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Los sindicatos critican el nuevo acceso a la función docente, modificado in extremis por el Gobierno

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CCOO, UGT y CSIF critican que el texto finalmente aprobado genere dificultades a quienes aspiran a las plazas al separar las ofertas para cubrir plazas de reposición y para la estabilización de los puestos de interinidad.

En los últimos meses se esperaba la aprobación de la modificación del sistema transitorio que tendría que dar respuesta al acuerdo entre Gobierno y sindicatos para reducir la interinidad hasta el 8% desde, aproximadamente, el 25% en donde se encuentra actualmente. El acuerdo tiene un periodo de aplicación, inicialmente, de 2022 a 2024.

Mientras que los sindicatos han intentado acelerar el procedimiento para la tramitación de la modificación del Decreto 276/2007, las comunidades autónomas se han dado toda la prisa posible para aprobar y convocar los procesos selectivos de este 2022 antes de las novedades en un intento por beneficiar a las y los interinos que actualmente tienen trabajando. A pesar de que en otros momentos se ha respetado tramitaciones similares y se han convocado las plazas de oposiciones después de los cambios, en esta ocasión, las administraciones autonómicas han preferido no hacerlo en su mayor parte.

Esta situación ya generó el descontento por parte de los sindicatos que firmaron el acuerdo de estabilización (CCOO. CSIF y UGT). Un descontento que ha vuelto a aparecer una vez que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el texto definitivo y que ha supuesto diferencias con lo acordado con ellos en las meses de negociación.

El mayor problema es que el Gobierno ha decidido a última hora, según cuentan, por un dictamen del Consejo de Estado, a separar las ofertas de empleo público. Según el último sistema, las CCAA agrupaban en las mismas convocatorias las plazas para cubrir la tasa de reposición y las de estabilización. En realidad las plazas no se distinguen cuando se ofertan, simplemente se suman una a la otra.

La disposición adicional cuarta, que es la que se ha introducido ahora para cumplir con el acuerdo de estabilización 2022-2024 impone que se oferten por separado ambas. Esto generará, explican los sindicatos, inseguridad jurídica, además de importantes problemas de organización y burocracia.

La inseguridad jurídica se producirá por el hecho de que las comunidades autónomas podrán decidir cuál es el procedimiento que prefieren utilizar para que las y los aspirantes accedan a la función docente. Según el sistema aprobado ayer, las plazas que sean para estabilización pasarán por un examen con dos pruebas que no son eliminatorias (reivindicación de los sindicatos para favorecer a las y los interinos). Además, la parte de oposición cuenta un 60% y la de concurso, el 40%. Estos porcentajes son algo diferentes actualmente (67 y 33 respectivamente).

El problema es que las plazas de la tasa de reposición podrán regirse por el sistema actual, en el que las pruebas son eliminatorias, de forma que quien no pase el primer examen no puede continuar. El sistema así genera una primera criba que simplifica la segunda, pero que por ende también provoca que queden plazas desiertas, de manera que la interinidad se perpetúa.

A partir de 2023, que será cuando comience a utilizarse este nuevo sistema, las comunidades autónomas tendrán que ver si las pruebas para ambas plazas (a las que puede presentarse cualquiera) se harán el mismo día a la misma hora o en momentos diferentes. Esto también genera cierta inseguridad jurídica, según los sindicatos, puesto que como explica Héctir Adsuar, responsable de pública de CCOO, un mismo aspirante tiene derecho a presentarse en ambos procesos, pero si estos se programan de manera simultánea, virtualmente se queda fuera de uno de ellos sí o sí.

Los sindicatos no se explican este cambio de última hora sobre el dictamen del Consejo de Estado. Un dictamen que no siempre es vinculante y que en el caso del proceso extraordinario anterior no había sido contrario a que se convocaran los dos tipos de plazas en los mismos procesos.

A esto se suma, como explica por ejemplo CSIF en un comunicado, que el cambio en el proceso contradice las directrices que el propio Gobierno ha dado a las administraciones desde la Secretaría de Estado de Función Pública para que se ofertasen conjuntamente los diferentes tipos de plazas.

Fuentes sindicales comentan que una posibilidad para que esto se haya hecho así podría ser para transmitir la idea de que a pesar del cambio, se ponen las cosas un poco más complicadas para el personal interino en ese equilibrio complejísimo entre quienes aspiran a las plazas recién terminados los estudios y con buenos expedientes académicos y quienes lo hacen después de varios años de experiencia profesional y el peso que esta tiene en los méritos.

Adsuar, que prefiere no conjeturar sobre las razones de este cambio, asegura que el nuevo procedimiento para la estabilización de plazas beneficia a todos los colectivos, principalmente, porque suma muchas más plazas a las que obtar siendo aspirante que si estas se separan en convocatorias independientes. El responsable sindical asegura que CCOO estudiará todas las posibilidades, también jurídicas, para echar atrás esta parte de la reforma en el acceso.

Desde el Ministerio aseguran que con el nuevo sistema se estabilizarán las plazas de interinidad para reducir esta al 8% desde el 23 actual. Preguntado por las quejas de los sindicatos, fuentes del Departamento de Pilar Alegría prefieren no comentar la situación.

Eso sí, el decreto recoge las aportaciones principales de los sindicatos en relación al peso de la experiencia docente previa así como de la formación de las y los candidatos. También, y es uno de los puntos importantes, el hecho de que ninguna de las dos partes que compondrán la oposición sea excluyente, de manera que aunque se falle en una se pueda hacer media con la otra.

