Centro América/ Nicaragua/ 17.02.2020/ Fuente: energialimpiaparatodos.com.
Nicaragua espera avanzar en la transformación de su matriz energética para garantizar precios más competitivos, mayor eficiencia y menor contaminación ambiental. Datos de Energía Limpia XXI destacan que el gobierno esta invirtiendo US$30 millones de dólares la instalación de 10 mil kits solares en la Costa Caribe Norte, Sur y Río San Juan.
Esta semana se dieron cita en Nicaragua funcionarios del Sector Eléctrico centroamericano, México, Colombia, Italia y España que forman parte del proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), a través de los entes y empresas que lo conforman. Energía Limpia XXI destaca que el plan integral de inversiones del gobierno de Nicaragua contribuye a mejora acceso a salud y educación en el Caribe, gracias a un sistema eléctrico más accesible para todos.
El Ministro de Energía Salvador Mansell explicó “hemos tenido la oportunidad de compartir experiencia con los especialistas en cómo estamos avanzando como país y región en los diferentes proyectos, además ellos han sostenido reuniones con organismos financieros, que han destacado la forma en que Nicaragua ha venido ejecutando las obras más en lo que se refiere a cobertura eléctrica y cambio de la matriz de generación, y para nosotros como Gobierno nos llena de orgullo y satisfacción que nos tomen como ejemplo”, apuntó el alto cargo del sector eléctrico de Nicaragua.
Fuente de la noticia: https://energialimpiaparatodos.com/2020/02/16/nicaragua-impulsa-revolucion-solar-y-mejora-acceso-a-salud-y-educacion-en-el-caribe/
Asia/Vietnam/01 Noviembre 2018/Fuente: Vietnam plus
El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, dio el visto bueno a un proyecto sobre el cuidado de la salud infantil para su desarrollo integral durante los primeros años de la vida, a implementarse en el período 2018 – 2025.
El programa tiene como objetivo garantizar el desarrollo físico, mental y espiritual de los infantes de 0 a ocho años de edad, y ofrecerles el acceso equitativo a los servicios de atención a la salud.
Con este plan, el 70 por ciento de los menores tendrán acceso a la atención de salud, la educación, los servicios de protección y el bienestar social.
Mientras tanto, el 70 por ciento de funcionarios que trabajan en los sectores relacionados con la infancia y los padres estarán equipados con conocimientos y habilidades en este campo.
La mitad de las ciudades y provincias a nivel central establecerán redes de atención para el desarrollo de los pequeños y realizarán un modelo piloto sobre el tema en la casa y la comunidad.
El proyecto también se centrará, hasta 2025, en las labores de divulgación para elevar la conciencia comunitaria al respecto.
En Vietnam, cerca del 25 por ciento de los infantes menores de cinco años sufren la atrofia. Aproximadamente el 77 por ciento de los niños de tres a cinco años y 13 por ciento de los menores de tres años no participan en ningún programa de enseñanza preescolar.
Según estadísticas, cada año unos dos mil infantes sufren violencia y abuso y otros 170 mil no son atendidos por sus padres.
Investigación. Esta inversión social garantiza mayor cobertura y montos de transferencia más altos, revela estudio de Funides. El acceso a salud y educación gratuitas ayuda a reducir los índices de desigualdad y la probabilidad de volver a caer en la pobreza.
La pobreza se reduce en 8.1% en los hogares que viven con menos de US$1.8 al día por persona, cuando reciben los beneficios del servicio gratuito de salud y educación, revela el estudio “Incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza y la desigualdad”, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Los programas sociales como Bono Solidario, Patio Saludable, Plan Techo, Merienda Escolar o Paquete Alimentario Solidario, en su conjunto, reducen la pobreza en 2.6% en los hogares con esa misma brecha de pobreza.
El efecto del gasto social en salud y educación es predominante en la reducción de la pobreza tanto por el monto que se destina por persona para estos servicios como por su cobertura, explicó la economista Lylliam Huelva, una de las autoras del estudio.
