecho internacional, las personas internamente desplazadas tienen derecho a pedir y recibir comida, agua y ropa adecuada, el gobierno afgano no ha proporcionado un acceso fiable a los artículos de primera necesidad. La gente se ve obligada a recorrer largos trayectos diarios para buscar agua, y tiene que luchar para conseguir una comida al día.
“Aquí la comida es un lujo, nadie puede permitírsela”, dijo Raz Muhammad, líder comunitario del campamento de Chaman-e-Barbak, en Kabul. “Vivimos principalmente de pan y verduras en mal estado desechadas del mercado. La última vez que recibimos ayuda alimentaria fue antes del invierno pasado, cuando recibimos tres sacos de trigo.”
Desde que tuvieron que abandonar sus hogares, la educación de los hijos e hijas de las personas internamente desplazadas se ha interrumpido, y los adultos se han visto reducidos a una situación de desempleo crónico.
“Las personas internamente desplazadas no deberían sufrir discriminación de ningún tipo”, ha manifestado Champa Patel. “Deberían tener el mismo acceso a oportunidades de educación y empleo que el resto de la población afgana.”
“Incluso tras huir de sus casas en busca de seguridad, un número cada vez mayor de personas afganas se consumen en condiciones atroces en su propio país, y luchan por su supervivencia sin vislumbrar el final.”
La política sobre personas internamente desplazadas establece que ningún a niño o niña desplazado debe negársele la educación aunque no puedan permitirse artículos básicos como libros escolares, uniformes u otros materiales educativos.
Sin embargo, en la práctica, la carga económica que soportan estas personas significa que a menudo los niños o niñas tienen que trabajar para ayudar a sus familias, por ejemplo, lavando automóviles, limpiando zapatos a cambio de dinero, y recogiendo bolsas de plástico para revenderlas.
“Los problemas económicos de las familias desplazadas se ven agravados”, ha manifestado Champa Patel. “Han perdido sus fuentes tradicionales de sustento, y las pocas oportunidades que tienen son de trabajo informal, lo que da lugar a circunstancias en las que las mujeres se ven excluidas y los niños y niñas sufren explotación y no pueden acceder a la educación.”
La política sobre personas internamente desplazadas: Una promesa incumplida
La política de 2014 sobre personas internamente desplazadas expone sobre el papel los derechos de estas personas, así como un plan de acción concreto que el gobierno afgano debe poner en práctica. Sin embargo, la política ha cumplido sus promesas y, hasta el momento, ha supuesto un escaso beneficio para las personas desplazadas.
Hay muchas razones para esta falta de implementación; para empezar, el gobierno afgano sufre una enorme falta de capacidad y experiencia en lo que se refiere a las personas internamente desplazadas. El Ministerio de Asuntos de los Refugiados y Repatriación, encargado de coordinar la implementación de la política, tiene unos recursos muy por debajo de los necesarios, y lleva años asediado por denuncias de corrupción.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional no ha intervenido todo lo que podría cuando el gobierno afgano no ha sido capaz de hacerlo. Ahora que otras crisis atraen la atención mundial y el dinero de los donantes, la ayuda a Afganistán se está reduciendo. La ONU ha pedido 393 millones de dólares estadounidenses en concepto de fondos humanitarios para Afganistán en 2016: la cifra más baja desde hace años pese a la terrible situación humanitaria. Hasta mayo, se había proporcionado menos de una cuarta parte de esos fondos.
Recomendaciones
Amnistía Internacional pide a las autoridades afganas y a la comunidad internacional que garanticen de inmediato que se satisfacen las necesidades más urgentes de las personas desplazadas. Además, el gobierno afgano debe señalar como prioridad la implementación de la política sobre personas internamente desplazadas, y garantizar que se dedican en todo el gobierno recursos suficientes para hacerla realidad.
Asimismo, los actores internacionales clave en Afganistán deben hacer más por garantizar que se respetan los derechos humanos de las personas desplazadas, y dedicar más esfuerzo, experiencia y recursos a la implementación de la política.
“Todas las partes que han estado implicadas en Afganistán durante los últimos 15 años tienen la responsabilidad de reunirse y asegurarse de que las mismas personas a las que la comunidad internacional se dispuso a ayudar no son abandonadas a una suerte aún más precaria”, ha manifestado Champa Patel.
“Afganistán y el mundo deben actuar ya para poner fin a la crisis de desplazamiento del país, antes de que sea demasiado tarde.”
El diputado de RD, Giorgio Jackson, propuso un sistema de contribución solidario para financiar la educación superior, propuesta que generó diversas reacciones.
En la UDI postulan que no es la fórmula correcta y que la gratuidad debiera ser sólo para quienes no puedan pagar. Desde el PC, en tanto, sostienen que están trabajando en una propuesta propia para el financiamiento de la reforma.
Marta Luttgrodt regenta un puesto de comida en Accra que le obliga a pagar 500 cedis (114 euros) en impuestos al mes, el 25% de sus ingresos. A escasos metros, la multinacional que fabrica las cervezas que ella misma vende a sus clientes lleva dos años sin pagar un céntimo a las arcas de Ghana. La cervecera que se levanta junto a su pequeño comercio de la capital ghanesa es la británica SABMiller, una de las empresas que está contribuyendo a la fuga de capitales en África, estimada en 50.000 millones de dólares al año, casi lo mismo que recibe en ayuda al desarrollo.
La cooperación internacional envía a África cada año cerca de 46.100 millones de dólares, cifra similar a la que pierde en flujos financieros ilícitos (FFI) o «dinero ganado, transferido o utilizado de forma ilegal», explica a la agencia Efe Crystal Simeoni, de Tax Justice Network (TJN). Esta organización ha impulsado la primera iniciativa continental para exigir el fin de los mecanismos fiscales que permiten la fuga de capitales. «Al hacer una suma muy simple, nos damos cuenta de que podemos financiar gran parte de nuestro desarrollo», explica la jefa del programa de arquitectura financiera de la TJN.
