Por: Aldo Santiago
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando procesos de identificación genética de restos óseos, sin su conocimiento ni supervisión, haciendo uso de métodos que han arrojado resultados erróneos en el pasado.
Esto sucede a tres semanas de la última reunión con el presidente Obrador y, acorde a las declaraciones de Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y abogado de los familiares, las acciones de la Fiscalía ocurren al mismo tiempo que el gobierno federal ha “triplicado los esfuerzos de búsquedas en Iguala en los últimos meses, porque hay un intento desesperado de ellos de encontrar restos”.
En este escenario, mediante conferencia de prensa realizada este jueves (27), los familiares de los 43 sostuvieron que rechazarán cualquier resultado por parte de la FGR, debido a que el análisis de los restos se realiza sin contar con la participación de los peritos que han acompañado la lucha por la búsqueda de los jóvenes.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y miembro del equipo legal de los familiares, confirmó que en la reciente identificación no se involucraron a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Según los expertos forenses, el método empleado por la FGR, “en un caso como Ayotzinapa es problemática”, debido a que se emplea la obtención de ADN por vía mitocondrial de los huesos, en contraste con la vía nuclear que genera más certidumbre en los resultados. Además, enfatizaron que el análisis mitocondrial condujo a una identificación en falso durante las investigaciones en el sexenio de Peña Nieto, lo que, lejos de ayudar a la indagatoria, causó sufrimiento a las familias.
Aguirre alertó sobre la falta de confianza en las labores de la Fiscalía, por lo que sospechan que sus trabajos se encaminan a consolidar “un madruguete -acción realizada de manera adelantada- en identificación genética”. También hay la imprecisión sobre el número de restos encontrados por las autoridades.
Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González, indicó que fue en la última reunión con funcionarios federales, a principios de junio, cuando Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), les compartió, sin ahondar en detalles, sobre el encuentro de restos humanos.
Sin embargo, argumenta que debido a los constantes engaños e intentos de manipulación por parte de funcionarios, los familiares de los 43 no aceptarán como válidos esos trabajos. “Lo único que hacen es seguir sobrellevando esta situación a modo de engañarnos, a toda la opinión pública, para que digan que nos están apoyando en las investigaciones, esa es una reverenda mentira”, aseveró.
Durante la rueda de prensa se señalaron otras irregularidades por parte de la FGR, pues la dependencia prescindió del envío de los fragmentos óseos a la Universidad de Medicina Innsbruck, ubicado en Austria, para someter los restos a análisis en el Laboratorio Central de ADN de dicha institución, reconocida mundialmente por su especialidad en el análisis mitocondrial.
“Nos genera preocupación”, sostiene el abogado Rosales, debido a que, detalla, la identificación de los restos se hace de manera subrepticia y sin transparencia. Ante la pregunta de reporteros, al final de la conferencia, el defensor afirmó que estas acciones “se inscriben en este intento desesperado por querer cerrar el caso”.
Ejército sí participó en los crímenes
Recientemente, este martes (25) durante conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que actualmente no cuenta con ninguna prueba que el ejército mexicano sea responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En contraparte, durante la rueda de prensa de los familiares, las organizaciones acompañantes remarcaron diversos actos irregulares cometidos por las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la noche del 26 de septiembre del 2014.
Santiago Aguirre cuestionó las razones que llevaron a la infiltración, por medio de un militar encubierto como estudiante de la normal de Ayotzinapa, como uno de los métodos del ejército para vigilar las actividades de los jóvenes. También señaló la presencia de militares vestidos de civiles, que actuaron como elementos de inteligencia durante la desaparición, así como el ocultamiento de su presencia en las declaraciones que brindaron a las investigaciones iniciales.
Aguirre destaca que, con el avance en las indagatorias, se han podido obtener elementos que podrían vincular al ejército, específicamente al 27 Batallón de Iguala, de participar en actividades del crimen organizado en complicidad con el grupo Guerreros Unidos.
Ante todo lo anterior, el decir que no hay ninguna prueba contra el ejército en este caso, “nos parece una protección excesiva, mientras que, a la par se descalifican los señalamientos de familiares y organizaciones que exigen la investigación de las Fuerzas Armadas en el crimen”, enfatizó Santiago Aguirre.
Incluso, el director del CentroProdh remarcó que en las investigaciones existen testigos de identidad reservada que afirman sobre la participación activa de elementos del 27 batallón en la desaparición de los normalistas, por lo que exigió agotar esas líneas de investigación. “El señalamiento al ejército no es ideológico, no es motivado por otros intereses que no sean el esclarecimiento de la verdad”, sostuvo.
Otra de las razones por las que se señala el encubrimiento del ejército, es debido a la negación en la entrega de información para obtener indicios que, a casi 10 años de distancia, les permitan dar con el paradero de los normalistas. Por ello, Mario González, padre de César Manuel González, exigió “quitar de las manos del ejército la investigación”.
González detalló que tras la reunión de principios de junio con la presidencia y ante la falta de entrega de nueva información, funcionarios de la Secretaría de Gobernación visitaron las instalaciones del Centro Prodh para entregar una carpeta con documentos. Pese a la exigencia de los familiares para que el ejército mexicano entregue 800 folios, en esta ocasión solo les compartieron 15 documentos.
No obstante, el padre del normalista desaparecido aseveró que en estos documentos existen indicios sobre la ubicación en la colonia Jardines del Sol, de una fosa clandestina con 14 cuerpos que podrían estar relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa, una referencia que no había sido mencionada anteriormente en las investigaciones. Por ello, los familiares exigen conocer más detalles contenidos en los documentos que las Fuerzas Armadas se niegan a revelar.
Por mientras, el abogado Rosales enfatizó que la información que se conoce es producto de la lucha y exigencia de las madres y padres de familia, pero exige que se pongan en la mesa los 800 folios, “¿cuál es el miedo?, ¿por que ocultarlos? Y que un ente externo los revise”, propuso el defensor.
Fuente de la información e imagen: https://avispa.org
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