El gasto público social aumentó 35.2% en el periodo 2009–2014. El gasto mensual por persona que se transfiere por los servicios de salud y educación es de C$315 en promedio al mes, mientras que por los distintos programas sociales la transferencia promedio es de C$130 aproximadamente.
Los programas sociales benefician alrededor de 736,000 hogares, lo que representa una cobertura del 52% del total de hogares a nivel nacional. En cambio, el gasto social en educación y salud beneficia alrededor de 1.2 millones de hogares, lo que equivale a casi el 83% de los hogares a nivel nacional.
El estudio concluye que “los programas sociales tienen una mejor focalización que los servicios de salud y educación, sin embargo, el gasto social en salud y educación tiene un mayor impacto en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad porque tienen mayor cobertura y montos de transferencia más altos”.
VARIACIÓN DE INGRESOS
El estudio muestra ejercicios hipotéticos sobre cómo varían los ingresos por hogar, dependiendo de las intervenciones públicas a las que tienen acceso, partiendo de la información disponible en la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) de 2014.
“Vamos construyendo cada uno de los ingresos, ya sea deduciendo o sumando intervenciones públicas como impuestos, beneficios de salud, pensiones, subsidios. Tratamos de contabilizar el valor monetario de todas estas intervenciones. Allí es donde se van modificando los porcentajes de pobreza o desigualdad”, explicó el economista Carlos Toruño, coautor del estudio.
Tomando como referencia una línea de pobreza de US$1.8 al día por persona, determinaron que el 27.3% de la población vive con esa cantidad de dinero diario, en promedio. Esto lo definieron como ingreso de mercado e incluye pagos por dividendos o remesas.
A ese primer ingreso sumaron las pensiones recibidas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y restaron el impuesto sobre la renta (IR) y las cotizaciones del INSS, denominándole ingreso de mercado neto. Con esto, la pobreza disminuía a 26.5%.
“Allí vemos que el aporte de las pensiones compensa el pago que hacen los hogares por IR y por cotizaciones, porque en los hogares más pobres es donde menos pagan impuestos sobre la renta”, expuso Huelva.
Al ingreso anterior le sumaron los programas sociales, de los cuales consideraron 14, incluyendo el Bono Solidario, Patio Saludable, titulación de la propiedad, Plan Techo, materiales didácticos escolares, Merienda Escolar, zapatos escolares, mochila escolar y Paquete Alimentario Solidario. Con este ingreso la pobreza disminuye a 23.9% y sería el ingreso disponible.
Luego estimaron el ingreso posfiscal, es decir, la deducción del pago del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto selectivo de consumo (ISC) y la adición del beneficio del subsidio al servicio de electricidad. Con esto, la pobreza aumentaba a 25%.
“Este aumento de la pobreza es porque todos los hogares, por más pobres que sean, tienen que pagar impuestos indirectos, pero no todos se ven beneficiados por el subsidio de la energía eléctrica, porque no todos los hogares están conectados a la red eléctrica”, aseveró Huelva.
En última instancia consideraron el ingreso final, aquel en que se suma el beneficio que recibe el hogar de los servicios de salud y educación. Aquí la pobreza se reduce a 16.9%, lo que sitúa a este beneficio como la intervención social predominante para reducir la pobreza.
DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD
El estudio del Funides detalla también que el beneficio de la salud y la educación no solo disminuye los niveles de pobreza, sino que ayuda a reducir los índices de desigualdad y la probabilidad de caer nuevamente en la pobreza.
El gasto social en salud y educación reduce el coeficiente de Gini en tres puntos porcentuales (mide desigualdad, siendo cero el índice en que el ingreso está distribuido de la misma forma para todos), mientras los programas sociales lo reducen en solo un punto porcentual, y estos son, en su mayoría, los programas escolares ejecutados por el Ministerio de Educación (Mined).
