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Venezuela: En la ULA falta uno. La silenciosa ausencia de un profesor, bajo la protección de la CIDH

Las aulas de la Universidad de Los Andes en Trujillo, en la calma habitual de la investigación y la enseñanza, esconden un vacío silencioso. Un espacio vacío, una ausencia palpable, un espacio que grita por la justicia. En la ULA falta uno. Falta Gustavo Torres, un profesor que hoy se encuentra injustamente privado de libertad, víctima de una crisis que persigue a la universidad venezolana: la crisis de la libertad; afirma contundente el Profesor Johny Humbría, Presidente de la APULA Trujillo.

 

En un giro preocupante para la libertad académica en Venezuela, el gremio de profesores de la Universidad de Los Andes en Trujillo ha emitido una denuncia alarmante. La situación crítica que enfrenta la academia no solo se ve reflejada en los salarios insuficientes que luchan contra una inflación rampante, sino también en la asfixiante falta de libertades fundamentales. Según declaraciones de Humbría, la universidad no solo sufre por la escasez de recursos, sino que también está siendo desangrada por la ausencia de libertad. La detención de cinco miembros de la comunidad universitaria, entre ellos el profesor Gustavo Torres, tres estudiantes y un egresado, tras las protestas poselectorales. «Un juicio sin rostro, una condena sin voz.».

 

La ausencia del profesor Gustavo Torres en la ULA NURR no es solo una ausencia física, es la ausencia de su voz, de su conocimiento, de su pasión por la enseñanza. Es la ausencia de un profesor que, a diferencia de tantos otros, no ha sido acallado por el miedo, un hombre que siempre ha salido a protestar pacíficamente en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.

 

Su detención no es solo un acto de injusticia, es un golpe a la universidad venezolana, a la educación, a la libertad de expresión. Su familia, privada de su presencia, se ve sometida a la tortura de la incertidumbre y la impotencia, recorriendo kilómetros en busca de un mínimo contacto con su ser querido, enfrentando barreras burocráticas y la angustia de un viaje que a menudo se convierte en una esperanza frustrada.

 

 

La situación del profesor Torres y de otros presos políticos venzolanos, ha llegado a oídos de la comunidad internacional, y el pasado 28 de octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 78/2024, otorgando medidas cautelares en su beneficio. La CIDH, preocupada por el riesgo irreparable a la vida, integridad personal y salud del profesor Torres, ha solicitado al Estado venezolano que informe sobre su paradero y las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas para determinar su destino; y precise si el profesor Torres fue presentado a un tribunal competente para revisar su detención o si se le han imputado delitos; aclare las razones por las que no ha sido puesto en libertad e implemente medidas para que las condiciones de detención del profesor Torres sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.

 

Desde el gremio de profesores de la Universidad de Los Andes en Trujillo, reafirman que esa universidad es una cuna de la libertad y el pensamiento crítico que hoy se encuentra en luto. El silencio de sus aulas se llena con el eco de una injusticia que nos interpela a todos. Desde este profesoral exigen la liberación del profesor Gustavo Torres y de todos los universitarios injustamente detenidos. La universidad no puede seguir viviendo bajo el manto de la opresión. «En la ULA falta uno» es la consigna de esa casa de estudios superiores, señala el profesor Humbría, Presidente de la APULA Trujillo, recordando que su ausencia nos recuerda la lucha que debemos seguir librando. Finaliza diciendo la lucha por la libertad, la justicia y la universidad que soñamos, debe ser la lucha de todos los ulandinos.

 

El otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH no solo es un acto de reconocimiento de la vulnerabilidad del profesor Torres, sino también un llamado de atención al Estado venezolano para que garantice sus derechos y ponga fin a la crisis que asfixia la libertad académica en el país.

