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ONU alerta de crisis sin precedentes para la infancia en el Congo

De acuerdo con el organismo internacional, los menores son víctimas de una «catástrofe sin precedentes», debido al conflicto armado que azota la región. Muchos de ellos han sufrido ejecuciones sumarias, violencia sexual, reclutamiento forzado y secuestros.

 

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) alertó este jueves de la situación que enfrentan los niños en la República Democrática del Congo (RDC), especialmente en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, como consecuencia de los violentos enfrentamientos provocados por el grupo terrorista M23.

 

El CDN denunció el aumento de la violencia en la zona a manos de grupos armados, quienes atacan frecuentemente a niños desplazados o que viven en condiciones de extrema pobreza.

 

En el Congo, los niños siguen siendo condenados a la miseria de los campos de refugiados mientras huyen del genocidio que Occidente financia en el pais desde hace décadas, usando a su dictadura títere de Ruanda.

 

Según Save The Children, más de 26 millones de personas, de las… pic.twitter.com/gerAnSQ24A — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 18, 2025

Asimismo, dio a conocer el asesinato de 45 menores que residían en un centro de acogida para niños abandonados en Goma tras la toma de la ciudad por parte de las milicias del M23 en enero pasado, dijo también que 30 niñas que lograron huir del centro se encuentran ahora en situación de calle en la ciudad fronteriza de Gisenyi, en Ruanda, donde enfrentan condiciones de vida extremadamente precarias.

 

El Comité también destacó que la violencia sexual se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos niños en las áreas afectadas por el conflicto. Ante esta situación, el CDN instó a las partes involucradas a poner fin a esos abusos y a negociar un alto al fuego inmediato que permita proteger a la población civil, especialmente a los menores, que son los más afectados.

 

La entidad de la ONU resaltó cómo los ataques contra infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales, impiden que miles de niños puedan acceder a servicios básicos esenciales, lo que agrava aún más la ya crítica situación humanitaria en la región.

 

En el este del Congo, asediado por las bandas terroristas M23 de Occidente y Ruanda, una niña huérfana de menos de 10 años, tras haber perdido a sus padres, se convirtió en la madre de su propio hermano pequeño.

 

Los niños pobres congoleños sobreviven en un infierno de genocidio… pic.twitter.com/RXvZBQzYXG — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 31, 2025

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que, de los 26,4 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país africano, 15,4 millones son niños, mientras, el 40 % de los 6,7 millones de desplazados internos son niños.

 

https://www.telesurtv.net/onu-alerta-crisis-sin-precedentes-para-los-ninos-en-el-congo/

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Organizaciones de América Latina presentan detallado informe sobre las amenazas digitales en la región

Internet se ha convertido en un espacio cada vez más hostil para el activismo y las organizaciones en Latinoamérica, la región más peligrosa del mundo para líderes sociales. El nuevo reporte “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales.

En América Latina” desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y liderado por Derechos Digitales, analizó más de 400 casos de ciberataque, violencia de género digital, censura, espionaje y vigilancia masiva,
entre otros, ocurridos principalmente durante 2024 en la región.

En conmemoración del Día de la Protección de Datos, Derechos Digitales y el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) presentaron el informe «Reporte 2024 en la Mira», que realizó un diagnóstico sobre los riesgos para los derechos humanos en materia de seguridad digital en América Latina. Este informe presentó un análisis de 411 casos de
ciberataques, violencia de género, ciberacoso, censura, ataques a infraestructura crítica, espionaje y vigilancia masiva, que fueron atendidos por las organizaciones miembros del OLAD, subrayando la crítica necesidad de mejorar las medidas de protección de datos personales en la región.

El análisis, además, cubre incidentes en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, donde se documentaron en medios de comunicación de la región, prácticas abusivas que amenazan la seguridad y privacidad de los individuos, especialmente aquellas personas involucradas en la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.

Por ejemplo, en Brasil, la Policía Federal anunció una investigación contra exfuncionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante el gobierno de Bolsonaro, a quienes acusan de haber vigilado ilegalmente a unas 30.000 personas, entre ellas, periodistas y magistrados del Supremo Tribunal Federal. Por su parte, Colombia sufrió un ciberataque tipo ransomware a los portales de la aseguradora médica Salud Total que generó afectaciones de atención en un sistema con 4,8 millones de afiliados. Estos son solo algunos de los numerosos ejemplos que reflejan la gravedad de la situación.

