América Central/República Dominicana/30-05-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
La solicitud fue remitida este domingo 23 de mayo en horas de la tarde a los directores de los distritos del Gran Santo Domingo, donde se les exhorta realizar estas pruebas con un rango de 48 horas antes de la integración a las aulas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Educación exigió a los centros privados realizar pruebas PCR al personal docente y administrativo para poder reintegrarse a las clases semipresenciales.
Las mismas están pautadas para iniciar este martes 25 de mayo en 18 regionales educativo y 122 distritos escolares.
La solicitud fue remitida este domingo 23 de mayo en horas de la tarde a los directores de los distritos del Gran Santo Domingo, donde se les exhorta realizar estas pruebas con un rango de 48 horas antes de la integración a las aulas.
Además se les solicita la aprobación del Ministerio de Salud, sellada y firmada; los consentimientos de los padres, madres y tutores de alumnos y colocar el certificado de aprobación en el mural del centro.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/solicitan-a-colegios-privados-realizar-pcr-a-docentes-y-personal-administrativo-8947506.html
Niños y niñas en Ghana, Nepal y Uganda describen jornadas extenuantes y una remuneración insignificante
El impacto económico sin precedentes de la pandemia de Covid-19 ha puesto a niños y niñas en una situación de trabajo infantil bajo condiciones peligrosas y de explotación.
Muchos niños y niñas creen no tener otra opción más que trabajar para ayudar a sus familias a subsistir, pero el aumento del trabajo infantil no es consecuencia inevitable de la pandemia.
Los gobiernos y los donantes deben priorizar las ayudas en efectivo destinadas a las familias para que estas puedan mantener un nivel de vida adecuado sin recurrir al trabajo infantil.
(Nueva York) – El impacto económico sin precedentes que ha tenido la pandemia de Covid-19, combinado con el cierre de escuelas y la asistencia insuficiente por parte de los gobiernos, está empujando a niños y niñas a una situación de trabajo infantil en condiciones peligrosas y de explotación, señaló Human Rights Watch en un informe que se presentó hoy previo al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio de 2021. Los gobiernos y los donantes deben priorizar las asignaciones de efectivo destinadas a las familias para proteger los derechos de los niños y niñas a fin de que las familias puedan mantener un nivel de vida adecuado sin recurrir al trabajo infantil.
El informe de 69 páginas, “‘I Must Work to Eat’: Covid-19, Poverty, and Child labor in Ghana, Nepal, and Uganda” (“Tengo que trabajar para comer: Covid-19, pobreza y trabajo infantil en Ghana, Nepal y Uganda”), fue publicado en forma conjunta con la organización Initiative for Social and Economic Rights (ISER) en Uganda y con Friends of the Nation en Ghana. Los investigadores analizaron el aumento del trabajo infantil y la pobreza durante la pandemia de Covid-19 y el impacto que esta tiene en los derechos de los niños y las niñas. Numerosos menores describieron jornadas extenuantes y prolongadas de trabajo a cambio de una remuneración exigua, después de que sus padres perdieran sus empleos o fuentes de ingresos debido a la pandemia y a los confinamientos que se impusieron para contenerla. Muchos describieron condiciones de trabajo riesgosas y algunos señalaron sufrir violencia, acoso y el robo de sus salarios.
“Muchos niños y niñas creen no tener otra opción más que trabajar para ayudar a sus familias a subsistir, pero el aumento del trabajo infantil no es una consecuencia inevitable de la pandemia”, explicó Jo Becker, directora de promoción de los derechos de niños y niñas de Human Rights Watch. “Los gobiernos y los donantes deben incrementar las asignaciones de efectivo destinadas a las familias para mantener a los niños alejados del trabajo infantil en condiciones peligrosas y de explotación, y para proteger sus derechos a la educación y a un nivel de vida adecuado”.
Los investigadores entrevistaron a 81 niños y niñas que trabajan, algunos de apenas 8 años, en Ghana, Nepal y Uganda. Estos niños trabajaban en hornos de ladrillos, fábricas de alfombras, minas de oro, canteras y en los sectores de pesca y agricultura. Algunos se desempeñaban como mecánicos, conductores de bicitaxis o en la construcción, mientras que otros vendían artículos en las calles.
