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El número de personas que, en Afganistán, han huido de la violencia y permanecen atrapadas en su propio país –donde se encuentran al límite de la supervivencia– se ha duplicado espectacularmente a lo largo de los últimos tres años, según destaca un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.
Nada menos que 1,2 millones de personas se encuentran internamente desplazadas en Afganistán a día de hoy: un incremento dramático respecto a las aproximadamente 500.000 de 2013. Los afganos constituyen ya una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo: se calcula que 2,6 millones de personas con ciudadanía afgana viven fuera de las fronteras del país.
El nuevo informe de Amnistía Internacional, ‘My Children Will Die This Winter’: Afghanistan’s Broken Promise to the Displaced, arroja nueva luz sobre las víctimas olvidadas de la guerra del país que han huido de sus casas pero permanecen desplazadas dentro de las fronteras nacionales.
“Mientras la atención mundial parece alejarse de Afganistán, corremos el peligro de olvidar la terrible situación de las personas a las que el conflicto ha dejado atrás”, ha manifestado Champa Patel, directora de Amnistía Internacional para Asia meridional.
“Incluso tras huir de sus casas en busca de seguridad, un número cada vez mayor de personas afganas se consumen en condiciones atroces en su propio país, y luchan por su supervivencia sin vislumbrar el final.”
La investigación realizada por Amnistía Internacional concluyó que, pese a las promesas formuladas por los sucesivos gobiernos afganos, las personas internamente desplazadas de Afganistán siguen careciendo de cobijo, comida, agua, atención médica y oportunidades de educación y empleo.
dijo a Amnistía Internacional Mastan, una mujer de 50 años que vivía en un campamento en Herat. “Preferiría estar en la cárcel que en este lugar; al menos en la cárcel no tendría que preocuparme por la comida y el cobijo.”
La situación se ha deteriorado dramáticamente en los últimos años, y cada vez hay menos ayuda y artículos de primera necesidad, como la comida, disponibles. En 2014 se lanzó una nueva política nacional sobre personas internamente desplazadas que podría ser una tabla de salvación para quienes han tenido que desplazarse, pero que apenas se ha implementado, obstaculizada por la presunta corrupción, la falta de capacidad del gobierno afgano y el desvanecimiento del interés internacional.
Desalojos forzosos
Pese a que las autoridades afganas han prometido mejorar las condiciones en las que viven las personas internamente desplazadas, Amnistía Internacional ha concluido que los desalojos forzosos –ya sea por parte del gobierno o de actores privados– constituyen una amenaza diaria.
El 18 de junio de 2015, primer día del Ramadán, un grupo de hombres armados vestidos con ropas militares amenazaron con arrasar con excavadoras el campamento de Chaman-e-Babrak, en Kabul. Un anciano protestó por el intento de desalojo forzoso, y pidió a unos policías cercanos que detuvieran la acción de las excavadoras. Los hombres armados lo golpearon, lo que provocó una manifestación de protesta.
Como respuesta, según af los residentes, la policía y los hombres armados abrieron fuego contra las personas internamente desplazadas: mataron a dos de ellas e hirieron a diez. Entre los heridos había un niño de 12 años. No se ha llevado a cabo ninguna investigación, y nadie ha comparecido ante la justicia.
Una vida al límite de la supervivencia
La mayoría de las comunidades de personas internamente desplazadas carecen de acceso a instalaciones básicas de salud. Estas personas, que sólo disponen ocasionalmente de clínicas móviles gestionadas por ONG o por el gobierno, a menudo se ven obligadas a buscar una atención médica privada que no se pueden permitir.
“Si enfermamos, tengo que mendigar para conseguir algo de dinero con el que ir a clínicas privadas”, dijo a Amnistía Internacional una mujer de 50 años en Herat. “No tenemos otra opción.”
Al carecer de una fuente de ingresos estable, las personas internamente desplazadas pueden encontrarse con grandes deudas. En un caso, un padre dijo a Amnistía Internacional que había tenido que pedir prestados 20.000 afganis (292 dólares estadounidenses) para pagar una operación de su hijo. “Es una suma enorme de dinero para nosotros”, dijo el padre.