Tratamos de contabilizar el valor monetario de todas las inter-venciones públicas. Allí es donde se van modificando los porcentajes de pobreza o desigualdad”. Carlos Toruño, coautor del estudio.
Toruño explicó que la desigualdad no disminuye necesariamente si la pobreza lo hace. “Según datos oficiales, desde 2009 hasta 2014 los niveles de pobreza disminuyeron, pero en el mismo periodo de tiempo aumentó la desigualdad”.
La vulnerabilidad, es decir, las probabilidades de un hogar de permanecer por arriba de la línea de pobreza, es menor por la influencia del gasto público en salud y educación.
“Un hogar que cuenta con estos servicios disminuye sus probabilidades de caer bajo la línea de pobreza. Los recursos liberados permiten satisfacer necesidades que de otra manera no podrían sin afectar su consumo”, detalla el estudio.
Los programas sociales contribuyen muy poco a la reducción de la vulnerabilidad, solo 0.4%. Es decir, que hay mayores posibilidades de que un hogar caiga en situación de pobreza si deja de recibir los beneficios de los programas sociales, que si dejara de recibir salud y educación de forma gratuita.
METAS CLARAS
Una mejor focalización de los programas sociales podría lograr que la desigualdad se reduzca el doble, afirmó Huelva. Es decir que la distribución igualitaria de los ingresos podría ser mejor si los programas sociales llegaran en mayor medida al 27.3% de personas que viven con US$1.8 al día.
Con esa misma focalización, la pobreza se reduciría casi el triple, pasaría de 2.6% (reducción por programas sociales) a 7%.
“Sería útil tener un sistema de registro único de los beneficiarios de los programas sociales”, detalla la economista, pues esto permitiría conocer qué programas recibe qué persona y con qué frecuencia, así como su situación económica.
“También sería oportuno reestructurar aquellos programas sociales que tienen más incidencia en la reducción de la pobreza y desigualdad”, recomienda el estudio, que también propone establecer metas claras y medibles para cada programa, para el monitoreo y la evaluación.
Indicó que los programas que están mejor focalizados son el Paquete Alimentario Solidario y los programas escolares ejecutados por el Mined. En cambio, los programas donde hay más fugas son Patio Saludable, Bono Solidario y educación universitaria.
Antonio Oconor Ortega recuerda sus días como profesor de Educación Física de forma agridulce. No se daba cuenta cuando, de frente a los alumnos, caía al suelo presa de un ataque epiléptico. Los repetidos episodios lo obligaron a buscar atención médica especializada fuera del país, pese que desde mediados de 1960 es el afiliado número 115260 del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). No quería que sus estudiantes y familiares lo socorrieran.
Los primeros días de Oconor Ortega como docente fueron en su natal Ocotal, donde en aquella época –según él– la cobertura de salud y medicinas del INSS no llegaba. “Estaba concentrada en las ciudades como Managua”, relata este hombre de 73 años, que desde la década de los ochenta se trasladó a Managua para dar clases en un colegio capitalino. Espigado y atlético, tiene la mitad de su rostro adormecido. El lado izquierdo cuelga sin control de sus impulsos. Desde 1970, Oconor Ortega buscó atención médica en Honduras y Estados Unidos por su cuenta.
La lesión del rostro fue causada por una operación cerebral: Le extirparon un tumor hace 13 años. Aunque su vida ha estado ligada a las pastillas anticonvulsivas, y pagó 1 mil 426 cotizaciones, fue hasta 2014 que el INSS comenzó a financiarle el tratamiento.
La mañana del pasado 19 de mayo, Oconor Ortega llegó a la farmacia Simón Bolívar del INSS, en Managua, a retirar su dosis mensual de medicamentos. La farmacéutica le anunció que la pastilla más costosa, la Levetiracetam (vital para que no convulsione), ya no es gratuita.
