En Colombia, las protestas han salido de la cuarentena. Y ya muestran su nueva normalidad: el lunes pasado, en una jornada nacional avisada con antelación por el Comité Nacional de Paro, conformado, entre otros, por centrales obreras, colectivos de jóvenes, maestros y pensionados, el país volvió a marchar.

La convocatoria, temida por los gobiernos locales y el nacional luego de los violentos hechos del pasado 9 y 10 de septiembre principalmente en Bogotá, aunque también con impacto en otras ciudades, para sorpresa del país transcurrió en casi total calma, si se la compara con lo sucedido a principios del mes tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de policías, conformando un caso más de exceso de la fuerza pública que desembocó en dos días de violencia, muerte y caos que no se veían en la ciudad desde hacía décadas.

El saldo, 13 muertos, 202 civiles heridos –buena parte de ellos por la propia fuerza pública, como está en investigación-, 194 policías heridos y la destrucción de estaciones de policía en diferentes partes de la ciudad, en especial en las zonas más populares, además de comercio, transporte público y hasta las fachadas de casas en zonas residenciales. Y, ante todo, un rechazo generalizado en el país por los abusos de la fuerza pública y su comportamiento vandálico, pero también un repudio a la violencia de grupos de vándalos que se infiltran para arrasar con todo.

Por eso, las marchas de 21S –como se denominaron- parecían generar mayor atención por lo que podría suceder que por las demandas al gobierno nacional que llegaban nuevamente a la calle. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el país vivó una serie de marchas de protesta por el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y por reivindicaciones salariales y sociales estancadas o afectadas por la reforma tributaria y pensional propuesta por el gobierno de Iván Duque.

Todo quedó congelado con el fin de año, unas mesas de diálogo instaladas para tratar cada tema y la llegada del Covid-19, lo que le pudo dar tiempo para avanzar al gobierno y concretar resultados que disminuyeran la presión desde ese flanco. Pero, por el contrario, la pandemia trajo un impacto económico que se suma a los reclamos previos, el asesinato de líderes sociales no ha tenido respiro y el número de masacres ha aumentado de manera pavorosa.

El cuadro clínico de la salud económica y social del país luce hoy más riesgoso que el virus. De ahí las nuevas protestas, a las que se suman las exigencias para la reforma de la policía y los métodos de represión utilizados para sofocar la legítima protesta social. La propia Corte Suprema de Justicia, en respuesta a una tutela presentada en abril pasado por ciudadanos y facultades de derecho de prestigiosas universidades del país por los excesos de la fuerza pública durante las marchas de noviembre de 2019, sentenció el martes que los escuadrones antidisturbios deben dejar de usar la escopeta calibre 12, entre otros esquemas, hasta tanto no se revisen protocolos y garantías en su uso.

El gobierno respondió con su determinación de llevar la sentencia a la Corte Constitucional para su revisión. En todo caso, las marchas seguirán su curso amparadas por esta sentencia que los expertos y defensores de derechos humanos colombianos e internacionales consideran crucial para el ejercicio de la protesta social, a la que cada día más se le trata de poner el rótulo de acciones de grupos subversivos o similares para cuestionarla o sofocarla con métodos muy distantes de los derechos constitucionales. El debate, entonces, ya no solo dará en las calles sino en los estrados.