Pese a que, según la política de 2014 y las obligaciones contraídas por Afganistán en virtud del derecho internacional, las personas internamente desplazadas tienen derecho a pedir y recibir comida, agua y ropa adecuada, el gobierno afgano no ha proporcionado un acceso fiable a los artículos de primera necesidad. La gente se ve obligada a recorrer largos trayectos diarios para buscar agua, y tiene que luchar para conseguir una comida al día.
“Aquí la comida es un lujo, nadie puede permitírsela”, dijo Raz Muhammad, líder comunitario del campamento de Chaman-e-Barbak, en Kabul. “Vivimos principalmente de pan y verduras en mal estado desechadas del mercado. La última vez que recibimos ayuda alimentaria fue antes del invierno pasado, cuando recibimos tres sacos de trigo.”
Desde que tuvieron que abandonar sus hogares, la educación de los hijos e hijas de las personas internamente desplazadas se ha interrumpido, y los adultos se han visto reducidos a una situación de desempleo crónico.
“Las personas internamente desplazadas no deberían sufrir discriminación de ningún tipo”, ha manifestado Champa Patel. “Deberían tener el mismo acceso a oportunidades de educación y empleo que el resto de la población afgana.”
La política sobre personas internamente desplazadas establece que ningún a niño o niña desplazado debe negársele la educación aunque no puedan permitirse artículos básicos como libros escolares, uniformes u otros materiales educativos.
Sin embargo, en la práctica, la carga económica que soportan estas personas significa que a menudo los niños o niñas tienen que trabajar para ayudar a sus familias, por ejemplo, lavando automóviles, limpiando zapatos a cambio de dinero, y recogiendo bolsas de plástico para revenderlas.
“Los problemas económicos de las familias desplazadas se ven agravados”, ha manifestado Champa Patel. “Han perdido sus fuentes tradicionales de sustento, y las pocas oportunidades que tienen son de trabajo informal, lo que da lugar a circunstancias en las que las mujeres se ven excluidas y los niños y niñas sufren explotación y no pueden acceder a la educación.”
La política sobre personas internamente desplazadas: Una promesa incumplida
La política de 2014 sobre personas internamente desplazadas expone sobre el papel los derechos de estas personas, así como un plan de acción concreto que el gobierno afgano debe poner en práctica. Sin embargo, la política ha cumplido sus promesas y, hasta el momento, ha supuesto un escaso beneficio para las personas desplazadas.
Hay muchas razones para esta falta de implementación; para empezar, el gobierno afgano sufre una enorme falta de capacidad y experiencia en lo que se refiere a las personas internamente desplazadas. El Ministerio de Asuntos de los Refugiados y Repatriación, encargado de coordinar la implementación de la política, tiene unos recursos muy por debajo de los necesarios, y lleva años asediado por denuncias de corrupción.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional no ha intervenido todo lo que podría cuando el gobierno afgano no ha sido capaz de hacerlo. Ahora que otras crisis atraen la atención mundial y el dinero de los donantes, la ayuda a Afganistán se está reduciendo. La ONU ha pedido 393 millones de dólares estadounidenses en concepto de fondos humanitarios para Afganistán en 2016: la cifra más baja desde hace años pese a la terrible situación humanitaria. Hasta mayo, se había proporcionado menos de una cuarta parte de esos fondos.
Recomendaciones
Amnistía Internacional pide a las autoridades afganas y a la comunidad internacional que garanticen de inmediato que se satisfacen las necesidades más urgentes de las personas desplazadas. Además, el gobierno afgano debe señalar como prioridad la implementación de la política sobre personas internamente desplazadas, y garantizar que se dedican en todo el gobierno recursos suficientes para hacerla realidad.
Asimismo, los actores internacionales clave en Afganistán deben hacer más por garantizar que se respetan los derechos humanos de las personas desplazadas, y dedicar más esfuerzo, experiencia y recursos a la implementación de la política.
“Todas las partes que han estado implicadas en Afganistán durante los últimos 15 años tienen la responsabilidad de reunirse y asegurarse de que las mismas personas a las que la comunidad internacional se dispuso a ayudar no son abandonadas a una suerte aún más precaria”, ha manifestado Champa Patel.
“Afganistán y el mundo deben actuar ya para poner fin a la crisis de desplazamiento del país, antes de que sea demasiado tarde.”
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