El gobierno de Costa de Marfil ha disuelto todos los sindicatos de estudiantes del país tras el asesinato de dos alumnos presuntamente por miembros de una influyente asociación estudiantil, informó el Ejecutivo.
El Consejo de Seguridad Nacional (CNS), reunido el pasado jueves bajo la presidencia del jefe del Estado, Alassane Ouattara, respaldó «la disolución de todas las asociaciones sindicales de estudiantes», afirmó el Gobierno en un comunicado emitido la pasada noche.
La decisión se tomó «tras el asesinato de dos estudiantes, miembros de la Federación Estudiantil y Escolar de Costa de Marfil (FESCI, en sus siglas en francés), por personas identificadas como también miembros de esta Federación», añadió la nota oficial.
Ese sindicato ha sido acusado de aterrorizar las universidades de Abiyán, capital económica y mayor urbe de este país de África occidental.
Un total de 17 miembros han sido detenidos en relación con los asesinatos de dos estudiantes en agosto y septiembre.
Uno de los fallecidos es Zigui Mars Aubin Deagoue, rival del líder de la FESCI, Sie Kambou, que se encuentra entre los sospechosos arrestados.
La FESCI ha sido también acusada de ejercer un monopolio de facto en la adjudicación de viviendas universitarias a precios fijados por sus dirigentes.
A ese respecto, un total de 28 estudiantes han sido arrestados en Abiyán y Bouaké (centro) y unas 5.000 personas expulsadas de las residencias estudiantiles, según el Consejo de Seguridad.
En varias redadas relacionadas con la FESCI, las fuerzas de seguridad han requisado un lote de armas, incluidos 107 machetes y granadas.
Establecida en la década de los años noventa del pasado siglo, la FESCI fue originalmente un movimiento de protesta contra el partido gubernamental.
Entre sus primeros líderes se encontraba Guillaume Soro, que fue primer ministro de 2007 a 2012 y presidente de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, de 2012 a 2019.
Otro antiguo líder de la FESCI, Charles Blé Goude, se convirtió en asesor de Laurent Gbagbo, presidente marfileño desde 2000 hasta 2010.
Ambos exdirigentes del sindicato estuvieron implicados en la violencia política de la crisis postelectoral de 2010-2011, que causó la muerte de más de 3.000 personas en Costa de Marfil.
Indepaz rechazó el homicidio del líder social Gustavo Antonio Torres en la zona rural de Tibú en la vereda Tienditas, del corregimiento Oru Siete, en la zona rural de Tibú.
El director de Indepaz Leonardo González dijo a Caracol Radio al lamentar el hecho expresó que “en las zonas donde se pensó en los CTCR y donde se pensaba que los firmantes de acuerdo pudieran desarrollar los proyectos productivos de las comunidades, pues estamos viendo es que son zonas que se han convertido o han seguido existido las diferentes conflictividades, y la violencia les ha llegado a sus territorios” dijo el representante de la entidad.
Y agregó “eso está sucediendo en diferentes partes las áreas, donde los firmantes de acuerdo pudieran desarrollar los proyectos para que el estado de los PDT, Pennis, y todos los programas pudieran darle un aire y desarrollar ahí los proyectos productivos de las comunidades, estamos viendo es que son zonas que han seguido con unos problemas de violencia y son líderes como el de ayer que son asesinados por defender la paz” dijo.
El señor González manifestó que “por continuar la implementación de los acuerdos, los enemigos de la paz son personas que están detrás de todos estos hechos y hoy la realidad es que son más de 13 mil firmantes de acuerdo que están cumplimiento y la misma ONU, el gobierno, defensoría del pueblo lo han certificado porque el 95% de los firmantes están cumpliendo”.
De acuerdo con el estudio, en Brasil un promedio de 7.000 niños y jóvenes son asesinados cada año.
Un total de 34.918 niños y jóvenes fueron asesinados en Brasil entre 2016 y 2020, según un estudio publicado este viernes por el Foro Brasileño de Seguridad Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los datos oficiales revelan que esta cifra representa un promedio de 7.000 niños y jóvenes fallecidos por año, siendo las personas de color la mayoría de las víctimas en todos los rangos de edad.
