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Colombia: El Gobierno de Duque, en jaque: han caído dos ministros y la reforma de la Salud se tambalea

Este jueves el Gobierno colombiano le reiteró al Comité Nacional de Paro, formado por sindicatos y organizaciones convocantes del Paro Nacional del 28 de abril, la necesidad de «un diálogo urgente» y que se siente a la mesa de negociación para solucionar la crisis desencadenada por las multitudinarias protestas que vive el país. «Estamos listos para sentarnos a negociar», declaró este 13 de mayo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del Gobierno para el diálogo, quien urgió al Comité a dar «una respuesta inmediata».

CRISIS DE GOBIERNO

Esta crisis ya se ha cobrado dos ministros del gabinete de Iván Duque. El de Finanzas, Alberto Carrasquilla, quien renunció el 3 de mayo, después de que el presidente retirara el proyecto de reforma tributaria que fue uno de los detonantes de la protesta. El 12 de mayo renunció la ministra de Exteriores, Claudia Blum, por el descrédito internacional que ha supuesto para Colombia la evidencia de la violación descomunal de los derechos humanos por la fuerza pública de Colombia, y que la canciller se ha empeñado en negar, criminalizando la protesta. Ahora todos los ojos están puestos en el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ve cómo el proyecto de reforma de la salud que impulsa el Gobierno pierde cada día apoyos en el Congreso. Tras las masivas movilizaciones de este 12 de mayo, ha sido el Partido Conservador quien ha anunciado que retira su apoyo al proyecto, días atrás habían sido el Partido de la U y el Partido Liberal los que se habían desmarcado. A unos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, los partidos políticos tienen miedo de que su popularidad se desplome, habida cuenta la oposición que el proyecto privatizador ha despertado entre la población y los profesionales sanitarios.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzó la jornada desdiciendo al presidente Duque, quien en su visita sorpresa a Cali el 11 de mayo había anunciado el comienzo de la fase III de vacunación, para profesores, miembros de la fuerza pública y otros funcionarios del Estado. “Faltan muchos mayores de 60 por vacunar”, dijo Ruiz. La lentitud y caos en el proceso de vacunación es otro de los detonantes del malestar de la población, en el peor momento de la pandemia. El covid ha causado oficialmente casi 80 mil muertes en Colombia, y hay más de 3 millones de casos activos.

Este 13 de mayo ha transcurrido haciendo balance de la masiva movilización de la jornada anterior. En Cali, la presencia de congresistas que han sesionado en la Escuela de Deporte Nacional para escuchar a las autoridades y los sectores sociales del departamento del Valle del Cauca, ha hecho que no se registraran ataques violentos de la Policía, el ESMAD y pistoleros con cobertura policial que han sembrado el terror y la muerte en los puntos de resistencia de la ciudad. Cabe recordar que solamente en Cali se han registrado 35 civiles asesinados en el marco de la protesta y hay más de cien personas desaparecidas.

Sin embargo, durante el día se han registrado violentos ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la vecina ciudad de Buga, situada en el mismo departamento del Valle del Cauca. Los antidisturbios han cargado violentamente contra la población que se manifestaba, lanzando botes de humo y provocando pánico en zonas residenciales de los barrios Palo Blanco y Aures. Una comisión de congresistas se ha desplazado desde Cali para verificar la situación sobre el terreno.

INDIGNACIÓN EN BARRANQUILLA

Este 12 de mayo se jugaba en Barranquilla y Pereira sendos partidos de fútbol de la Copa Libertadores. Las hinchadas pedían que se no se jugara por la situación de violación de derechos humanos que vive Colombia, pero el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo oídos sordos. Los seguidores del Junior, equipo local, se citaron en los alrededores del estadio Romelio Martínez para pedir la suspensión del partido con el River Plate argentino. El alcalde les mandó al ESMAD a reprimir con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos la protesta pacífica.

Cuando salieron a la cancha los equipos River Plate de Argentina y Junior de Barranquilla, el árbitro pitó el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. En ese instante se pudieron escuchar los bombazos que el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- estaba lanzando contra los manifestantes afuera del estadio. Una situación que hizo recordar los tiempos de la dictadura argentina, que pretendía acallar el clamor por la represión criminal con el mundial de fútbol de 1978.

NOCHE DE REPRESIÓN EN BOGOTÁ

La noche del 12 de mayo se sucedieron cargas policiales en distintos sectores de Bogotá. El Portal de Las Américas, donde se encuentra una estación del sistema masivo de transporte público Transmilenio, ha sido escenario de una violencia policial extrema, que ha registrado varios homicidios, torturas y detenciones arbitrarias que se han convertido en desaparición forzada. La noche del 12 de mayo el Portal de las Américas volvió a ser uno de los epicentros de la violencia policial en Bogotá, con heridos y detenidos.

