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Gobierno del Reino Unido invirtió £9.3 millones en folletos explicativos sobre el Brexit

Fuente Cusme.co.uk

El gobierno británico ha gastado aproximadamente 9.3 £ millones de los contribuyentes en publicidad a favor de que el Reino Unido permanezca en la UE.

Una verdadera fortuna ha sido invertida por parte del gobierno, para imprimir 27 millones de brillantes folletos de 26 páginas cada uno, que explican por qué “permanecer en la Unión Europea es la mejor decisión para el Reino Unido.”

El presupuesto está dividido de la siguiente manera impresión y gastos de envío £6 millones y promoción digital casi £3 millones adicionales.

La explicación oficial a este gasto ha sido que el gobierno perseguía dar respuesta a un deseo público de tener más información  antes del referéndum del 23 de junio.

“Este referéndum será una decisión muy importante para nuestro país, tal vez la más grande que tomemos a lo largo de nuestras vidas y es crucial que las personas tengan la información clara y de manera accesible,” informó Liz Truss Secretario del Medio Ambiente.

Sin embargo para Robert Oxley, portavoz de “Vote Leave” el folleto no ha sido más que “propaganda” según dijo en declaraciones para Sky News.

Oxley comentó que existen muchas otras maneras de haber invertido estos £9 millones, por ejemplo la NHS o más enfermeras y se preguntó: “¿Este es el tipo de cosas en las que la gente espera que se gasten sus impuestos?”.

Downing Street por su parte afirma que “no es un documento de campaña”.

“Es una forma sobria del gobierno para difundir esta información” agregó.

Noticia con información de: www.metro.co.uk

Foto: www.news.markets.com

Enlace: http://cusme.co.uk/2016/04/06/gobierno-invirtio-9-3-millones-en-folletos-explicativos-sobre-el-braxit/

 

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Una mirada rápida a la Universidad de las Naciones Unidas: Breve reseña de una Universidad singular

