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Chile: Educación Superior. Las universidades que deberán acreditarse para seguir funcionando

Chile/13 de febrero de 2018/Fuente: Emol.com

En la actualidad hay 12 instituciones que deberán obtener este reconocimiento que entrega la Comisión Nacional de Acreditación.

A fines de enero el Congreso despachó el proyecto de Ley de Educación Superior y con esto el Gobierno de Bachelet culminaba la reforma educacional propuesta por la Mandataria en 2014, que incluye iniciativas como la Ley de Inclusión y la Carrera Docente.

Aunque todavía esta nueva ley no es promulgada, los cambios en la Educación Superior incluyen gratuidad universal, la creación de una Superintendencia y la acreditación obligatoria de los planteles.

Con respecto a este último punto, a partir de 2020 se comenzará a regir esta medida de acreditación y aquellos que no cuentan con esta certificación tiene un plazo de cuatro años paran que puedan cumplir con las exigencias.

De acuerdo al Servicio de Información de Educación Superior (Sies) hay 66 instituciones sin acreditación, de las cuales 12 son universidades.

Con la ley aprobada también se modificará la forma voluntaria en que se certificaban las carreras mediante agencias especializadas. Aunque está la posibilidad de que los planteles puedan solicitar la acreditación de sus programas, esto se podría realizar a partir de 2025 y de manera directa con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Universidades sin acreditación:

U. de Aysén*

U. de O’Higgins*

U. Bolivariana

U. Chileno Británica de Cultura

U. de Aconcagua

U. de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC

U. del Pacífico

U. La República

U. Los Leones

U. Miguel de Cervantes

U. Pedro de Valdivia

U. SEK

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior *Universidades creadas en 2015

Fuente de la Noticia:

Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/02/12/894806/Educacion-Superior-Las-universidades-que-deberan-acreditarse-para-seguir-funcionando.html

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México: Tijuanenses pueden acreditar su educación media superior

México / www.ps .si / 31 de Enero de 2018

Actualmente más de mil personas se han inscrito al programa de asesorías para acreditar el bachillerato a través del examen Ceneval

Alrededor de 253 personas realizaron el examen “ACREDITA-BACH” en la sede de la Alcaldía de Tijuana, evaluación que emplea el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para acreditar la educación media superior.

“El Ayuntamiento de Tijuana es sede oficial para la aplicación de este examen, por lo que desde hace cinco años la Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM) implementó el programa de asesorías educativas para orientar a los interesados con los contenidos que integra esta evaluación”, explicó la titular de esta dependencia, Lourdes Akerlundh Martínez.

Indicó que el programa de asesorías educativas de la SEPM es gratuito y tiene una duración de 14 semanas y se integra por cinco módulos: matemáticas, ciencias sociales, ciencias experimentales, humanidades y español.

La aplicación del examen “ACREDITA-BACH” se hace tres veces al año: enero, mayo y septiembre; por lo que los ciclos del programa de asesorías educativas de la SEPM se organiza acorde a las fechas de aplicación de esta evaluación, en la cual durante el 2017 se atendieron a mil 14 alumnos en las asesorías.

“En la primera aplicación de este año acudieron 253 personas para presentar el examen que acredita la preparatoria, de los cuales el 95% formaron parte del programa de asesorías educativas que desarrollamos en la SEPM, sus resultados se publicarán en marzo. Pero el año pasado atendimos a 1061 personas para la aplicación del examen”, puntualizó Akerlundh Martínez.

El próximo ciclo del programa de asesorías educativas inicia en mayo, por lo que en los meses consiguientes se publicará la convocatoria para la inscripción al mismo. Para mayor información, comunicarse al teléfono 684-9450 en un horario de atención de las 8:00 a las 20:00 horas entre semana y fines de semana de las 8:00 a las 16:00 horas.

Fuente: https://psn.si/tijuanenses-acreditacion-bachillerato/2018/01/

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Ecuador: Universidades no tendrán categorías

Ecuador/04 de  Septiembre de 2017/El Diario

Así lo indicó el presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Gabriel Galarza, en una reunión que mantuvo en Guayaquil con representantes de 18 universidades autofinanciadas.