La mañana de este 13 de mayo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa lo que viene ocurriendo en el Portal de las Américas de Bogotá, y exigen a las autoridades municipales y policiales que se pronuncien:

SE SUICIDA EN POPAYÁN UNA MENOR DE EDAD QUE HABÍA SIDO ABUSADA SEXUALMENTE POR LA POLICÍA

Allizon Lizeth Salazar Miranda tenía 17 años. Se dirigía a casa de un amigo en la zona sur de Popayán, la capital del departamento del Cauca, cuando la policía cargó. Ella se refugió detrás de un muro y la cogieron entre cuatro uniformados.

Ella misma denunció lo sucedido en su cuenta de Facebook:

«Les tocó coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban «desnudando» quitando el pantalón».

La menor estuvo detenida en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el sur de la ciudad.

Las autoridades investigan las versiones que advierten que la adolescente fue objeto de agresiones sexuales, por lo que defensores de derechos humanos exigieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplique un enfoque de género en el caso.

Un periodista que cubría los disturbios registró el momento en el que la menor, hija de un intendente de la Policía Nacional, es arrastrada en volandas por los uniformados.

Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que se han registrado varios casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género en medio de las protestas.

“De manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, manifestantes que se encontraban en un lugar en el que no existió posibilidad ninguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias”.

Para este viernes en la mañana fueron convocados plantones y manifestaciones por diferentes colectivos. La ong Temblores ya contabilizó 16 víctimas de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la represión al Paro Nacional.

Fuente: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11038

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Perú triplicó en el 2020 las niñas menores de diez años forzadas a ser madres

Al ser un registro oficial la cifra ofrece una aproximación incompleta de la problemática de los embarazos de menores, al obviar las niñas que tuvieron abortos o partos extrahospitalarios.

Perú triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres en el 2020, año en el que la cifra de partos registrados formalmente en ese rango de edad fue de al menos 26, una consecuencia directa del repunte de la violencia sexual durante la pandemia.

Así lo revela el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), una plataforma del Ministerio de Salud (Minsa) que registra los partos atendidos en los establecimientos sanitarios del país y que en el 2019 había registrado tan solo 9 nacimientos en madres menores de diez años.

Al ser un registro oficial la cifra ofrece una aproximación incompleta de la problemática de los embarazos de menores, al obviar las niñas que tuvieron abortos o partos extrahospitalarios.

Esas (26) son las niñas que lograron inscribir a sus hijos, pero no son todas las que salieron embarazadas o fueron víctimas de violación sexual”, advirtió Rossina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

Detrás de este “drama”, precisó Guerrero, están las medidas de aislamiento social decretadas para frenar el avance del coronavirus, que durante meses mantuvieron cerrados los centros educativos, los servicios de salud y de atención a la mujer, “con lo cual las niñas tuvieron que vivir mucho más largo tiempo junto con los principales agresores, que son personas de su entorno familiar o cercanas a ellas”.

Cifras alarmantes

La Defensoría del Pueblo alertó esta semana que en el 2020 hubo un incremento de 12% de embarazos no deseados en Perú, especialmente en adolescentes que requerían de orientación sobre salud sexual y reproductiva. El impacto de la pandemia, sin embargo, podría ser mucho mayor.

El CNV desvela que ese total de 26 niñas entre cero y diez años que dieron luz el año pasado -la mayoría de ellas en Lima (15)-, prácticamente triplica los casos contabilizados en el 2019 (9) y multiplica por cinco los registrados en el 2018 y 2017 (5).

Los partos de niñas embarazadas entre los 11 y los 14 años ascendieron a 1,155 y, en adolescentes de los 15 a los 19, la cifra repuntó a 47,369. En su gran mayoría, estos embarazos se traducen en nacimientos prematuros.

En paralelo, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) recibieron más de 13,840 denuncias de violencia sexual, el 43% de las cuales fueron víctimas adolescentes entre 12 y 17 años (6,007) y el 20.7% niñas de 6 a 11 años de edad (2,862).

De nuevo, estas cifras perturbadoras pueden plasmar apenas una visión parcial de la realidad, pues los mismos CEM dejaron de operar durante los meses de cuarentena estricta, entre marzo y julio, cuando muchas niñas y adolescentes se vieron atrapadas en casa, desprotegidas ante sus agresores.

En lo que va del 2021, ya se registraron en el país sudamericano un total de 3 nacimientos de madres menores de diez años; 98 de niñas entre los 11 y los 14; y 5,437 en jóvenes entre 15 y 19 años.

Embarazo adolescente, una emergencia

Las maternidades forzadas y el embarazo infantil y adolescente son asignaturas urgentes desde hace décadas en el Perú.