Fuente UNU press

Cuatro funciones clave Estructura
Información esencial Orientación temática
Plan estratégico 2000 Estructura y enfoque institucional
Actividades principales Centros y Programas de Investigación y de Formación
Principal enfoque temático
Misión
«contribuir, a través de la investigación y del fortalecimiento de capacidades, a desplegar esfuerzos para resolver los problemas mundiales más apremiantes, que incumban a las Naciones Unidas, sus Pueblos y Estados Miembros»
(Ver Carta de la UNU)
Cuatro funciones clave
Constituir una comunidad internacional de científicos
Actuar de puente entre Naciones Unidas y la comunidad académica internacional
Constituir un foro de reflexíon dentro del sistema de las Naciones Unidas
Propiciar el fortalecimiento de capacidades institucíonales en los países en desarrollo
Información esencial
Dirección académica: Prof. Dr. Hans van Ginkel, Rector
Prof. Dr. Motoyuki Suzuki, Vicerector, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Prof. Dr. Ramesh Thakur, Vicerector, Paz y Gobernabilidad
Prof. Yozo Yokota,  Asesor Especial del Rector
Presupuesto anual: US$ 35,9 millones (2000)
Personal: 211 miembros procedentes de 30 países
Creada por: Asamblea General de las Naciones Unidas, el 6 de diciembre de 1973
[Résolución 3081 (XXVIII)]
Plan estratégico para el Año 2000 [PDF en inglés solamente]
Actividades Principales Principal enfoque temático
Investigación Paz
Estudios sobre formulación de políticas Gobernabilidad
Fortalecimiento de capacidades Desarrollo
Divulgación y comunicación Ciencia, Tecnología y Sociedad
Redes de conocimientos Medio ambiente
Estructura
Consejo de dirección: 24 expertos internacionales que trabajan en base a sus capacidades personales
Sede: Tokio, Japón
Institutos: 13 Centros y Programas de Investigación y de Formación situados en todo el mundo
Interlocutores: Más de 30 organizaciones del sistema de Naciones Unidas y más de 100 instituciones de investigación de todo el mundo
Areas de Programa: Paz y Gobernabilidad,
Medio ambiente y Desarrollo Sostenido
Orientación temática
Paz Gobernabilidad Desarrollo Ciencia, Tecnología y Sociedad Medio ambiente
Relaciones internacionales
Sistema UNU
Seguridad humana
Conflictos armados
Derechos humanos / Ética
Democracia / Sociedad civil
Liderazgo
Gobernabilidad
Globalización y desarrollo
Crecimiento y empleo
Pobreza y necesidades básicas
Urbanización
Innovación
Tecnologías Info & Bio
Tecnología de programas de computadora
Alimentación y Nutrición
Gestión de recursos
Industria y ciudades sostenibles
Agua
Clima y gobernabilidad a nivel mundial
Cuestiones de alcance interdisciplinario
Mundialización; bienes públicos mundiales; derechos humanos; igualdad entre los sexos; seguridad alimentaria; agua; enfoque Africa; China.
Estructura y Enfoque Institucional de la UNU
Centro UNU (Tokio, Japón) – Coordina las redes globales de la Universidad y se compone de:
Rector: Prof. Hans van Ginkel
Programa Paz y Gobernabilidad
Prof. Ramesh Thakur, Vicerector (thakur@hq.unu.edu)
Programa sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Prof. Motoyuki Suzuki, Vicerector (suzuki@hq.unu.edu)
Programa de Formación y Becas [en inglés solamente]
Dr. Birgit Poniatowski (poniatowski@hq.unu.edu)
Centros y Programas de Investigación y de Formación de la UNU (RTC/Ps)
Instituto Mundial de Investigaciones de Economia del Desarrollo (UNU/WIDER)
Helsinki, Finlandia – Economía del desarrollo
Dr. A. Matti Pohjola, Director p.i. (pohjola@wider.unu.edu)
Instituto de la UNU  para las Nuevas Tecnologías (UNU/INTECH)
Maastricht, Países Bajos – Impactos socioeconómicos de las nuevas tecnologías
Prof. Lynn Krieger Mytelka, Director (mytelka@intech.unu.edu)
Instituto Internacional de la UNU para tecnologías de Programas de Computadora (UNU/IIST)
Macau, China – Tecnologías de programas de computadora para el desarrollo
Dr. Zhou Chaochen, Director (zcc@iist.unu.edu)
Instituto de la UNU de Recursos Naturales de Africa (UNU/INRA)
Accra, Ghana, con una Unidad de Recursos Minerales en Lusaka, Zambia
Gestión de los recursos naturales
Prof. Uzo Mokwunye, Director (mokwunye@ghana.com)
Instituto de la UNU de Estudios Avanzados (UNU/IAS)
Tokio, Japón – Eco-restructuración para el desarrollo sostenible
Prof. A.H. Zakri, Director (zakri@ias.unu.edu)
Programa de la UNU de Biotecnología para América Latina y el Caribe (UNU/BIOLAC)
Caracas, Venezuela – Biotecnología y sociedad
Dr. José Luís Ramírez, Director (jramirez@reaccium.ve)
Red Internacional de la UNU sobre el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU/INWEH)
Hamilton, Canada – Agua, medio ambiente y salud humana
Dr. Ralph Daley, Director (daleyr@inweh.unu.edu)
Academia Internacional de Dirigentes (UNU/ILA)
Amán, Jordania – Avances en materia de liderazgo
Dr. Kennedy Graham, Director (dila@ju.edu.jo)
Programa de la UNU para Alimentación y Nutrición en el Desarrollo Humano y Social
Coordinado por la Universidad de Cornell – Fortalecimiento de capacidades en materia de alimentación y nutrición
Dr. Cutberto Garza, Coordinador (Cg30@cornell.edu)
Programa de Formación Geotérmica (UNU/GTP)
Islandia – Investigación geotérmica, exploración y desarrollo
Dr. Ingvar Birgir Fridleifsson, Director (ibf@os.is)
Programa de Formación en materia de Pesca (UNU/FTP)
Islandia – Investigación y desarrollo en materia de pesca a nivel de postgrado
Dr. Tumi Tomason, Director (tumi@hafro.is)
Iniciativa para la Resolución de Conflictos y Etnicidad (UNU/INCORE)
Ulster, Irlanda del Norte – Iniciativa conjunta de la UNU y la Universidad del Ulster – conflictos de origen étnico, político y religioso,
Prof. Mari Fitzduff, Director (M.Fitzduff@ulst.ac.uk)
Contactar
Universidad de Naciones Unidas
53-70 Jingumae 5-chome, Shibuya-ku, Tokio 150-8925, Japón
Tel: (81) 3 3499 2811 – Fax: (81) 3 3499 2828
Correo electrónico: mbox@hq.unu.edu
Página web UNU: http://www.unu.edu/
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Brasil: CPI deve votar amanhã relatório que viola liberdades na internet