Allí se presentó el nuevo modelo de Perfeccionamiento de la Evaluación Institucional Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas, que contempla aspectos como: estándares de calidad, procesos, reglamentos y criterios de acreditación y clasificación, que serán implementados próximamente. Estas serán examinadas considerando las diferencias que hay entre unas y otras; y además se eliminará la categorización (A, B, C), en las que actualmente están ubicadas luego del proceso.
Dentro de las nuevas reformas al modelo de evaluación y acreditación, se clasificará a las Instituciones Educativas Superiores (IES) en tres grupos: acreditada por seis años, a las instituciones que superan el 70 % en la evaluación y no tienen ningún deficiente; acreditada por tres años, a aquellas instituciones que han obtenido al menos el 45 % en la evaluación con fines de acreditación; y licenciadas, a las que cumplen las condiciones mínimas de funcionamiento establecidas por el Consejo de Educación Superior (CES) en coordinación con el CEAACES, y todavía no han logrado la acreditación.
El rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Marcelo Farfán, manifestó a El Diario que la decisión que toman es acertada.
“Esto es bueno porque la categorización es una verdadera discriminación y poder tener las mismas  condiciones entre una y otra en un Ecuador diverso. La diversidad también tiene que ser adaptada a la ley”, afirmó Farfán.
Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/446286-universidades-no-tendran-categorias/
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España: Más de mil profesores de universidad, pendientes del caos de la ANECA

Europa/España/30 Julio 2017/Fuente:cuartopoder /Autor:LUIS DÍEZ|

  • Novecientos docentes llevan siete meses esperando la acreditación de la que dependen sus contratos.

 

  • Otros 274 siguen a la espera de que se constituya el órgano para resolver sus recursos y reclamaciones.
  • Alberto Garzón, de IU, denuncia los criterios “mercantilistas” y propone un sistema más ecuánime y transparente.

Desamparados y con una incertidumbre de caballo. Así se hallan cientos de profesores de universidad, debido a los cambios de criterio y valoración introducidos, vía decreto, por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), encargada de certificar su capacidad docente e investigadora. El desaguisado es de tal calibre que el dirigente de Izquierda Unida (IU) Alberto Garzón ha presentado un texto articulado en el Congreso, intentando ayudar al ministro Iñigo Méndez de Vigo a aplicar unos criterios más acordes con la realidad en la investigación y la docencia universitaria. Sin negar la inquietud docente, la dirección de la ANECA, de cuyas certificaciones dependen las contrataciones y la carrera de investigadores y profesores, se esfuerza en rebajar la tensión.

Desde la suspensión del sistema de acreditación que venía funcionando en los diez últimos años se encuentran paralizadas más de 900 evaluaciones para la acreditación como profesores titulares y catedráticos de universidad. Este dato, correspondiente a mayo pasado, ha sido corroborado por los tres sindicatos con mayor representación en la enseñanza (CCOO, UGT y CSIF) y figura en la exposición de motivos de la proposición no de ley de Garzón y sus compañeros del grupo de Unidos Podemos (UP), Miguel Ángel Bustamante y Joan Mena. Se comprenderá la incertidumbre del personal docente e investigador al que se exige la acreditación de la ANECA para mantener sus contratos y avanzar en la carrera docente, si se tiene en cuenta que la falta de respuesta al cabo de seis meses tiene carácter desestimatorio.

Los criterios y la valoración de los méritos investigadores y docentes han sido perfectamente desconocidos hasta hace diez días y chocan con la realidad educativa e investigadora de la universidad española

El nuevo director de la ANECA, José Arnáez Vadillo, intenta rebajar la tensión con el argumento de que concedió a finales de junio pasado dos meses más de plazo a los solicitantes de acreditación para que puedan acogerse a los nuevos baremos de evaluación. Se da la circunstancia de que los criterios y la valoración de los méritos investigadores y docentes han sido perfectamente desconocidos hasta hace diez días, no se han sometido a consulta de los sindicatos del personal docente y chocan con la realidad educativa e investigadora de la universidad española. En una reunión con los representantes sindicales, la dirección de la ANECA (organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación) se limitó a enumerarlos de viva voz. Con todo, un portavoz del director Arnáez Vadillo aseguró a cuartopoder.es que el retraso no pasa de siete meses y que las comisiones de evaluación comenzarán a emitir las certificaciones en septiembre.