La gran mayoría de los niños y niñas entrevistados manifestaron que la pandemia y los confinamientos habían repercutido de manera negativa en los ingresos de sus familias. Sus padres perdieron el empleo por el cierre de actividades, no pudieron acceder a mercados por las restricciones al transporte o perdieron clientes por la contracción de la economía. Muchos niños y niñas ingresaron a la fuerza laboral por primera vez para ayudar a mantener a sus familias. Algunos dijeron haber tomado la decisión de trabajar porque sus familias no tenían comida suficiente. Hubo niños que siguieron trabajando incluso después de que la situación mejoró relativamente.
“Empecé a trabajar porque estábamos realmente mal”, dijo una niña de 13 años en Uganda a ISER. “El hambre era demasiada como para quedarnos sentados esperando”.
Algunos niños y niñas contaron haber realizado trabajos que, a todas luces, eran peligrosos. En Uganda y Ghana, los niños que trabajaban en minas refirieron que cargaban bolsas pesadas con minerales, trituraban las piedras con martillos, aspiraban el polvo y los gases de las máquinas procesadoras y manipulaban mercurio tóxico para separar el oro del mineral. En los canteros, algunos niños señalaron haber sufrido lesiones causadas por las piedras que salían disparadas y que incluso se les incrustaban partículas filosas en los ojos. Varios niños mostraron a los investigadores los cortes provocados por herramientas similares a machetes que usaban para despejar los terrenos o por los bordes filosos de las cañas de azúcar. Otros contaron que llevaban cargas pesadas.
En cada uno de estos tres países, más de un tercio de los niños y niñas entrevistados trabajaban al menos diez horas al día, y algunos de ellos todos los días de la semana. Varios niños en Nepal afirmaron que trabajaban 14 horas por día o más en fábricas de alfombras.
En su mayoría, recibían un salario ínfimo. Más de la cuarta parte manifestó que a veces los empleadores retenían los salarios o pagaban menos de lo prometido. En Ghana, un niño de 12 años contó que trabajaba 11 horas al día llevando pescado al mercado, pero le pagaban apenas 2 a 3 cedis por día (USD 0,34 a 0,52). “Hay muchos días que realmente paso hambre”, dijo a Friends of the Nation.
Los cierres de escuelas han contribuido a que aumente el trabajo infantil en todo el mundo. La mayoría de los niños y las niñas entrevistados tenían acceso limitado o nulo al aprendizaje a distancia. Algunos habían perdido la posibilidad de comidas gratuitas en la escuela. Había niños que abandonaron la escuela en forma permanente, mientras que otros siguieron trabajando incluso después de que reabrieran las escuelas.
Otros factores significativos que propician el trabajo infantil son la enfermedad, discapacidad o fallecimiento de algún padre. La tasa de muertes por Covid-19 a nivel mundial ha llegado a 3,3 millones, cientos de miles de niños y niñas perdieron a sus padres y muchos podrían verse obligados a trabajar para convertirse en el principal sostén económico de sus familias.
Antes de la pandemia, los países habían conseguido avances notables en la reducción del trabajo infantil. Según la Organización Mundial del Trabajo, la cantidad de niños y niñas que realizan trabajo infantil se redujo en aproximadamente 94 millones entre 2000 y 2016, lo cual supuso una disminución del 38 %. En muchos países que lograron reducir el trabajo infantil, los gobiernos otorgaron asignaciones de efectivo para ayudar a las familias y aligerar la presión que lleva a los niños a trabajar. Sin embargo, 1300 millones de niños y niñas —sobre todo en África y Asia— no están alcanzados por programas de ayudas de efectivo.
Los investigadores se centraron en Ghana, Nepal y Uganda porque han tenido avances considerables en la reducción de la pobreza y el trabajo infantil y, como países “pioneros”, se han comprometido a acelerar los esfuerzos orientados a erradicar el trabajo infantil para 2025, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, están relegados respecto de otros pares en la región en el uso de ayudas en efectivo como respuesta ante la crisis del Covid-19.
