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Argentina: En septiembre se realizará el 6° Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur

Congreso Internacional de Educación

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, llevará adelante este año el 6° Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur 2023. El mismo se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Río Grande en instalaciones del Gimnasio del Colegio Don Bosco.

El Congreso dará inicio el día viernes 22 de septiembre a las 11 horas con el Panel de Apertura denominado “40 años de democracia. Miradas diversas para fortalecer lo común” con la presencia de los panelistas Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales UBA e investigador principal del CONICET; Marcela Isaias, periodista especializada en temas de educación, actualmente trabaja en la cooperativa de prensa La Masa (El Eslabón y Redacción Rosario); Sandra Hoyos, integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, licenciada en Política Social y Mariana Chaves, doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología.

Por la tarde se trabajará en las ponencias presentadas con la participación de los comentaristas Celeste Adamoli, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación, Magister en Ciencias Sociales con orientación en Educación en FLACSO Argentina; Susana Reyes, docente y directora del Isauro Arancibia y educadora popular; Silvana Nicolini, docente de arte, inspectora de Educación Artística PBA; Analia Kalinec, licenciada y profesora en Psicología (UBA), integrante y miembro cofundadora del Colectivo Historias Desobedientes; Ana Nanfara, profesora de Literatura y directora de colegio secundario en Coquimbito, Maipú, en la provincia de Mendoza y Adrián Monteleone, profesor en geografía, licenciado en enseñanza de las Ciencias Sociales y especialista en Educación Ambiental.

Luego se proyectará el film «Abandono de cargo», contando con la participación de su director Alejandro Vagnenkos y una de sus protagonistas, Silvana Nicolini.

La segunda jornada del día sábado 23 de septiembre dará inicio a las 10 horas con el Panel de estudiantes del nivel superior de las instituciones IPES «Paulo Freire» y «Florentino Ameghino», UNTDF IEC, ISES e ISPRG, el cual estará coordinado por la Lic. Alejandra Benvenuto, directora Nacional de Investigación y Desarrollo Profesional Docente y la Lic. Violeta Rosemberg, asesora de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación.

Para culminar el Congreso se desarrollará la Conferencia de Cierre a las 11:30 horas a cargo de Alvaro García Linera, profesor y vicepresidente mandato cumplido (2006 – 2019) de Bolivia.

Desde la cartera educativa se invita a toda la comunidad educativa a participar. Para ello deben hacerlo mediante inscripción previa, a través del link  https://inscripcion.congreso.tierradelfuego.edu.ar/

Fuente: https://19640noticias.com/contenido/54724/en-septiembre-se-realizara-el-6-congreso-internacional-de-educacion-e-inclusion-

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Se registraron 411 protestas en Venezuela durante el mes de julio

Por Rafael A.

Del total registrado por el OVCS, en  al menos 50 protestas los jubilados y pensionados exigieron “pensiones dignas”.

n julio fueron documentadas al menos 411 protestas donde la principal exigencia de los trabajadores fue el derecho a un “salario digno” para satisfacer sus necesidades básicas, reseñó el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicado el 23 de agosto de 2023.

El ente indicó que las protestas laborales representaron 68 % del total durante ese mes, lo que se traduce en 279 manifestaciones y un promedio de 14 protestas diarias.

El Observatorio indicó que los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en al menos 132 protestas. Lo que es igual al 32 % de la cifra total registrada en este período.

Destacan las denuncias por violaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los casos donde se realizó la detención y criminalización de trabajadores, sindicalistas y líderes.

Por su parte, los jubilados, pensionados y adultos mayores participaron en al menos 50 protestas. Su principal exigencia son “pensiones dignas” para garantizar su seguridad social y satisfacer sus necesidades básicas.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Durante el mes de julio los venezolanos también exigieron condiciones justas y transparentes para futuras jornadas electorales.

Descontento de los trabajadores públicos

A su vez, de las exigencias laborales documentadas durante el mes de julio, en al menos 90 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obrero.