Del total de asesinatos, más de 31.000 víctimas eran adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, pero la mayoría de los registros son los de menores de 4 años de edad, con un incremento del 27 por ciento entre 2016 y 2020.
Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. É o que revela o Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado pelo UNICEF e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.https://t.co/k1tbow3PQu
Alrededor de 45.000 niñas y niños son víctimas de violencia sexual anualmente, en el grupo etario de 0 a 19 años de edad, y cada dos días, más de un infante menor de 9 años de edad muere en el país, indicó el estudio.
En casi el 90 por ciento de los casos de muertes violentas de los niños de 0 a 4 años de edad, el homicida tiene algún contacto o relación con la víctima, y los crímenes se han dado esencialmente en el hogar.
La investigadora del Foro Brasileño de Seguridad Pública y coordinadora editorial del estudio, Sofia Reinach, declaró ante medios locales que dos aspectos de la pesquisa fueron impresionantes para ella.
“El primero es que mueran más de 200 niños por año en Brasil. Más de un niño cada dos días, de 0 a 9 años, muere violentamente. Esta es una cifra impactante», expresó.
Además, comentó sobre la cifra adolescentes que mueren en Brasil que «puede parecer un número pequeño, pero considerando que sean niños hasta los 9 años, es un hecho que nos conmocionó mucho”.
«Hay dos fenómenos cuando hablamos de niños y adolescentes en Brasil. De 0 a 9 años es la violencia intrafamiliar la que más victimiza a los niños. De 10 a 14 comienza una transición, que se consolida entre los 15 y 19 años, hacia la violencia urbana como lo que más los victimiza”, dijo la experta.
Sobre la violencia sexual, expuso que «además del horror y barbarie de tener 45.000 violaciones al año de niños, niñas y adolescentes, un tercio de las víctimas tiene entre 0 y 9 años. Es decir, estamos hablando de bebés y niños que sufren violencia sexual, y el agresor es alguien conocido”.
En noviembre de 2019, esta plataforma publicó otro informe en el que destacaba que el 75 por ciento de las víctimas de violencia letal en Brasil son de color.
“Los jóvenes negros mueren más que los jóvenes blancos; policías negros, si bien constituyen el 37 por ciento de la fuerza policial, son el 51,7 por ciento de los policías asesinados; las mujeres negras mueren más asesinadas y sufren más acoso que las mujeres blancas.
Este estudio precisó en su momento que “los datos aquí recopilados nos alertan, una vez más, de la relación entre violencia y racismo” en ese país.
Un hombre armado con un cuchillo mató a varios niños y al menos a una maestra en una guardería en la ciudad de Saudades, en el sur de Brasil, informaron las autoridades el martes.
La secretaria de educación municipal, Gisela Hermann, describió “una escena de terror” en la escuela en una entrevista con el sitio de noticias en línea G1. “Había un individuo tirado en el suelo, pero aún vivo, una maestra muerta, un niño muerto también”, dijo.
El departamento de policía no ha comentado hasta el momento, pero los medios O Globo, Folha de S. Paulo y G1 informaron que tres niños fueron asesinados.
G1 citó al oficial de policía Ricardo Newton Casagrande diciendo que un joven de 18 años ingresó a la guardería con un cuchillo.
El gobernador del estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, lamentó la “devastadora noticia” por Twitter. “Mi solidaridad con las familias, la comunidad escolar y todos los residentes de esta acogedora ciudad”.
Partidario desaparecido de la NUP encontrado muerto
Mukono, Uganda | EL INDEPENDIENTE | Rogers Ssemakula, uno de los partidarios de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) y residente de Kabembe en el subcondado de Kyampisi en el distrito de Mukono que desapareció la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ha sido encontrado muerto.