En respuesta a la pandemia de Covid-19, la gran mayoría de los países brindan asistencia de emergencia, incluida ayuda en efectivo para familias. No obstante, en muchos casos la asistencia no ha alcanzado a cubrir las necesidades. La mayoría de los programas de ayudas en efectivo son a corto plazo o consistieron en un único pago.
“Para muchas familias con hijos, las asistencia gubernamental en respuesta a la pandemia no ha sido suficiente para protegerlas del trabajo en condiciones peligrosas y de explotación”, afirmó Becker. “En un contexto en el que millones de familias afrontan serias dificultades económicas por la pandemia, las ayudas en efectivo son más importantes que nunca para proteger los derechos de niños y niñas”.
Natalia Cámara, vocera de la organización, dijo que esto requiere que todos los actores involucrados “estén a la altura” porque la presencialidad en la educación es “indispensable”
La vocera de la organización, Natalia Cámara, señaló a la diaria que “la infancia está en una situación de gravedad y doblemente la infancia en situaciones de alta vulnerabilidad, niños que provienen de hogares por debajo de la línea de pobreza”. “Esto requiere que todos los actores involucrados estén a la altura. La presencialidad en la educación es indispensable, y lo que debemos buscar como comunidad educativa son los mecanismos necesarios para que se pueda efectivamente llevar adelante con los mayores recaudos posibles”, agregó.
Para Cámara, el gobierno debe “poner recursos y dar orientación, y toda la comunidad educativa debe abrir alternativas y generar ideas innovadoras en un tiempo excepcional para un retorno lo antes posible”. “Hacemos énfasis en la necesidad de contar con directivas claras de las autoridades de la educación. No compartimos que las resoluciones respecto a las situaciones vinculadas a la covid-19, como cuarentenas, aislamientos, contactos, queden libradas discrecionalmente al entender de los equipos de dirección”, añadió.
La integrante de la organización sostuvo que se “han detectado respuestas dispares a situaciones similares y esto habla de la discrecionalidad con que se maneja el sistema, algo que repercute de forma muy negativa en las comunidades educativas”. La FOEP convocó para la tarde de este viernes a una asamblea extraordinaria para avanzar en definiciones respecto a la situación sanitaria actual.
El integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública Juan Gabito explicó a la diaria que “siempre es razonable atender todos los planteos, pero hay algunos de ellos que son contradictorios”. En ese sentido, ejemplificó que “hay muchas formas de ver la realidad” porque al mismo momento que Ademu plantea esto, por ejemplo, “los estudiantes del [liceo] Zorrilla piden la vuelta a la presencialidad plena”.
Algunos planteos son un tanto “ambiguos”, opinó. “En el fondo uno no sabe cuál es la opinión [de algunos actores], si hay que cerrar todo e incluir a las escuelas o si hay que cerrar todo menos las escuelas. Nos toca juzgar y balancear en esos puntos de vista que a veces son contrapuestos. Todos son válidos”, observó.
Por otra parte, en cuanto al porcentaje de asistencia de los alumnos en las aulas, el consejero sostuvo que “venían siendo muy altos” tanto en la zona rural (cerca de 90%) como en la urbana (70%). Sin embargo, en algunos departamentos, como en Paysandú, en las últimas semanas las cifras de asistencia disminuyeron “porque los propios padres deciden no mandar a sus hijos” ante el aumento de casos.