Fonte Intervozes — publicado 06/04/2016

Relatório final de Comissão da Câmara aumenta vigilância, promove censura, ataca liberdades individuais e auto-organização de movimentos e minorias

 

Por Iara Moura*

No Brasil atual, onde a crise política toma grandes proporções e faz com que o debate se espraie para além do parlamento e dos demais centros de poder, controlar a internet aparece como uma resposta dos grupos que se sentem ameaçados pela circulação de informações.

É neste contexto que deve ser votado, na quinta-feira 7, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Crimes Cibernéticos da Câmara, formado por um conjunto de oito projetos de lei que, em suma, têm dois objetivos: vigiar e punir (propositalmente citamos Michel Foucault) condutas consideradas ilegais praticadas por usuários/as das redes.

Diferente do que o/a leitor/a apressado/a possa inferir pelo nome da CPI, a ideia principal dos projetos não é resguardar os/as internautas de ameaças à segurança. Pelo contrário, os projetos se revelam eles mesmos uma ameaça aos direitos já garantidos em legislações anteriores, entre elas principalmente o Marco Civil da Internet que é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo.

Encabeçam esta ofensiva os deputados federais responsáveis pelo relatório: Espiridião Amin (PP/SC), relator; os subrelatores Sandro Alex (PSD/PR), Rafael Motta (PSD/RN), Daniel Coelho (PSDB/PE) e Rodrigo Martins (PSB/PI), e a presidenta da CPI Mariana Carvalho (PSDB/RO).

Ademais apresentar os riscos prementes colocados pelos projetos defendidos no relatório, queremos aqui desconstruir o mito em torno da ideia de “cibercrimes”, útil, em última medida, para a criação de um ambiente virtual altamente controlado e adverso à liberdade de expressão e à defesa dos direitos humanos.

Em primeiro lugar, cumpre dizer que o Código Civil, além de leis recentes contra crimes cometidos no ambiente virtual e da própria Constituição Federal, já oferece um robusto arcabouço legal para punir delitos cometidos dentro e fora do ambiente virtual.

Assim, para além de uma ameaça aos direitos individuais e coletivos, a proposta que será apresentada pela citada CPI é uma ameaça à democracia. A CPI quer transformar em lei as seguintes propostas, reproduzidas abaixo de nota contrária ao relatório lançada pela sociedade civil:

1) A permissão para que autoridades policiais acessem endereços de IP sem necessidade de mandado judicial;

2) A obrigação de que, ao serem notificados, provedores de acesso à Internet removam conteúdos considerados prejudiciais à honra em até 48h sob pena de responsabilização civil e criminal.

3) A obrigação de que provedores de acesso monitorem conteúdos para impedir o compartilhamento futuro de conteúdos previamente notificados como prejudiciais à honra ou de materiais relacionados;

4) A expansão da definição do crime de invasão de dispositivo eletrônico para incluir situações em que não houve danos comprovados e independentemente da intenção;

5) A permissão para que juízes bloqueiem aplicações e serviços no nível da infraestrutura da Internet, o que traz consequências negativas para a liberdade de expressão.