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 12.6% de las adolescentes peruanas de entre 15 y 19 años ya eran madres o estaban embarazadas en el 2019.

El 10.1% de estos casos se reportaron en el área urbana del país y el 8.9% en Lima Metropolitana, unos porcentajes que subieron hasta el 23% y 24% en el área rural y la selva, respectivamente.

La directora de Promsex insistió en que ese promedio nacional “crece de manera brutal” en zonas selváticas como Loreto (33%), donde existe una “altísima tolerancia a la violencia”.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) estima que siete de cada diez madres adolescentes no querían tener un hijo, algo que supone un claro riesgo para su salud física y mental.

De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo.

Muchas de ellas, además, se ven obligadas a abandonar la escuela, una realidad que en Perú afecta a ocho de cada diez menores embarazadas, según estima el Ministerio de Educación.

Es algo totalmente lesivo para la salud mental de esa niña y para su desarrollo: la aleja de la escuela, la convierte en víctima de estigma en su comunidad y, si logra denunciar, la familia no la ve bien porque está denunciando a un hombre de su entorno”, se lamentó Guerrero.

La “incongruente” ley de aborto

A todo esto se suma la “incongruente y absurda” ley del aborto en Perú, una norma de 1924 que prohíbe la interrupción del embarazo, salvo en caso de amenaza a la vida o salud de la gestante.

Tenemos un aborto permitido por riesgo de vida y por riesgo de salud, pero coexiste la penalización del aborto en casos de violación sexual” que, a pesar de establecer una pena “baja” de hasta dos años de cárcel, “logra estigmatizar la práctica y criminalizarla”, criticó la responsable de Promsex.

En agosto del 2020, el ministerio de Salud dio un paso adelante al aprobar la norma técnica Nº 164, que garantiza el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida popularmente como la “píldora del día siguiente”, y el aborto terapéutico de un embarazo forzado para evitar la muerte o daños severos en la salud mental o física de la gestante.

Aun así, el debate sobre la despenalización del aborto sigue abierto y no está exento de polémica en el país, donde, en pleno contexto de campaña electoral ante los comicios generales del próximo 11 de abril, se convirtió en uno de los temas de la agenda política.

En el extremo más conservador de esta polémica, el candidato presidencial y ultraderechista Rafael López Aliaga, que ocupa la segunda posición en las encuestas electorales con un 7% de apoyo, propuso “ponerle un hotel de cinco estrellas” a las niñas víctimas de violación que quedan embarazadas, “con piscina y todo, con alimentación y todo”, para luego decidir si quieren quedarse con el bebé o darlo en adopción.

Fuente: https://gestion.pe/peru/peru-triplico-en-el-2020-las-ninas-menores-de-diez-anos-forzadas-a-ser-madres-noticia/

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Informe de la ONU: La crisis causada por la COVID-19 en África tiene rostro de mujer

El informe, realizado con datos recogidos en 28 países de estas regiones entre septiembre y diciembre de 2020, revela que, en todos ellos, a excepción de Malaui, las mujeres eran más susceptibles de caer enfermas y menos de tener cobertura médica que los hombres.

Las peores consecuencias de la pandemia tienen rostro de mujer en el este y el sur de África, donde la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género, según un estudio publicado hoy por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y ONU Mujeres.

“Si bien hay impactos socioeconómicos diferenciales ligados a la pandemia para hombres y mujeres -y en algunos casos los hombres se ven más afectados- la evidencia sugiere cada vez más que la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes entre ellos”, apuntó la directora de ONU Mujeres para África Oriental y Meridional, Roberta Clarke.

El informe, realizado con datos recogidos en 28 países de estas regiones entre septiembre y diciembre de 2020, revela que, en todos ellos, a excepción de Malaui, las mujeres eran más susceptibles de caer enfermas y menos de tener cobertura médica que los hombres.

Los datos recogidos evidencian que ellas se llevaron la peor parte de la crisis causada por la pandemia en ámbitos como la atención médica infantil y maternal, los servicios relacionados con enfermedades crónicas y la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y la prevención del VIH.

Menos acceso a la planificación familiar

Según el informe, menos del 20 % de mujeres en Mozambique y Sudáfrica tuvieron acceso a servicios de planificación familiar y salud sexual durante ese periodo como consecuencia de la COVID-19.

También la salud mental y psicosocial de las mujeres de la región se vio especialmente afectada por la emergencia sanitaria: más del 60 % en Kenia y Etiopía y más del 50 % en Mozambique, Malaui y Sudáfrica aseguraron haber sufrido “tensión mental y emocional” desde el inicio de la pandemia, según el estudio.

