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El Salvador profundo

Recientemente, estuve en una visita de trabajo (para una investigación que realizo con mis estudiantes de Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad de El Salvador) en el norte del Departamento de Morazán, en concreto en el Caserío El Trueno, en el Municipio de Torola. Era la segunda vez que visitaba Torola; la primera vez fue allá por 1995-96 cuando –recién terminada la guerra civil (1981-1992)— Miguel Ventura me pidió que lo apoyara en un proceso de formación política para las comunidades del norte de Morazán. Accedí a dar el apoyo que me solicitaba Miguel Ventura, consciente de que ese departamento había sido –en su zona norte— uno de los principales teatros de la guerra civil, con todas las secuelas de destrucción, abandono y dolor que ello había supuesto para sus pobladores. En la UCA, en donde yo trabajaba en ese entonces, imperaba el compromiso –un legado de los jesuitas asesinados en 1989— de proyectar el quehacer universitario (y de tener presencia universitaria) entre los sectores sociales populares. Contaba, pues, con el aval de mi jefe –el P. Rodolfo Cardenal— para insertarme, como profesor, en ese proceso de educación popular.

Antes de 1995-96 ya había visitado Morazán: primero San Francisco Gotera, en 1986[1]; y luego, poco después de firmados los Acuerdo de Paz (1992), Perquín, Sabanetas y el Zancudo. En esas ocasiones, apenas pude conocer las dinámicas de vida de este departamento. Después de mi experiencia en Torola –en donde di una charla de análisis político a pobladores que, durante la guerra, habían permanecido en el campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras)— mis viajes al norte de Morazán se hicieron frecuentes, prácticamente hasta que dejé la UCA, en 2008. En coordinación con la Fundación Segundo Montes, en ese tiempo bajo la dirección de Miguel Ventura, organizamos jornadas de formación socio política que me permitieron tener contacto con pobladores de, entre otros lugares, Perquín, Torola, San Fernando, Arambala, Jocoaitique y Cacaopera.

Otro El Salvador se abrió a mis ojos. Gentes que habían vivido y seguían viviendo en el abandono, pero que no habían perdido las ganas de vivir y de esforzarse por salir adelante con lo poco (extremadamente poco) que tenían. Gentes que acogían agradecida, en sus humildes hogares, a alguien que –como yo— llegaba a hablarles de democracia, derechos humanos, participación, sociedad civil y temas equivalentes.

En esos años inmediatos al fin de la guerra de la guerra civil, a este otro El Salvador también pertenecían las gentes del nororiente de Chalatenango (Guarjila, Los Ranchos, San José Las Flores, Aracatao, Las Vueltas) que habían vivido los embates de la guerra, la represión militar y el exilio, en su caso, al campo de refugiados de Mesa Grande (Honduras). Y, actualmente, a este otro El Salvador pertenecen las gentes que, con su pobreza a cuestas, sobreviven en los distintos rincones olvidados y marginados de este país, especialmente en sus zonas rurales y costeras.

No soy ingenuo ni tampoco ciego: El Salvador profundo está marcado por la pobreza, el abandono y la precariedad. Pese a ello, lo que encontré en el caserío El Trueno, después de casi 30 años de haber estado en la zona por primera vez, me impactó por lo mucho del parecido con lo que vi en 1995-1996: una precariedad, abandono y pobreza tales que era como si el tiempo se hubiera detenido. Me las vi con una injusticia social arraigada quizás desde siempre; una injusticia social que ha marcado la vida de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos desde tiempos inmemoriales. Una injusticia social que marca la vida de los niños y jóvenes de las comunidades que habitan la zona y que, ahora como en el pasado, no es motivo de preocupación para las autoridades del Estado.

El retroceso en el tiempo que experimenté se vio reforzado por algo que percibí en 1995-96 y sigue estando presente en 2024: la calidez, cordialidad, fraternidad y capacidad de compartir de las gentes de Torola (y que se puede extender, creo yo, a todo el norte de Morazán). También me llamó la atención, al igual que en 1995-96, las ganas de aprender de estas personas, su escucha atenta y su disposición a apoyar, disciplinadamente, aquello que les ayude a mejorar su vida o a conocer mejor sus problemas.

Mientras caminaba desde el centro de reuniones del colectivo de mujeres (la casa de lámina de una lidereza puesta a disposición de la comunidad) hasta el lugar en donde esperaba el vehículo que movería al grupo de estudiantes hacia San Salvador y Santa Ana, no dejaba de pensar en la dura realidad social que me rodeaba. Las dos horas y pico caminando cuesta arriba fueron favorables para darle vuelta a las ideas; no podía dejar de decirme: “este es El Salvador profundo”. Y aquello que decía Monseñor Romero de que “con este pueblo no cuesta ser buen pastor” se me imponía al recordar los tamales pisques que, con esfuerzo y usando lo poco que tienen, nos habían preparado o en las tortillas de maíz nuevo que me regalaron para que me trajera a casa.