Internet livre sob ameaça

A internet já nasceu com vocação e essência democrática. Está no seu DNA a criação e o compartilhamento de ideias e ações. É natural então, que essa arena pública tenha sido por diversas vezes ocupada por movimentos sociais, trabalhadores/as, defensores/as de direitos humanos, população negra, mulheres, imigrantes, LGBTs e demais minorias sociais, como espaço de organização, empoderamento e ação política. É essa, enfim, a “ameaça” que a CPI dos cibercrimes teme.

De trabalhadores/as de fábrica têxtil no Egito a operários/as chineses/as em fábricas da Honda e a funcionários públicos de Wisconsin: as redes vêm desempenhando um papel fundamental nos movimentos contra-hegemônicos.

Um relatório elaborado por Hossam El-Hamalawy, jornalista e ativista, mostra como o telefone celular e as redes de computadores tiveram papel fundamental na construção do movimento operário no Egito. De fato, foram parte da fundação do movimento de massas que tirou o ditador Hosni Mubarak do poder em 2011. Ele governava o Egito desde 1981.

A chamada Primavera Árabe (no norte da África), o Movimento 15M (na Espanha) e os movimentos “Ocuppy” (em diversos países, especialmente no Estados Unidos) também foram baseados na troca de informações e articulações políticas mediadas pela internet. Teriam tido essas iniciativas os impactos que tiveram sem o livre uso da internet?

No caso dos/as refugiados e/ou imigrantes recém-chegados à Europa e que se utilizam das redes sociais e aplicativos para se comunicar com parentes e amigos, a ameaça também é premente.

Tomadas em resumo, as medidas listadas apontam um alvo de censura e punitivismo para todos os/as usuários/as, mas representam uma ameaça contundente para as minorias políticas. No Brasil, onde a força policial é réu em diversas ações que denunciam violações de direitos humanos e o genocídio da juventude pobre e negra, as propostas contidas no relatório viriam a ampliar o poder do aparato repressivo.

Medidas parecidas de uso da Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) e da internet para aumentar o vigilantismo já foram tomadas em outros países com resultados catastróficos para as liberdades individuais, a privacidade e o livre exercício do jornalismo, para citar alguns exemplos.

No fim do ano passado, o Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro, organização formada por jovens negros de favelas, lançou o aplicativo Nós por Nós, voltado para denúncias de violações de direitos cometidas por policiais.

A ação foi protagonizada pelos jovens e teve sua importância reconhecida pelo Ministério Público. Que tipo de ameaça, esta e outras iniciativas em defesa de direitos encontrariam se o conteúdo do relatório da CPI dos crimes cibernéticos fosse aprovado? Os exemplos mundiais nos fazem capazes de arriscar previsões sólidas.

Na Síria, o combate ao anonimato com o cadastro obrigatório de IPs (espécie de RG do usuário) tem culminado na perseguição, criminalização e silenciamento de diversos/as cidadãos/as que se utilizam da rede para denunciar os horrores da guerra e da intolerância religiosa que assolam o país.

Na Coreia do Norte, Irã, Turquia e China, medidas parecidas foram tomadas e resultaram em situações extremas de cerceamento da liberdade de expressão e de criminalização de opositores a governos e de movimentos étnicos, religiosos, dentre outros.

Afinal, a quem interessa controlar as informações que circulam na internet? Quem seriam os principais beneficiários de uma legislação punitivista que imputasse aos usuários (ou internautas) penas severas para restringir a livre circulação de ideias na rede?

Não é muito difícil chegar a uma resposta a essas questões. Ao longo da história, sempre interessou ao status quo controlar o debate de ideias para excluir contrapontos ao projeto de poder instalado.