De igual forma, las exigencias del sector educación se incrementaron en 29 % en comparación con julio de 2022.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Según los datos de la medición, las protestas de los trabajadores venezolanos se relacionaron principalmente con los siguientes motivos:

-Pago incompleto del estipendio correspondiente al bono vacacional

-Las enfermeras denunciaron las jubilaciones forzadas realizadas durante los últimos años y exigieron el pago de sus prestaciones sociales

-Se reportaron manifestaciones en rechazo a la condena de 16 años impuesta a seis sindicalistas y activistas sociales, entre los que destaca: Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Alcides Bracho

Distribución de las manifestaciones

Los estados que lideraron el índice de protestas durante mayo fueron Anzoátegui con 72, Lara con 37, Sucre con 35, Bolívar con 32 y Carabobo con 27.

Los estados que menos registraron protestas fueron Guárico con 5 y Cojedes donde se reportaron 2.

Acceso al combustible y a otros servicios públicos

Por otro lado, los habitantes de siete estados del país protestaron durante julio para exigir abastecimiento de forma regular y sin dolarización.

Falcón y Nueva Esparta lideraron el índice de protestas con tres cada uno, seguido de Anzoátegui, Lara, Monagas, Sucre y Táchira con una cada uno, respectivamente.

Leer más  Al menos 16 migrantes murieron en un accidente vial en México: venezolanos viajaban en el autobús

El OVCS documentó 21 protestas exigiendo a las autoridades la reparación de la vialidad. Asimismo, los ciudadanos exigieron la limpieza de canales de aguas servidas en nueve acciones de calle documentadas.

También, solicitaron mejoras en el alumbrado público en tres manifestaciones, así como la recolección continua y eficiente de los desechos sólidos.

A su vez, se reseñaron 26 protestas por agua potable, lo que constituye el servicio más requerido para garantizar una vivienda digna.

De acuerdo con el OVCS, los reclamos ciudadanos que buscan soluciones “efectivas y definitivas” por parte del Estado siguen vigentes.

https://eldiario.com/2023/08/23/411-protestas-en-venezuela-julio-2023/

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Brasil: Ataque de sicarios Matan a Mãe Bernadete, líder afrodescendiente de Bahía

La líder religiosa y presidenta de una organización nacional de afrodescendientes en Brasil Bernadete Pacífico, conocida como Mãe Bernadete,  fue asesinada a balazos por sicarios que le dispararon dos tiros en el rostro. El crimen ocurrió en la ciudad de Simoes Filho, en la región metropolitana de Salvador, estado de Bahía.

La líder de la Coordinación Nacional de Articulación de Quilombos estaba amenazada de muerte debido a su trabajo social en los palenques, como se llama en español a los territorios ocupados por esclavos africanos y sus descendientes que escapaban de sus captores.

La mujer fue asesinada en la sede del Quilombo Pitanga dos Palmares por dos hombres que llegaron en una motocicleta con casco y le dispararon en el rostro.

«El Quilombo siempre será resistencia, mi familia está siendo perseguida», dijo uno de los hijos de la víctima a la prensa local. Otro hijo de la líder afrodescendiente fue asesinado seis años atrás por su trabajo político en defensa del territorio y de las religiones de matriz africana que se practican en Brasil.

Pacífico había denunciado en julio ante la Corte Suprema la violencia que sufren los quilombolas, personas afrodescendientes que habitan los quilombos, por parte de terratenientes que intentan ocupar tierras.

Repudios al crimen

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en sus redes sociales su «pesar y preocupación» por la muerte de Mãe Bernadete.

Por su parte, en una nota, la Coordinación Nacional de Articulación de Quilombos (Conaq) destacó la «dedicación incansable a la preservación de la cultura, de la espiritualidad y de la historia de su pueblo» y para «todo el movimiento de los derechos humanos».

La Conaq recordó que Mãe Bernadete también personificó la lucha de una madre negra para buscar justicia por el asesinato de un hijo, tras la muerte hace seis años de Gabriel Pacífico dos Santos, líder de la comunidad y conocido como «Binho do Quilombo».

«Es crucial que se haga justicia, que la verdad sea conocida y que los autores sean castigados. Queremos justicia para honrar la memoria de nuestra líder, pero también para afirmar que en Brasil los actos de violencia contra quilombos no serán tolerado», añadieron.

En el mismo sentido, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, lamentó en su perfil de la red social X la muerte de la líder y ordenó el desplazamiento inmediato de un equipo de su cartera para acompañar las investigaciones.

En tanto, la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, publicó en la misma red que «el racismo religioso es una faceta más de la conformación racista que estructura el país y que necesita ser combatido por medio de políticas públicas».