Rafael Bonifaz, Líder del Programa Latinoamericano para la Seguridad y Resiliencia Digital señaló que «Este reporte es el resultado del trabajo realizado por 14 organizaciones distribuidas por toda América Latina. Es un primer diagnóstico que nos permite entender las amenazas digitales a las que estamos expuestos en la región. Sin duda será un recurso útil para desarrollar estrategias que mejoren nuestra protección digital.”

El informe fue realizado por organizaciones que defienden los derechos digitales y trabajan en la seguridad digital. Se trata de un esfuerzo por entender los riesgos de seguridad en línea en la región e identificar tendencias preocupantes en vulneraciones digitales. A su vez, destaca la importancia de una colaboración más estrecha entre los estados, la sociedad civil y los sectores tecnológicos para desarrollar estrategias que protejan mejor la información personal y los derechos digitales de toda la sociedad.

Consulta el informe completo aquí: “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”

El Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) es una alianza de organizaciones latinoamericanas que trabajan en la defensa de los derechos humanos en línea, que han decidido unir esfuerzos para mejorar el entendimiento del
comportamiento de los incidentes de seguridad digital desde una perspectiva regional y lo integran Fundación  Internet Bolivia.org de Bolivia, Escola de Ativismo, Instituto Nupef y MariaLab de Brasil, Colnodo y Fundación Karisma de Colombia, LaLibre.net Tecnologías Comunitarias y Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, Social TIC y Sursiendo de México, Conexión Segura de Venezuela, y Código Sur, Derechos Digitales y Fundación Acceso de alcance regional.

Contacto de prensa: Gastón Wahnish (+54) 114940-3320, prensa@derechosdigitales.org

 

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No hay tregua para Israel, que multiplica sus ataques sobre la población de Cisjordania

Por: Pablo Elorduy

Ahmad Rashid Rushdi Jazar, de 14 años, fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes en Sebastia el domingo 19 de enero. Según Defense for Children International – Palestine, Ahmad y sus amigos estaban sentados en una zona cercana a un jardín de infancia cuando las fuerzas israelíes, ocultas y posicionadas entre los árboles en la zona de Al-Tinat, abrieron fuego contra los niños desde una distancia de 650 metros. Ahmad recibió un disparo en el pecho, cayó al suelo y sangró profusamente. Es uno de los habitantes de Cisjordania que ha sido asesinado en las últimas horas, después de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza.

“Mientras se producía el tan esperado alto el fuego en Gaza, la maquinaria de muerte de Israel intensificó sus disparos en Cisjordania, matando a diez personas en Jenin”, denunció ayer, martes 21 de enero, la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. “Si no se obliga [a Israel] a detenerse, el genocidio israelí contra los palestinos no se limitará a Gaza. Recuerden mis palabras“, afirmó Albanese. Además, Israel ha realizado decenas de arrestos en Cisjordania en las últimas horas.

Las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) han bautizado la incursión sobre Jenín como “muro de hierro”, una referencia al ensayo The Iron Wall, un breve artículo que prefiguró el corpus político del futuro Estado de Israel escrito por Ze’ev Jabotinsky, uno de los padres del sionismo y colaborador del fascismo de Benito Mussolini en los años 30 del siglo pasado.

Mientras continúa la alegría desconfiada por la consecución del alto el fuego en Gaza, los temores de que las Fuerzas Armadas de Israel y las milicias de los colonos intervengan impunemente sobre Cisjordania se basan en las declaraciones de miembros del Gobierno. A principios de enero, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que está a cargo de Cisjordania, defendió que “Nablus y Jenin deberían parecerse a Jabalia”, la ciudad palestina al norte de la Franja de Gaza que Israel destruyó por completo en los últimos meses de la guerra, informa Mondoweiss.

Trump da carta blanca a Netanyahu

Los ataques sobre Jenin del martes coinciden con una de las primeras decisiones de Donald Trump. El presidente de EE UU, cuya campaña fue financiada por representantes de las élites sionistas, anuló con una orden ejecutiva las sanciones de la era Biden que se impusieron a los colonos israelíes extremistas en Cisjordania acusados ​​de llevar a cabo violencia contra los palestinos. “Levantar las sanciones a los colonos extremistas los alienta a cometer más crímenes contra nuestro pueblo”, ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en un comunicado.