Todos/as aqueles/as que atuam na defesa do direito à comunicação, dos direitos humanos, da liberdade de expressão e da democracia, devem estar alerta para se contrapor à ameaça real que estas medidas colocam e defender a internet como espaço plural, participativo e livre para o acesso e circulação de ideias como já ressalta, vale lembrar, o Marco Civil da Internet.

*Iara Moura é jornalista e integra a coordenação do Intervozes.

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México: Niños migrantes: infancia tras las rejas o a merced del crimen organizado

El gobierno de Peña Nieto funge como vigilante de la frontera para evitar que nuevas oleadas de niños migrantes lleguen a Estados Unidos.

México/ 04 abril 2016/Autor: Human Right Watch/ Fuente: La izquierda Diario

Estremecedor. Son más que estadísticas, que cifras. Son niñas y niños obligados a huir de sus países de origen por la violencia y la miseria que imperan, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Ellas y ellos huyen masdfuchas veces para huir de las maras y pandillas, que los hostigan para que se unan a sus filas. Las niñas, además, corren otro peligro: ser víctimas de abusos sexuales o de las redes de trata.

Tienen rostros, tienen nombres, como Edgar V., de 17 años, un caso citado en el informe Puertas cerradas: el fracaso de México a la hora de proteger a niños refugiados y migrantes de América Central, presentado por la División de Derechos del Niño de Human Right Watch (HRW). Muchos viajan solos, sin compañía de adultos.

Durante 2015, más de 18,000 niños fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional Mexicano (INM). Sólo 57 recibieron asilo en tierras aztecas.

Denuncia el informe de HRW que los agentes de migración en la mayoría de los casos apresan a los niños y no les explican que tienen la posibilidad de solicitar asilo en caso de que su vida o su seguridad estén en riesgo en sus países de origen. Tampoco les dan el apoyo de abogados para asesoría jurídica. Además señala que los niños son encarcelados y en muy pocos casos los llevan a refugios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que es lo estipulado por las leyes migratorias mexicanas.

La miseria que pesa sobre la mayoría de la población en Centroamérica, producto de la expoliación incesante que llevan a cabo las trasnacionales y el imperialismo estadounidense, no es causa aceptada por las autoridades migratorias para solicitar asilo ni en México ni en Estados Unidos.

Obama contra los migrantes

Tras la oleada de niños migrantes no acompañados que llegó a Estados Unidos en 2014, Barack Obama desplegó su política contra los migrantes.

Por un lado, cárImagen5cel y deportación a quienes habían llegado hasta el gigante del norte tras sobrevivir a uno de los viajes más peligrosos del mundo para los migrantes: el tránsito por tierra mexicana. Así, el gobierno estadounidense no sólo incrementó la persecución contra la comunidad latina, sino que dio gran impulso al negocio de las deportaciones, una verdadera industria que mueve millones, como explicamos acá.

También Obama, el deportador en jefe, ordenó la implementación en México del Plan Frontera Sur, una campaña político-militar para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Peña Nieto lo hizo.

A este panorama desolador, se suma el hecho de que niñas y niños migrantes no acompañados están expuestos a sufrir abusos tanto por parte de agentes migratorios estadounidenses como por parte de los adultos a quienes son entregados en custodia, en muchos casos personas que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los menores para imponerles explotación laboral o sexual.

El drama de los niños migrantes es una ola rompiendo contra un acantilado de hierro. Mientras hay libre tránsito para las mercancías, se persigue y se encarcela a seres humanos.

La barbarie capitalista ha condenado a muchos a muerte, a un sinfín de atropellos de los derechos más elementales para mantener sojuzgados a millones y lograr, con el látigo del terror, imponer cada vez más explotación.

La crisis migratoria americana no tiene salida a menos que se tejan lazos de solidaridad entre los pueblos centroamericanos y mexicano, junto con la comunidad latina que reside en Estados Unidos, para enfrentar unidos la militarización, las políticas neoliberales que han hundido en la miseria a un amplio sector de la población al sur del río Bravo, y la persecución contra los migrantes.