 

https://diariodelosandes.com/en-la-ula-falta-uno-la-silenciosa-ausencia-de-un-profesor-bajo-la-proteccion-de-la-cidh/

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Ataque israelí contra hospital de Gaza quema vivos a palestinos desplazados

El Ejército israelí atacó el hospital de Al-Aqsa donde se encontraban refugiados al menos un millón de palestinos desplazados. El ataque dejó al menos cuatro muertos y más de 40 heridos, entre los que se encuentran personas quemadas tras un incendio causado por el bombardeo. El Ejército de Israel, como es habitual, dijo que estaba atacando un centro de comando de Hamás. Nuestros corresponsales en Jerusalén para Israel y los Territorios Palestinos, Federico Cué Barberena y Janira Gómez Muñoz, ampliaron la información sobre la situación en la Franja de Gaza y los últimos ataques entre Israel y Hezbolá.

https://www.france24.com/es/video/20241014-informe-desde-jerusal%C3%A9n-ataque-israel%C3%AD-contra-hospital-de-gaza-quema-vivos-a-palestinos-desplazados

 

 

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México: Grave Situación De Violencia Y Crisis Humanitaria En Comunidades Indígenas

A los Pueblos Indígenas de México y del mundo

A la opinión pública solidaria

A los medios de comunicación

Al Gobierno Federal

Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.

En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.

Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.

Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.

Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.

Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:

• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.

• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.

• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.

• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.

• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.

• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.

• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.

Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.

ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.

Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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El Salvador profundo

Recientemente, estuve en una visita de trabajo (para una investigación que realizo con mis estudiantes de Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad de El Salvador) en el norte del Departamento de Morazán, en concreto en el Caserío El Trueno, en el Municipio de Torola. Era la segunda vez que visitaba Torola; la primera vez fue allá por 1995-96 cuando –recién terminada la guerra civil (1981-1992)— Miguel Ventura me pidió que lo apoyara en un proceso de formación política para las comunidades del norte de Morazán. Accedí a dar el apoyo que me solicitaba Miguel Ventura, consciente de que ese departamento había sido –en su zona norte— uno de los principales teatros de la guerra civil, con todas las secuelas de destrucción, abandono y dolor que ello había supuesto para sus pobladores. En la UCA, en donde yo trabajaba en ese entonces, imperaba el compromiso –un legado de los jesuitas asesinados en 1989— de proyectar el quehacer universitario (y de tener presencia universitaria) entre los sectores sociales populares. Contaba, pues, con el aval de mi jefe –el P. Rodolfo Cardenal— para insertarme, como profesor, en ese proceso de educación popular.

Antes de 1995-96 ya había visitado Morazán: primero San Francisco Gotera, en 1986[1]; y luego, poco después de firmados los Acuerdo de Paz (1992), Perquín, Sabanetas y el Zancudo. En esas ocasiones, apenas pude conocer las dinámicas de vida de este departamento. Después de mi experiencia en Torola –en donde di una charla de análisis político a pobladores que, durante la guerra, habían permanecido en el campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras)— mis viajes al norte de Morazán se hicieron frecuentes, prácticamente hasta que dejé la UCA, en 2008. En coordinación con la Fundación Segundo Montes, en ese tiempo bajo la dirección de Miguel Ventura, organizamos jornadas de formación socio política que me permitieron tener contacto con pobladores de, entre otros lugares, Perquín, Torola, San Fernando, Arambala, Jocoaitique y Cacaopera.

Otro El Salvador se abrió a mis ojos. Gentes que habían vivido y seguían viviendo en el abandono, pero que no habían perdido las ganas de vivir y de esforzarse por salir adelante con lo poco (extremadamente poco) que tenían. Gentes que acogían agradecida, en sus humildes hogares, a alguien que –como yo— llegaba a hablarles de democracia, derechos humanos, participación, sociedad civil y temas equivalentes.

En esos años inmediatos al fin de la guerra de la guerra civil, a este otro El Salvador también pertenecían las gentes del nororiente de Chalatenango (Guarjila, Los Ranchos, San José Las Flores, Aracatao, Las Vueltas) que habían vivido los embates de la guerra, la represión militar y el exilio, en su caso, al campo de refugiados de Mesa Grande (Honduras). Y, actualmente, a este otro El Salvador pertenecen las gentes que, con su pobreza a cuestas, sobreviven en los distintos rincones olvidados y marginados de este país, especialmente en sus zonas rurales y costeras.