Definitivamente, elijo a este El Salvador como mi país. No el país de ficción, grato para quienes han perdido el sentido de realidad o quieren mostrar que creen en algo en lo que no creen.  Por mi parte, me quedo con El Salvador real. Con su gente, con sus pobres; con quienes, como dijo José Martí, quiero yo mi suerte echar.


[1] Con mi ahora exesposa, Ana Delma Márquez (que había nacido en San Francisco Gotera) decidimos llevar a nuestro hijo de un año (Oscar Arnulfo) a casa de sus bisabuelos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Luis Armando González

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México: Alertan por incremento de asesinatos, reclutamiento forzado y amenazas por grupos armados en Chiapas

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la “situación crítica de violencia” que atraviesa el municipio Frontera Comalapa, así como el incremento de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la sierra y la frontera de Chiapas, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo.

“No existe autoridad alguna que detenga la violencia que se torna cada vez más crítica”, lamentaron las organizaciones en una acción urgente, en la que alertaron por “el clima de miedo y terror” que atraviesa la población en los municipios al ser víctimas de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes, mientras “el ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar”.

Denunciaron que el pasado 5 de septiembre la situación escaló en Frontera Comalapa luego de que integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron “casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera municipal, incluidos menores de edad. De todos ellos se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas”.

El 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras del municipio, “escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano”, y el 25 de agosto en el barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles. “La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos, y escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública”, resumieron las organizaciones.

De acuerdo con los testimonios, señalaron, desde hace 15 días uno de los grupos criminales pasa “casa por casa, barrio por barrio, para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir, hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos”.

En la acción urgente, firmada por la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de monitoreo – Frontera Sur y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), exigieron a las autoridades federales y estatales construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, así como implementar acciones para brindar atención integral a la población civil que huye por la violencia extrema, e investigar y desarticular a los grupos armados.

A continuación el comunicado completo:

Organizaciones civiles de derechos humanos hacemos un nuevo llamado urgente por la situación crítica de violencia en el municipio de Frontera Comalapa, estado de Chiapas. Esta sitúa a la población en un clima de miedo y terror, que atraviesa situaciones de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes que ponen en grave riesgo la vida e integridad de la población en general y particularmente de personas defensoras de derechos humanos en la región.

Desde el pasado 25 de agosto del año en curso, alertamos acerca del incremento de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la sierra y la frontera de Chiapas, específicamente en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo. Ese día, en el barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles.

Al envío de esta acción urgente ocurre lo mismo en los ejidos Emiliano Zapata y San Jose las Chicharras, municipio de Bellavista, así como en Frontera Comalapa.

Según los hechos referidos por testigos y testigas directas, desde hace 15 días uno de los grupos criminales está pasando casa por casa, barrio por barrio para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir, hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos.

El día de ayer, 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras de Frontera Comalapa, escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano. La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos, y escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública.

Hoy, 5 de septiembre, la situación escaló. Integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera municipal, incluidos menores de edad. De todos ellos se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas.

El Ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar, no existe autoridad alguna que detenga la violencia que se torna cada vez más crítica.

Es importante resaltar que la población civil de Frontera Comalapa es víctima del actuar de ambos grupos armados, tanto el que controla directamente su municipio como el que está de avanzada.

Como lo denunció la Diócesis de Tapachula el pasado 01 de septiembre del 2024:

“los hermanos de las comunidades sufren por muchas razones: son usados como escudos humanos en los enfrentamientos de los carteles, viven en situaciones de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, son obligados para estar en los retenes – llamados filtros que los carteles mantienen en las comunidades, tienen que pagar una cuota impuesta por la autoridad de su comunidad en caso de no poder estar en los filtros, son obligados a guaradr silencio ante la muerte y desaparición de algunos de sus familiares, carecen de alimentos y viven en la incertidumbre de lo que puede pasar al dia siguiente.

Por estas circunstancias lamentables se está vulnerando la vida y la integridad personal de los pobladores de los barrios, ejidos y comunidades deFrontera Comalapa y municipios vecinos. La tendencia de estas circunstancias es su agudización, en medio de un alza de violaciones graves a los derechos humanos. Por ello interpelamos a las instancias de los gobiernos Federal y Estatal a actuar de manera inmediata en lo siguiente:

  • Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de los barrios, ejidos y comunidades de Frontera Comalapa y municipios vecinos para evitar hechos de difícil reparación.
  • Implementar acciones para brindar – atención integral a la población civil que huye por la violencia extrema.
  • Poner en marcha rutas de investigación y desarticulación de los grupos armados.
  • Garantizar la vida e integridad fisica de la poblacion civil que se encuentra asediada por los ataques y enfrentamientos en la zona.

Destinatarios:

Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Correo: amlo@presidencia.gob.mx

Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación.