Integrantes de una federación estudiantil protestan en varias ciudades mexicanas contra la decisión del Gobierno federal
1Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez del Estado de México (FNERRR) marcharon en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, para protestar ante la decisión del Gobierno federal de volver a clases el 7 de junio.ALFREDO ESTRELLAAFP
2La movilización central se llevó a cabo en la Ciudad de México, y la marcha partió del Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional.ALFREDO ESTRELLAAFP
3Los estudiantes exigieron que el 70% de la población sea inmunizado contra la covid-19.ALFREDO ESTRELLAAFP
4“Creemos que es un homicidio en contra de los estudiantes y de la población general”, declaró el líder de la FNERRR. Isaías Chanona, sobre el regreso a clases.ALFREDO ESTRELLAAFP
5En la Ciudad de Torreón, Coahuila, decenas de alumnos se sumaron a la manifestación.FNERRR
6En Xalapa, Veracruz, estudiantes adheridos a la FNERRR también se manifestaron contra el regreso a clases.FNERRR
7«Las y los afiliados a la federación estudiantil no estamos en contra de que se de un regreso a clases presenciales, sin embargo, consideramos que es muy probable que surjan rebrotes dado que apenas el 9% de mexicanos tiene completo el esquema de vacunación» señaló Chanona.ALFREDO ESTRELLAAFP
8Los alumnos se manifestaron en redes sociales desde que se hizo el anuncio oficial del regreso a clases.FNERRR
UNICEF considera que los procesos de verificación de la mayoría de edad son un obstáculo para la «educación vital en sexualidad»
Películas para adultos solía llamarse a la pornografía. Pero el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha decidido que ahora también es apta para menores.
Recientemente incorporaron en un informe a la pornografía entre las «herramientas de garantía de la era digital y derechos del niño en línea» para lo cual los niños podrían tener acceso a material sexualmente explícito de acuerdo con su edad y madurez, y lo denominan un derecho humano.
El organismo de la ONU a cargo de la niñez asegura que la pornografía no solamente no causa daño en los menores de edad sino que además impedir su acceso puede «infringir sus derechos humanos».
Comúnmente las páginas de pornografía tienen un filtro para evitar que los menores accedan. Pero UNICEF considera que los procesos de verificación de la mayoría de edad son un obstáculo para la «educación vital en sexualidad».
Instituto de Investigación del Centro Nacional sobre Explotación Sexual refuta a UNICEF
Diametralmente opuesta a la posición de UNICEF, la vicepresidente y directora del Instituto de Investigación del Centro Nacional sobre Explotación Sexual, Lisa Thompson, asegura que “el informe de UNICEF ignora la gran cantidad de investigaciones que demuestran los daños de la pornografía a los niños. Al ignorar los daños reales que puede tener la pornografía, UNICEF está jugando a la ruleta con la salud y la seguridad de los niños”.
Agregó que “la pornografía convencional contiene abusos sexuales horribles, violaciones, incesto, racismo, todo lo cual los niños no deben consumir” y “la evaluación milquetoast de UNICEF de los impactos de la pornografía hardcore en los niños no hace nada para desafiar la narrativa política de que la pornografía es benigna, y como resultado, pone a los niños en peligro».
Pero UNICEF alega que la pornografía no es nociva para los menores, basándose en un estudio europeo de 19 países de la Unión Europea (UE) que encontró que en la mayoría de los países, la mayor parte de los niños que vieron imágenes pornográficas no estaban «ni molestos ni felices».
De hecho, el informe en el que se basa UNICEF dice que 39 % de los niños españoles estaban felices después de ver pornografía.
UNICEF cedió ante la presión de grupos provida
Ante la presión de la agrupación provida, Friday Fax, que promueve la defensa de los menores desde la concepción, UNICEF modificó el informe.
Friday Fax publica semanalmente un reporte desde la sede de la ONU con una perspectiva conservadora. Forma parte de C-Fam (el Centro por la Familia y los Derechos Humanos).
Luego de que Friday Fax denunció el informe de UNICEF, el organismo de la ONU eliminó el documento de su sitio web.
Dicha plataforma señala que luego volvió a publicar un informe editado estratégicamente que elimina declaraciones claves citadas en Friday Fax, pero conserva las mismas posiciones del informe original.
EEUU ofreció 300 millones de dólares adicionales para UNICEF
El informe fue publicado pocos días después de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunciara la renovación de su asociación de larga data con UNICEF, comprometiendo 300 millones de dólares adicionales en fondos directos para programas.
«La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se toma muy en serio los problemas de seguridad en Internet y la protección de los niños contra el contenido dañino en Internet, incluida la pornografía», dijo Christine Gleichert, subadministradora de Asuntos Públicos de USAID para Friday Fax.
USAID es el mayor contribuyente financiero de UNICEF.