Asimismo, en todos los países analizados, las mujeres pasaban más tiempo que los hombres realizando trabajos de cuidados no remunerados en los hogares, a pesar de que, como ellos, sufrieron “severas reducciones” de sus ingresos.

Disminución de ingresos

El informe también arroja datos mixtos, como por ejemplo que más del 60% de mujeres y hombres en Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique y Sudáfrica experimentaron una pérdida total o una disminución de sus ingresos a causa de la pandemia, “agudizando las ya altas tasas de pobreza en muchos países y afianzando la desigualdad de género que hace a la mujer más susceptible de sufrir extrema pobreza”.

También los estudiantes de ambos géneros vieron gravemente afectada su educación por la crisis sanitaria, con un total de 124 millones de alumnos de la región sufriendo el cierre de sus escuelas durante entre tres y seis meses.

Etiopía fue la nación más golpeada en este sentido, con 25 millones de estudiantes afectados, seguida por Sudáfrica (15 millones), Kenia y Tanzania (14 millones cada una).

De hecho, en Uganda, Kenia, Esuatini (antigua Suazilandia) y Mozambique los centros educativos no pudieron reabrir sus aulas para todos los cursos hasta principios de 2021.

Matrimonio infantil y violencia

Esto supone “riesgos adicionales” para las niñas que, cuando dejan de estudiar por un tiempo “indefinido”, pueden enfrentarse a la mutilación genital femenina, los embarazos precoces o el matrimonio infantil.

El FPNU estima que la interrupción de iniciativas contra el matrimonio infantil conducirá a un incremento de 13 millones de casos entre 2020 y 2030 por las dificultades económicas, que obligan a las familias a aceptar las uniones a cambio de dinero; o por los embarazos adolescentes, a menudo causados por los abusos sexuales a los que las niñas se vieron expuestas por el cierre de escuelas.

La COVID-19 también ha tenido terribles consecuencias en cuanto a la violencia machista, cuyas cifras “subieron dramáticamente durante la pandemia”.

En Zimbabue, por ejemplo, el 90 % de las llamadas a teléfonos nacionales de emergencia entre marzo y mayo de 2020 estuvieron relacionadas con violencia por parte de la pareja.

“La pandemia tiene una fuerte dimensión de género, con las mujeres en la primera línea como responsables de la salud y el cuidado, experimentando a la vez el impacto en varios frentes, como su salud sexual y reproductiva”, concluyó Julitta Onabanjo, directora regional para África Oriental y Meridional del FPNU.

Fuente: https://www.el-carabobeno.com/onu-crisis-covid-africa-mujer/

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Francia: Decenas de estudiantes denuncian los abusos cometidos en una prestigiosa escuela de teatro francesa

  • Los estudiantes denuncian “agresiones, discriminaciones y humillaciones sistémicas” en el seno de la reputada academia Cours Florent

  • Estrellas internacionales como Sophie Marceau, Vincent Lindon, Diane Kruger o Eva Green se formaron en esta escuela de arte dramático

“Quitaros las máscaras, asumid vuestra responsabilidad”. “No es no. La vergüenza”. “Tu palabra es legítima”. “La escena de mañana será sana o no será”. Bajo estos lemas, varias decenas de estudiantes de la prestigiosa escuela de teatro Cours Florent, en París, protagonizaron este lunes una sentada para denunciar el “silencio” de su dirección frente a las violencias sexuales ocurridas en su interior.

No es la primera vez que los estudiantes de esta escuela privada de arte dramático denuncian el mutismo de sus superiores frente a “agresiones, discriminaciones y humillaciones sistémicas”. La asociación Les Callistos, creada para denunciar las violencias en las escuelas de teatro, publicó el pasado mes de noviembre una tribuna señalando el laissez-faire que reinaría entre sus muros.00

“Denunciamos su silencio frente a las denuncias de agresiones dentro de su establecimiento”, escribe la organización, asegurando que tras relatar “la violación de una compañera de clase por parte de uno de sus profesores”, la dirección “respondió que su agresor se sentía mal […] que estaba muy triste”. La asociación recuerda que “negar [las] experiencias traumáticas” contribuye a “redoblar la violencia” que sufren sus víctimas.

Un sistema pedagógico brutal  

A estas experiencias se sumaría además un sistema pedagógico basado en la “brutalidad”. Según la asociación, el aprendizaje artístico promovido por la academia se basaría en “la peligrosa idea de que para ser un buen actor hay que estar roto” y para ello “todo medio es legítimo”: “comportamientos humillantes”, “control”, “agresiones” y “violencias sexuales”.

