Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno federal, algunos gobiernos estatales socavan deliberadamente los derechos humanos del colectivo LGBT, que además sufren de manera desproporcionada violencia, en particular si son personas de color, señala un experto de la ONU y pide al gobierno salvaguardar las garantías de esa población.
Al concluir una visita de diez días a ese país, Víctor Madrigal-Borloz señaló que los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso (LGBT) son socavados deliberadamente por algunos gobiernos estatales, por lo que instó a la administración del presidente Joe Biden a reforzar las medidas para protegerlos.
El experto advirtió que las personas LGBT, sobre todo las de color, siguen enfrentando desigualdad sustantiva en las áreas de salud, educación, empleo y vivienda.
Retroceso intencionado de los derechos humanos
“Me alarma profundamente una corriente generalizada y muy negativa resultada de acciones intencionales para hacer retroceder los derechos humanos de las personas LGBT a nivel estatal”, recalcó.
Madrigal-Borloz explicó que esa corriente incluye medidas discriminatorias que buscan reconstruir el estigma contra las personas lesbianas y gays, limitando la educación sexual y de género para todos, y el acceso a tratamientos de afirmación de género y a actividades deportivas e instalaciones de un solo sexo para personas trans y de género diverso.
Añadió que la evidencia muestra que, sin excepción, estas acciones se basan en opiniones prejuiciosas y estigmatizantes de las personas LGBT, en particular de los niños y jóvenes transgénero, “y buscan aprovechar sus vidas como apoyo para obtener ganancias políticas”.
Asimismo, alertó de que las personas de ese colectivo son afectadas desproporcionadamente por la violencia.
ONU/Benson Kua
La bandera arcoiris es el símbolo de la comunidad LGBTI.
Ataque orquestado
El experto reconoció que el gobierno de Joe Biden ha adoptado medidas significativas para abordar estos desafíos; sin embargo, consideró que esas personas sufren una agresión orquestada.
“A la luz de un ataque concertado para socavar estas acciones, exhorto a la administración [federal] a redoblar los esfuerzos para apoyar los derechos humanos de todas las personas LGBT que viven bajo su jurisdicción y ayudarlos a llegar a aguas seguras”, enfatizó.
Madrigal-Borloz aludió al papel central de Estados Unidos en el diseño y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que marca la dirección hacia un mundo que respete la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas.
En este tenor, reiteró que el gobierno federal en turno, liderado por el presidente Biden, ha adoptado provisiones importantes de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos, que buscan enfoques participativos y otorgan facilidades para implementarlos.
Según el especialista, esa combinación de valores, conocimiento y fuerza es la que hace falta para impulsar el cambio social.
La misión de Madrigal-Borloz abarcó visitas a las ciudades de Washington D.C.; Birmingham, Alabama; Miami, Florida; y San Diego, California. Sus reuniones incluyeron a funcionarios del Estado, miembros de la sociedad civil y personas que expusieron sus experiencias e historias de vida.
El experto también sostuvo encuentros con las autoridades de un centro de detención para solicitantes de asilo y del punto de entrada de San Ysidro en la frontera con México. Luego de esas conversaciones, manifestó preocupación por las consecuencias de los marcos discriminatorios adoptados por el anterior gobierno federal que aún no han sido desmantelados y que siguen afectando a los solicitantes de asilo y refugiados LGBT.
* Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.
El último estudio del Parlamento Europeo sobre la migración recoge los datos que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) recopila sobre “los cruces ilegales de las fronteras exteriores de la UE registrados por las autoridades nacionales”.
Los datos del FRONTEX señalan que “en 2015 y 2016, se detectaron más de 2,3 millones de cruces ilegales. En 2019, el número total de cruces fronterizos ilegales en la UE se redujo a 141.846, su nivel más bajo desde 2013 y un 5% menos que en 2018″.
En el mismo informe advierten que una persona puede pasar por una frontera más de una vez, por lo que “el número de personas que vienen a Europa es en realidad menor“, aunque afirman que “en cualquier caso, los estados miembros han estado bajo una enorme presión”.