A esta situación se añaden los recursos y reclamaciones sin resolver. En el Programa de Evaluación del Profesorado para la Contratación, conocido con las siglas PEP, hay 232 recursos pendientes de resolución, y en el conocido como ACADEMIA, de acreditación para los cuerpos docentes universitarios (profesor titular y catedrático de universidad) se contabilizan 6 recursos y 36 reclamaciones. La explicación ofrecida por la ANECA es que con la entrada en vigor de los Estatutos de la Agencia desaparece la Comisión de Garantías y Programas, que hasta ahora resolvía los recursos, y sus competencias pasan a la Comisión Asesora de Profesorado, que todavía no se ha constituido. “Esperamos que los recursos pendientes puedan resolverse en el plazo aproximado de tres meses”, añade el portavoz.

Detrás de ese muro burocrático aparece la cuestión de fondo, unos baremos desequilibrados que otorgan mucho más valor a la investigación que a la docencia. El texto de IU advierte sobre la “perversión” del sistema de acreditación impuesto, ya que prima los méritos de investigación cuantificables y ‘comercializables’ en índices de impacto. “Esto no sólo privilegia a las empresas multinacionales que gestionan esos índices, sino que devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera competitiva donde es fácil perder el sentido último de por qué se investiga”. La proposición plantea la inmediata creación de un nuevo sistema público y abierto de evaluación de la producción científica.

Las universidades han perdido 1.213 millones de euros entre 2010-2014 a causa de los recortes presupuestarios, se han eliminado 3.486 puestos de personal docente e investigador

El desequilibrio se acentúa porque, según explica Garzón, al tiempo que se lanza al profesorado el mensaje de que abandone la labor docente para centrarse en conseguir los “durísimos méritos investigadores” que les exigimos para optar a la acreditación, no hay recursos económicos para investigar. La financiación de la investigación se ha reducido un 24,6% de promedio desde 2008 (aunque la producción científica de las universidades ha aumentado), las universidades han perdido 1.213 millones de euros entre 2010-2014 a causa de los recortes presupuestarios, se han eliminado 3.486 puestos de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios, y las plantillas de profesorado están al nivel de 2006 (datos de la Conferencia de Rectores).

Ahora, con los nuevos criterios de la ANECA “se truncan las posibilidades de promoción y de carrera docente de buena parte del actual profesorado laboral y de los jóvenes investigadores”, subraya la iniciativa de UP antes de pedir la reconsideración de los baremos de acreditación y de apostar por un sistema equilibrado entre docencia e investigación, más participativo, abierto y transparente. De lo contrario, seguirá el deterioro de las condiciones laborales del profesorado universitario y el incremento de las figuras precarias y temporales junto al tronco jerárquico habitual.

Para el catedrático Román Álvarez, exdecano de la Facultad de Filología de Salamanca y antiguo comisionado de la ANECA, la proposición de Garzón refleja el malestar expresado por amplios sectores docentes y pone de relieve la necesidad del pacto de Estado por la Educación desde la enseñanza primaria a la superior. No coincide con el sentir de que la finalidad fundamental de la Educación superior sea la docencia. “La universidad es docencia, pero no solo eso. La universidad ideal sería aquella en la que el docente enseñe aquello sobre lo que investiga (o ha investigado). Ambas vertientes son inseparables. Lo que hace falta es acomodar un equilibrio entre las dos”.

En su opinión, la proposición del dirigente de IU es algo tan razonable como que se deben establecer unos criterios claros y definidos sobre la carrera docente universitaria y no cambiar las reglas del juego a cada poco, como se ha venido haciendo últimamente desde la ANECA. Unas veces los criterios para acceder a los distintos estamentos (funcionariales o no), es decir, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Titular y Catedrático, han sido muy laxos y otras veces los han puesto disparatadamente complicados. Como en la normativa anterior con respecto a las cátedras, por ejemplo.