No soy ingenuo ni tampoco ciego: El Salvador profundo está marcado por la pobreza, el abandono y la precariedad. Pese a ello, lo que encontré en el caserío El Trueno, después de casi 30 años de haber estado en la zona por primera vez, me impactó por lo mucho del parecido con lo que vi en 1995-1996: una precariedad, abandono y pobreza tales que era como si el tiempo se hubiera detenido. Me las vi con una injusticia social arraigada quizás desde siempre; una injusticia social que ha marcado la vida de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos desde tiempos inmemoriales. Una injusticia social que marca la vida de los niños y jóvenes de las comunidades que habitan la zona y que, ahora como en el pasado, no es motivo de preocupación para las autoridades del Estado.

El retroceso en el tiempo que experimenté se vio reforzado por algo que percibí en 1995-96 y sigue estando presente en 2024: la calidez, cordialidad, fraternidad y capacidad de compartir de las gentes de Torola (y que se puede extender, creo yo, a todo el norte de Morazán). También me llamó la atención, al igual que en 1995-96, las ganas de aprender de estas personas, su escucha atenta y su disposición a apoyar, disciplinadamente, aquello que les ayude a mejorar su vida o a conocer mejor sus problemas.

Mientras caminaba desde el centro de reuniones del colectivo de mujeres (la casa de lámina de una lidereza puesta a disposición de la comunidad) hasta el lugar en donde esperaba el vehículo que movería al grupo de estudiantes hacia San Salvador y Santa Ana, no dejaba de pensar en la dura realidad social que me rodeaba. Las dos horas y pico caminando cuesta arriba fueron favorables para darle vuelta a las ideas; no podía dejar de decirme: “este es El Salvador profundo”. Y aquello que decía Monseñor Romero de que “con este pueblo no cuesta ser buen pastor” se me imponía al recordar los tamales pisques que, con esfuerzo y usando lo poco que tienen, nos habían preparado o en las tortillas de maíz nuevo que me regalaron para que me trajera a casa.

Definitivamente, elijo a este El Salvador como mi país. No el país de ficción, grato para quienes han perdido el sentido de realidad o quieren mostrar que creen en algo en lo que no creen.  Por mi parte, me quedo con El Salvador real. Con su gente, con sus pobres; con quienes, como dijo José Martí, quiero yo mi suerte echar.


[1] Con mi ahora exesposa, Ana Delma Márquez (que había nacido en San Francisco Gotera) decidimos llevar a nuestro hijo de un año (Oscar Arnulfo) a casa de sus bisabuelos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Luis Armando González

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México: Alertan por incremento de asesinatos, reclutamiento forzado y amenazas por grupos armados en Chiapas

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la “situación crítica de violencia” que atraviesa el municipio Frontera Comalapa, así como el incremento de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la sierra y la frontera de Chiapas, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo.

“No existe autoridad alguna que detenga la violencia que se torna cada vez más crítica”, lamentaron las organizaciones en una acción urgente, en la que alertaron por “el clima de miedo y terror” que atraviesa la población en los municipios al ser víctimas de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes, mientras “el ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar”.

Denunciaron que el pasado 5 de septiembre la situación escaló en Frontera Comalapa luego de que integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron “casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera municipal, incluidos menores de edad. De todos ellos se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas”.

El 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras del municipio, “escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano”, y el 25 de agosto en el barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles. “La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos, y escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública”, resumieron las organizaciones.

De acuerdo con los testimonios, señalaron, desde hace 15 días uno de los grupos criminales pasa “casa por casa, barrio por barrio, para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir, hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos”.

En la acción urgente, firmada por la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de monitoreo – Frontera Sur y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), exigieron a las autoridades federales y estatales construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, así como implementar acciones para brindar atención integral a la población civil que huye por la violencia extrema, e investigar y desarticular a los grupos armados.

A continuación el comunicado completo:

Organizaciones civiles de derechos humanos hacemos un nuevo llamado urgente por la situación crítica de violencia en el municipio de Frontera Comalapa, estado de Chiapas. Esta sitúa a la población en un clima de miedo y terror, que atraviesa situaciones de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes que ponen en grave riesgo la vida e integridad de la población en general y particularmente de personas defensoras de derechos humanos en la región.