La tumba del Mediterráneo
Según el Parlamento Europeo “durante la primera mitad de 2020, un total de 23.288 personasarriesgaron sus vidas intentando llegar a Europa por mar, y se teme que alrededor de 248 personas pueden haberse ahogado en este intento”.
Las llegadas de personas migrantes al Estado español han descendido durante este 2020 casi un 40%. 11.460 personas han llegado a España en los siete primeros meses de esteaño, mientras que en el mismo periodo de 2019 lo hicieron 18.515, esto supone una caída del 38%.
Los datos que aporta FRONTEX recogen que casi 30.000 personas llegaron a Europa por vía marítima en 2019, frente al más de un millón en 2015. Además, reconoce que “sin embargo, la travesía por el Mediterráneo siguió siendo mortal, con 1.319 muertos o desaparecidos en 2018, frente a 2.277 el año precedente”.
“El régimen migratorio europeo deja un saldo récord de víctimas en las rutas hacia Europa, especialmente en el Mediterráneo” denuncian en su investigación porCausa. “Los dos grandes beneficiarios de este modelo son los grupos criminales de tráfico de migrantes y la Industria del Control Migratorio. Entre perdedores y vencedores, aflora una contradicción: el 13% de los trabajadores esenciales en Europa con un papel clave durante la crisis de la covid-19 son migrantes extracomunitarios, según los datos más recientes de la Comisión Europea” aseguran.
Montse Sánchez, de Caminando Fronteras, denunciaba a El Foro de Ceuta que “en las políticas de control migratorio prima la ley de extranjería y no el rescate. Ha cambiado el sistema de rescate de Salvamento Marítimo, ahora depende un mando único de la Guardia Civil que se coordina con Marruecos y hay un apagón informativo respecto a este ente. Esta serie de cambios provocan más muertes. Está llegando menos gente pero se siguen produciendo muchas muertes”.
En el último informe de la APDHA se recoge que hay un incremento en términos relativos de las personas que han fallecido intentando alcanzar España. En total, 34 personas más han muerto este año respecto a las que hubieran correspondido por volumen de llegadas de 2018″.
Cooperación con Marruecos y reactivación de la ruta de Canarias
El control del Mediterráneo y la “colaboración” con Marruecos -con el ingreso de 140 millones de euros- ha hecho posible que el reino alautia fabrique un muro anti-inmigrantes muy cerca del vallado español -finalizado antes de que España comenzase a retirar sus concertinas- y que despliegue al ejército e intensifique los controles en los bosques colindantes y las redadas violentas para trasladar a los migrantes subsaharianos hacia el sur para ser abandonados en medio del desierto.
Esta “cooperación” ha hecho que se reactive la ruta de Canarias, una ruta mucho más peligrosa y mortífera, que en los últimos días ha dejado tras de sí, dos naufragios con al menos 50 personas muertas y otras tantas desaparecidas.
El negocio del control migratorio
La Unión Europea asegura haber aumentado significativamente su financiación para las políticas de migración, asilo e integración a raíz del incremento de la afluencia de solicitantes de asilo en 2015. En las próximas negociaciones sobre el presupuesto de la UE posterior a 2020, el Parlamento solicitará financiación adicional para la migración.
Según el informe de la fundación porCausa, la UE destinará a control migratorio y de fronteras 30.829 millones entre 2021 y 2027, según su nuevo marco presupuestario. En ese periodo, la UE también consagrará 24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.
“La Industria del Control Migratorio es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en el territorio europeo. En la última década, una amplia red de políticos y empresarios, principalmente del sector armamentístico y la construcción, han logrado consolidar un nuevo mercado en torno a la securitización de las migraciones y la militarización de las fronteras” apunta la investigación de porCausa.
PorCausa asegura que “los capos del negocio migratorio dejan cierto espacio a organizaciones sin ánimo de lucro, que cumplen la tarea secundaria de asistir a los migrantes, y estos aprovechan su influencia mediática y política para situar las migraciones como un problema de seguridad. La reconstrucción postcoronavirus obligará a muchos Estados a ajustar sus presupuestos, pero la industria del control migratorio no atisba nubarrones en el horizonte: la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad social son bazas favorables para su negocio”.