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/580079-matan-a-mae-bernadete-lider-afrodescendiente-de-bahia
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Cuando los DDHH se convierten en un juego de lotería impulsado por la IA

Por: Juan Ortiz Freuler

Las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT están normalizando un giro probabilístico en la visión Occidental del mundo; este giro promueve la aceptación de la incertidumbre a través del pensamiento probabilístico y eleva la estadística y el modelado complejo como aproximaciones al conocimiento.

Con el despliegue de ChatGPT, por ejemplo, el propio lenguaje humano se replantea como un sistema de meras probabilidades, una lotería en la cual la verdad y los hechos son meros participantes.

Esto explica por qué ChatGPT mezcla de forma sistemática y confiada la verdad con ficciones plausibles, alucinaciones que se espera que aceptemos como un efecto secundario inevitable que será menos incómodo una vez que adoptemos plenamente la visión probabilística del mundo.

Este cambio hacia una visión probabilística del mundo es una lenta corriente subterránea que ha ido ganando terreno en las últimas décadas y, como tal, es a la vez más generalizada y menos tangible que gran parte del marco tecnológico que domina el ciclo de noticias. Este cambio probabilístico se basa en el cambio cuantitativo que se viene produciendo desde los años setenta tanto en el gobierno como en el mundo académico.

El enfoque probabilístico lleva décadas presente en los sistemas de scoring (por ejemplo, de crédito o de seguros) y cada vez está más presente en la vida cotidiana. En esencia, estos sistemas evalúan el comportamiento no observado de ciertos individuos proyectando sobre ellos el comportamiento observado de individuos que comparten determinadas características que el programa y los diseñadores de su sistema consideran relevantes y, por tanto, reciben el mismo trato o un trato similar.

Gracias al despliegue de sensores en los dispositivos personales, como smartphones, y al aumento del tiempo que se pasa en entornos virtuales fuertemente vigilados, la elección de las características que se utilizan para definir los límites de estos grupos construidos de manera artificial se ha vuelto cada vez más granular y abstracta.

Por ejemplo, podríamos imaginar que un modelos predictivos creara la agrupación X98899T2, que reúne a todas las personas que en algún momento han visitado un sitio web de un determinado champú, han estado en un aeropuerto una vez en los últimos seis meses, tienen entre 40 y 55 años y poseen un iPhone, siempre y cuando se demuestre estadísticamente que esta colección aparentemente aleatoria de características es buena predictora de algún otro comportamiento, como comprar un perfume de la marca X.

Las categorías que tradicionalmente han sido fundamentales para ordenar la vida humana, como la edad y el sexo, pierden relevancia a medida que estas segmentaciones abstractas, sin etiquetar y hechas a medida, destinadas a informar decisiones no humanas sino informáticas, ocupan su lugar.

Una reciente investigación de Markup reveló un archivo con 650 000 etiquetas discretas utilizadas por los anunciantes para categorizar a las personas. Para poner esta cifra en contexto, son más de dos etiquetas por cada una de las 270 000 palabras definidas en el Oxford English Dictionary.

Como resultado, el destino de algo como si recibimos o no un anuncio para un alquiler o un trabajo, pasa a estar sujeto a una compleja función que equilibra cientos de variables antes no disponibles (y a menudo datos aparentemente irrelevantes).

Con base en la combinación de estos puntos de datos que antes no estaban disponibles, estos complejos modelos nos colocan en una cohorte de personas que se considera lo suficientemente similares a nosotros  como para afirmar que su comportamiento predice el nuestro, a menudo afectándonos como si en realidad hubiéramos actuado como ellos.

Este preocupante sistema secreto se está desplegando en paralelo a un proceso de continua privatización del conocimiento en general y de las tecnologías de IA en particular.

Este giro probabilístico sacude concepciones de certeza y causalidad que han estado en el centro de nuestra cosmovisión occidental y que, quizá desde la Ilustración, promovieron la adopción del método científico.

Como tal, el profundo giro probabilístico también está desestabilizando los pilares de nuestro sistema de derechos humanos. En particular, desestabiliza la idea de que los derechos humanos son inalienables y universales.

Los derechos humanos no pueden ser inalienables cuando nuestra capacidad para ejercerlos está mediada por máquinas probabilísticas. Esto es precisamente lo que ocurre, por ejemplo, cuando los sistemas automatizados de moderación de contenidos limitan lo que podemos expresar en las redes sociales.