La movilización de este lunes se centró exactamente en las mismas acusaciones. La difusión de la tribuna denunciando las derivas de la escuela no habría tenido ningún efecto. En respuesta a la protesta de sus estudiantes, el centro publicó un comunicado a través de las redes sociales señalando que “el combate contra el acoso es también [su] combate”. La dirección asegura “luchar a diario contra cualquier forma de acoso” y subraya que “no tienen nada que esconder”. Eso sí, deplora “todo aquello que no responde a un diálogo constructivo”.

El prestigio de la escuela, por donde pasaron estrellas internacionales como Sophie Marceau, Vincent Lindon, Diane Kruger o Eva Green, pende de un hilo. La fuerza del #MeToo podría hacer tambalear sus cimientos, como ocurrió hace unas semanas en las escuelas de la élite política. La cuenta de Instagram “Paye ton rôle” [“Paga du papel”] reúne más de 300 testimonios de estudiantes denunciando los abusos y agresiones que sufrieron en el seno de diferentes escuelas de arte dramático. Las derivas del Cours Florent no serían más que la punta de un inmenso iceberg.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210302/decenas-estudiantes-denuncian-abusos-cometidos-11552833

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Sofía Bekatoru, la mujer que abrió la caja de los abusos sexuales en Grecia

Europa/Grecia/05-03-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Durante décadas, Grecia ha estado escondiendo los abusos sexuales en una caja de Pandora donde las violaciones y las agresiones desaparecían en silencio, dejando vidas y familias rotas, y culpables sin castigo. En enero, la medallista olímpica de vela Sofía Bekatoru denunció que había sido violada hace 23 años por un alto cargo de su Federación, y la caja se abrió.

Desde entonces, cientos de voces se han alzado para denunciar y señalar públicamente muchos casos de violaciones y agresiones sexuales dando comienzo así al «MeToo» griego y rompiendo el silencio en todos los espacios de la sociedad (deportes, teatro, universidad, etc).

«Soy feliz porque estoy liderando un cambio saludable. Estoy muy contenta. Tengo la esperanza de que más hombres y más mujeres, todos, tengan voz para hablar», sostiene Bekatoru en una entrevista con Efe.

Durante mucho tiempo le asaltaron las dudas sobre cómo contar su relato. Sabía que iba a ser cuestionada por denunciar después de 23 años y que iban a discutir sus palabras para sugerir que buscaba provocar un escándalo en vista a las próximas elecciones de la Federación de Vela.

Sin embargo, el apoyo a Bekatoru ha sido abrumador. Fue la primera mujer en portar la bandera helena en una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, y ahora sigue dando pasos al frente de la sociedad griega.

Las encuestas señalan que mas de la mitad de las mujeres en Grecia han sido acosadas sexualmente alguna vez. Además, tan solo un 10 % de las violaciones han sido denunciadas a las autoridades y, en la mayoría de los casos, nunca se celebró un juicio.

Fueron los rumores sobre otros abusos y la permanencia durante décadas de su presunto violador, Aristidis Adamopulos, en las altas instancias deportivas, lo que animaron a Bekatoru a hablar de su caso en público.

Ahora se muestra especialmente emocionada al pensar que, de momento, ya ha salvado a una persona. Poco después de su testimonio, una joven contactó con ella para contarle cómo había sido violada de forma sistemática entre sus 11 y 14 años por su entrenador de vela.

«Está persona ahora está en la cárcel, así que ya hemos salvado a alguien», remarca.

Un proceso inseguro e ineficaz

Para Bekatoru, una de las mayores barreras a las que se enfrentan las supervivientes de abusos sexuales son las dificultades para denunciar y llevar su caso ante la Justicia griega.

«Para denunciar un caso de acoso, sólo tienes tres meses, y para la violación tienes 15 años», explica la medallista, quien reclama un aumento del límite de prescripción de este tipo de delitos que concuerde con el proceso que viven las víctimas.

Bekatoru insiste en que los mecanismos para presentar las denuncias no son eficaces y que en muchos casos, aunque existe la ley ésta no se aplica, o la Policía no anima a seguir con el proceso acusatorio.

«Se necesita mucho valor para ir a denunciar y aguantar una respuesta negativa del mismo policía», cuenta.

Esta falta de apoyo a las víctimas pone de relieve que el sistema griego, a diferencia de otros países europeos, carece de protocolos que indiquen a las autoridades cómo actuar en estos casos.

Según Bekatoru, la solución radica en educar para saber detectar abusos y en crear mecanismos que faciliten el proceso, al mismo tiempo que protegen a las víctimas de los efectos en la salud mental de revivir estas agresiones una y otra vez en un juzgado.

Una sociedad machista

Además de las barreras institucionales, uno de los motivos por los que hasta ahora ha reinado el silencio en Grecia es la cultura de una sociedad que Bekatoru califica de anticuada.