El negocio de las mafias
PorCausa señala además, que “esta política de contención migratoria y blindaje fronterizo también enriquece el negocio de los grupos criminales de tráfico de migrantes y redes de trata, dentro (movimientos secundarios) y fuera de nuestras fronteras. Sus ganancias aumentan cuanto mayor es el riesgo que asumen las víctimas. Incluso en tiempos de COVID19 y de cierres y restricciones fronterizas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el nuevo escenario producirá un aumento del tráfico de migrantes que además huirán de la devastadora crisis económica y de empleo que se avecina”.
Según los últimos datos de Naciones Unidas, aportados en el informe de PorCausa, “cada año las mafias del tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficio tan solo en el Mediterráneo y 4.000 millones de euros a nivel europeo, una cifra similar al gasto de toda la UE en ayuda humanitaria”.
¿Qué piensan los europeos?
“La migración ha sido una prioridad de la UE durante años” aseguran desde el Parlamento Europeo. “Se han adoptado varias medidas para gestionar la crisis, así como para mejorar el sistema de asilo” afirman desde la institución.
Según el sondeo del Eurobarómetro de mayo de 2018, el 72% de los europeos quieren que la UE intervenga más en la gestión migratoria. La misma encuesta realizada en junio de 2019, refiere que “la inmigración fue el quinto tema que más influyó en las decisiones de voto de los ciudadanos que participaron en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mayo, aunque el Eurobarómetro más reciente, de 2019, registró una caída de su importancia. El 34% de los europeos votó con la mirada puesta en la inmigración. Los otros asuntos que más tuvieron en cuenta fueron la economía, el cambio climático, los derechos humanos, la democracia y el futuro de Europa”.
Frontera Sur: laboratorio de proyectos antimigratorios
“España es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después son exportados a otros países de la región. Empezando por el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo que el conjunto de la UE replicó después durante la crisis de acogida de 2014. Las concertinas (cuchillas de acero) de las vallas de Ceuta y Melilla subvencionadas con fondos europeos y fabricadas por una empresa malagueña, ya coronan las vallas de varios países de los Balcanes y del norte de Europa” aseguran en su informe.
En su investigación también señalan al “éxito de los drones desplegados en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar, que ya inspira nuevos proyectos en el Mediterráneo”. Y denuncian la opacidad del Gobierno de España en lo que se refiere a los CATE, “cárceles ‘express’ para migrantes, repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España”.
Sin embargo, “el crecimiento de la Industria no logra frenar el flujo de personas que migran: sube el número de muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad de otras rutas migratorias y aumenta la población migrante encarcelada”.
La ‘España fortaleza’
Pese a que el 77% de los migrantes irregulares que hay en España proceden de AméricaLatina, el Gobierno central focaliza el gasto antimigratorio en la frontera sur, “la mayor parte de los 1.677 contratos públicos analizados tienen por objeto reforzar el perímetro fronterizo de España (551,3 millones de euros, el 83,5% del gasto total), especialmente en la zona del Estrecho” denuncian desde la Fundación en otro artículo publicado en el diario Público.
Según los investigadores de PorCausa, “este dato revela un patrón consolidado en el negocio antimigratorio: cada año que pasa, la política antimigratoria de España y la UE refuerza el enfoque militar y securitario, centrado en impedir la migración, en detrimento de medidas que buscan gestionarla y abrir vías seguras”.
“El despliegue y mantenimiento de barcos de vigilancia marítima y salvamento,radares, aviones, drones y modernos sistemas de reconocimiento de personas representó el 83,5% de todo el dinero que el Gobierno puso en manos de las empresas que se lucran en el negocio antimigratorio. Si se suman los gastos derivados de detener y encarcelar a los migrantes en los CIE y la reesidencia “temporal” en los CETI para después expulsarlos en deportaciones forzosas, el porcentaje aumenta al 98,3%” advierten en su publicación PorCausa y Público.
Las vallas que separan Melilla y Ceuta de Marruecos, suponen otros de los fuertes del control migratorio al que más fondos se destinan: en el año 2006, que se colocaron las concertinas, se realizó un gasto de unos 20 millones de euros, “entre 2006 y 2013, este y otros gastos de la valla sumaron un desembolso de más de 47 millones de euros del erario público” exponen en su investigación. “Buena parte de ese dinero lo ingresó Mora Salazar, la empresa malagueña que fabrica estas cuchillas y que pasó de ser una desconocida a firmar contratos con más de 20 países, principalmente de la Unión Europea. También grandes empresas del Ibex, como Indra, Dragados y Ferrovial”.
