Aunque el escrutinio no ha concluido oficialmente, el brexit ha logrado una victoria recibida por sus partidarios como el «día de la independencia británica», una euforia que contrasta con la negativa reacción de los mercados, que evidencian las serias implicaciones de una decisión contra la que habían luchado la práctica totalidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales de Reino Unido.

Junto a los efectos sobre la volatilidad financiera, el statu quo británico se enfrenta a un terremoto político con epicentro en el Número 10 de Downing Street, puesto que el primer ministro, David Cameron, había apostado por una opción, la de la permanencia, ignorada por la mayoría de los ciudadanos.

Con una participación del 71,3%, la mayor en una votación en Reino Unido desde 1992 y más de seis puntos por encima del plebiscito de 1975 que había confirmado la permanencia en la por entonces Comunidad Económica Europa, el escrutinio ha dado un vuelco sin precedentes a una noche electoral que había arrancado con las encuestas a favor de la continuidad.

Este desenlace tiene profundas connotaciones políticas e institucionales, puesto que el debate sobre la sostenibilidad de Cameron al frente del Gobierno, del que había avisado que no dimitiría en caso de brexit, está ya planteado, incluso pese a la carta de dos tercios de los diputados conservadores que habían defendido la salida y que le han expresado su apoyo para permanecer en Downing Street por el «mandato y deber» obtenido hace tan sólo un año.

Sin «plan B»

Además, otra de las incógnitas es el grado de preparación de Reino Unido para un proceso que podría llevar años, puesto que el propio primer ministro había asegurado públicamente que no había «plan B».

Tras jugarse su credibilidad a la carta de una apuesta que, según él, haría al «más fuerte y más seguro», Cameron ha quedado ya como el principal perjudicado de una campaña que ha dividido a la sociedad británica por una estrategia partidaria, puesto que, más que por clamor popular, el referéndum surgió para sofocar el incendio que Bruselas llevaba generando en los conservadores desde hace décadas.

La oposición laborista ha sugerido ya la necesidad de su dimisión ante un escenario sin precedentes en el que la única certidumbre es que, de vencer la salida, la decisión sería «irreversible». No en vano, David Cameron había avanzado ya que el proceso formal de retirada de los Veintiocho comenzaría de inmediato.

Aunque el Tratado de Lisboa establece las pautas de este procedimiento en el artículo 50, el primer movimiento ha de partir del estado miembro, que debe notificar a la UE su deseo de abandonar.

De hecho, Londres no está obligado a proceder inminentemente, es más, los partidarios de romper con Bruselas han manifestado ya su preferencia por aguardar, puesto que, pese a meses de campaña, la fórmula que regiría sigue siendo una incógnita.

Los plazos, a priori, están marcados, si bien los dos años establecidos en la normativa comunitaria podrían ampliarse siempre que lo autoricen los otros veintisiete socios. Expertos en Derecho europeo creen que, dada la complejidad, las negociaciones podrían llevar hasta una década y los propios defensores del divorcio asumen que, como mínimo, serían necesarios cuatro años.

Reacción

De momento, los mercados han evidenciado las secuelas del escenario que se abre en el bloque occidental: la divisa británica ha caído a niveles inéditos desde 1985, lo que podría acarrear una intervención de contingencia del Banco de Inglaterra, que ya había avanzado que tenía previstas medidas para garantizar la estabilidad financiera.

Junto a la City y Downing Street, la atención estará en el continente, donde se espera que los demás líderes, que han mantenido en secreto su plan de acción en caso de brexit, se reúnan a la máxima urgencia y exijan a Reino Unido clarificaciones sobre las áreas más delicadas, como el futuro de los casi tres millones de ciudadanos comunitarios que residen al norte del Canal de la Mancha.

Encaje

Además, uno de los factores más complejos será el potencial encaje británico en el mercado común. La presión, por tanto, será notable para hallar una solución que implicará delicados compromisos de las partes, un esfuerzo que podría necesitar años antes de que se pueda garantizar el apoyo de una mayoría cualificada de los ministros del ramo para, posteriormente, lograr que la propuesta sea ratificada por los demás estados miembro y, a continuación, por los Parlamentos europeo y británico.

El problema es que uno de los catalizadores del brexit ha sido el control de los flujos migratorios y la pertenencia al mercado común implicaría, a priori, el libre movimiento de personas, dos elementos indisociables y, para la UE, innegociables, por lo que, a priori, Londres no podría mantener el primero sin tener que aceptar el segundo, lo que complica la ecuación entre prosperidad económica y límites a la entrada de ciudadanos comunitarios.

No en vano, abandonar el mercado común no es una opción extendida entre los defensores del ‘Brexi’, que se encuentran divididos entre quienes proponen directamente abandonarlo, aquellos que creen posible permanecer por el propio interés del resto de sus integrantes de no perder a la segunda economía europea, los que abogan por establecer acuerdos bilaterales e, incluso, quienes ven viable operar con los 161 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Este encaje, con todo, constituye tan solo una pieza más del complejo puzle legislativo de un proceso que obligaría a revisar hasta 80.000 páginas de acuerdos comunitarios, con el objetivo de decidir descartes, qué áreas enmendar y cuáles mantener, un sumario que, inevitablemente, querrá supervisar el Parlamento británico y cuya duración constituye un enigma.

Además, la salida incrementa el riesgo de una crisis constitucional para la unión británica, puesto que Escocia, protagonista de un plebiscito de independencia hace menos de dos años, ha apoyado mayoritariamente la continuidad en la UE y cuya ministra principal ha reconocido que este desenlace reavivará las ansias secesionistas.

Sin precedentes

En consecuencia, junto a la resolución de una profunda crisis política en casa, el Gobierno, independientemente de su constitución, tendrá que resolver un proceso sobre el que no hay precedentes, tan solo la salida de Groenlandia, ni siquiera un estado, sino un territorio que formaba parte de Dinamarca, hace más de 30 años, cuando la UE no era tampoco la unión política en la que se ha convertido hoy en día.

Por si fuera poco, este nuevo capítulo tendría que acordarse con socios que difícilmente mostrarán empatía hacia quien ha decidido abandonar, a pesar de los compromisos que tanto costaron en febrero y que hubiesen garantizado para Reino Unido el ansiado estatus de verso libre de una Europa cada vez más cohesionada.

Por otra parte, a escala europea, el temor es que la partida británica genere un efecto dominó entre otros integrantes de los Veintiocho y, sobre todo, que desencadene un peligroso auge del nacionalismo de derecha.