Según informes publicados en EE UU, Trump tiene previsto reanudar los envíos de bombas de 2.000 libras a Israel. El envío de estas bombas fue la única condición impuesta por Biden a Israel en medio del genocidio. Pese a esa línea roja marcada por el expresidente, la realidad indica que los envíos de este tipo de artillería se han seguido produciendo. No obstante, el gesto de Trump marca una dirección clara que ya ha sido señalada: el alto el fuego no es una intención de contravenir a Israel, a quien se permitirá seguir con sus planes para el conjunto de los territorios palestinos.

Elise Stefanik, embajadora de EE UU ante Naciones Unidas, reafirmó esa sospecha en una intervención del martes durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que defendió que Israel tiene dominio “bíblico” sobre la Cisjordania ocupada.

La primera administración de Trump terminó con la política estadounidense de no reconocimiento de los asentamientos ilegales —según el derecho internacional— en Cisjordania y se espera que la Casa Blanca mantenga esa misma política. La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, dependiente del Gobierno de Palestina ha informado que ya hay 898 puestos de control y puertas militares israelíes en la Cisjordania ocupada. En lo que va de año ya se han establecido 17 nuevos puestos. Sólo en el este de Ramala, el ejército israelí ha instalado, en menos de un día, cinco nuevas puertas metálicas, aislando seis aldeas en un espacio de menos de 12 kilómetros, durante los días previos a la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Mientras, en el territorio costero, se suceden las operaciones para rescatar cuerpos sepultados por los edificios derruidos después de quince meses de ataques aéreos. En las primeras horas tras el alto el fuego ya había un centenar de cadáveres recuperados y las estimaciones de la agencia de Defensa Civil Palestina sitúan en diez mil los cuerpos enterrados bajo los escombros. Además, casi tres mil cuerpos se han fundido como resultado de los bombardeos.

Fuente de la información e imagen: El Salto

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Venezuela: En la ULA falta uno. La silenciosa ausencia de un profesor, bajo la protección de la CIDH

Las aulas de la Universidad de Los Andes en Trujillo, en la calma habitual de la investigación y la enseñanza, esconden un vacío silencioso. Un espacio vacío, una ausencia palpable, un espacio que grita por la justicia. En la ULA falta uno. Falta Gustavo Torres, un profesor que hoy se encuentra injustamente privado de libertad, víctima de una crisis que persigue a la universidad venezolana: la crisis de la libertad; afirma contundente el Profesor Johny Humbría, Presidente de la APULA Trujillo.

 

En un giro preocupante para la libertad académica en Venezuela, el gremio de profesores de la Universidad de Los Andes en Trujillo ha emitido una denuncia alarmante. La situación crítica que enfrenta la academia no solo se ve reflejada en los salarios insuficientes que luchan contra una inflación rampante, sino también en la asfixiante falta de libertades fundamentales. Según declaraciones de Humbría, la universidad no solo sufre por la escasez de recursos, sino que también está siendo desangrada por la ausencia de libertad. La detención de cinco miembros de la comunidad universitaria, entre ellos el profesor Gustavo Torres, tres estudiantes y un egresado, tras las protestas poselectorales. «Un juicio sin rostro, una condena sin voz.».

 

La ausencia del profesor Gustavo Torres en la ULA NURR no es solo una ausencia física, es la ausencia de su voz, de su conocimiento, de su pasión por la enseñanza. Es la ausencia de un profesor que, a diferencia de tantos otros, no ha sido acallado por el miedo, un hombre que siempre ha salido a protestar pacíficamente en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.

 

Su detención no es solo un acto de injusticia, es un golpe a la universidad venezolana, a la educación, a la libertad de expresión. Su familia, privada de su presencia, se ve sometida a la tortura de la incertidumbre y la impotencia, recorriendo kilómetros en busca de un mínimo contacto con su ser querido, enfrentando barreras burocráticas y la angustia de un viaje que a menudo se convierte en una esperanza frustrada.