«Por ejemplo: mi padre, y su padre, querían tener una imagen concreta de la familia en la que había que aparentar estar bien», recuerda la atleta, que cree que el entorno y la familia invitan al silencio y a que se gestionen los problemas en privado.

Está segura de que las necesidades y el tipo de vida de las nuevas generaciones servirá para que las cosas cambien, pero de momento sigue viendo que los hombres están «sobreprotegidos».

«Es como si no crecieran cuando cumplen 19 años; tienen que casarse primero y entonces se van de casa», dice.

Bekatoru no quiere terminar la entrevista sin enviar un mensaje a las personas que han sufrido abusos: «Lo primero, han de saber que tienen voz. Siento que son muchas. Luego, conseguir apoyos, y cuando se sientan preparadas, saber que pueden hablar».

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102341655/sofia-bekatoru-la-mujer-que-abrio-la-caja-de-los-abusos-sexuales-en-grecia

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Reportaje. Maternidades forzadas: tres testimonios sobre la violencia que enfrentan niñas y jóvenes indígenas en Perú

Al machismo aún presente en sus comunidades, se suman la falta de educación sexual, el acoso de profesores, las trabas para denunciar y el maltrato del personal de salud hacia las jóvenes indígenas que enfrentan la violencia sexual desde la niñez.

«A veces por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera. Entonces ahí es donde sus patrones o sus jefes se aprovechan de ellas. Muchas veces los padres piensan que nosotras tenemos la culpa», cuenta ‘Rosa’, una joven yanesha de 19 años. Ella habita en la comunidad nativa Ñagazu, en Pasco, región del centro del Perú. De acuerdo al ‘Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas‘ del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), en 2019 las niñas indígenas de Pasco solo interpusieron denuncias por violencia sexual en 50% de los casos.

En la experiencia de ‘Rosa’, los padres no apoyan a las adolescentes que sufren una violación. Peor aún, las castigan. “Es algo que al escuchar las demás, también da miedo. Piensan que sus padres van a actuar igual”, explica. Ese es solo uno de los obstáculos que enfrentan las niñas y jóvenes indígenas para obtener justicia.

El costo de denunciar

Pese a las diferencias que existen entre las comunidades indígenas de nuestro país, todas comparten una constante: trabas para interponer una denuncia formal, más aún en casos de violencia.

‘María’ tiene 26 años y se identifica como mujer indígena quechua. Nació en el distrito de Cayara, Ayacucho, pero se mudó a Huamanga para estudiar. Ahí, hizo sus prácticas en psicología en un centro al que acudían mujeres de zona rural que habían sufrido violencia. “Terminan abandonando sus demandas porque dicen ‘es muy lejos, gasto pasaje, con quién dejo mis animales’ y dejan el caso”, comenta.

Desde Pasco, ‘Rosa’ observa una situación similar. En su comunidad, el primer paso para reportar casos de violencia es reportarlo al jefe y elaborar un acta. Es posible que se sancione al presunto agresor, o que se le perdone. Cuando hay varios antecedentes, el caso pasa a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Asolescente (DEMUNA) o al Centro de Emergencia Mujer (CEM).

«¿Qué pasa si el jefe de la comunidad en vez de apoyarnos solo lo archiva? Ellos piensan que es un gasto, que mejor es no gastar nada. Y las entidades responsables muchas veces no logran aconsejar a las jóvenes qué hacer cuando sucede un caso de violencia sexual», cuenta.

Este año se presentó ante las Naciones Unidas el caso de ‘Camila‘, una niña indígena que quedó embarazada por continuas violaciones de su padre. En lugar de protegerla, una fiscal la acusó de provocarse un aborto y abrió una investigación donde Camila fue revictimizada una y otra vez.

Por situaciones así, la activista indígena Gladis Vila sostiene que no son solo el tiempo y el presupuesto lo que desaniman a las víctimas de denunciar. También es la desconfianza en el sistema judicial. «En muchos casos, finalmente la instancia declara la denuncia improcedente. Entonces, ¿has hecho tanto para qué? Estos ejemplos hacen que nadie más quiera denunciar», explica.

Cuando el agresor está en las aulas

‘Pierina’ tiene 18 años y es una joven asháninka de la comunidad de Cushiviani, Junín. En el colegio, fue testigo de cómo profesores se acercaban a sus compañeras, hacían comentarios sobre sus cuerpos e incluso las invitaban a sus casas. También a ella le sucedió.

«Me hacía gestos que no me gustaban para nada. Traté de ignorarlo, hasta que una vez me dijo que pasara a su salón, donde no había nadie. Le dije ‘no profesor, yo no’. ‘¿Te vas a asustar? No te va a pasar nada’, me decía. Desde esa fecha, no me quiero acercar. No lo saludo, no me importa que me diga mal educada», señala.