Pero el negocio no acaba ahí, según la investigación de la fundación, “al menos 45 altos cargos que estuvieron en el Gobierno en ese periodo fueron contratados después por empresas armamentísticas y de seguridad de la Industria del Control Migratorio”.
La retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, para la implementación de “medios menos cruentos y más eficaces” ha supuesto un nuevo desembolso. La empresa adjudicataria fue Tragsa y el ministerio de Grande-Marlaska destinaba al proyecto de las concertinas un total de 18 millones de euros. El paquete completo, de 32 millones, incluía otros “sistemas de protección fronteriza” que afectan a los controles del Tarajal. Entre estas medidas de “modernización” de la Frontera se encuentran el circuito de control televisión o la instalación de la “frontera inteligente“.
Fundación porCausa ha podido constatar que “desde 2014 hasta 2019 se han adjudicado 188 contratos con un valor total de 71,2 millones —sin contar los 32 millones antes mencionados— para el mantenimiento, control y vigilancia de los perímetros fronterizos terrestres en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo fin es impedir el paso de migrantes irregulares”.
En esta galería se puede ver todo el proceso de construcción del vallado marroquí con una triple sirga tridimensional de concertina, así como la retirada de las concertinas del vallado español y la sustitución por “elementos menos lesivos”
Los solicitantes de asilo son personas que presentan una petición formal de asilo en otro país porque temen que su vida esté en riesgo en su país de origen. Los refugiados son personas a las que ya se les ha reconocido oficialmente el derecho a recibir asilo por un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o pertenencia a un grupo social determinado. En la UE, la directiva sobre la cualificación establece las directrices para asignar protección internacional a quienes la necesitan.
“En este momento, los nacionales de terceros países deben solicitar protección en el primer país por el que acceden a la UE, de acuerdo con las reglas comunitarias de asilo. La presentación de una reclamación les convierte en solicitantes de asilo, pero solo reciben el estatuto de refugiado o una forma diferente de protección internacional una vez que las autoridades nacionales hayan tomado una decisión positiva sobre su caso” explica el Parlamento Europeo.
Sin embargo, no habla de las devoluciones en caliente -avaladas desde febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- de aquellas personas que ya han pisado suelo español y que con esta práctica se les impide tener acceso a las oficinas de asilo que debe haber en frontera.
La Comisión Española de Ayudar al Refugiado (CEAR) denunciaba que es de sobra conocido “la imposibilidad de solicitar asilo en una embajada para ser trasladado a territorio español“. Cuando se conoció la sentencia del TEDH alertaban que “desde que existe esta posibilidad en la Ley de Asilo solo ha sido aplicada en casos contados y muy excepcionales. Además, las autoridades españolas no garantizan una política de visados efectiva en materia laboral, tal y como justifica la Gran Sala, lo que supone un preocupante desconocimiento de la realidad migratoria en la frontera sur europea“.
En esta galería se pueden ver algunas de las devoluciones en caliente producidas en los últimos años en la frontera sur
En 2019, los países de la UE concedieron protección a casi 295.800 demandantes de asilo, frente a los 333.400 de 2018, lo que supuso una bajada de casi el 40% con respecto a 2017 (533.000). Cerca de uno de cada tres (27%) procedían de Siria, un 14% de Afganistán y un 13% de Venezuela, las principales tres nacionalidades. El número de demandantes de asilo de Venezuela aumentó casi 40 veces en 2019 comparado con el de 2018. De los 78.600 ciudadanos sirios que recibieron protección internacionaen la UE, casi el 71% la recibieron en Alemania.
En 2019España vivió un nuevo año récord de peticiones de asilo, con un total de 118.264, más que el doble respecto a 2018. Las 5 nacionalidades con mayor número de solicitudes fueron: Venezuela (40.906), Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y ElSalvador (4.784). De este modo, el 80% de las solicitudes fueron presentadas por personas de América Latina.