 

 

La situación del profesor Torres y de otros presos políticos venzolanos, ha llegado a oídos de la comunidad internacional, y el pasado 28 de octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 78/2024, otorgando medidas cautelares en su beneficio. La CIDH, preocupada por el riesgo irreparable a la vida, integridad personal y salud del profesor Torres, ha solicitado al Estado venezolano que informe sobre su paradero y las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas para determinar su destino; y precise si el profesor Torres fue presentado a un tribunal competente para revisar su detención o si se le han imputado delitos; aclare las razones por las que no ha sido puesto en libertad e implemente medidas para que las condiciones de detención del profesor Torres sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.

 

Desde el gremio de profesores de la Universidad de Los Andes en Trujillo, reafirman que esa universidad es una cuna de la libertad y el pensamiento crítico que hoy se encuentra en luto. El silencio de sus aulas se llena con el eco de una injusticia que nos interpela a todos. Desde este profesoral exigen la liberación del profesor Gustavo Torres y de todos los universitarios injustamente detenidos. La universidad no puede seguir viviendo bajo el manto de la opresión. «En la ULA falta uno» es la consigna de esa casa de estudios superiores, señala el profesor Humbría, Presidente de la APULA Trujillo, recordando que su ausencia nos recuerda la lucha que debemos seguir librando. Finaliza diciendo la lucha por la libertad, la justicia y la universidad que soñamos, debe ser la lucha de todos los ulandinos.

 

El otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH no solo es un acto de reconocimiento de la vulnerabilidad del profesor Torres, sino también un llamado de atención al Estado venezolano para que garantice sus derechos y ponga fin a la crisis que asfixia la libertad académica en el país.

 

https://diariodelosandes.com/en-la-ula-falta-uno-la-silenciosa-ausencia-de-un-profesor-bajo-la-proteccion-de-la-cidh/

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Ataque israelí contra hospital de Gaza quema vivos a palestinos desplazados

El Ejército israelí atacó el hospital de Al-Aqsa donde se encontraban refugiados al menos un millón de palestinos desplazados. El ataque dejó al menos cuatro muertos y más de 40 heridos, entre los que se encuentran personas quemadas tras un incendio causado por el bombardeo. El Ejército de Israel, como es habitual, dijo que estaba atacando un centro de comando de Hamás. Nuestros corresponsales en Jerusalén para Israel y los Territorios Palestinos, Federico Cué Barberena y Janira Gómez Muñoz, ampliaron la información sobre la situación en la Franja de Gaza y los últimos ataques entre Israel y Hezbolá.

https://www.france24.com/es/video/20241014-informe-desde-jerusal%C3%A9n-ataque-israel%C3%AD-contra-hospital-de-gaza-quema-vivos-a-palestinos-desplazados

 

 

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México: Grave Situación De Violencia Y Crisis Humanitaria En Comunidades Indígenas

A los Pueblos Indígenas de México y del mundo

A la opinión pública solidaria

A los medios de comunicación

Al Gobierno Federal

Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.

En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.

Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.

Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.

Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.

Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:

• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.

• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.

• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.

• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.

• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.

• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.

• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.

Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.

ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.

Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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El Salvador profundo

Recientemente, estuve en una visita de trabajo (para una investigación que realizo con mis estudiantes de Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad de El Salvador) en el norte del Departamento de Morazán, en concreto en el Caserío El Trueno, en el Municipio de Torola. Era la segunda vez que visitaba Torola; la primera vez fue allá por 1995-96 cuando –recién terminada la guerra civil (1981-1992)— Miguel Ventura me pidió que lo apoyara en un proceso de formación política para las comunidades del norte de Morazán. Accedí a dar el apoyo que me solicitaba Miguel Ventura, consciente de que ese departamento había sido –en su zona norte— uno de los principales teatros de la guerra civil, con todas las secuelas de destrucción, abandono y dolor que ello había supuesto para sus pobladores. En la UCA, en donde yo trabajaba en ese entonces, imperaba el compromiso –un legado de los jesuitas asesinados en 1989— de proyectar el quehacer universitario (y de tener presencia universitaria) entre los sectores sociales populares. Contaba, pues, con el aval de mi jefe –el P. Rodolfo Cardenal— para insertarme, como profesor, en ese proceso de educación popular.