Además de esos incidentes, ‘Pierina’ cuenta que el profesor le envía mensajes por redes sociales. Ella guarda las conversaciones y le contó a su mamá. «Si en algún momento él me baja las notas, yo lo denuncio. Hago mi denuncia por escrito», asegura.

No se trata de un caso aislado. Pero, como consta en el reporte nacional elaborado por CHIRAPAQ, la mayoría de estas situaciones se normaliza y la única alternativa que se le da a las adolescentes es que ignoren o eviten a los profesores.

En 2001, Gladis Vila acompañó la denuncia contra un profesor acusado de violar a 72 niñas en un colegio de Huancavelica. “Muchas mamás me decían: “mejor no digamos que mi hija ha sufrido eso, ¿porque quién va a querer casarse con mi hija si ha sido violada?”, cuenta. Para ella, lo más decepcionante del caso fue que después de tanto esfuerzo, la única sanción que recibió el docente fue administrativa.

“Lo único que hacen es sacarlo del colegio. Y hemos encontrado docentes que han hecho lo mismo en varias comunidades, son reincidentes, pero eso nadie lo ve”, indica Vila. Así, solo algunos casos son sancionados por el Ministerio de Educación y difícilmente llegan a tener una sanción penal.

violencia niñas indígenas

Educación sexual ausente

Cuando ‘Pierina’ estaba en cuarto de secundaria, una de sus amigas quedó embarazada. En el colegio, los profesores bromeaban sobre los métodos anticonceptivos que podían usar. «Un profesor nos decía ‘Abstenerse chicos, abstenerse. Nada, nada, nada. Ese es el mejor método’», relata.

‘María’, joven quechua de Ayacucho, estudió en un colegio religioso. Recuerda que ahí el discurso se centraba que como mujeres se tenían que comportar, pero una vez acompañó a una amiga cuando se iba poner una ampolla mensual y aprovechó para hacer preguntas a una obstetra. «La experiencia no fue buena. Te hacen sentir como que por qué tú estás pidiendo esa información siendo tan joven», explica.

Sin una guía, las adolescentes embarazadas también reciben mal trato por parte del personal de salud. “Cuando mi compañera dio a luz, en el hospital le dijeron ¿Ya ves por estar con tus locuras? y le empezaron a hablar así ¿ves? Por andar en esto, haciendo esas cosas, ¡ay los adolescentes! decían”, cuenta ‘Pierina’. La joven asháninka conoce casos en los que se discriminaba a personas de su comunidad por hablar en su lengua. “‘Habla bonito que yo no te entiendo’, les gritaban”.

En casos de violación sexual, las niñas y adolescentes deben recibir el kit de emergencia que contiene la píldora del día siguiente para evitar embarazos no deseados. “En las comunidades es un lujo tener ese acceso. Te hacen demostrar que efectivamente has sido violada, pareciera que quieren un vídeo del momento. Realmente estamos llevando a las niñas y adolescentes a una situación crítica”, lamenta Gladis Vila.

En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una directiva que precisa la obligación de una atención diferenciada para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, además de otros grupos vulnerables. Un avance importante, pero no una solución. “Es una parte, pero tiene que caminar junto con la educación», concluye Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ.

Hasta que no cambien esas mentalidades, la salud de las niñas y adolescentes indígenas siguen en riesgo.

Desprotegidas

Entre 2012 y 2020, cada día al menos una niña de 10 a 14 años que vive en zonas rurales se convierte en madre, de acuerdo al reporte de CHIRAPAQ. En ese período, la tasa de crecimiento promedio de la maternidad infantil forzada fue de 78% para niñas rurales. Un contraste alarmante con la tasa para el caso de niñas urbanas: 29%.

La relación de estas cifras con la violencia sexual es innegable, pues las relaciones sexuales con menores de 14 años, se consideran una violación. En 2019, se registraton 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre 10 y 14 años. Además, 731 casos en jóvenes de 15 a 29.

Un reportaje de Wayka

Fuente: https://elbuho.pe/2020/12/maternidades-forzadas-tres-testimonios-sobre-la-violencia-que-enfrentan-ninas-y-jovenes-indigenas/

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“No recuerdo cuántas veces fui abusada”: Mujer trans relata su dura experiencia durante la guerra en El Salvador

Nancy, una mujer trans de 57 años de edad, narra su difícil experiencia en tiempo de la guerra debido a su identidad de género. La comunidad LGBTI sigue la lucha porque sus derechos humanos sean respetados.

Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado.

“No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala experiencias durante la guerra civil.

Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa.

Nancy encontró en la calle una familia adoptiva; otras mujeres trans con destinos similares. La falta de educación y de dinero la obligaban a prostituirse y también sufrir violencia sexual.