Su cuerpo fue recuperado del bosque de Kiyunga por un equipo de partidarios de la NUP después de días de búsqueda. La viuda de Ssemakula, Zarupha Nampijja, dice que su esposo no regresó a casa la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Según Nampijja, había advertido a los fallecidos que no se movieran de noche durante las campañas debido al secuestro desenfrenado de partidarios del NUP en la zona.
Asadu Jjemba, un residente de Kabembe, dice que el fallecido se encuentra entre varios partidarios del NUP que fueron secuestrados por personas que conducían en una innumerable camioneta blanca durante la noche del 13 de enero de 2021.
Dice que mientras el resto fueron liberados, Ssemakula seguía desaparecido.
“Cuando estuve recientemente en Kabembe, escuché a personas decir que hubo una redada en la que varias personas fueron arrestadas. Hoy nos enteramos de que una de las personas que fueron recogidas está muerta ”, dijo Jjemba.
A lo largo de las campañas parlamentarias, los candidatos y coordinadores de la NUP se quejaron repetidamente del secuestro y la brutalidad de sus partidarios. Abdullah Kiwanuka, el electo de Mukono North NUP, dice que después de no conseguir la atención de la policía, están finalizando una petición para presentar ante un tribunal superior para obligar a la policía y al gobierno a presentar a sus miembros desaparecidos, vivos o muertos.
Él dice que nueve de sus miembros, a saber, Isma Ssenkubuge, Juma Mukasa, Joseph Kyakuwa, Muhammad Kanata, Steven Ntulume, Julius Kiberu, Musa Male, Sowedi Lwanga e Isma Mwanjazi, siguen desaparecidos.
Aunque los miembros de la NUP señalan con el dedo acusador a Ronald Kibuule, el ministro de Estado del Agua y diputado actual de Mukono North por planear los secuestros y torturar a partidarios de la oposición, él ha negado con vehemencia las acusaciones.
En una entrevista telefónica el martes por la noche, Kibuule encargó a los acusados que presentaran pruebas que lo implicaran por los secuestros. Grace Nyangoma, la comandante de la división de policía de Naggalama, ha negado las acusaciones de negarse a ingresar en los casos de tortura y personas desaparecidas por parte de miembros de la oposición.
Fuente de la Información: https://www.independent.co.ug/missing-nup-supporter-found-dead/
En Colombia, las protestas han salido de la cuarentena. Y ya muestran su nueva normalidad: el lunes pasado, en una jornada nacional avisada con antelación por el Comité Nacional de Paro, conformado, entre otros, por centrales obreras, colectivos de jóvenes, maestros y pensionados, el país volvió a marchar.
La convocatoria, temida por los gobiernos locales y el nacional luego de los violentos hechos del pasado 9 y 10 de septiembre principalmente en Bogotá, aunque también con impacto en otras ciudades, para sorpresa del país transcurrió en casi total calma, si se la compara con lo sucedido a principios del mes tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de policías, conformando un caso más de exceso de la fuerza pública que desembocó en dos días de violencia, muerte y caos que no se veían en la ciudad desde hacía décadas.
El saldo, 13 muertos, 202 civiles heridos –buena parte de ellos por la propia fuerza pública, como está en investigación-, 194 policías heridos y la destrucción de estaciones de policía en diferentes partes de la ciudad, en especial en las zonas más populares, además de comercio, transporte público y hasta las fachadas de casas en zonas residenciales. Y, ante todo, un rechazo generalizado en el país por los abusos de la fuerza pública y su comportamiento vandálico, pero también un repudio a la violencia de grupos de vándalos que se infiltran para arrasar con todo.
Por eso, las marchas de 21S –como se denominaron- parecían generar mayor atención por lo que podría suceder que por las demandas al gobierno nacional que llegaban nuevamente a la calle. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el país vivó una serie de marchas de protesta por el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y por reivindicaciones salariales y sociales estancadas o afectadas por la reforma tributaria y pensional propuesta por el gobierno de Iván Duque.