Correo: secretario@segob.gob.mx

Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Correo: subsedhpm@segob.gob.mx

Sra. Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). Correo:

Correo: canciller@sre.gob.mx

Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaría de Seguridad Ciudadana

Correo: contacto@sspc.gob.mx

Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador del Estado de Chiapas.

oficinadelagubernaturadelestado@gubernatura.chiapas.gob.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno de Chiapas.

sectec.sgg@gmail.com
sgg@sgg.chiapas.gob.mx

Comisario General Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto. Secretaria de Seguridad Publica y protección Ciudadana.

ssypcinfo@sspc.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.

presidencia@cedhchiapas.org 

Dr. Olaf Gómez Hernández. Fiscal General del Estado de Chiapas.
staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Licda. Gabriela Guadalupe Velasco Cordero. Directora General de la Comision Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas para el Estado de Chiapas.

direcciongeneral@ceeav.chiapas.gob.mx

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno. Secretario de Proteccion Civil del Estado de Chiapas
 maraniz69@hotmail.com

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de monitoreo – Frontera Sur

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Huellas de humanidad en la lucha por la educación

Las humanidades constituyen un campo de conocimientos que, desde una historia cargada de contradicciones, apuesta a echar luz a la realidad. ¿Qué tendrán estos saberes para decir o para preguntar sobre estos tiempos tan aciagos que transitamos? «Voces en educación» es la columna de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNC que apuesta por poner una palabra en el debate público desde el campo educativo y una pluralidad de miradas. En esta primera entrega, algunas pistas del contexto y los gestos de humanidad que se resisten a ser clausurados.

Por Guadalupe Molina para La tinta*

Ante los desgarros de un tiempo donde el odio y el desprecio por el otro circulan con tanto desparpajo naturalizado, una pancarta estudiantil persiste en mostrar y sostener en alto un mensaje: “Que nada de lo humano te sea ajeno”. Son palabras de Juan Pablo Abratte, pedagogo que fue decano de la FFyH entre 2017 y 2019, y que ya no está entre nosotrxs. Que no nos sea ajena la educación como práctica profundamente humana para recibir, acoger, abrazar, tramar con otrxs; la educación como derecho humano insoslayable que requiere tanto de esos gestos como de unos saberes que pongan lo humano (en un sentido no especista) en el centro de la escena.

Nos encontramos peleando por los salarios docentes universitarios, por su terrible pérdida del poder adquisitivo, porque no se llega a fin de mes, porque tomamos otro trabajo y, tal vez, otro más para poder paliar la cosa, y, aun así, no alcanza. Y esto en el mejor de los casos. Somos personas asalariadas, pero quienes no, ¿qué hacen? Muchxs engrosan las cifras de desempleadxs o de integrantes de redes informales de la economía, cada vez más precarizadas. Claro está, el contexto no ayuda. La tarea no es solo resistir, sino persistir en la producción de un mundo más justo y digno. 

La lucha por el salario no es nueva

Algunas comparaciones con los años 90 están a flor de piel, sin embargo, hay por lo menos tres rasgos que tiñen de modo inédito la lucha actual por los salarios. En primer lugar, según un informe de julio de 2024 por Mariana González para CIFRA-CTA , este año, el salario mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y el más bajo de las últimas tres décadas. La caída del salario docente universitario en un 47%, en un período tan corto de tiempo, da cuenta de una brutalidad que no hemos vivido antes. Este es el dato duro para entender las condiciones de las que hablamos en materia salarial, a lo que se suma el escaso presupuesto universitario para el mantenimiento de la infraestructura, los servicios y las políticas de inclusión y promoción de la ciencia y la tecnología. En esta misma tónica, docentes del resto del sistema educativo están luchando también por una recomposición salarial, sin el Fondo Nacional de Incentivo Docente ―FONID―, otro hecho inédito, ya que ningún gobierno se atrevió a suspenderlo desde su creación en 1998.

En segundo lugar, muchos discursos actuales cuestionan con un desparpajo y liviandad inusitados una de las mayores conquistas en nuestro país, que se encuentra expresada en la Ley de Educación Nacional ―LEN―. Me refiero al valor que se le da a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado (artículo 2, Ley 26205/2006). La arremetida de los discursos meritocráticos, mercantilistas y negadores de estos derechos dejan de lado un pilar democrático fundamental de nuestra sociedad argentina.