“En aquellos días no existían los derechos humanos. No había respeto alguno y menos para nosotras, nuestra palabra no existía”, recuerda Nancy 46 años después de que decidiera ser quien ella quería, sin importarle recibir el castigo por sobrepasar las normas y las construcciones sociales.

En 1979 inició la guerra en El Salvador que dejó 75 mil muertos y desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos que no figuran en el Informe de la Comisión de la Verdad, los de la violencia sexual, es uno de esos delitos que no se han esclarecido ni judicializado.

Nancy tiene 57 años y es una emprendedora que ha logrado sacar adelante a su familia. Foto EDH / Jessica Orellana

“Aunque acá en San Salvador no fue tan fuerte la guerra sí sufrían los toques de queda. De repente, había enfrentamientos en los que podías perder la vida. Y ahí si no importaba quien eras”, explica.

Los soldados y oficiales podían ser amigos, pero también enemigos de las trans en esa época. Cuando no las violentaban, les pagaban por sexo.

“Los mismos militares nos contaban cómo había casos donde no perdonaban la vida de nadie. Yo fui testigo de cuántas mujeres trans fueron desaparecidas y asesinadas con crueldad, porque no solo es que las mataban, las desfiguraban con un odio horrible para que nadie las identificará”.

Nancy gozaba de una figura que destaca entre otras trans. Foto EDH.

Una realidad que no cambió con la firma de los Acuerdos de Paz

En El Salvador no existen cifras oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad y expresión de género o en la orientación sexual de las personas.

El único caso que se ha judicializado en el país como crimen de odio es el asesinato de Camila Díaz, tres policías la mataron a golpes. El crimen fue calificado como homicidio motivado por el odio a la identidad de género. En julio de 2020, los autores fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, un hecho histórico para la justicia salvadoreña.

Hasta diciembre de 2019, el Observatorio de Estadísticas de Género, que depende de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, reportó por vez primera en su boletín semestral, con cifras de 2015 a junio de 2019, un apartado con data de hechos de violencia contra la población LGBTI.

Sus estadísticas contabilizaron para ese entonces 692 casos de violencia. Cabe destacar que estos solo corresponden a las denuncias recibidas en el sector justicia, Isdemu, sector salud, Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. De estos casos, 29 proceden de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.

Nancy sabe que ser trans en este país es de ir contracorriente. Ella cree que haberse trazado un propósito en la vida le ha ayudado a salir de la prostitución, porque sabía que ejerciendo esa profesión podía ser también asesinada.
La oenegé Aspidh Arcoiris Trans Trans ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTI en El Salvador desde 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de paz.

De estas personas, las mujeres trans son la cara más visible de las disidencias sexuales por lo que están más expuestas a todo tipo de violencia, de discriminación e inclusive la a extorsión de las pandillas. Y de las denuncias que existen, la mayoría de agresores son integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tener acceso a la justicia para ellas es una marcha cuesta arriba.

Nancy conoció varias mujeres trans que perdieron la vida durante el conflicto armado. Foto EDH / Jessica Orellana

Una lucha reciente

Durante la guerra no existían organizaciones que velarán por sus derechos de la comunidad LGBTI. Así lo explica Camila Portillo, activista por los derechos de las mujeres trans. Tampoco estaban organizadas. Con la firma de los Acuerdos de paz y llegaron cambios y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir una oenegé que las representará en 1994.

En ese contexto, Nancy pudo encontrar una opción distinta al trabajo sexual y se convirtió en defensora de derechos humanos LGBTI. Entró en un proceso de perdón y sanación que le permite ayudar a las nuevas generaciones trans.
“Hoy los jóvenes tienen más oportunidades para decidir quiénes son, oportunidades que yo hubiera querido tener en aquel entonces; aunque si me preguntan, no me arrepiento de lo que me tocó vivir porque me ha hecho ser quien soy”.

Pero la tolerancia no vino junto a los Acuerdos de Paz. Las garantías para respetar los derechos humanos no tenían la misma lectura para las personas LGBTI. No las reunificó con una sociedad que no estaba preparada ni educada.
“Siempre seguimos asediadas, violentadas y matadas”, reflexiona Nancy, aunque confiesa que ha percibido un poco más de respeto durante la última década.

“Antes yo no podía estar en la calle porque te levantaban y muchas veces no volvías y no porque yo me lo esté inventando sino porque yo lo viví, aunque a veces las cosas no son como quisiéramos, pero debemos conmemorar los Acuerdos de Paz y seguir luchando cada uno para garantizar nuestros derechos y no olvidar la historia”.

Fuente: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/testimonio-mujer-trans-derechos-humanos-guerra-civil-el-salvador/796797/2021/

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