Las multinacionales occidentales y asiáticas que explotan los ricos yacimientos de África, la última frontera en la carrera global por los recursos naturales, contribuyen en un 65% a esta fuga de capitalesDetrás de la financiación ilícita que escapa del continente africano se encuentran sobre todo empresas extranjeras, y principalmente las que operan en el sector extractivo, según datos del Panel de Alto Nivel sobre los FFI. Las multinacionales occidentales y asiáticas que explotan los ricos yacimientos de África, la última frontera en la carrera global por los recursos naturales, contribuyen en un 65% a esta fuga de capitales.
El resto de la financiación que se escabulle del continente sin cargas impositivas es generado por las redes de tráfico de drogas y personas(30%) y por la corrupción que lastra a la mayoría de administraciones africanas (3 %), advierten desde el grupo de expertos.
La filtración de los llamados «papeles de Panamá» ha destapado el alcance global de la ingeniería fiscal, entendida como el arte de evadir impuestos o blanquear capitales, muy extendida también en África. No en vano, SABMiller, el segundo grupo cervecero mundial, tiene más paraísos fiscales -65- que plantas y factorías en África, según un estudio de Christian Aid. «La ingeniería contable permite trasladar los beneficios de compañías indias y africanas a paraísos fiscales«, advierte la organización británica, sobre una práctica que está reduciendo en aproximadamente un quinto la recaudación de impuestos en África.
Kenia, Nigeria, Ghana, República Democrática del Congo, Zimbabue, Zambia o Angola, los países con más recursos del continente y los más codiciados por las multinacionales, son también los más afectados por la fuga ilegal de capitales. «Los gobiernos africanos tienen la idea de que cuantos más incentivos fiscales den, más inversiones atraerán», lamenta Simeoni, quien asegura que tienen más peso variables como la seguridad o la red de infraestructuras.
La economista evitar aludir a la sangrante corrupción de los gobiernos africanos, que no suelen oponer resistencia a las artimañas fiscales de las multinacionales y se embolsan cada año de una cifra tres veces superior a la de los FFI: 148.000 millones de dólares, según el Banco Africano de Desarrollo (BAD). «¿Por qué deberíamos pagar impuestos si los gobiernos africanos son tan corruptos? Es un argumento muy débil decir que no debería preocuparme por los FFI porque hay corrupción en África», defiende Simeoni.
Si se ataja la financiación ilícita, también se cortará el grifo a la corrupción, apostilla la responsable de prensa de la TJN, Michelle Mbuthia. «Es una relación simbiótica». «Tenemos que trabajar más como continente para ser capaces de hablar con una sola voz», insiste Simeoni. Y que esa voz cambie la narrativa de una «África cuya elite corrupta despilfarra el dinero por la de que también hay otra gente que está robando al continente africano«, concluye.
La Consellería de Educación ha elaborado una nueva orden para regular la evaluación y promoción del alumnado que cursa primaria. Y una de las principales novedades es que los niños de esta etapa podrán contar con una mención honorífica si los profesores consideran que tienen un rendimiento académico excelente. Este reconocimiento se dará a aquellos escolares que al finalizar la primaria tengan sobresaliente en una o varias áreas «e que demostren un rendemento académico excelente». La mención constará en el acta de evaluación.
Además, la norma recoge ya las famosas reválidas de tercero y sexto de primaria, que se tendrán en cuenta «segundo o seu carácter informativo e orientador» a la hora de decidir si un alumno pasa de curso o etapa. Será el equipo docente quien decida sobre la promoción del alumnado, siempre que se considere que el niño adquirió las competencias correspondientes «no grao adecuado». Al igual que ocurría hasta ahora, los alumnos de primaria solo pueden repetir una vez en toda la etapa «e será considerada unha medida de carácter excepcional».
La evaluación de los niños ha variado en función de la ley educativa. Cuando se implantó la Logse desaparecieron los insuficientes, sobresalientes y muy deficientes. Llegaba la época de los necesita mejorar y progresa adecuadamente, en vigor casi veinte años. Pero en el año 2007, ya con la LOE, se acabó con esta forma de calificar a los estudiantes y se recuperaron los notables y suficientes, eso sí, con buen criterio se desterró definitivamente el terrible muy deficiente.
Notas numéricas
La orden que aprobará en breve la Consellería de Educación no solo recoge el insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, sino que establece que debe acompañarse de una cualificación numérica del 1 al 10 (no hay cero), sin decimales. Aunque es un criterio que no recogía la norma aún en vigor -del año 2007-, lo cierto es que todos los boletines de notas, ya desde primero de primaria, incluyen estas cifras. Tanto en el caso de la cualificación numérica como en el de la mención honorífica, se trata de transposiciones de los reales decretos que desarrollan la Lomce a nivel estatal.
En el primer mes de curso el tutor del aula debe hacer una evaluación inicial para adecuar lo que vaya a enseñar al alumnado y facilitar su progresión. Al menos se harán tres sesiones de evaluación y el profesor también debe analizar su práctica docente y los procesos de enseñanza.
La Lomce insiste en el aprendizaje por competencias, por lo que estas serán el principal objeto de evaluación del alumno, es decir, determinar si el escolar sabe movilizar conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones expuestas. En resumen, dotar de funcionalidad el aprendizaje «e aplicar o que se aprende desde unha formulación integradora», recoge la norma.
Tomado de: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/05/31/educacion-incorpora-mencion-honorifica-alumnos-primaria-mayor-rendimiento/00031464647542412661458.htm
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