En respuesta, UNICEF le dijo a USAID que «la posición inequívoca de la organización es que ningún niño debe estar expuesto a contenido dañino en línea».
Ratifica su postura de que los niños no se ven perjudicados al ver material sexualmente explícito.
Estados Unidos es el mayor donante gubernamental de UNICEF con fondos para 2020 que alcanzaron casi los 994 millones de dólares en programas humanitarios y de desarrollo.
Bajo la administración de Donald Trump, el expresidente fue tajante en la remoción de fondos a organizaciones que atentaban contra la dignidad humana e infringían la soberanía de las naciones.
El entonces director de USAID fue implacable frente a la ONU cuando intentó imponer una agenda de aborto en países de África e Hispanoamérica.
No obstante, la gestión de Joe Biden ha insistido en derogar y suplantar las medidas en defensa de la niñez.
UNICEF fue creado para proteger a los niños afectados por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Pero, progresivamente ha asumido una agenda de inspiración feminista que va de la mano de la hipersexualización de menores. En consecuencia, el Vaticano llegó a retirar su contribución anual.
Sin embargo, la agenda avanza. Y UNICEF apela a la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para no solo considerar inofensiva a la exposición de menores a la pornografía sino que incluso la ha convertido en un derecho humano.
La crisis económica y social que se vio agravada por el contexto de pandemia, reflejó las desigualdades estructurales.
La crisis económica y social que se vio agravada por el contexto de pandemia, reflejó las desigualdades estructurales. Las mujeres jóvenes son las más afectadas por el desempleo y quienes aumentaron la carga horaria de tareas de cuidado (más de ocho horas en el caso de la franja etaria de 30 a 44 años, según CEPA). En el Día de la Higiene Menstrual, es importante referirse a la dificultad de acceso a los insumos de gestión menstrual.
El informe realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de diversos equipos del Estado, entre los que aparecen INDEC, AFIP, ANDIS, ANSES, la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial y la Subsecretaría de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, entre otros, profundizó en el impacto asimétrico de la crisis por la pandemia en las mujeres, que perdieron empleo e ingresos, y cómo aumentó el costo de menstruar.
De acuerdo al informe, menstruar implica pagar anualmente desde $3.228 (toallitas) hasta $4.327 (tampones). Así, el costo anual equivale al 44% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA diciembre 2020: $7.340) o al 87% del monto de una Asignación Universal por Hijo/a (AUH diciembre 2020: $3.717).
Desde la campaña MenstruAcción, de la organización Economía Feminista, en colaboración con AmRed, elaboraron una app que calcula el costo individual anual de la menstruación. “Lo que se propone desde la campaña de MenstruAcción es que se quite el IVA a los productos de gestión mensual y que se repartan los insumos en hospitales públicos y colegios al igual que se hace con los preservativos, que se considere un producto e necesidad para todas las personas”, explica Laia Domenech Burin .
Otro informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires arrojó que el 77% de las mujeres tuvo que optar por marcas o productos más económicos, mientras que el 22% debió comprar menos cantidad y/u optimizar su uso.
Hay que agregar que los costos que enfrenta una persona menstruante no terminan en la compra de insumos de higiene menstrual, sino que debe cubrir también otros costos como controles anuales ginecológicos, y analgésicos para los dolores de las distintas etapas del ciclo menstrual, productos de higiene personal, entre otros. Del relevamiento de precios realizado por la Defensoría, se observa que, anualmente, una mujer gasta 523,61 pesos en analgésicos, y más de 1.189,11 pesos en antiespasmódicos.
También se tuvo en cuenta los controles que tienen que realizarse, como por ejemplo el PAP (665 pesos en un año si no tiene obra social) o las mamografías mamarias y ginecológica (entre 1.520 y 2.643 pesos aproximadamente).
En promedio, el gasto anual por una cuestión de género podría llegar a ser de $13.510,70 para una mujer que no tiene obra social. Esto se agrava al analizar las familias monomarentales.