“Antes solo presentabas el epicrisis y te daban las pastillas. Ahora no me dijeron la razón exacta de este cambio, pero sí que las medicinas para enfermedades especiales las estaban quitando”, relata Oconor Ortega. Entre las manos sostiene blísters de carbamazepina y clonazepam, otras pastillas anticonvulsivas y ansiolíticas que debe tomar a diario. Así ha sido su vida, atada a prescripciones costosas… y el beneficio del INSS le duró poco.
Recorte abrupto, denuncian jubilados
Sede de la farmacia Simón Bolívar, en Managua. Allí son atendidos los jubilados. Carlos Herrera/Confidencial
Por estos días, en que la seguridad social en Nicaragua está al borde del abismo (el Fondo Monetario Internacional ha fechado su caída en insolvencia para 2019), los pensionados y enfermos crónicos han sufrido un recorte de los medicamentos. La medida ha sido abrupta y el INSS no ha dado explicaciones hasta ahora.
Rigoberto Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (Unajupam), dice que solo en Managua han sido afectados 42 mil ancianos que reciben medicinas.
“Nos reunimos con la directora de Prestaciones Económicas del Seguro, Brenda Moncada, y nos dijo que la respuesta la tiene Roberto López (director del INSS)… queremos que nos conteste”, demanda Muñoz.
Confidencial quiso comunicarse con autoridades del INSS, pero no respondieron.
Unajupam sostiene que el recorte de medicamentos ha afectado especialmente a enfermos diabéticos, con cáncer en primer grado y los de Insuficiencia Renal Crónica. “Las enfermedades crónicas y patológicas son las más golpeadas”, insiste Muñoz.
Luis Garmendia, un minero con secuelas en los pulmones; Marlene Tercero, con leucemia; y Félix Ramón López, con diabetes, son algunos de los ancianos reunidos en Unajupam que demandan medicamentos.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua (Ajupin) también levantó reclamos. Centra su demanda en el Occidente del país, donde la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica diezma especialmente a los hombres. “Los jubilados ahora tienen que prestarle al INSS dinero para comprar los medicamentos, y eso no es así”, fustiga Gustavo Martínez, representante de Ajupin.
Las asociaciones de jubilados y pensionados denunciaron que no solo en la clínica Simón Bolívar del INSS existe el recorte de medicamentos. “También en las clínicas previsionales no hay medicamentos”, afirma Muñoz. “Se echan la culpa: las clínicas dicen que el INSS no paga los medicamentos, y el INSS dice que es problema de las clínicas que no entrega los medicamentos”, explica.
Sin embargo, Ismael Reyes, director del Hospital Salud Integral, asegura que la entrega de medicamentos en ese centro no ha sido alterada. “Nosotros le vendemos servicios al INSS (…) y estamos dando la misma lista, ni hemos recibido ninguna orientación del seguro”.
De acuerdo al anuario estadístico 2016 del INSS, la farmacia despachó un total de 349 mil 872 órdenes de medicamentos. La mayoría (179 mil 652) correspondieron a pensionados, seguido de los asegurados (137 mil 483), beneficiarios (28 mil 555) y para “ayuda social” (4 mil 182).
“Del total entregado, 28 mil 236 fueron para el programa de atención integral oncológica y 321 mil 636 para el resto de enfermedades”, detalla el anuario. Sin embargo, no especifica el tipo de medicamentos otorgados.
Alberto Lacayo, empresario farmacéutico y exdiputado opositor, sostiene que en la última quincena han aumentado los ancianos que llegan en busca de medicamentos a una de sus farmacias, ubicada en el Centro Comercial Managua.
“Los pensionados atendidos en el Hospital Central Managua están llegando más a buscar medicamentos hipertensivos, cardiológicos, para el Parkinson, diabetes y colesterol”, narra Lacayo. El empresario calcula que una canasta de medicamentos de este tipo ronda los 400 y 600 córdobas mensuales.
Hay superávit
Para financiar la atención médica y la entrega de medicamentos, el INSS recibe de cada uno de sus 900 mil afiliados 8.50% de su cotización para ese rubro. De ellos, 2.25% lo paga el trabajador, 6% el empleador y el Estado, en teoría, el restante 0.25%.