La normalización de esta práctica ha llevado a los legisladores de la UE a codificarla en la ley, lo cual convierte la libertad de expresión en un derecho probabilístico que, dada la cantidad de falsos positivos, entiende que nuestra capacidad para ejercer la libertad de expresión está sujeta a una lotería.

El pilar de la universalidad, a su vez, se ve amenazado por la forma en que la IA está desplazando la atención del individuo al grupo y de un enfoque en la agencia y la responsabilidad por las acciones pasadas hacia un enfoque prospectivo que busca la reducción probabilística de daños futuros.

El sistema de organización social a través de derechos que se construyó con el individuo como elemento central está en crisis porque se ha cuestionado la relevancia del conjunto de características que se colocaron bajo la etiqueta de individuo, incluida la propia idea de autonomía individual.

Por ejemplo, esta visión probabilística del mundo dará a los jueces una confianza tecnológicamente infundida en su capacidad para predecir comportamientos futuros, lo que determinará sus sentencias.

Esto no se debe únicamente a la perspectiva prospectiva, sino a que la idea de la responsabilidad personal se diluirá por la normalización de un sistema que deriva cada vez más autoridad de su capacidad para procesar percepciones a nivel de población.

Se trata de un cambio respecto a la fundamentación de la autoridad en la capacidad de estudiar y comprender al individuo subyacente, la cual ha caracterizado a la mayoría de los sistemas judiciales modernos de los últimos siglos.

Por un lado, como señala Kathrina Geddes, esta transformación podría permitirnos reconocer la naturaleza sistémica de algunos de nuestros problemas sociales. Podría ayudarnos a desplazar el juicio moral desde el individuo al conjunto global de relaciones que definen la estructura social en su conjunto.

Por otro lado, la complejidad de las herramientas que se despliegan para operar a esta escala epistémica desafían la comprensión humana y, por tanto, crean espacio para la consolidación del poder en manos de una élite cada vez más reducida e incontrolable

Una élite que se reserva el derecho a interpretar los dichos de lo que parecería estar comercializándose como nuevos dioses de Silicio y un sistema que nos obliga a participar en una lotería constante que definirá lo que vemos en Internet, qué trabajos nos ofrecen, para qué relaciones estamos disponibles y si vamos o no a la cárcel.

Si hubiera espacio para reformular los valores que subyacen a estas tecnologías para ponerlas al servicio del interés público, los gobiernos tendrían que reafirmar su legitimidad democrática como arquitectos de las relaciones sociales y sustituir los incentivos de mercado que alimentan el desarrollo tecnológico por objetivos de interés público.

Las empresas dominantes se presentan como las únicas capaces de salvar al público del grave riesgo que suponen los complejos sistemas que ellas mismas han creado y que, según afirman, son demasiado complejos para ser auditados.

A menos que adoptemos una postura activa frente a estas tecnologías, este proceso remodelará nuestra forma de entender la identidad y convertirá nuestro sistema de derechos humanos en una lotería secreta.

Este es un artículo de opinión de Juan Ortiz Freuler, doctorando en la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la estadounidense Universidad del Sur de California y remero del movimiento tecnológico no alineado.

El autor, Juan Ortiz Freuler
El autor, Juan Ortiz Freuler
Fuentes: IPS noticias [Foto: Imagen generada por IA de una jueza probabilística que sostiene una bola de lotería. La imagen se generó a partir de la siguiente indicación: «cuadro retro futurista distópico de una jueza británica que lleva una peluca blanca y señala un paquete de tres bolas de lotería blancas que flotan sobre su mano contra un papel pintado con microchips de color verde eléctrico y rojo». La creó el autor con DALL-E; modificado por Alejandro Ospina. Imagen: Juan Ortiz Freuler / Aljandro Ospina]
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Recuerda ONU-DH asesinatos y desapariciones de 46 defensores indígenas en México

Ciudad de México | Desinformémonos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que al menos 46 defensores indígenas han sido asesinados o desaparecidos en México desde 2019, sin que se haya hecho justicia para más del 90 por ciento de los casos.

De acuerdo con los registros de la ONU-DH, sólo en uno de los casos se emitió una sentencia condenatoria en contra de los agresores. Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la organización, denunció que «esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia».

«Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, señaló Peña Palacios el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Añadió que los líderes indígenas de los pueblos y comunidades «están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida», así como que su asesinato o desaparición «tiene un efecto amedrentador» sobre toda su comunidad, «que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos».

La ONU-DH reconoció «el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades», y urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios.

Las cifras de asesinatos de defensores indígenas en México podrían ser mayores. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el gobierno mexicano en sus diferentes niveles fue el «primer responsable» de las 582 agresiones que tan sólo en 2022 se cometieron contra defensores de la tierra y los derechos humanos ambientales en el país. Ese año, del total de agresiones, 24 fueron asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. A ello se suma que 54 por ciento de los ataques se cometieron contra integrantes de comunidades indígenas que defendían su territorio de proyectos extractivistas, especialmente del sector minero.

A continuación el comunicado completo:

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce y mantiene presente el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades, y llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar sus esfuerzos para crear un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios en contra de personas defensoras.

A 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acontecimiento histórico en el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación de todas las personas, persisten retos importantes para que la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio. En particular, las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló Jesus Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.

Desde 2019, la ONU-DH ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y 3 mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa, lo que constituye casi el 30% de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas.

En 32 de los 46 casos, las personas defensoras indígenas realizaban actividades en la temática ambiental y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, que fueron denunciados en 10 casos. Respecto de la distribución geográfica, los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca con 20 casos, Chihuahua con 5, Guerrero con 4, Michoacán con 4 y Chiapas con 3.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha avanzado en la adopción de medidas de protección en casos de personas defensoras indígenas. Asimismo, en los últimos años el Estado mexicano ha comenzado la definición de planes de justicia para poder atender el contexto que viven los pueblos indígenas. No obstante, las cifras registradas de homicidios y desapariciones de personas indígenas son un llamado a redoblar los esfuerzos para adoptar las medidas que les garanticen un entorno seguro y propicio y eviten los actos de estigmatización, deslegitimación, criminalización y violencia en su contra, sobre todo en el contexto del diseño e implementación de proyectos de desarrollo.

México fue uno de los países promotores de la adopción del Acuerdo de Escazú. La plena implementación de las obligaciones contenidas en dicho Acuerdo, particularmente en lo que respecta a los derechos de acceso en asuntos ambientales, reforzará la protección de las personas defensoras indígenas de derechos humanos.

De los 46 casos conocidos por ONU-DH, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras. “Esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia. Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Peña Palacios.

La investigación de los asesinatos y desapariciones debe comprender todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de defensa de derechos humanos que realizaban las víctimas, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género e interculturalidad. La ONU-DH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades competentes permitan un pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción a los presuntos responsables.

Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas que continúan desaparecidas y sus más sentidas condolencias a familiares y amistades de las personas asesinadas.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Colombia: Reforma de la educación superior, todo lo que debe saber de los cambios que se proyectan

Con la propuesta se espera reorganizar el sistema de educación superior en Colombia y responder a las necesidades de formación de calidad

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Mujeres, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la trata de personas en Colombia: estas son las cifras

Las mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia, ya que representan el 89 % de los casos de este delito, según alertó este sábado la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Entre enero de 2018 y junio de 2023, la Defensoría del Pueblo ha atendido 236 casos de trata de personas en el país, y en el 89% de ellos, es decir en 212, las víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres. En 60 de dichos casos (el 25,4 %) había relación con la esclavización de personas migrantes.

El preocupante panorama lo planteó este sábado la Defensoría del Pueblo a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, al tiempo que hizo un llamado al Estado para fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan prevenir este tipo de casos.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13) fueron los departamentos del país en los que más casos se presentaron. Sin embargo, hay reportes en 133 municipios de 25 departamentos y el organismos ha emitido 40 alertas.

“De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos”, detalla la Defensoría.

Para Camargo el panorama se agrava pues no solo se trata de una grave vulneración de derechos humanos sino que no existen “los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Defensoría, es indispensable que el Estado pueda avanzar en tres frentes claves: la detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos; la evaluación de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas; y la definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante.

“Ante el complejo panorama, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exhortando al Gobierno Nacional para que de manera complementaria defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos. Esto les permitirá a las víctimas directas e indirectas el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados de manera previa, durante y posteriormente a la victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia/trata-de-personas-en-colombia-mujeres-y-ninas-son-victimas-del-89-de-los-casos/

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