Las y los trabajadores que demandan en el gigante del norte el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora, la juventud que anhela un cambio, la comunidad afroamericana que resiste la violencia policial, las decenas de miles de estadounidenses que expresaron su solidaridad con México ante la masacre de Ayotzinapa pueden ser sus aliados en la lucha por plenos derechos sociales, sindicales y políticos para los migrantes, así como para el libre tránsito por todos los países de la región.

Se puede consultar acá el informe de Human Right Watch

Fuente de la Noticia:

http://www.laizquierdadiario.com/Ninos-migrantes-infancia-tras-las-rejas-o-a-merced-del-crimen-organizado

Fuente de la Fotografías:

1 y 3 https://www.hrw.org/es/report/2016/03/31/puertas-cerradas/el-fracaso-de-mexico-en-la-proteccion-de-ninos-refugiados-y

2. http://www.laizquierdadiario.com/Ninos-migrantes-infancia-tras-las-rejas-o-a-merced-del-crimen-organizado

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The Family in a New Social Contract: The Case of Russia, Kazakhstan and Mongolia

 

This paper examines the evolution of the family in both conceptual and empirical terms, as well as family support policies, in Russia, Kazakhstan and Mongolia after the dissolution of the Soviet Union. It argues that family support is a central element of a transition to a new social contract in these countries. It uses the systematic analysis of parental leave policies, childcare services, and family allowances and child benefits to understand the nature of the emerging welfare model in the three cases more deeply.
While within social and family policy debate, considerable attention has been paid to advanced welfare states and increasingly to countries in the Global South, the new independent states of the former Soviet Union have remained relatively neglected. This study thus aims to fill a gap in this research and policy area. The paper is further framed within a broader consideration of trends in development of families and family support policies globally and over time.

Being part of the same Soviet social welfare system, Russia, Kazakhstan and Mongolia transitioned from socialism simultaneously, having similar economic trajectories and demographic concerns at the outset. The study proposes a three-stage periodization of family support policies in these countries: (i) family destabilization in 1991–1999 that saw the collapse of the old social contract accompanied with drastic changes in economy and society; (ii) family revival in 2000–2007 that marked the resurgence of family support enabled by economic growth, putting families at the core of the new social contract; and (iii) family strain in 2008–2016 where the fiscal basis for family support policies has been undermined by economic crises, intensifying the vulnerability of families to poverty.

In response to the challenges that Russia, Kazakhstan and Mongolia have faced during transition, the respective governments adopted a pronatalist approach to family support policies, with some variation in measures within this approach and outcomes for families. The analysis of data on social spending, specific family support policies, as well as the priorities and concerns of the three governments, reveals a dissonance between the state rhetoric of the importance of the family as a social institution and the reality of its policy interventions. Despite some significant state efforts to support families, which contributed to the increase in fertility and reduction in poverty in these countries, there has not been sufficient emphasis on the quality of care services for children and the elderly, work-family reconciliation and gender equality.

The analysis further points to a shift in the relationship between the state, society and family within the new social contract, which entails more family autonomy and involves the partnership between the state, family and other actors including the private sector and non-governmental organizations. The underlying principle of self-responsibilization that serves as the basis of this relationship reflects a trend towards refamilialization in these contexts. The study indicates that these countries represent a hybrid welfare model, with a dominant liberal part and some distinct elements of the conservative model and to a much lesser extent of the social-democratic model.

The study also finds a growing tension in the institution of the family in Russia, Kazakhstan and Mongolia (as well as more globally), which has a negative impact on the structure, composition and well-being of families. To improve this, the paper suggests that family support policies in these countries could focus on ameliorating the access and quality of social services for children and the elderly, creating family-friendly employment opportunities with equal amount of paid maternity and paternity leaves, eradicating poverty through increasing incomes and social payments, and enhancing gender equality through reducing unpaid care work and promoting shared responsibility within the family. This all can help generate better future returns in terms of economic growth, human capital development and social cohesion.