El experto en seguridad social, Roger Murillo, explica que ese porcentaje de 8.50% debe multiplicarse con el salario promedio de los cotizantes, que rondó los 10 mil 318 córdobas en 2016.
La operación matemática da 851.2 córdobas, cifra a la cual se le aplica otra ecuación: Es multiplicada por los 900 mil trabajadores registrados en el INSS, dando una cifra mensual de 766 millones 111 mil 500 córdobas. Con ese dinero, la seguridad social paga un aproximado de 351 millones de córdobas a las clínicas previsionales, quedando un excedente de casi 400 millones para medicamentos y para el colchón de ahorro del INSS.
“Superávit hay, y no han explicado por qué están quitando las medicinas”, cuestiona Manuel Israel Ruiz, otro connotado experto en seguridad social.
Ruíz menciona que existe un vacío legal en torno a la entrega de medicinas a los jubilados. Aunque la ley 160 en su artículo 3 establece entregar “prestaciones farmacéuticas”, no detalla explícitamente cuáles. Es decir, que “el INSS puede actuar de forma discrecional”.
Mientras uno está afiliado al INSS no abona para recibir medicamentos en la jubilación. En la década de los setenta, durante la época somocista, a los pensionados de vejez, invalidez y discapacidad les quitaban 6% de sus pagos para financiar la atención médica y de medicamentos.
Durante la época de la Revolución Sandinista ese cobro fue eliminado. En 1993, fue inhabilitado el sistema único de salud y el INSS asumió la obligación de brindar atención médica a los asegurados y pensionados. Es allí cuando nacen las figuras de las clínicas previsionales.
Sin embargo, el cobro a los pensionados por recibir medicinas nunca fue reestablecido, y se mantuvo la gratuidad hasta hace quince días, cuando la crisis que atraviesa el INSS empeora.
El experto Ruíz dijo que aunque hay un vacío legal en torno a los pensionados, los ampara la ley 516 de derechos adquiridos. Fue aprobada en 2005 y establece que “todo lo que se ha dado en materia laboral y en la seguridad social no puede disminuirse”.
“Mi propuesta es que quienes recibimos pensión de vejez, invalidez o discapacidad, paguemos el 1%. Equivaldrían unos nueve millones de córdobas mensuales”, dice Ruíz. “Que el Estado pague otro 1%, para que el INSS recupere 18 millones y así se nos dé todo”, agrega el experto, alentando a crear una nueva ley que regule esta situación.
No salva al INSS
Carlos Herrera/Confidencial
Por ahora, el mutismo del INSS respecto a este tema se mantiene. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, dijo esta semana “desconocer” que el recorte de medicamentos sea una “política establecida” del INSS. Aunque matizó que “reducir (medicinas) no va a ser suficiente para responder al tema planteado por el FMI”.
Para el economista Adolfo Acevedo existen medidas más eficaces para evitar el déficit inmediato del INSS, como reducir a los gastos administrativos a un 6.5% de los ingresos de cotización. Según Acevedo, eso implicaría un ahorro inmediato de más de 1 mil 500 millones de córdobas.
El economista propone además que todas las pensiones que corresponden a la función de protección social del Estado “comiencen a ser financiadas por el Presupuesto. En 2016 estas conllevaron un costo de poco más de 2 mil 500millones de córdobas”.
Con la receta en mano, el profesor de educación física retirado hace sus propias cuentas. Necesita dos paquetes de 30 pastillas Levetiracetam para no sufrir un ataque epiléptico. Cada paquete vale 1, 576 córdobas, lo que al mes sumarían 3 mil 152 córdobas.
Antonio Oconor Ortega respira profundo. Limpia su comisura izquierda con un pañuelo crema. Su jubilación es de 5 mil 134 córdobas. Asumir el tratamiento le dejaría menos de dos mil córdobas para comer y pagar los servicios básicos. La jubilación de su esposa tampoco alcanza para mucho. “Nos van a matar”, expresa el exprofesor. Agacha la cabeza y fija la mirada en el moño de pastillas amarradas con una bandita elástica.