Este año, se cumplen los 140 años de la Ley 1420 de 1884 que plasmó una de las primeras y fundamentales conquistas, al definir la educación como pública, gratuita, laica y obligatoria (con sus particularidades en aquel contexto). En la misma tónica, la LEN constituye actualmente un pilar irrenunciable, en tanto expresa que la educación y el conocimiento son derechos sociales que el Estado debe garantizar para todxs lxs niñxs, jóvenes y adultxs de este país, más allá de las circunstancias en que se encuentren lxs estudiantes. Solo por dar un ejemplo, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, puso en duda la relevancia de la obligatoriedad educativa, afirmando que “la libertad también es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

En tercer lugar, asistimos a una escalada de inmoralidad y violencia social que se ejerce principalmente sobre lxs más pobres, las mujeres y diversidades sexo-genéricas, las infancias y juventudes, lxs viejxs, las personas enfermas, indígenas, afrodescendientes, es decir, sobre quienes son concebidxs con un valor humano inferior ante los ojos de quienes detentan algún poder o se creen “humanamente superiores”. Norbert Elias, en el “Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados”, se pregunta: ¿qué lleva a un grupo a considerarse superior y denostar a otros al calificar su condición como humanamente inferior? Solo la creencia de que hay personas más o menos valiosas justifica los procesos de estigmatización, violencia, desprecio y exterminio del otro. En esta línea, niños y niñas se van a dormir sin comer, las variadas situaciones de violencia de género, el cierre del INADI, el desmantelamiento de las áreas de género, el acopio de alimentos, el desfinanciamiento de enfermedades terminales son solo algunos hechos.

Ocultando su carácter espurio, la perversión de tomar la parte por el todo emerge como argumento válido que justifica injusticias de distinto orden, hace que todo dé igual y sea muy sencillo cuestionar los derechos conquistados. La apología de los discursos misóginos, racistas, clasistas y centralistas es bestial, pero más bestial es la simpleza con la que corren como verdad revelada en los medios de comunicación y las redes sociales como TikTok, Instagram o X.


En esta trama tan complicada, que excede las cuestiones partidarias, aunque no las ignore, vale pensar qué hacemos quienes confiamos en los gestos humanos/humanitarios y reivindicamos las ciencias sociales y humanidades. ¿Cómo encaramos nuestra tarea cotidiana de la docencia y el trabajo con el conocimiento, ya sea que estemos en la universidad o en una escuela, en la montaña o una barriada popular, en una institución de gestión privada o de gestión pública? ¿Cómo sostenemos y ampliamos prácticas ligadas a la solidaridad, la esperanza, la confianza en el otro, la apuesta por un mañana mejor?


Estas inquietudes son comunes a quienes nos consideramos trabajadorxs de la educación, preguntas que unen tremendas contradicciones, la lucha por el bolsillo, las conversaciones con estudiantes, querer estar en clases, las opciones inconducentes y las movilizaciones masivas donde nos encontramos aferrados a un sueño que no es otro que el de una vida digna.

Vuelvo al mensaje de una tía muy querida, maestra de toda la vida, Teresita Molina de Cordi, directora de escuela primaria e inspectora jubilada. Suele repetir que el mejor lugar para una docente es el aula, el que más se disfruta, el que te nutre con las vidas de los niños, niñas, niñes. Su mensaje es de febrero de 2018, en un momento familiar de muchas pérdidas, y dice: «Hay una cosa que me suena y te la comparto: la vida no se clausura y no se clausura porque, si no, no veríamos las huellas, no tendríamos horizontes y seguramente que hemos de agudizar las miradas y los recuerdos agradecidos. Sí, la vida es como un río, tiene una vertiente, tiene una naciente y va a desembocar a un mar o a un lugar donde se abren nuevos horizontes. No se clausura la vida, para nada, ¡abre! Bueno, sigamos las huellas, las huellas son proyectos y hay que continuarlas».

Las palabras de Juan Pablo Abratte son huellas, las luchas de Madres y Abuelas son huellas, las conquistas de derechos en estos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina son huellas, la expansión inusitada de los feminismos son huellas, el persistir en la reivindicación y ampliación de los derechos humanos son huellas y la lista queda abierta para que cada unx la amplíe con sus memorias, sentires, pensamientos y deseos.

Solo tengo certeza de algunas huellas, de la gente querida y próxima, la apuesta renovada a la educación como terreno humano y de humanidades, no un servicio esencial que trata de meternos en otro laberinto sin salida. Tengamos en claro las prioridades y los horizontes: el abrazo al otro diferente, extraño y, a la vez, tan humano como nosotrxs. La persistencia en las luchas laborales, por condiciones justas de trabajo, de todxs lxs trabajadores docentes que visualizamos en las calles y en las aulas estos reclamos y los ideales por enseñar, aprender y expandir el conocimiento en múltiples direcciones que nos nutran y dignifiquen.

En tiempos de tantos hechos inmorales, mejor volver a las huellas que son proyectos y que, como convicciones profundas e irrenunciables, hoy más que nunca, nos marcan el rumbo. Ni la vida ni las luchas están clausuradas.

*Por Guadalupe Molina para La tinta / Imagen de portada: Tui Guedes.

*Voces en Educación es una columna institucional de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) de la UNC, un espacio de comunicación pública de la ciencia del campo educativo local.

Huellas de humanidad en la lucha por la educación

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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México: Familiares de normalistas denuncian intentos por cerrar caso Ayotzinapa

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando procesos de identificación genética de restos óseos, sin su conocimiento ni supervisión, haciendo uso de métodos que han arrojado resultados erróneos en el pasado.