Antes de 1995-96 ya había visitado Morazán: primero San Francisco Gotera, en 1986[1]; y luego, poco después de firmados los Acuerdo de Paz (1992), Perquín, Sabanetas y el Zancudo. En esas ocasiones, apenas pude conocer las dinámicas de vida de este departamento. Después de mi experiencia en Torola –en donde di una charla de análisis político a pobladores que, durante la guerra, habían permanecido en el campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras)— mis viajes al norte de Morazán se hicieron frecuentes, prácticamente hasta que dejé la UCA, en 2008. En coordinación con la Fundación Segundo Montes, en ese tiempo bajo la dirección de Miguel Ventura, organizamos jornadas de formación socio política que me permitieron tener contacto con pobladores de, entre otros lugares, Perquín, Torola, San Fernando, Arambala, Jocoaitique y Cacaopera.

Otro El Salvador se abrió a mis ojos. Gentes que habían vivido y seguían viviendo en el abandono, pero que no habían perdido las ganas de vivir y de esforzarse por salir adelante con lo poco (extremadamente poco) que tenían. Gentes que acogían agradecida, en sus humildes hogares, a alguien que –como yo— llegaba a hablarles de democracia, derechos humanos, participación, sociedad civil y temas equivalentes.

En esos años inmediatos al fin de la guerra de la guerra civil, a este otro El Salvador también pertenecían las gentes del nororiente de Chalatenango (Guarjila, Los Ranchos, San José Las Flores, Aracatao, Las Vueltas) que habían vivido los embates de la guerra, la represión militar y el exilio, en su caso, al campo de refugiados de Mesa Grande (Honduras). Y, actualmente, a este otro El Salvador pertenecen las gentes que, con su pobreza a cuestas, sobreviven en los distintos rincones olvidados y marginados de este país, especialmente en sus zonas rurales y costeras.

No soy ingenuo ni tampoco ciego: El Salvador profundo está marcado por la pobreza, el abandono y la precariedad. Pese a ello, lo que encontré en el caserío El Trueno, después de casi 30 años de haber estado en la zona por primera vez, me impactó por lo mucho del parecido con lo que vi en 1995-1996: una precariedad, abandono y pobreza tales que era como si el tiempo se hubiera detenido. Me las vi con una injusticia social arraigada quizás desde siempre; una injusticia social que ha marcado la vida de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos desde tiempos inmemoriales. Una injusticia social que marca la vida de los niños y jóvenes de las comunidades que habitan la zona y que, ahora como en el pasado, no es motivo de preocupación para las autoridades del Estado.

El retroceso en el tiempo que experimenté se vio reforzado por algo que percibí en 1995-96 y sigue estando presente en 2024: la calidez, cordialidad, fraternidad y capacidad de compartir de las gentes de Torola (y que se puede extender, creo yo, a todo el norte de Morazán). También me llamó la atención, al igual que en 1995-96, las ganas de aprender de estas personas, su escucha atenta y su disposición a apoyar, disciplinadamente, aquello que les ayude a mejorar su vida o a conocer mejor sus problemas.

Mientras caminaba desde el centro de reuniones del colectivo de mujeres (la casa de lámina de una lidereza puesta a disposición de la comunidad) hasta el lugar en donde esperaba el vehículo que movería al grupo de estudiantes hacia San Salvador y Santa Ana, no dejaba de pensar en la dura realidad social que me rodeaba. Las dos horas y pico caminando cuesta arriba fueron favorables para darle vuelta a las ideas; no podía dejar de decirme: “este es El Salvador profundo”. Y aquello que decía Monseñor Romero de que “con este pueblo no cuesta ser buen pastor” se me imponía al recordar los tamales pisques que, con esfuerzo y usando lo poco que tienen, nos habían preparado o en las tortillas de maíz nuevo que me regalaron para que me trajera a casa.

Definitivamente, elijo a este El Salvador como mi país. No el país de ficción, grato para quienes han perdido el sentido de realidad o quieren mostrar que creen en algo en lo que no creen.  Por mi parte, me quedo con El Salvador real. Con su gente, con sus pobres; con quienes, como dijo José Martí, quiero yo mi suerte echar.


[1] Con mi ahora exesposa, Ana Delma Márquez (que había nacido en San Francisco Gotera) decidimos llevar a nuestro hijo de un año (Oscar Arnulfo) a casa de sus bisabuelos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Luis Armando González

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