En 2016, UNICEF adquirió 2.500 millones de dosis de vacunas para los niños en cerca de 100 países, inmunizando a casi la mitad de los niños menores de cinco años del mundo. Las cifras, publicadas durante la Semana Mundial de la Inmunización, convierten a UNICEF en el mayor comprador de vacunas infantiles del mundo.
Nigeria, Pakistán y Afganistán, los tres países donde la poliomielitis sigue siendo endémica, recibieron cada uno más dosis de vacunas que ningún otro país, ya que se adquirieron casi 450 millones de vacunas para los niños de Nigeria, 395 millones para los de Pakistán y más de 150 millones para los del Afganistán. UNICEF es el principal organismo comprador de vacunas de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis.
El acceso a la inmunización ha producido un descenso impresionante de las muertes de niños menores de cinco años a causa de enfermedades que se pueden prevenir mediante la inmunización, y ha acercado al mundo al objetivo de erradicar la poliomielitis. Entre 2000 y 2015, las muertes de menores de cinco años debido al sarampión descendieron en un 85%, y las debidas al tétanos neonatal en un 83%. Una proporción del 47% de la reducción en las muertes por neumonía y un 57% de la reducción en las muertes por diarrea durante este período se atribuye también al efecto de las vacunas.
Sin embargo, todos los años, alrededor de 19,4 millones de niños no reciben la vacunación completa en todo el mundo. Alrededor de dos terceras partes de todos los niños no vacunados viven en países afectados por conflictos. Los sistemas deficientes de salud, la pobreza y la inequidad social llevan también a que 1 de cada 5 niños menores de cinco años no reciba las vacunas que podrían salvar su vida.
“Todos los niños, independientemente de donde vivan o de cuáles sean sus circunstancias, tienen derecho a sobrevivir y prosperar, y a estar protegidos contra las enfermedades mortales”, dijo el Dr. Robin Nandy, Jefe de un Inmunización del UNICEF. “Desde 1990, la inmunización ha sido una de las principales razones de que se haya producido un descenso considerable en la mortalidad infantil, pero a pesar de este progreso, 1,5 millones de niños todavía mueren cada año a causa de enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna”.
Las inequidades persisten entre los niños ricos y pobres. En los países donde se produce un 80% de las muertes de menores de cinco años en el mundo, más de la mitad de los niños más pobres no han recibido la vacunación completa. En todo el mundo, los niños más pobres tienen dos veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los ricos.
“Además de los niños que viven en las comunidades rurales donde hay un acceso limitado a los servicios, cada vez hay más niños que viven hacinados en ciudades y tugurios y que no reciben tampoco estas vacunas vitales” dijo Nandy. “El hacinamiento, la pobreza, la higiene y el saneamiento deficientes, así como una nutrición y una atención de la salud inadecuadas, aumentan el riesgo de contraer enfermedades como la neumonía, la diarrea y el sarampión en estas comunidades; todas ellas son enfermedades que se pueden prevenir fácilmente con una vacuna”.
Para 2030, se calcula que 1 de cada 4 personas viva en comunidades urbanas pobres, sobre todo en África y en Asia, lo que significa que el enfoque y la inversión de los servicios de inmunización se deben adaptar a las necesidades específicas de estas comunidades y niños, dijo UNICEF.
Centro América/Cuba/28.02.2017/Autor y Fuente: http://prensa-latina.cu/
La aplicación de la estimulación cerebral no invasiva es una de las novedades del Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), único de su tipo en el mundo, que celebra su aniversario 28, destacan hoy aquí medios informativos.
La prestigiosa institución científico-médica de la isla está inmersa en los estudios y tratamientos al sueño, investigaciones y tratamientos al dolor raquídeo y la atención a pacientes con trastornos del espectro autista, resalta el rotativo Granma.