Esto sucede a tres semanas de la última reunión con el presidente Obrador y, acorde a las declaraciones de Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y abogado de los familiares, las acciones de la Fiscalía ocurren al mismo tiempo que el gobierno federal ha “triplicado los esfuerzos de búsquedas en Iguala en los últimos meses, porque hay un intento desesperado de ellos de encontrar restos”.

En este escenario, mediante conferencia de prensa realizada este jueves (27), los familiares de los 43 sostuvieron que rechazarán cualquier resultado por parte de la FGR, debido a que el análisis de los restos se realiza sin contar con la participación de los peritos que han acompañado la lucha por la búsqueda de los jóvenes.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y miembro del equipo legal de los familiares, confirmó que en la reciente identificación no se involucraron a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Según los expertos forenses, el método empleado por la FGR, “en un caso como Ayotzinapa es problemática”, debido a que se emplea la obtención de ADN por vía mitocondrial de los huesos, en contraste con la vía nuclear que genera más certidumbre en los resultados. Además, enfatizaron que el análisis mitocondrial condujo a una identificación en falso durante las investigaciones en el sexenio de Peña Nieto, lo que, lejos de ayudar a la indagatoria, causó sufrimiento a las familias.

Aguirre alertó sobre la falta de confianza en las labores de la Fiscalía, por lo que sospechan que sus trabajos se encaminan a consolidar “un madruguete -acción realizada de manera adelantada- en identificación genética”. También hay la imprecisión sobre el número de restos encontrados por las autoridades.

Conferencia de prensa realizada por los familiares de los 43 en el Centro Prodh.

Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González, indicó que fue en la última reunión con funcionarios federales, a principios de junio, cuando Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), les compartió, sin ahondar en detalles, sobre el encuentro de restos humanos.

Sin embargo, argumenta que debido a los constantes engaños e intentos de manipulación por parte de funcionarios, los familiares de los 43 no aceptarán como válidos esos trabajos. “Lo único que hacen es seguir sobrellevando esta situación a modo de engañarnos, a toda la opinión pública, para que digan que nos están apoyando en las investigaciones, esa es una reverenda mentira”, aseveró.

Durante la rueda de prensa se señalaron otras irregularidades por parte de la FGR, pues la dependencia prescindió del envío de los fragmentos óseos a la Universidad de Medicina Innsbruck, ubicado en Austria, para someter los restos a análisis en el Laboratorio Central de ADN de dicha institución, reconocida mundialmente por su especialidad en el análisis mitocondrial.

“Nos genera preocupación”, sostiene el abogado Rosales, debido a que, detalla, la identificación de los restos se hace de manera subrepticia y sin transparencia. Ante la pregunta de reporteros, al final de la conferencia, el defensor afirmó que estas acciones “se inscriben en este intento desesperado por querer cerrar el caso”.

Ejército sí participó en los crímenes

Recientemente, este martes (25) durante conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que actualmente no cuenta con ninguna prueba que el ejército mexicano sea responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En contraparte, durante la rueda de prensa de los familiares, las organizaciones acompañantes remarcaron diversos actos irregulares cometidos por las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la noche del 26 de septiembre del 2014.

Santiago Aguirre cuestionó las razones que llevaron a la infiltración, por medio de un militar encubierto como estudiante de la normal de Ayotzinapa, como uno de los métodos del ejército para vigilar las actividades de los jóvenes. También señaló la presencia de militares vestidos de civiles, que actuaron como elementos de inteligencia durante la desaparición, así como el ocultamiento de su presencia en las declaraciones que brindaron a las investigaciones iniciales.

Aguirre destaca que, con el avance en las indagatorias, se han podido obtener elementos que podrían vincular al ejército, específicamente al 27 Batallón de Iguala, de participar en actividades del crimen organizado en complicidad con el grupo Guerreros Unidos.

Ante todo lo anterior, el decir que no hay ninguna prueba contra el ejército en este caso, “nos parece una protección excesiva, mientras que, a la par se descalifican los señalamientos de familiares y organizaciones que exigen la investigación de las Fuerzas Armadas en el crimen”, enfatizó Santiago Aguirre.

: A pesar de la lluvia, el pasado miércoles (26) se llevó a cabo la 117 acción global por Ayotzinapa. En su participación, madres y padres de los 43 normalistas denunciaron el incumplimiento del presidente Obrador sobre la resolución del caso.

Incluso, el director del CentroProdh remarcó que en las investigaciones existen testigos de identidad reservada que afirman sobre la participación activa de elementos del 27 batallón en la desaparición de los normalistas, por lo que exigió agotar esas líneas de investigación. “El señalamiento al ejército no es ideológico, no es motivado por otros intereses que no sean el esclarecimiento de la verdad”, sostuvo.

Otra de las razones por las que se señala el encubrimiento del ejército, es debido a la negación en la entrega de información para obtener indicios que, a casi 10 años de distancia, les permitan dar con el paradero de los normalistas. Por ello, Mario González, padre de César Manuel González, exigió “quitar de las manos del ejército la investigación”.