Desde el pasado 25 de agosto del año en curso, alertamos acerca del incremento de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la sierra y la frontera de Chiapas, específicamente en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo. Ese día, en el barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles.

Al envío de esta acción urgente ocurre lo mismo en los ejidos Emiliano Zapata y San Jose las Chicharras, municipio de Bellavista, así como en Frontera Comalapa.

Según los hechos referidos por testigos y testigas directas, desde hace 15 días uno de los grupos criminales está pasando casa por casa, barrio por barrio para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir, hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos.

El día de ayer, 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras de Frontera Comalapa, escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano. La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos, y escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública.

Hoy, 5 de septiembre, la situación escaló. Integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera municipal, incluidos menores de edad. De todos ellos se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas.

El Ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar, no existe autoridad alguna que detenga la violencia que se torna cada vez más crítica.

Es importante resaltar que la población civil de Frontera Comalapa es víctima del actuar de ambos grupos armados, tanto el que controla directamente su municipio como el que está de avanzada.

Como lo denunció la Diócesis de Tapachula el pasado 01 de septiembre del 2024:

“los hermanos de las comunidades sufren por muchas razones: son usados como escudos humanos en los enfrentamientos de los carteles, viven en situaciones de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, son obligados para estar en los retenes – llamados filtros que los carteles mantienen en las comunidades, tienen que pagar una cuota impuesta por la autoridad de su comunidad en caso de no poder estar en los filtros, son obligados a guaradr silencio ante la muerte y desaparición de algunos de sus familiares, carecen de alimentos y viven en la incertidumbre de lo que puede pasar al dia siguiente.

Por estas circunstancias lamentables se está vulnerando la vida y la integridad personal de los pobladores de los barrios, ejidos y comunidades deFrontera Comalapa y municipios vecinos. La tendencia de estas circunstancias es su agudización, en medio de un alza de violaciones graves a los derechos humanos. Por ello interpelamos a las instancias de los gobiernos Federal y Estatal a actuar de manera inmediata en lo siguiente:

  • Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de los barrios, ejidos y comunidades de Frontera Comalapa y municipios vecinos para evitar hechos de difícil reparación.
  • Implementar acciones para brindar – atención integral a la población civil que huye por la violencia extrema.
  • Poner en marcha rutas de investigación y desarticulación de los grupos armados.
  • Garantizar la vida e integridad fisica de la poblacion civil que se encuentra asediada por los ataques y enfrentamientos en la zona.

Destinatarios:

Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Correo: amlo@presidencia.gob.mx

Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación.

Correo: secretario@segob.gob.mx

Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Correo: subsedhpm@segob.gob.mx

Sra. Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). Correo:

Correo: canciller@sre.gob.mx

Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaría de Seguridad Ciudadana

Correo: contacto@sspc.gob.mx

Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador del Estado de Chiapas.

oficinadelagubernaturadelestado@gubernatura.chiapas.gob.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno de Chiapas.

sectec.sgg@gmail.com
sgg@sgg.chiapas.gob.mx

Comisario General Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto. Secretaria de Seguridad Publica y protección Ciudadana.

ssypcinfo@sspc.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.

presidencia@cedhchiapas.org 

Dr. Olaf Gómez Hernández. Fiscal General del Estado de Chiapas.
staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Licda. Gabriela Guadalupe Velasco Cordero. Directora General de la Comision Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas para el Estado de Chiapas.

direcciongeneral@ceeav.chiapas.gob.mx

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno. Secretario de Proteccion Civil del Estado de Chiapas
 maraniz69@hotmail.com

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de monitoreo – Frontera Sur

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Huellas de humanidad en la lucha por la educación

Las humanidades constituyen un campo de conocimientos que, desde una historia cargada de contradicciones, apuesta a echar luz a la realidad. ¿Qué tendrán estos saberes para decir o para preguntar sobre estos tiempos tan aciagos que transitamos? «Voces en educación» es la columna de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNC que apuesta por poner una palabra en el debate público desde el campo educativo y una pluralidad de miradas. En esta primera entrega, algunas pistas del contexto y los gestos de humanidad que se resisten a ser clausurados.