Pero, España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea que registra alrededor de un 30% de resoluciones favorables. Así, de un total de más de 60.000 resoluciones, se otorgó el estatuto de refugiado en 1.653 ocasiones y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias. Sin embargo, cabe destacar como un claro avance respecto a periodos anteriores, la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias.
Estrella Galán, directora de CEAR, denuncia que “resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas“.
“La política de visados impuesta por España está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras“, denunció Galán.
En las imágenes se muestran personas de diversas nacionalidades con la “tarjeta roja” de solicitud de asilo protestando en el CETI y en la Delegación del Gobierno para poder salir de Ceuta
Refugiados en el mundo
Según los datos aportados por Europa, en todo el mundo, el número de personas que huyen de la persecución, el conflicto y la violencia ha alcanzado los 79,5 millones por primera vez. Eso equivaldría a que casi toda la población de Alemania fueran expulsadas de sus hogares. Los niños representan aproximadamente el 40% de la población refugiada del mundo.
Los países que acogen al mayor número de refugiados son Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania. Solo el 15% de los refugiados de todo el mundo se alojan en países desarrollados.
América del sur/Ecuador/11 Abril 2019/Fuente: Nodal
El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido este jueves, 11 de abril del 2019, en la embajada de Ecuador en Londres, informó la Scotland Yard.
El presidente Lenín Moreno en la red social Twitter anunció el retiro del asilo a Julian Assange a las 04:27 de este jueves. Moreno dijo que “Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”.
Después de que el Gobierno de Ecuador le retiró el asilo a Assange, fue detenido por la policía británica, informó Scotland Yard en un comunicado.
“La policía metropolitana fue invitada a la embajada por el embajador (de Ecuador) después de la retirada del asilo por el gobierno ecuatoriano ”, afirmó.
Assange fue trasladado “a una comisaría del centro de Londres donde permanecerá hasta que comparezca ante un juez cuanto antes”, agregó.
Julián Assange sacado a la fuerza de Embajada de Ecuador en Londres luego que le retiraran asilo diplomático por andar jodiendo a su anfitrión el Presidente Lenin Moreno.pic.twitter.com/fkFMIa50Sr
— Cupos en La Haya Cupos en Guantánamo (@jcajias) 11 de abril de 2019
Imágenes de televisión mostraron como agentes de la policía londinense sacaban a Assange, con larga barba blanca, del edificio de la embajada ecuatoriana, situada en el elegante barrio de Knightsbridge, donde había entrado en 2012 para escapar a una extradición a Suecia cuyas bases no prosperaron.
La plataforma de difusión de documentos secretos Wikileaks llevaba días indicando de que el presidente Moreno se disponía a retirar a Assange la protección diplomática que le dio hace casi siete años su predecesor Rafael Correa (2007-2017) .
Temor a extradición a Estados Unidos
Assange se había refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres el 19 de junio de 2012, donde pidió protección, para escapar a una orden de detención europea emitida por Suecia debido a acusaciones por presuntos delitos sexuales.
El experto informático afirmaba que todo se trataba de un plan de Estados Unidos para lograr extraditarlo y juzgarlo por la publicación en 2010 de cientos de miles de documentos secretos, militares y diplomáticos, que pusieron a Washington en un fuerte compromiso.
Los defensores de Assange temen que si es juzgado por traición o divulgación de secretos pueda ser condenado en Estados Unidos a la pena capital.
The «Assange Precedent»: The threat to the media posed by Trump’s prosecution of Julian Assange -…
THE “ASSANGE PRECEDENT”: THE THREAT TO THE MEDIA POSED BY THE TRUMP ADMINISTRATION’S PROSECUTION OF JULIAN ASSANGE March 2019 Read the PDF version here. A precedent with profound implications for…
defend.wikileaks.org
15,3 mil personas están hablando de esto
Correa aceptó este argumento y tras dos meses de encierro en la embajada le otorgó el asilo diplomático en agosto de 2012.
Los cargos contra el australiano en Suecia fueron finalmente archivados, pero hasta el día de hoy seguía pesando sobre él una orden de detención de las autoridades británicas por haber violado en aquella ocasión las condiciones de su libertad condicional.