González detalló que tras la reunión de principios de junio con la presidencia y ante la falta de entrega de nueva información, funcionarios de la Secretaría de Gobernación visitaron las instalaciones del Centro Prodh para entregar una carpeta con documentos. Pese a la exigencia de los familiares para que el ejército mexicano entregue 800 folios, en esta ocasión solo les compartieron 15 documentos.

No obstante, el padre del normalista desaparecido aseveró que en estos documentos existen indicios sobre la ubicación en la colonia Jardines del Sol, de una fosa clandestina con 14 cuerpos que podrían estar relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa, una referencia que no había sido mencionada anteriormente en las investigaciones. Por ello, los familiares exigen conocer más detalles contenidos en los documentos que las Fuerzas Armadas se niegan a revelar.

Por mientras, el abogado Rosales enfatizó que la información que se conoce es producto de la lucha y exigencia de las madres y padres de familia, pero exige que se pongan en la mesa los 800 folios, “¿cuál es el miedo?, ¿por que ocultarlos? Y que un ente externo los revise”, propuso el defensor.

Fuente de la información e imagen:  https://avispa.org

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Selena Pizarro: Una escuela de circo en Palestina para resistir contra la ocupación israelí

Llega media hora tarde y con la cara preocupada, se propuso hacer maqluba para cenar pero reconoce que nunca cocinó para 30 personas y aquí las especias son diferentes. Viste una camisa blanca y se cubre los hombros con una kufiya. Es la primera vez que visita Rivas y cuenta que lo que más le gusta es la calma. Admite que ha sido difícil decidir viajar pero que “es nuestro deber estar aquí”.

 

A Mohammad Al-Azza le llaman Mosa, tiene 35 años y es originario de Beit Jibrin, una aldea destruida por el ejército israelí en las colinas del oeste de Hebrón. Trabajó como videógrafo y fotoperiodista para varios medios, llegando a ser disparado en la cara por los soldados israelíes mientras ejercía su profesión. Asumió la dirección del Lajee Center tras el fallecimiento de Salah Ajarma en 2021. Este centro está en Aida, entre Belén y Beit Jala. Es uno de los 19 campos de personas refugiadas gestionados por UNRWA en la zona de Cisjordania. Allí viven más de 5.000 habitantes rodeadas por el muro del apartheid, una enorme base militar, más de siete torres de vigilancia y unas 20 cámaras de seguridad. “Toda nuestra vida está controlada por estos francotiradores”, cuenta Mosa.

 

Mosa, director del Lajee Center en el campo de personas refugiadas de Aida (Palestina). SELENA PIZARRO

 

Tras varios años de relación entre Lajee Center y la asociación Pallasos en Rebeldía decidieron crear la primera escuela de circo en un campo de refugiadas. En el año 2020, justo unos días antes de que empezara la pandemia se creó en Aida la Rebel Circus School. “Hicimos la inauguración oficial y nos llamó el consulado para decirnos que había que volver a España. Se paralizó todo. La idea era estar yendo cada mes para darles recursos. Teníamos que formar a la gente para que luego dieran las clases. Para nuestra sorpresa, cuando abrieron de nuevo las fronteras y fuimos, la escuela estaba llena de niños”, explica Gonzalo Ruiz, portavoz de Pallasos en Rebeldía. La Rebel Circus School se había convertido en un espacio de juego para las niñas y niños del campo.

 

Desde 2015, Pallasos en Rebeldía junto al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, organizan un campo de trabajo juvenil en el que 15 jóvenes ripenses viajan a Palestina para realizar actividades con infancia y juventud palestina. En 2024 debido a la situación actual, tras el inicio del genocidio en Gaza, se decidió crear el Campo de Trabajo Inverso. 12 niñas y niños de la Rebel Circus School, de entre 8 y 16 años, han viajado a Rivas para llevar a cabo el campamento de circo del 22 de junio al 10 de julio.

 

“La gente piensa que en un campo de refugiados hay que tener una vida de refugiados y no podemos ser creativos. Nosotros decimos que no, que podemos hacer todo lo que queramos soñar”

 

Los objetivos del Campo de Trabajo Inverso van más allá del espectáculo y la diversión. Se trata también de generar un espacio de aprendizaje y reflexión para la población de Rivas sobre lo que ocurre en Palestina, entender cómo es la vida de las más pequeñas bajo la ocupación, la colonización y el apartheid israelí. “La gente piensa que en un campo de refugiados hay que tener una vida de refugiados y no podemos ser creativos. Nosotros decimos que no, que podemos hacer todo lo que queramos soñar”, defiende Mosa.