Por Guadalupe Molina para La tinta*

Ante los desgarros de un tiempo donde el odio y el desprecio por el otro circulan con tanto desparpajo naturalizado, una pancarta estudiantil persiste en mostrar y sostener en alto un mensaje: “Que nada de lo humano te sea ajeno”. Son palabras de Juan Pablo Abratte, pedagogo que fue decano de la FFyH entre 2017 y 2019, y que ya no está entre nosotrxs. Que no nos sea ajena la educación como práctica profundamente humana para recibir, acoger, abrazar, tramar con otrxs; la educación como derecho humano insoslayable que requiere tanto de esos gestos como de unos saberes que pongan lo humano (en un sentido no especista) en el centro de la escena.

Nos encontramos peleando por los salarios docentes universitarios, por su terrible pérdida del poder adquisitivo, porque no se llega a fin de mes, porque tomamos otro trabajo y, tal vez, otro más para poder paliar la cosa, y, aun así, no alcanza. Y esto en el mejor de los casos. Somos personas asalariadas, pero quienes no, ¿qué hacen? Muchxs engrosan las cifras de desempleadxs o de integrantes de redes informales de la economía, cada vez más precarizadas. Claro está, el contexto no ayuda. La tarea no es solo resistir, sino persistir en la producción de un mundo más justo y digno. 

La lucha por el salario no es nueva

Algunas comparaciones con los años 90 están a flor de piel, sin embargo, hay por lo menos tres rasgos que tiñen de modo inédito la lucha actual por los salarios. En primer lugar, según un informe de julio de 2024 por Mariana González para CIFRA-CTA , este año, el salario mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y el más bajo de las últimas tres décadas. La caída del salario docente universitario en un 47%, en un período tan corto de tiempo, da cuenta de una brutalidad que no hemos vivido antes. Este es el dato duro para entender las condiciones de las que hablamos en materia salarial, a lo que se suma el escaso presupuesto universitario para el mantenimiento de la infraestructura, los servicios y las políticas de inclusión y promoción de la ciencia y la tecnología. En esta misma tónica, docentes del resto del sistema educativo están luchando también por una recomposición salarial, sin el Fondo Nacional de Incentivo Docente ―FONID―, otro hecho inédito, ya que ningún gobierno se atrevió a suspenderlo desde su creación en 1998.

En segundo lugar, muchos discursos actuales cuestionan con un desparpajo y liviandad inusitados una de las mayores conquistas en nuestro país, que se encuentra expresada en la Ley de Educación Nacional ―LEN―. Me refiero al valor que se le da a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado (artículo 2, Ley 26205/2006). La arremetida de los discursos meritocráticos, mercantilistas y negadores de estos derechos dejan de lado un pilar democrático fundamental de nuestra sociedad argentina.

Este año, se cumplen los 140 años de la Ley 1420 de 1884 que plasmó una de las primeras y fundamentales conquistas, al definir la educación como pública, gratuita, laica y obligatoria (con sus particularidades en aquel contexto). En la misma tónica, la LEN constituye actualmente un pilar irrenunciable, en tanto expresa que la educación y el conocimiento son derechos sociales que el Estado debe garantizar para todxs lxs niñxs, jóvenes y adultxs de este país, más allá de las circunstancias en que se encuentren lxs estudiantes. Solo por dar un ejemplo, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, puso en duda la relevancia de la obligatoriedad educativa, afirmando que “la libertad también es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

En tercer lugar, asistimos a una escalada de inmoralidad y violencia social que se ejerce principalmente sobre lxs más pobres, las mujeres y diversidades sexo-genéricas, las infancias y juventudes, lxs viejxs, las personas enfermas, indígenas, afrodescendientes, es decir, sobre quienes son concebidxs con un valor humano inferior ante los ojos de quienes detentan algún poder o se creen “humanamente superiores”. Norbert Elias, en el “Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados”, se pregunta: ¿qué lleva a un grupo a considerarse superior y denostar a otros al calificar su condición como humanamente inferior? Solo la creencia de que hay personas más o menos valiosas justifica los procesos de estigmatización, violencia, desprecio y exterminio del otro. En esta línea, niños y niñas se van a dormir sin comer, las variadas situaciones de violencia de género, el cierre del INADI, el desmantelamiento de las áreas de género, el acopio de alimentos, el desfinanciamiento de enfermedades terminales son solo algunos hechos.