Asimismo, el Ciren que cuenta con sus dos programas terapéuticos originales: de Rehabilitación o Restauración Neurológica y de Restauración Biológica General (Rebioger), realiza chequeos médicos ejecutivos e incrementa el trabajo de cirugía estética y maxilofacial.
También, el centro fundado el 26 de febrero de 1989 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, brinda ofertas especiales de servicios estomatológicos y otras del Programa de Restauración Neurológica para reingresos, elogia el despacho.
Al decir de su especialista de promoción y comercialización, María del Pilar Vilá, las primeras líneas de tratamiento definidas fueron la atención a enfermos de Parkinson, secuelas de infarto cerebral, de trauma cráneo encefálico y de traumas raquimedulares, enfermedad o Corea de Huntington y las demencias.
Según la funcionaria, el área asistencial ha atendido desde su creación más de 140 mil pacientes procedentes de 94 países, de todos los continentes.
El pasado año 2016 recibió unos cinco mil 650 cubanos. Por su parte, de otras naciones ingresaron 265 en sus instalaciones y 539 fueron atendidos en consultas externas, siendo los principales emisores Angola, México, Perú y Argentina, añade el escrito.
La especialista del Ciren adelantó a Granma la apertura el próximo día 13 de de las nuevas instalaciones de la clínica Rebioger, con una renovación de sus servicios y programas terapéuticos.
Centro América/Panamá/13.12.2016/Autor y Fuente:http://prensa-latina.cu/
El ministro de Salud, Miguel Mayo, aseguró hoy que el 20 por ciento de las madres panameñas son menores de 18 años de edad, lo cual evidencia la necesidad de acelerar la educación sexual y reproductiva en las escuelas.
Precisó que pese al rechazo de un minoritario grupo de extremistas, el 85 por ciento de la población coincide en la importancia de esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Educación para revertir el embarazo precoz, en ascenso en los últimos años.
Según un informe del Ministerio de Salud, de enero a octubre últimos se registraron en Panamá siete mil 567 embarazos en muchachas de entre 10 y 19 años.
La cifra, a razón de 25 por día, excluye los casos de niñas y jóvenes que acuden a la Caja del Seguro Social y las clínicas privadas del país en busca de asistencia médica, por lo que algunos expertos refieren que las estadísticas pudieran ser mayores.
Pese a la preocupación por el auge de este fenómeno, aún no existen políticas públicas claras y a largo plazo para encarar el problema, en tanto prosigue detenido en la Asamblea Nacional el debate sobre el Proyecto de Ley 61, que busca la adopción de estrategias encaminadas a lograr una educación sexual integral, atención y promoción de salud.
Al respecto, la exministra de Desarrollo Social Leonor Calderón advirtió que ‘una adolescente bien informada en materia de educación sexual es una inversión de enorme retorno para el Estado, porque podrá construir un proyecto de vida y tomar decisiones acertadas para su futuro’.
De acuerdo con los registros, por cada 100 embarazos ocurridos en los primeros 10 meses de este año, 30 fueron de adolescentes, reportándose los mayores índices en las provincias de Bocas del Toro (35,7 por ciento), Colón (34,1) y Darién (33,4).
Cifras oficiales revelan que durante el pasado año se registraron 10 mil 976 casos de embarazos adolescentes, 241 más que en 2014, año en el que la Contraloría de la República señaló a 188 hombres adultos como responsables de la gestación en niñas menores de 15 años.
Un estudio reciente de Unicef sobre equidad en salud, refiere que Panamá, Ecuador y Guatemala ocupan la sexta posición entre los 32 países de la región con mayor número de adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años.
Sobre el tema, la asesora regional del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Coalición para el Aseguramiento de Insumos de Salud Reproductiva, la peruana Milka Dinev, aseguró que la nación istmeña pierde el 17 por ciento de la capacidad productiva y de desarrollo de sus mujeres jóvenes debido al embarazo precoz.
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