 

Doce niñas y niños de la Rebel Circus School, un proyecto en Palestina del Lajee Center y Pallasos en Rebeldía, han viajado a Rivas para llevar a cabo el campamento de circo. SELENA PIZARRO

 

El derecho fundamental a jugar

Amani Asad empezó en Lajee Center cuando tenía 10 años dentro del grupo de danza dabke. Ahora forma parte del Comité Administrativo y trabaja allí. Junto a Mohamad Romi, el coordinador de la Circus Rebel School, son responsables de las 12 niñas y niños en este viaje a Rivas. Sin quitarle el ojo al campo de fútbol de donde vienen los gritos de euforia de su alumnado, explica al detalle el proyecto haciendo hincapié en el jardín.

 

«En el centro tenemos un jardín. Lo abrimos para todos los niños porque no teníamos espacios en Aida para que pudieran jugar. En 2014 hicimos un campo de fútbol y venían todos los días. Después acabamos creando un vínculo con el Celtic de Glasgow que decidieron apoyarnos, de hecho nuestro equipo se llama Lajee Celtic, y ahora nos han invitado a ir a Sudáfrica a jugar al fútbol”, cuenta Amani.

 

A través de la escuela de circo, Lajee Center y Pallasos en Rebeldía defienden el derecho fundamental al juego de todas las niñas y niños de Palestina. Para Gonzalo, “la cultura es una herramienta de transformación social y les puede servir como arma terapéutica para dejar a un lado todos los traumas que les hace vivir el ejército de ocupación, pero también como un arma para resistir y expresar al mundo cuál es su día a día y poder utilizar el circo como mecanismo de difusión de la causa palestina”.

 

“Aprender circo es un empujón para que seamos más fuertes. Pero también para enviar nuestros mensajes a otras ciudades u otros países, por eso estamos en Rivas”, cuenta Amro, de 15 años.

Mosa se pregunta si alguna vez la población palestina practica algún derecho y cuenta qué le respondieron las niñas y niños cuando llegaron a Rivas: “Uno de los chicos me dijo que en el albergue al abrir la ventana veía el patio y las zonas verdes, mientras que en el campo solo ve el apartheid. Otro decía ‘cuando pongo la cabeza en la almohada sé que ningún soldado invadirá mi casa’. Aquí practicamos nuestros derechos como humanos”.

 

“El derecho a jugar lo tomamos, no lo tenemos. Esta es la diferencia. En Palestina los niños siempre están preguntando si pueden jugar o moverse, porque saben que no siempre pueden”, defiende Amani mientras llama con las manos a dos jóvenes que no tienen ninguna intención de soltar el balón.

 

Dareen de 13 años y Amro de 15 viven en el campo de Aida y forman parte de la Rebel Circus School. SELENA PIZARRO

 

Dareen Faraj tiene 13 años y Amro Ezia 15. Ambos forman parte de la Rebel Circus School. A ella le encanta bailar dabke y a él jugar en el Lajee Celtic. “Aprender circo es un empujón para que seamos más fuertes. Pero también para enviar nuestros mensajes a otras ciudades u otros países, por eso estamos en Rivas”, cuenta Amro. Para Dareen lo más importante del centro ha sido la oportunidad de “descubrir lo que nos gusta hacer y poder hacerlo”.

 

“Nosotros le enseñamos a vivir a los niños con todas las dificultades. Por eso no venimos a representar el campo de refugiados de Aida, representamos a los palestinos”.

 

Para Mosa la escuela de circo se ha convertido en una forma más de resistencia para las más jóvenes del campo porque dentro pueden ejercer su derecho a moverse libremente. “Pueden saltar, trepar y bailar. En la escuela viven su infancia. Encontrando momentos para ser creativos. Nuestra vida no es solo sufrimiento. Estas actividades nos animan a continuar, a vivir por la esperanza de volver a nuestros pueblos de origen. Porque no deberíamos estar viviendo en un campo de refugiados. Esta oportunidad de venir a Rivas nos permite contarle a la gente que los palestinos no somos los terroristas que piensan, nosotros le enseñamos a vivir a los niños con todas las dificultades. Por eso no venimos a representar el campo de refugiados de Aida, representamos a los palestinos”.

La vida en Cisjordania también ha empeorado

 

Desde el 7 de octubre, en la zona de Cisjordania el gobierno de Israel dio luz verde a los colonos para armarse y disparar. Esto provocó que en un principio se parara la actividad en el Lajee Center por la seguridad de las niñas y niños. Después de dos meses decidieron reanudarlo todo porque “la mayoría de los niños estaban traumatizados por las imágenes que veían en televisión”.

 

“La ocupación”, responden Dareen y Amro, a la vez y sin dudarlo, a la pregunta sobre qué cambiarían en Palestina si pudieran. Amro se enfada cuando habla de su rutina y lo difícil que es para él y sus amigos poder jugar en el campo de fútbol. “Tenemos siempre el tiempo justo para volver a nuestras casas por culpa de la ocupación y porque algunos tienen miedo. A veces los soldados entran en el campamento, empiezan a gritar y nos tiran gas. Otras veces escuchamos los sonidos de las bombas”.