“Creemos que la cuestión vinculada a la menstruación como proceso fisiológico y cultural, que sufre mucha invisibilización y tabú, necesita que la acción del Estado vaya en dos direcciones: en principio en generar la conversación pública de que este tema no incumbe solamente a las personas individualmente, sino a toda la comunidad y que es un factor de ausentismo escolar importante, como también ausentismo laboral. Por otro lado, es necesario proveer estos insumos”, explica Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de PBA.
El aspecto educativo también es otro factor que se tuvo en cuenta en el armado de los informes y en la aplicación de políticas públicas. La implementación de la Educación Sexual Integral como herramienta educativa, recobra importancia. “Coordinamos con el ministerio de educación la obligatoriedad de la enseñanza de ESI, en todos los niveles en instituciones públicas y privadas para trabajar el tema de la menstruación no solamente con las mujeres, niñas y adolescentes sino en conjunto para sacar al tema del tabú”, indica Portos.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció hoy el saqueo y la ocupación con uso militar de escuelas tanto por las fuerzas gubernamentales como rebeldes desde que comenzó el conflicto en la región etíope de Tigray, donde en torno al 25 % de los establecimientos escolares han sido dañados.
«La ocupación y el daño de las escuelas termina afectando las vidas de las generaciones futuras de Tigray, lo que se suma a las pérdidas que las comunidades (…) han enfrentado durante los últimos seis meses», declaró en un comunicado Laetitia Bader, directora del Cuerno de África de HRW.
HRW, que ha documentado el uso como base militar de varias escuelas en esa región, ejemplificó esta situación con el uso de la histórica escuela preparatoria pública Atse Yohannes en la capital regional, Mekelle, como cuartel general de las fuerzas gubernamentales después de arrebatar el control de la ciudad al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT) a finales de noviembre de 2020 y que utilizaron hasta el pasado mes de abril.
«Después de ocupar la escuela durante varias semanas, se fueron llevándose computadoras, pantallas de plasma y comida. Las autoridades interinas pronto comenzaron a reparar los daños para que pudieran reanudarse las clases, pero los soldados regresaron en febrero y ocuparon la escuela durante otros tres meses», indicó el comunicado.
Las fuerzas etíopes abandonaron la escuela en abril y los residentes de Mekelle se encontraron con daños generalizados en aulas, laboratorios y oficinas, instalaciones eléctricas, tuberías de agua destruidas, casi 300 sillas quemadas y mensajes de odio e insultos contra los habitantes de Tigray escritos en las paredes, relató la organización.
«La destrucción o incautación de los militares de propiedad civil no justificada por razones de necesidad militar está prohibida y puede ser un crimen de guerra», declaró HRM señalando que «un despliegue militar prolongado sin proporcionar instalaciones educativas alternativas también puede negar a los estudiantes su derecho a la educación según el derecho internacional de los derechos humanos».
Según los datos del Gobierno de Etiopía, recogidos por HRW -que considera subestimados por la limitación de acceso a algunas zonas-, 15 escuelas en Tigray han sufrido daños importantes, mientras que otras 53 sufrieron algunos daños y dos de educación primaria en el sur de la región fueron ocupadas por las fuerzas etíopes.
Las autoridades gubernamentales están tratando ahora de reabrir las escuelas, pero los intentos se ven obstaculizados por la continua inseguridad, los daños en las escuelas.
Según estimaciones del Ministerio de Educación etíope, 48.500 maestros requieren apoyo psicosocial y de salud mental.
«Los combates en Tigray están privando a muchos niños de una educación y las facciones en guerra solo están empeorando las cosas», advirtió Bader al instar a la comunidad internacional a pedir al Gobierno etíope que tome «todas las medidas necesarias para garantizar que las escuelas puedan reabrir de manera segura, incluyendo poner fin al uso militar de las mismas y castigar al personal militar responsable de los abusos».
El conflicto en Etiopía estalló el pasado 4 de noviembre después de que el Gobierno central atacara al FPLT, en represalia por una agresión previa de fuerzas tigriñas a una base del Ejército federal.
Desde entonces, miles de personas han muerto, al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, país fronterizo con Tigray, y más de un millón se han desplazado dentro de la región, según datos oficiales.
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