Ecuador había calificado la semana pasada de “insultantes” afirmaciones de Wikileaks según las cuales Quito tenía un acuerdo con Londres para expulsar a Assange.
Pero este lunes, el canciller José Valencia precisó que su país resolvería “en su momento” si mantenía o retiraba su asilo.
Imagen tomada de: https://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/580×382/0c8/580d365/none/11101/MVLU/image_content_33207203_20190411053856.jpg
Asumir un compromiso con la reubicación y la ayuda en Cumbres Globales sobre Refugiados
La crisis masiva de refugiados exige una respuesta global sin precedentes, señaló hoy Human Rights Watch. En dos cumbres que se celebrarán el 19 y el 20 de septiembre de 2016 en las Naciones Unidas, los líderes mundiales deberían adoptar medidas audaces para repartir la responsabilidad por los millones de personas desplazadas debido a violencia, represión y persecución.
Los líderes se reunirán en Nueva York para analizar la posibilidad de brindar mayor asistencia a los países donde primero llegan los refugiados, en un momento en que esas naciones están al límite de sus capacidades. La situación ha puesto en jaque el principio fundamental de la protección de los refugiados, que es la prohibición de la devolución, es decir, no obligar a los refugiados a regresar por la fuerza a sitios donde podrían ser perseguidos o sufrir otras graves amenazas. Estas personas huyen de contextos de violencia en Afganistán, Birmania, la República Democrática del Congo, Eritrea, Honduras, Irak, Somalia y Siria, entre otros.
“Están en juego millones de vidas”, sostuvo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “No se trata solamente de asegurar más dinero o mayores cupos de reasentamiento, sino también de fortalecer los principios legales de protección de refugiados, que están más en riesgo que nunca”.
La Asamblea General de la ONU ha convocado a la cumbre del 19 de septiembre “con el finde unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado” en materia de refugiados. La declaración final, cuya versión preliminar ya se ha redactado, hadesperdiciado una oportunidad de ampliar el alcance de la protección y reduce la expectativa de que haya nuevos compromisos concretos. No obstante, reivindica los derechos de los refugiados y exige que la responsabilidad por esta cuestión se distribuya de manera más equitativa. Debido a la magnitud de la crisis de refugiados y el rebrote populista en muchas regiones del mundo, esta reivindicación debería servir de base para la acción colectiva, apuntó Human Rights Watch.
El 20 de septiembre, el presidente de EE. UU. Barack Obama auspiciará una “Cumbre de Líderes” para incrementar los compromisos sobre asistencia, aceptación de refugiados y oportunidades laborales y educativas para estas personas. Se espera que los gobiernos asuman compromisos concretos para cumplir las metas de duplicar la cantidad de cupos de reasentamiento y otras admisiones, incrementar el volumen de asistencia en un 30 por ciento, escolarizar a 1 millón más de niños refugiados y reconocer a 1 millón más de adultos refugiados el derecho a trabajar. Aunque los participantes no han sido anunciados, se espera que asistan entre 30 y 35 países. Canadá, Etiopía, Alemania, Suecia y Jordania se sumarán a Estados Unidos como cofacilitadores.
Promover la asistencia humanitaria a los países de primera llegada
La gran mayoría de los 21,3 millones de refugiados del mundo se encuentran en el sur global, donde con frecuencia están expuestos a nuevos peligros, discriminación y abandono. Human Rights Watch exhortó a países de primera llegada como Turquía, el Líbano,Jordania, Tailandia, Kenia, Irán y Pakistán a adoptar propuestas para ofrecer a los refugiados un mayor acceso a trabajo y educación.
Las naciones más ricas del mundo en general no han ayudado a los países que están en primera línea a afrontar la crisis de desplazados. Al 9 de septiembre, se habían cubierto un 39 por ciento de los llamamientos de asistencia de la ONU. Los niveles más bajos de financiamiento se registraban en África, donde el llamamiento para los refugiados procedentes de Sudán del Sur se situaba en el 19 por ciento. La planes regionales de respuesta a refugiados para Yemen y Siria alcanzaban un financiamiento del 22 y el 49 por ciento.