“En el plazo de cinco años un montón de gente de mi quinta y quintas aproximadas, nos jubilaremos, y hay departamentos que se van a quedar en cuadro”

Para este profesor elegido democráticamente decano de su facultad hasta agotar el tercer mandato consecutivo, “los jóvenes investigadores (que los hay muy buenos), tienen derecho a saber cuáles son los carriles por los que ha de circular su “cursus honorum” en la universidad. Qué se va a valorar y cómo. En resumidas cuentas, saber a qué atenerse. Y la universidad necesita eso también de cara a la actualización de sus plantillas. En Salamanca, por ejemplo, en los últimos años hemos perdido casi 300 “numerarios” (titulares y catedráticos), y apenas ha habido reposición. En el plazo de cinco años un montón de gente de mi quinta y quintas aproximadas, nos jubilaremos, y hay departamentos que se van a quedar en cuadro. Formar a un buen filólogo no es tan complicado, ni tan costoso como formar un médico especialista o un investigador del Centro del Cáncer o del Instituto de Neurociencias, pongamos por caso”.

“Pero volviendo al principio –concluye– coincido con la exigencia de que los criterios de ANECA sean transparentes, razonables, que tengan en cuenta la docencia, la investigación y también la gestión. Que todo el mundo sepa a qué atenerse y que no se cambien las reglas del juego a mitad de partido. Si queremos una universidad de excelencia, hay que aplicar unos criterios de excelencia, pero sin olvidar las circunstancias concretas en las que nos movemos en el panorama universitario español, donde se nos pide que compitamos con las excelentes foráneas que multiplican por mucho sus presupuestos en comparación con los nuestros de miseria. Cuando se habla de rankings hay que advertir que se nos pone en la parrilla de salida con un Ford Fiesta, mientras que los otros disponen de bólidos de Fórmula 1. Y a correr se ha dicho”.

Fuente de la noticia: https://www.cuartopoder.es/espana/educacion/2017/07/28/mas-mil-profesores-universidad-pendientes-del-caos-la-aneca/

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2017/07/la-universidad-complutense-plantea-reducir-de-26-a-22-sus-facultades-1024×576

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Adolfo León Atehortúa: “Se viene una masacre de licenciaturas en el país” (Colombia)

América del Sur/Colombia/07 Mayo 2017/Fuente:las2orillas /Autor:Observatorio de la Universidad Javeriana

El rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo León Atehortúa, anuncia la debacle a partir de una ley del 2015 que será efectiva el próximo 9 de junio

La Ley 1753, de 2015, o Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso por recomendación del Gobierno y, en este caso del Ministerio de Educación Nacional (art. 222), dice que todos los programas de licenciatura tienen que acreditarse en alta calidad antes del 9 próximo de junio. De no hacerlo, deberán cerrar.

El rector de la U. Pedagógica Nacional, Adolfo León Atehortúa, IES que por Ley 30 de 1992 (art. 136) es “asesora del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios”, pero que no fue consultada para este tema, dice que además de inconveniente, la norma afectará la cobertura en varios departamentos, y golpeará la cobertura nacional entre 40 y 80 mil estudiantes.

“Increíble paradoja. Un plan de desarrollo que busca ampliar la cobertura en educación superior, la reduce de tajo con un solo artículo; un país que requiere de maestras y maestros para la construcción de paz renuncia a formarlos en las regiones que vivieron con más saña el conflicto que pretende terminarse”, dice en su columna de El Espectador, denominada “en defensa de las licenciaturas” que reproducimos a continuación:

En virtud del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, los programas de licenciatura, construidos para la formación de maestras y maestros en todo el país, fueron obligados a tramitar y obtener su acreditación de alta calidad antes del 9 de junio de 2017. En caso de no lograrlo, dispuso la ley, perderán el registro calificado otorgado para su funcionamiento y, por consiguiente, tendrán que suspender inscripciones y cerrar su oferta.

El proceso no ha sido sencillo. Durante el plazo concedido de dos años, a partir del 9 de junio de 2015, las licenciaturas debieron acogerse también al Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, que reglamentó las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación de sus registros calificados, y a la Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016, por la cual se establecieron las características específicas de calidad de dichos programas para la obtención, renovación o modificación del registro calificado.

En dichas condiciones, el artículo 222 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que para el caso es norma instrumental y temporal, derogó parcialmente una ley marco, la Ley General de Educación, que otorga carácter voluntario a la acreditación y reconoce, además, la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Constitución nacional. Pero, por otra parte, decreto y resolución arriba mencionados, exigieron sin lógica la inmediata autoevaluación de los programas y emprender las reformas necesarias para presentarse en solo seis meses al Consejo Nacional de Acreditación, con la previa implementación de nuevas y rigurosas características específicas de calidad impuestas para su funcionamiento.