Esuna Dugarova is a Research Consultant at the United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Link: The Family in a New Social Contract: The Case of Russia, Kazakhstan and Mongolia

 

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IBE UNESCO supports the Afghan Curriculum Reform

Fuente IBE UNESCO

In cooperation with the UNESCO Office in Kabul, the IBE is providing technical support to the Ministry of Education of Afghanistan to develop a National Curriculum Reform Proposal aligned with the country’s quest for economic development.

H.E. Mohammad Ashraf Ghani, President of Afghanistan, called for an improvement of quality in education by creating a tangible linkage between education and the economic and social development of the country. A forward-looking curriculum comprising instructional materials and teaching and learning strategies is required to contribute to the country’s development goals. The Afghan Ministry of Education has strategized to conduct a needs assessment and a comprehensive review of the existing curriculum that could prepare the basis for  the development of a Curriculum Reform Plan. The comprehensive plan will lay the foundations for strengthened linkages between Afghanistan’s school curriculum, its national economic development, and improved employment and development opportunities for its youth. The curriculum should also be based on broad-based discussions that establish common understandings, ownership as well as strong political and social commitment and support.

Upon request from the MoE and as UNESCO’s institute specialized in curriculum, learning, teaching and assessment, the International Bureau of Education (IBE) is collaborating with the UNESCO Office in Kabul to provide technical support in conducting the needs assessment, reviewing the existing curriculum, and contributing to the elaboratation  of the Curriculum Reform Plan. The IBE intervention is guided by the idea that through a well-designed curriculum, the education system can support inclusive, fair and sustainable development.

A preliminary situational analyses of the current national curriculum’s strengths and weaknesses, as well as the issues and challenges to be addressed, have enabled the identification of the major areas for the intended reform, including:
•    At the official curriculum level – revising current curriculum framework and textbooks; shortening the number of school subjects; strengthening vocational preparation; developing a national student assessment policy;
•    At the implemented curriculum level – guaranteeing the prescribed school time; improving teacher education and teacher professional development; revising teacher education curriculum and guide books; developing capacities at large;
•    At the curriculum processes level – engaging more stakeholders; improving coherence between education sub-sectors; developing a curriculum evaluation strategy.

During a field visit (12-16 March 2016), the IBE will conduct policy and technical consultations with MoE staff and other stakeholders, gather feedbacks, and share curriculum reform proposals/experiences from other countries. Based on the draft curriculum proposal, all stakeholders will provide inputs to further discuss and validate the intended curriculum reform proposal.

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El negocio de la formación docente

El corazón de lo que el régimen llamó “reforma educativa” es la evaluación y la profesionalización de los docentes; ni lo uno ni lo otro ha podido llevarse a cabo de manera eficiente, unas veces por la oposición abierta de los profesores y profesoras; otras, por la misma ineficacia de las instituciones gubernamentales responsables, que han convertido su discurso en una simple falacia mediática.

 

Los 361.91 pesos que anualmente se destinan para la formación de cada uno de los docentes de educación básica es una cantidad irrisoria. Obviamente, no es un presupuesto siquiera cercano a lo que se necesita para impulsar la actualización y la preparación demandada por una reforma que ha focalizado la principal responsabilidad del impulso al sistema educativo en el profesorado.

Las cifras son muy dispares para el nivel medio superior, donde el gasto para la formación continua asciende a 10 mil pesos anuales por cada trabajador; esto se ha vuelto un jugoso negocio para la iniciativa privada, porque el sector público ha sido desplazado paulatinamente como responsable del diseño y operación de los cursos para el magisterio.

La canalización de recursos públicos a través de contratos preferenciales para favorecer a los sectores empresariales allegados al partido y grupo en el poder ha sido un mecanismo recurrente por el gobierno de Enrique Peña Nieto que raya en la corrupción, de suerte que las plataformas virtuales y paquetes de formación docente son comprados en altos costos a empresas– como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey– que no sólo aparecen en el catálogo nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de instituciones con las que se pueden realizar estos contratos, sino que también están entre los principales promotores de la supuesta “filantropía” pregonada por Mexicanos Primero.