Incrementar el número de reasentamientos en otros países
Aunque el reasentamiento desde los países de primera llegada es clave para ayudar a los refugiados a reconstruir sus vidas y aliviar la situación de los países receptores, la solidaridad internacional brilla por su ausencia. En 2015, la agencia de la ONU para los refugiados facilitó el reasentamiento de 81.000 de los 960.000 refugiados que se proyectaba que necesitarían ser reubicados a nivel global. La agencia calculó que más de 1,1 millón de refugiados necesitarían ser reasentados durante 2016, pero previó que los países solamente ofrecerían 170.000 lugares. Durante una reunión de alto nivel de la ONU celebrada en marzo, los representantes de 92 países se comprometieron únicamente a un leve incremento en el cupo de reubicaciones para refugiados sirios.
En la Unión Europea, la llegada por vía marítima durante 2015 de más de 1 millón de solicitantes de asilo y migrantes —y las más de 3.700 muertes en el mar— pusieron en evidencia la necesidad de establecer vías seguras y lícitas para el desplazamiento de refugiados, como las reubicaciones. Sin embargo, numerosos países de la UE, como Austria,Bulgaria y Hungría, centran su estrategia principalmente en prevenir las llegadas espontáneas, desviar responsabilidades a tercero y provocar una regresión de los derechos de refugiados.
Un plan europeo de 2015 para reubicar a 22.500 refugiados procedentes de otras regiones durante un lapso de dos años ha conseguido reubicar solamente a 8.268 de estas personas, según cifras de julio de 2016. La mayoría de los países de la UE tuvieron resultados inferiores a los esperados, y 10 directamente no reubicaron a ninguna persona en el marco del plan.
Terminar con sistemas abusivos y acuerdos con graves falencias
En marzo, la UE concluyó un acuerdo con Turquía para permitir el regreso a ese país de casi todos los solicitantes de asilo, sobre la base del endeble argumento de que Turquía es un país seguro para el asilo, cuando en realidad está al borde de la desintegración. Australia transfiere de manera forzada a todos los solicitantes de asilo que llegan por vía marítima acentros de procesamiento extraterritoriales, donde estas personas sufren abusos, un trato inhumano y abandono.
La UE y Australia deberían renunciar a estas políticas abusivas. Los países de la UE deberían adoptar sin demora una propuesta de marco permanente de reubicación con metas más ambiciosas y un compromiso claro de cumplimiento, destacó Human Rights Watch. Deberían compartir de manera justa la responsabilidad por los solicitantes de asilo que lleguen espontáneamente, y ayudar a mitigar las presiones sobre Grecia e Italia.
El gobierno de Obama cumplió su meta de aceptar a 10.000 refugiados sirios durante este año fiscal, aun con la oposición de más de la mitad de los gobernadores del país y sin que el Congreso asignara fondos de reasentamiento; sin embargo, Estados Unidos tiene capacidad para reubicar a una cantidad de personas muchas veces superior. Debería comprometerse a cumplir los objetivos de la Cumbre de Líderes, lo cual implicaría duplicar el total de 85.000 refugiados acogidos este año a 170.000.
Varios otros países con capacidad para recibir a muchos más refugiados, como Brasil, Japón y Corea del Sur, han tenido una contribución bochornosamente pobre. Japón admitió a 19 refugiados en 2015, Corea del Sur solamente a 42 (además de los ciudadanos norcoreanos) y Brasil apenas a 6.
Rusia no recibe a refugiados reubicados. Los Estados del Golfo no responden a los llamamientos de reubicación de la ONU, aunque Arabia Saudita afirma que ha suspendido la deportación de cientos de miles de sirios que excedieron el plazo previsto para las visas de visitante. La mayoría de los Estados del Golfo, salvo Kuwait, también han respondido insuficientemente a los llamamientos de la ONU relativos a refugiados sirios, conforme se indica en un análisis de Oxfam.
“Cada país tiene una responsabilidad moral de asegurar los derechos y la dignidad de las personas que se ven obligadas a huir de su hogar”, observó Roth. “Cuando más de 20 millones de personas dependen de un esfuerzo internacional genuino para resolver su difícil situación, no basta con efectuar declaraciones grandilocuentes”.
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