Europa/13 de Junio de 2016/El País

Por: Alberto Virella Gomes

Atender los sistemas educativos y de salud, evitar la malnutrición y el hambre, garantizar el acceso al agua potable son objetivos vinculados a las necesidades más básicas, a derechos humanos elementales y, a pesar de ello, parece redundante, por no decir inútil, insistir en que no se hace lo suficiente al respecto.

Por doquier en Europa, éstas no son las prioridades que se exponen públicamente cuando los focos se dirigen a los países más pobres y desafortunados. Ahora se dice, ya sin pudor alguno, que somos los europeos quienes nos encontramos amenazados por ellos, pues debemos enfrentarnos a oleadas migratorias, al fanatismo, al terrorismo yihadista, a la barbarie más virulenta e irracional. Como si todo ello no lo padecieran los pueblos más indefensos en mayor medida.

Gobiernos y centros de reflexión se concentran en esas amenazas y se articulan mecanismos para contrarrestarlas. Pero, ¿habrá alguna contención duradera si no se aumenta la inversión en educación, salud y, en fin, en justicia social en dichos países?. Cuando los sistemas públicos abandonan estos sectores las consecuencias son mucho más amplias que las consideradas habitualmente.

Por un lado, otros actores ocupan el vacío dejado por los Estados y la cooperación occidental. En África del norte, en la franja saheliana y cada vez más hacia el sur y al este del continente, la financiación procedente de países del Golfo Pérsico, iniciada en los años ochenta, atiende, a través de ONG, de entidades religiosas o de fondos institucionales, parte de la demanda de la población. A cambio, se transmiten valores y arraigan prácticas en muchos casos ajenas, hasta entonces, a las culturas y tradiciones religiosas locales. Esas nuevas ideas contrastan asimismo con principios heredados de las metrópolis colonizadoras o defendidos por ellas en las últimas décadas, en relación con lo que debería ser una democracia o respecto a ciertos derechos fundamentales y a la igualdad de género. Sin olvidar que la limitada efectividad real de esos principios y derechos ha contribuido a que las poblaciones no se hayan apropiado de ellos, no los hayan defendido y lleguen a considerarlos instrumentos de dominación por parte de otros.

Cuando los Estados, aún en su modestia, prestaban mayor atención a estas necesidades existía una red de solidaridad vertical o jerárquica. Los Gobiernos financiaban y mantenían sencillas escuelas y básicos puestos de salud para una población relativamente poco numerosa. Al desaparecer estas redes, tomaron su lugar redes horizontales, para hacer frente a estas necesidades. Las actuales redes horizontales recuerdan mucho a las tradicionales de base cultural y comunitaria. Requieren un concepto muy extenso de familia pues cuantos más lazos se establezcan mayor es la posibilidad de que sumando esfuerzos y fracciones menores se puedan atender las principales carencias de sus miembros. Los efectos de esta solidaridad son positivos pero también se producen consecuencias que lo son menos.

Ese requisito de contar con una amplia red de individuos es un factor que incentiva la natalidad, para alcanzar un número elevado de hijos. Por otro lado, las redes horizontales exigen mucha inversión económica en ritos que confirman y consolidan los vínculos que las conforman: bautizos, iniciaciones, bodas, funerales, conmemoraciones de eventos relacionados con los orígenes de esa familia, etc. Cualquiera de sus miembros debe hacer lo posible por sufragarlos y quien pueda hacerlo en mayor medida dirigirá a este fin sus recursos económicos. Lo hará incluso cuando deba endeudarse para ello, si está en condiciones que lo permitan; o en detrimento de sus ahorros personales, previstos para una futura inversión de la que podría beneficiarse el ámbito familiar nuclear. Mediante estos y otros modos, las redes horizontales contribuyen al igualitarismo, al reparto de los recursos pero también impiden la acumulación de capital para que, individualmente, se supere ese estado de pobreza relativa. Dicho de otro modo, en estos estadios de desarrollo económico, cuando el estado garantiza ciertos servicios, libera a los individuos de cargas familiares e incentiva la iniciativa personal o, si se quiere, privada.

Muchas comunidades viven gracias al dinero que envían sus emigrantes.

Otro fenómeno que ilustra esto mismo es el destino de las remesas de los emigrantes. Un estudio del Banco Central de África Occidental publicado en 2015 sobre las remesas en los países francófonos de la subregión indica en qué las utilizan las familias. El 54,6% de lo que reciben se destina al consumo en el hogar familiar, 6,4% a gastos en educación y 3,4% a gastos sanitarios; a las ceremonias religiosas y celebraciones familiares, el 8,7%; el 15,8% se destina a inversión inmobiliaria y 5,5% a otras inversiones. Respecto a los gastos que hacen las familias, las remesas suponen el 40,4% del total de su consumo corriente, el 22,3% del total de sus gastos en educación y el 16,5% de sus gastos de inversión.

Estos porcentajes nos señalan que el consumo es el destino principal de las remesas. Muchas comunidades viven gracias al dinero que envían sus emigrantes. Viven, pero poco queda disponible para inversiones productivas, lo cual relativiza el potencial del concepto de «codesarrollo», mediante el cual los agentes de la cooperación internacional apoyan y complementan la contribución de los migrantes al desarrollo en origen. En consecuencia, mientras en estos países, en esas comunidades, no mejoren las condiciones de vida, las oportunidades de empleo y los servicios sociales públicos, la migración será una constante. Y se incrementará con el crecimiento demográfico.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/06/10/planeta_futuro/1465572751_539396.html