 

Dareen de 13 años, está preocupada por la situación en Gaza, “allí los niños están comiendo las ramas de los árboles porque destruyeron sus cultivos”.

 

Dareen le molesta que siempre le pregunten por qué huelen a gas y por qué la gente muere sin motivos. Recuerda perfectamente el día que mataron a un hombre en uno de los puestos de control y tardaron dos horas en conseguir llevarlo a un hospital. Desde el 7 de octubre está preocupada por la situación en Gaza, “allí los niños están comiendo las ramas de los árboles porque destruyeron sus cultivos”. La vida en Aida también ha empeorado desde que empezó el genocidio.

 

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Inmediatamente después del 7 de octubre, cientos de soldados empezaron a invadir las casas en mitad de la noche. Dispararon a los detenidos, más de siete jóvenes recibieron disparos en las piernas. Mataron a un chico de 17 años mientras estaba dentro de su casa, un francotirador le disparó en el pecho. Era el hermano de Amro. Además, al menos 60 jóvenes fueron detenidos. Algunos de ellos niños y niñas. No tenían ninguna causa en su contra y les mantuvieron en prisión bajo detención administrativa”, cuenta Mosa.

Israel es el único gobierno del mundo que juzga sistemáticamente a menores en tribunales militares, según Unicef. En noviembre de 2023 Netanyahu y Hamás llegaron a un acuerdo para liberar a 50 rehenes israelíes y 150 personas prisioneras palestinas, en su mayoría mujeres y menores. “En ese acuerdo liberaron a un niño de 13 años y una chica de 22 del campo de Aida. Ambos fueron arrestados de nuevo y ahora siguen en prisión”, explica Mosa.

Crecer en Palestina no era fácil antes ni después de que empezara el genocidio en Gaza. Desde muy pequeñas están obligadas a reclamar cada día sus derechos y a recordarle a las personas adultas que son niñas y niños. Tal vez por eso Dareen con 13 años tiene claro que quiere estudiar para ser jueza: “Quiero defender a los niños y jóvenes palestinos que Israel encarcela sin haber hecho nada”. Mientras que a Amro le gustaría ser profesor de circo. Ambos tienen claro que el juego es una gran arma para resistir contra la ocupación y seguirán usándola.

 

La actuación final del campamento de circo contó con la participación de jóvenes ripenses junto a los niños y niñas del campo de Aida (Palestina).
SELENA PIZARRO

En la actuación final de la Rebel Circus School las niñas y niños denunciaron el lanzamiento de gas frecuente del ejército israelí contra el campo de personas refugiadas en Aida.
SELENA PIZARRO

Amro, alumno de la Rebel Circus School, Amani, miembro del Comité Administrativo y trabajadora en el Lajee Center, Dareen, alumna de la Rebel Circus School, y Gonzalo, portavoz de Pallasos en Rebeldía.
SELENA PIZARRO

 

Dareen de 13 años y Amro de 15 viven en el campo de Aida y forman parte de la Rebel Circus School.
SELENA PIZARRO

 

Romi, coordinador de la Rebel Circus School, junto a su alumno Mustafa antes de salir al escenario en la actuación final en Rivas Vaciamadrid.
SELENA PIZARRO

 

Rowan de 8 años y Layan de 12 años viven en el campo de Aida y forman parte de la Rebel Circus School.
SELENA PIZARRO

 

Las niñas y niños de la Rebel Circus School, un proyecto del Lajee Center y Pallasos en Rebeldía, realizaron una actuación final de circo en la que denunciaron la situación de la infancia en Palestina bajo la ocupación israelí.

 

https://www.elsaltodiario.com/palestina/una-escuela-circo-palestina-resistir-ocupacion-israeli-visita-rivas-vaciamadrid

 

 

 

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MILEI NO PARA: MÁS DESPIDOS Y CIERRES DE ORGANISMOS NACIONALES

El pasado jueves 4 de mayo se llevó a cabo en todo el país una Jornada de visibilidad contra los despidos masivos que lleva adelante el gobierno nacional.

En horas de la mañana, en la ciudad de San Luis se realizó una asamblea en la administración de Parques Nacionales. Participaron trabajadores despedides de Anses, Parques Nacionales, Senasa, Enacom, Inta, CDR (Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo), Primera Infancia, Sennaf, Ex Secretaría de Derechos Humanos, INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indigena).

La actividad tuvo por finalidad visibilizar la defensa de derechos que garantizan las instituciones a la ciudadanía.

El gobierno de Milei está desmantelando arbitrariamente las dependencias estatales y en la jornada de hoy ha dejado a más de 15 mil trabajadores del Estado sin trabajo. No obstante esto, en medio del caos social, renunció la subsecretaria de Trabajo, Mariana Hortal Sueldo. La funcionaria asumió en diciembre como segunda al mando, detrás de Omar Yasín, que fue separado del cargo cuando trascendió el decreto presidencial en el que Milei se subía el sueldo.

Fuente de la información:  https://rnma.org.ar

Fotografía: Rnma

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