En consecuencia, los llamados Centros de Maestros, que debieran asumir la responsabilidad de la formación continua del magisterio, están siendo abandonados por esta política privatizadora y carecen de elementos básicos para su funcionamiento. Las informaciones oficiales del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa muestran que alrededor de la mitad de estos Centros no tienen aulas de medios, tampoco cuentan con bibliotecas y los salones son insuficientes.

También son graves las cifras reconocidas por los encargados de la profesionalización docente respecto de quienes atienden en los Centros, cuyos equipos no superan las 10 personas para satisfacer la demanda de 267 escuelas en promedio; sin embargo, los datos oficiales son todavía muy conservadores: en varios casos la realidad es mucho más crítica. Por ejemplo: la ciudad de Morelia atiende varias regiones que juntas hacen un promedio de 15 mil profesores, pero cuenta con tan sólo dos de estos centros.

En el fondo está el desmantelamiento del sistema público, la perspectiva tecnocrática de economía de libre mercado, que pretende quitar de la rectoría del Estado la formación docente, para que las grandes firmas de la educación privada tengan un mercado cautivo que les permita entrar en el negocio de la educación por nuevas honduras.

Detrás de las “pequeñas” escuelas particulares –o patito, como se han denominado coloquialmente– y que crecen al por mayor en todas las ciudades del país están los grandes consorcios de la educación privada, que ya van tomando el control de la formación de profesores, unas veces absorbiendo los presupuestos públicos como antes mencioné pero, en otras ocasiones, ofertando indiscriminadamente cursos que deberán ser pagados por los mismos docentes ante el hostigamiento de prepararse para la evaluación obligatoria y de carácter universal que los amenaza con la separación de su función, aunado a la insuficiencia provocada en los Centros de Maestros para atender la gran demanda que ello implica.

La fabricación a gran escala de cursos y talleres para la formación técnica de los docentes es un hecho que consuma su desprofesionalización, los trayectos cortos y con la menor infraestructura son más baratos y rentables para la escuela maquiladora, pero promueven la “capacitación” en sentido estrecho de los docentes y tienen los peores resultados en el aprendizaje integral de los alumnos.

Aberrantemente el nuevo Servicio Profesional Docente promueve estas iniciativas al no tener entre sus prioridades a considerar para la evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento de los mentores su nivel académico. Significa que aquellos que se hayan decidido por el estudio de posgrados para la investigación o el diseño de propuestas educativas innovadoras, transformadoras y alternativas, serán simplemente ignorados en sus esfuerzos, porque lo realmente funcional para esta reforma son los cursos de administración escolar, los de llenado digital de información de evidencias y los que capaciten para la contestación del examen de opciones múltiples.

En tales circunstancias, el discurso promovido por el actual gobierno mexicano, en tanto que esta reforma eleva la “calidad” educativa y crea, además, las condiciones para garantizar el “derecho” de los y las maestras para mejorar sus conocimientos y su práctica pedagógica se derrumba como una torre de arena en el desierto de las buenas intenciones.

El llamado que hace el gobierno mexicano al cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un exhorto unilateral que lo exime de su propia responsabilidad para crear las condiciones elementales de formación y evaluación de los maestros, lo que fundamenta la sospecha de haber creado dos instrumentos con un mismo objetivo: la muerte de la estabilidad laboral.

La disidencia magisterial no ha sido pasiva frente al desmantelamiento de los espacios públicos de formación continua y la desprofesionalización de su función pedagógica. En diversas entidades de la República se están construyendo espacios alternativos para formar otros perfiles ajenos a las perspectivas empresariales y más cercanos a la formación de los educadores populares, de altos compromisos sociales, comunitarios y éticos con la vida y la diversidad pedagógica y cultural, que se alejan del ascenso personal para asumir proyectos colectivos de transformación social.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Historiador y profesor; miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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