Todo quedó congelado con el fin de año, unas mesas de diálogo instaladas para tratar cada tema y la llegada del Covid-19, lo que le pudo dar tiempo para avanzar al gobierno y concretar resultados que disminuyeran la presión desde ese flanco. Pero, por el contrario, la pandemia trajo un impacto económico que se suma a los reclamos previos, el asesinato de líderes sociales no ha tenido respiro y el número de masacres ha aumentado de manera pavorosa.
El cuadro clínico de la salud económica y social del país luce hoy más riesgoso que el virus. De ahí las nuevas protestas, a las que se suman las exigencias para la reforma de la policía y los métodos de represión utilizados para sofocar la legítima protesta social. La propia Corte Suprema de Justicia, en respuesta a una tutela presentada en abril pasado por ciudadanos y facultades de derecho de prestigiosas universidades del país por los excesos de la fuerza pública durante las marchas de noviembre de 2019, sentenció el martes que los escuadrones antidisturbios deben dejar de usar la escopeta calibre 12, entre otros esquemas, hasta tanto no se revisen protocolos y garantías en su uso.
El gobierno respondió con su determinación de llevar la sentencia a la Corte Constitucional para su revisión. En todo caso, las marchas seguirán su curso amparadas por esta sentencia que los expertos y defensores de derechos humanos colombianos e internacionales consideran crucial para el ejercicio de la protesta social, a la que cada día más se le trata de poner el rótulo de acciones de grupos subversivos o similares para cuestionarla o sofocarla con métodos muy distantes de los derechos constitucionales. El debate, entonces, ya no solo dará en las calles sino en los estrados.
América del Sur/Colombia/16-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Acin aseguran que la Fuerza Pública impidió el ingreso de vehículos de salud para auxiliar a los heridos para trasladarlos a centros asistenciales.
Organizaciones indígenas colombianas denunciaron este jueves el asesinato de dos indígenas y otro gravemente heridos por parte del Ejército en la vereda El Barranco, jurisdicción del municipio de Corinto, norte del departamento de Cauca.
Las víctimas fueron identificadas como Abelardo Liz, miembro de la emisora Nación Nasa, y Johel Rivera, quien participaba en las actividades autodenominadas “liberación de la madre tierra”. También está herido el exgobernador del cabildo Julio Tumbo.
Las víctimas fueron identificadas como Abelardo Liz, miembro de la emisora Nación Nasa, y Johel Rivera, quien participaba en las actividades autodenominadas “liberación de la madre tierra”. También está herido el exgobernador del cabildo Julio Tumbo.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin) relato que los hechos se habrían dado en medio de un proceso de desalojo. El Ejército asegura que no accionaron sus armas contra la comunidad.
Según la organización indígena componentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) junto a miembros del Ejército dispararon contra los indígenas, dejando hasta el momento un muerto por dos impactos de arma de fuego en el pecho y el hombro, y al menos dos heridos: el primero presenta heridas en la rodilla derecha; el segundo, comunicador comunitario de la emisora Nación Nasa, fue herido en el abdomen”.
Eduin Mauricio Capaz, Indígena del pueblo Nasa y coordinador de la Organización, confirmó la muerte del comunicador comunitario Johel Rivera.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamentó los hechos y confirmó que el periodista indígena falleció a causa de impactos de arma de fuego mientras cubría la situación de orden público en Corinto.
Ante las denuncias de las organizaciones indígenas, el Ejército informó que el Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga, del Comando Operativo Apolo, prestaba seguridad al Esmad, de la Policía Nacional, en una operación de desalojo de la hacienda Quebrada Seca, acatando una orden judicial.
“Producto de esta acción resultaron lesionados integrantes de la Fuerza Pública, a quienes también intentaron secuestrar”, se lee en el comunicado emitido por el Ejército.
Desde Acin aseguran que la Fuerza Pública impidió el ingreso de vehículos y personal de salud para auxiliar a los heridos para trasladarlos a centros asistenciales.
“Al tratar de trasladar a los heridos en los vehículos disponibles en la zona, el Esmad los atacó con las armas lanza gases disparando contra las ventanas” añadió la organización indígena.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-indigenas-ejercito-cauca–20200814-0001.html
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