Por supuesto, muchas universidades no tuvieron la capacidad ni el tiempo suficiente para poner en inmediata marcha los ajustes pretendidos, con las consecuentes afectaciones curriculares y presupuestales, que impidieron en muchos casos la presentación ideal del conjunto de características y factores de calidad que se exigían.

No era tampoco asunto de voluntad. Uno de los requisitos perentorios consistió en alcanzar de inmediato, por parte de todos los licenciados, el nivel A2 de desempeño en una lengua extranjera. Desde luego, comprendemos la bondad presente en el espíritu e intención de la norma, pero una lengua no se aprende por decreto: en el contexto colombiano, el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es atravesado por diferentes factores como las profundas brechas del desarrollo regional, el nivel socioeconómico, el capital cultural familiar, las posibilidades de inmersión y otras condiciones que facilitan o retrasan el aprendizaje de una segunda lengua en el nivel esperado. Más aún, si se considera que la gran mayoría de los estudiantes que ingresan a las licenciaturas de las universidades estatales llegan del bachillerato sin herramientas para el dominio de una lengua extranjera, sería necesario brindar 180 horas en cursos para alcanzar el nivel A1 y luego 180 horas para lograr el A2. Este hecho exigiría dos años en función de obtener el nivel establecido por la norma, siempre que se ofrezcan cursos de cinco horas semanales, y rompería en la práctica los currículos sin cumplir con el exiguo plazo estipulado por la ley.

En consecuencia, nos encontramos hoy ante la perspectiva de una auténtica “masacre” de licenciaturas. De acuerdo con un estudio adelantado en la Universidad Pedagógica Nacional, existen 501 licenciaturas en el territorio nacional: 300 en instituciones de carácter oficial y 201 en instituciones privadas. Entre ellas, a 2016, solo 89 contaban con acreditación de alta calidad vigente y 272 tenían la obligación inmediata de acreditarse. Sin embargo, solo 154 se presentaron al proceso; lo cual significa que, a junio 9 de 2017 conforme dispone la ley, en el mejor de los casos, menos de 200 licenciaturas contarían con acreditación de alta calidad o estarían en perspectiva de lograrla, mientras el resto cerraría sus puertas para el próximo semestre. A corto plazo, entonces, la cobertura en educación superior del país se reduciría por este efecto en 40 u 80 mil estudiantes; una meta muy contraria a la que se había propuesto el mismo Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, lo más grave es que, según el mismo estudio, al discriminar por departamentos la distribución de las licenciaturas con acreditación de alta calidad, estas se concentran en Bogotá (33.71 %), Antioquia (13.48 %) y Boyacá (11.24 %), mientras en departamentos como Bolívar, Cesar, Chocó, Guajira, Magdalena, Putumayo y Sucre, que ofrecen hoy el 11,8 % de las licenciaturas en Colombia, estas no alcanzarían la acreditación y dichas regiones se quedarían, muy probablemente, sin programas para la formación de maestras y maestros. Aún más, licenciaturas creadas en virtud de las diversidades regionales y en atención a las expectativas de desarrollo requeridas en importantes escenarios rurales afectados por el conflicto político armado serían las más perjudicadas.

Increíble paradoja. Un plan de desarrollo que busca ampliar la cobertura en educación superior, la reduce de tajo con un solo artículo; un país que requiere de maestras y maestros para la construcción de paz renuncia a formarlos en las regiones que vivieron con más saña el conflicto que pretende terminarse.

El presidente de la República, premio Nobel de Paz, debiera examinar la situación y utilizar los instrumentos legales a su alcance para impedirlo. El Ministerio de Educación Nacional es consciente de lo que sucede.