Ocultando su carácter espurio, la perversión de tomar la parte por el todo emerge como argumento válido que justifica injusticias de distinto orden, hace que todo dé igual y sea muy sencillo cuestionar los derechos conquistados. La apología de los discursos misóginos, racistas, clasistas y centralistas es bestial, pero más bestial es la simpleza con la que corren como verdad revelada en los medios de comunicación y las redes sociales como TikTok, Instagram o X.


En esta trama tan complicada, que excede las cuestiones partidarias, aunque no las ignore, vale pensar qué hacemos quienes confiamos en los gestos humanos/humanitarios y reivindicamos las ciencias sociales y humanidades. ¿Cómo encaramos nuestra tarea cotidiana de la docencia y el trabajo con el conocimiento, ya sea que estemos en la universidad o en una escuela, en la montaña o una barriada popular, en una institución de gestión privada o de gestión pública? ¿Cómo sostenemos y ampliamos prácticas ligadas a la solidaridad, la esperanza, la confianza en el otro, la apuesta por un mañana mejor?


Estas inquietudes son comunes a quienes nos consideramos trabajadorxs de la educación, preguntas que unen tremendas contradicciones, la lucha por el bolsillo, las conversaciones con estudiantes, querer estar en clases, las opciones inconducentes y las movilizaciones masivas donde nos encontramos aferrados a un sueño que no es otro que el de una vida digna.

Vuelvo al mensaje de una tía muy querida, maestra de toda la vida, Teresita Molina de Cordi, directora de escuela primaria e inspectora jubilada. Suele repetir que el mejor lugar para una docente es el aula, el que más se disfruta, el que te nutre con las vidas de los niños, niñas, niñes. Su mensaje es de febrero de 2018, en un momento familiar de muchas pérdidas, y dice: «Hay una cosa que me suena y te la comparto: la vida no se clausura y no se clausura porque, si no, no veríamos las huellas, no tendríamos horizontes y seguramente que hemos de agudizar las miradas y los recuerdos agradecidos. Sí, la vida es como un río, tiene una vertiente, tiene una naciente y va a desembocar a un mar o a un lugar donde se abren nuevos horizontes. No se clausura la vida, para nada, ¡abre! Bueno, sigamos las huellas, las huellas son proyectos y hay que continuarlas».

Las palabras de Juan Pablo Abratte son huellas, las luchas de Madres y Abuelas son huellas, las conquistas de derechos en estos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina son huellas, la expansión inusitada de los feminismos son huellas, el persistir en la reivindicación y ampliación de los derechos humanos son huellas y la lista queda abierta para que cada unx la amplíe con sus memorias, sentires, pensamientos y deseos.

Solo tengo certeza de algunas huellas, de la gente querida y próxima, la apuesta renovada a la educación como terreno humano y de humanidades, no un servicio esencial que trata de meternos en otro laberinto sin salida. Tengamos en claro las prioridades y los horizontes: el abrazo al otro diferente, extraño y, a la vez, tan humano como nosotrxs. La persistencia en las luchas laborales, por condiciones justas de trabajo, de todxs lxs trabajadores docentes que visualizamos en las calles y en las aulas estos reclamos y los ideales por enseñar, aprender y expandir el conocimiento en múltiples direcciones que nos nutran y dignifiquen.

En tiempos de tantos hechos inmorales, mejor volver a las huellas que son proyectos y que, como convicciones profundas e irrenunciables, hoy más que nunca, nos marcan el rumbo. Ni la vida ni las luchas están clausuradas.

*Por Guadalupe Molina para La tinta / Imagen de portada: Tui Guedes.

*Voces en Educación es una columna institucional de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) de la UNC, un espacio de comunicación pública de la ciencia del campo educativo local.

Huellas de humanidad en la lucha por la educación

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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