Year: 2016

Por:  Fernando Ruiz.

Una de las promesas de las reformas al marco legal para la educación de 2013 era dejar de pagar con la nómina docente a personas que no daban clases. La magnitud del problema nunca se ha sabido con exactitud, pero el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) llevado a cabo en el otoño de 2013 identificó a 298 mil personas que no laboraban en su centro de trabajo, 30 mil de ellos comisionados y 39 mil posibles aviadores.

Asimismo, en octubre y noviembre del mismo año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las entidades federativas reconocieron la existencia de muchos más comisionados que los oficialmente reportados en los años anteriores, aunque el número exacto nunca fue dado a conocer. La SEP estableció que hasta el 31 de diciembre de 2014 el personal con plaza docente podría desempeñar una función distinta a la permitida por la Ley General de Servicio Profesional Docente, permitiendo con ello la permanencia de los comisionados hasta 2015. En 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó erogaciones en comisionados sindicales por más de mil millones de pesos.

La creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en diciembre de 2013 obligó, durante 2014, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la SEP y las entidades federativas a realizar la conciliación de las plazas educativas que ingresarían al nuevo fondo educativo. No hubo ningún reporte público sobre los resultados de ese proceso, por lo que se desconoce que plantillas no ingresaron al FONE. Recientemente, por ejemplo, el nuevo gobierno de Zacatecas manifestó su queja debido a que 9,600 maestros fueron excluidos del fondo.

En enero de 2015, durante el pago de la primera quincena del FONE, se hicieron 918,222 pagos, de los cuales 48,442 (5.3%) requerían aclaraciones para finalmente ser incorporados. Tampoco hubo información pública sobre que plazas ni escuelas estuvieron involucradas en esta situación. En ese contexto, en las negociaciones sostenidas en febrero de 2015 entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación, se acordó agregar 3,600 trabajadores oaxaqueños adicionales a los 77,264 que la sección 22, sin verificación oficial ni ciudadana, presentó como plantilla de trabajadores educativos.

En ese contexto, en los meses de enero de 2014, 2015 y 2016 se dieron sucesivas oleadas de comisionados sindicales que regresaron a las escuelas. Tampoco hubo un reporte público de los nombres de las personas y las escuelas involucradas en esos movimientos. En enero de 2016, se anunció que 2,200 comisionados sindicales dejarían de estar en la nómina con un ahorro estimado en mil millones de pesos al año; aunque finalmente el ahorro fue de dos mil millones según señaló el lunes pasado la Oficial Mayor de la SEP.

A pesar de los avances logrados, es difícil afirmar y comprobar, con la información disponible, que el 100% de la nómina educativa está siendo destinada exclusivamente a financiar las actividades escolares y no es desviada a otros fines. La enorme opacidad con la que los gobiernos estatales administran las plazas estatales y la nómina de las federales así como las deficiencias en los registros del FONE y la débil supervisión y seguimiento que dan la SEP y la SHCP contribuyen a ello. En junio pasado, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se pronunció por la realización de auditorías a las nóminas educativas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca (Comunicado 278 de la SEP). Hasta la fecha no sabemos qué pasó con dicha promesa.

No podemos seguir dependiendo de las promesas de políticos y funcionarios. Transparentar y depurar la nómina educativa es asunto de todos. En las últimas negociaciones con la disidencia magisterial, la CNTE presume la regularización de 12 mil plazas; 6 mil de las cuales corresponde a Oaxaca. De ser ciertas sus afirmaciones ¿quiénes son y por qué razón van a ser “regularizados”? ¿en qué escuelas laboran? ¿son comisionados sindicales, docentes o administrativos? ¿con qué plazas serán contratados? ¿cuánto se erogará en dichas contrataciones? Estos son sólo algunas preguntas que surgen de inmediato y que desgraciadamente no pueden encontrar respuesta con la información pública disponible.

Exigimos a la Cámara de Diputados que asuma la defensa del dinero público, a la ASF que investigue y sancione la ilegalidad, a la SHCP que reforme la Ley de Coordinación Fiscal para inhibir los desvíos e irregularidades y a la SEP que mejore los registro públicos del FONE y fortalezca su capacidad de monitoreo y seguimiento. En tiempos difíciles cada peso cuenta, y más cuando el futuro de los niños está en juego.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-depuracion-de-la-nomina-educativa.html

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