Las licenciaturas en cifras (consulta en SNIES)

– Total de licenciaturas activas: 533

– Ofertadas por universidades oficiales: 295

– Ofertadas por universidades privadas: 2138

– Ofertadas por instituciones universitarias oficiales: 16

– Ofertadas por instituciones universitarias privadas: 84

– En metodología presencia: 442

– En metodología distancia tradicional: 74

– En metodología distancia – virtual: 17

Fuente de la noticia: https://www.las2orillas.co/se-viene-una-masacre-licenciaturas-pais/

Fuente de la imagen:https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2017/05/pedagogica-1.jgp

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Más de 320 acreditaciones evidencian avance de la calidad educativa en el Perú

Perú/02 de mayo de 2017/Fuente: http://www.eleconomistaamerica.pe

El avance de la calidad educativa continúa en todos los rincones del país. Tan es así que, a la fecha, ya se cuenta con un total de 328 acreditaciones vigentes, distinciones entregadas luego que demostrarán con pruebas la buena enseñanza que existe en sus aulas, informó el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

En ese grupo están las acreditaciones oficializadas hoy, a través de resoluciones publicadas en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, como la carrera profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano; y las carreras de Computación e Informática, y de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público «Pasco».

Del mismo modo, la carrera profesional de Tecnología Médica, especialidad Laboratorio Clínico, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la carrera profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Igualmente, se ha entregado la acreditación a las carreras de Mecánica Automotriz y Producción Agropecuaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ?Puerto Libre? (Junín) y, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público «Tarapoto» (San Martín), que en su caso recibió su acreditación institucional.

Cabe indicar que para que un programa de estudios (carrera) de la educación superior inicie su proceso de autoevaluación con miras a obtener su acreditación debe formar un equipo de trabajo, denominado Comité de Calidad, el cual debe inscribir formalmente ante el Sineace.

Luego de ello, deberán cumplir con los estándares nacionales en calidad educativa establecidos en el Modelo de Acreditación respectivos.

DATO:

Los Comités de Calidad interesados en iniciar su autoevaluación pueden inscribirse a través de la página web del Sineace (www.sineace.gob.pe), ingresando a la barra «Inscribe aquí a tu comité de calidad».

Fuente de la Noticia:

http://www.eleconomistaamerica.pe/actualidad-eAm-peru/noticias/8325952/04/17/Mas-de-320-acreditaciones-evidencian-avance-de-la-calidad-educativa-en-el-Peru.html

 

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Chile: Educación superior: los nudos que mantienen entrampado el proyecto en el Congreso

Chile/17 de Abril de 2017/La Tercera

El CAE no es el único punto que genera diferencias en la Nueva Mayoría. A ello se suman el lucro y la acreditación de las instituciones. Pese a las críticas, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que la iniciativa cuenta con amplio respaldo social.

El Crédito con Aval del Estado (CAE) demostró ser una de las principales piedras de toque de la reforma, sin embargo, no es el único tema que ha tensionado la relación en la Nueva Mayoría y que ha traído críticas desde la oposición.

Los criterios de acreditación, el trato a las universidades estatales y la regulación del lucro han sido constantes dolores de cabeza para el ministerio y, tras varias reuniones, se logró consenso en casi todos estos temas para avanzar en la tramitación de la iniciativa, gracias a las garantías que comprometió el Ejecutivo.

La situación quedó demostrada en las argumentaciones que dieron algunos diputados de la Nueva Mayoría durante la votación del miércoles. Cristina Girardi (PPD), Alberto Robles (PR), Yasna Provoste (DC) y Mario Venegas (DC), aunque con distintas visiones, coincidieron en que la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo la semana pasada no arregla los problemas de fondo, aunque dieron su voto a favor y también se comprometieron a hacerlo el lunes en la sala.

Pese a esto, según la ministra de Educación, Adriana Delpiano, la iniciativa tiene el apoyo de distintos actores sociales. “El proyecto es muy importante y cuenta con un respaldo muy grande de los rectores, lo manifestó el rector Ennio Vivaldi, como presidente del Consorcio de Universidades Estatales”, destacó la secretaria de Estado, quien remarcó que espera que la iniciativa se pueda aprobar el lunes.

Acreditación

Propuesta original

Niveles de acreditación
El proyecto original establecía una acreditación por niveles: A, B, C, los que se otorgarían dependiendo del cumplimiento de los estándares de calidad de varias dimensiones (investigación, vinculación con el medio y el aseguramiento interno de la calidad, entre otros). Además, estipulaba que la certificación tendría una vigencia de ocho años. Por otro lado, otorgaba una acreditación condicional a aquellos planteles que no lograran alcanzar los estándares del nivel C por tres años. Se buscaba que todos los planteles tuvieran acreditación y para ello se dio un plazo de 15 años.

Cambios de la indicación sustitutiva

Certificación máxima de siete años
Algunos parlamentarios de oposición cuestionaron la fórmula de acreditación que presentó el gobierno. Y en la indicación sustitutiva finalmente se modificó la manera en la que se hará la certificación. Ya no habrá niveles y en vez de un máximo de ocho años, se continuará con los siete que hay ahora. Por otro lado, se mantiene la idea de las cinco dimensiones que deberán cumplir las universidades e institutos profesionales y se da un plazo final, hasta el 2040, para alcanzar la investigación. Sin embargo, Delpiano se comprometió a bajar este periodo.

Gratuidad y financiamiento

Propuesta original

Avance en deciles depende de la economía
Aumentar la cobertura de la gratuidad más allá del 60% más vulnerable de la población quedó supeditado a la recaudación del PIB tendencial. Por ello, no quedó con un cronograma establecido, sino que a merced de lo que el gobierno denominó “gatillos económicos”. Además, en materia de financiamiento, se proponía la eliminación de los aportes directos a las universidades (AFD) y la creación de un aporte para la investigación y creación artística. Este último estaría destinado a todos los planteles en gratuidad.

Cambios de la indicación sustitutiva

Se establece fórmula para reducir déficit

En las indicaciones que presentó el gobierno al proyecto se mantiene la fórmula para calcular la manera en que se avanzará hasta la gratuidad universal a medida que crezca la economía del país. Un sistema que ha recibido críticas de parlamentarios como Jackson y Boric. Además, se reponen los recursos del aporte fiscal directo y se eliminó el aporte para la investigación y creación artística. Por último, cambia la forma en que se calcularán los aranceles regulados para disminuir el déficit por gratuidad. Así, los fondos dependerán de la complejidad del plantel.

Universidades del Estado

Propuesta original

Red de universidades estatales

El fortalecimiento de los planteles estatales ha sido uno de los temas más solicitados por parlamentarios, rectores de instituciones estatales y estudiantes. Y en la iniciativa de julio del año pasado, la educación superior estatal tenía un título especial. Allí se indicaba que dichos planteles formarían una Red de Instituciones de Educación Superior Estatales, la que estaría coordinada por la subsecretaría. En la iniciativa, además, se creaba un fondo adicional para estos planteles, el cual sería fijado anualmente en la ley de presupuestos.

Cambios de la indicación sustitutiva

Proyecto especial

Ha sido el tema más discutido y que terminó dividiendo al Consejo de Rectores (Cruch). Y para hacer la tramitación del proyecto más fácil -según el gobierno- se sacó todo el título relacionado con los planteles estatales. Sin embargo, el compromiso del Ejecutivo con parlamentarios y rectores es trabajar en una iniciativa aparte, donde se legisle sobre estas instituciones. Con todo, el Ministerio de Educación ya estaría trabajando en esta ley, la que debería entrar por la Comisión de Educación del Senado a comienzos del próximo mes.

Lucro

Propuesta original

Apropiación indebida

El proyecto presentado en julio del año pasado establecía sanciones para quienes incumplieran las normas que impiden el lucro en la educación superior. Así, la iniciativa señalaba que quienes destinaran fondos para fines distintos a los señalados en los estatutos del plantel deberían pagar una multa equivalente al 50% de lo desviado. En caso de no devolver estos fondos, se configuraría el delito de apropiación indebida, el que puede conllevar penas de hasta cinco años de cárcel. La crítica en este caso es que el lucro no constituía por sí mismo un delito.

Cambios de la indicación sustitutiva

Sin cárcel efectiva

La indicación sustitutiva modificó el marco regulatorio para el lucro en la educación superior y estableció que, en caso de que no se destinen los recursos a los fines de los estatutos, se sancionará con presidio menor en su grado medio, lo que no implica cárcel efectiva. Además, se establece que quien incumpla la normativa debe pagar una multa equivalente al doble del interés que le hubiese significado el desvío de fondos. Los parlamentarios no quedaron conformes, pero señalaron que presentarán indicación para exigir cárcel efectiva.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/educacion-superior-los-nudos-mantienen-entrampado-proyecto-congreso/

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