Los sindicatos han defendido desde hace años esta posibilidad para que se garantizase en mayor medida las posibilidades de conseguir plaza a quienes tienen experiencia docente. Esta experiencia ganará algo más de presencia enla baremación y, además, al no haber partes eliminatorias, facilita que quienes están trabajando actualmente acudan con menos presiones al tener menos tiempo para prepararse los exámenes.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/04/13/los-sindicatos-critican-el-nuevo-acceso-a-la-funcion-docente-modificado-in-extremis-por-el-gobierno/

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España: CCOO acusa a Educación de «ignorar» los acuerdos de la Junta de Personal en contratación de maestros PROA+

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha acusado a la Consejería de Educación de «ignorar» los acuerdos de la Junta de Personal Docente en contratación de maestros PROA+.

En un comunicado, el sindicato ha vuelto a criticar la forma de actuar y la «falta de transparencia» de la Consejería de Educación en lo que se refiere a la contratación de empleo público y ha lamentado «el oscurantismo y la falta de negociación» en lo relacionado con el cuerpo de maestros, donde «está ignorando lo acordado en las últimas reuniones mantenidas con los sindicatos representados en la Junta de Personal Docente».

Concretamente, la Federación de Enseñanza ha censurado que «el nuevo despropósito» de la Consejería de Marina Lombó se refiere a la contratación de plazas vinculadas al programa PROA+, financiado en su integridad por Fondos Europeos.

CCOO ha explicado que estas plazas, según la última reunión informativa entre la Consejería y las organizaciones sindicales de la Junta de Personal, comenzarían a ser ofertadas a partir del 11 de noviembre, con contratos a jornada completa y con duración hasta el 31 de agosto.

La «sorpresa» del sindicato ha sido ver ya en la página web de la Consejería la oferta de una plaza para un centro concertado con una jornada parcial de 25 horas semanales y requiriendo una titulación que no se ajusta a las materias que según la oferta se ha de impartir.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha subrayado que «este sindicato no va a consentir este tipo de discriminación entre la pública y la concertada y muchísimo menos la desigualdad de trato entre trabajadores de un mismo cuerpo que, desempeñando el mismo trabajo, tengan peores condiciones que otros compañeros».

En este sentido, ha señalado que en la pública los afectados son los docentes de Educación Infantil y Primaria, «que, habiendo solicitado una plaza del cupo COVID, van a perder el salario y los puntos de los meses de verano y, en el caso de los docentes de la concertada, que una plaza PROA+ pagada íntegramente por fondos europeos, tenga carácter de parcialidad», ha dicho.

Sánchez ha asegurado que va a poner este asunto en manos de los servicios jurídicos del sindicato «para ver qué se puede hacer» y ha animado a todos quienes se encuentren ocupando una plaza Covid en Educación Primaria a ponerse en contacto con la Federación para estudiar su caso y «pelear por sus derechos».

Fuente de la información: https://www.20minutos.es

Imagen: https://cantabria.fe.ccoo.es/Politica_de_privacidad

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España: Los sindicatos esperan una negociación rápida para llevar el teletrabajo a la educación

Europa/España/24 Septiembre 2020/eldiariolaeducación.com

  • La modificacion del Estatuto, que está previsto que entre en el Consejo de Ministros el próximo 29 y que se hará, presumiblemente, por vía de Real Decreto-ley, no quita para que los territorios y por sectores de actividad puedan negociar las condiciones de quienes quieran o puedan teletrabajar.

Mientras las indicencias en centros educativos relacionadas con la Covid-19 no paran de sucederse, se cierran aulas por contagios de alumnos y docentes, se envía al personal de baja o de cuarentena, los sindicatos educativos esperan, al menos así lo asegura Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, una negociación, «en cuestión de semanas», que lleve a los colegios e institutos el acuerdo en materia de teletrabajo que se ha conseguido en la mesa de negociación de los empleados públicos.

Y no solo se espera que la negociación sea rápida con el Ministerio de Educación, primer paso, sino con las 17 comunidades autónomas a las que, con posterioridad, tendría que llegar (aunque Extremadura tiene su propio texto ya). Y deben ser semanas porque, aunque la pandemia es una situación coyuntural y, en principio, terminará tarde o temprano, hoy por hoy no se puede descartar ningún escenario de cierre.

Como se anunciaba hace unos días, los sindicatos han conseguido un acuerdo con el Gobierno para que se modifique el Estatudo Básico del Empleado Público, de manera que se regulen cuestiones como el derecho a la desconexión o la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de facilitar los equipos y dispositivos necesarios para que el funcionariado pueda desarrollar su labor desde casa. Ambos puntos han sido fundamentales, al menos, durante el periodo del estado de alarma, con docentes respondiendo comunicaciones durante todo el día, muy por encima de su horario habitual de trabajo, o en días festivos.

Aunque es complicado de calcular, el coste para las administraciones de conseguir que todo el profesorado que tenga que desarrollar su labor en casa, ya sea por una cuarentena obligada o por estar en régimen de semipresencialidad en algún curso alto de la secundaria, la cifra puede ser bastante elevada. Aunque para Maribel Loranca, secretaria de FeSP-UGT podría establecerse algún tipo de sistema de préstamos para quienes se encuentren en estas situaciones.

Desde el Ministerio de Educación y FP todavía no se tiene prevista esta posible Mesa Sectorial con los sindicatos para ver de qué manera «baja» el texto al sector docente concreto. Según Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación todavía es pronto, hay que esperar a que el texto de la modificación llegue al Consejo de Ministros (está previsto que lo haga el próximo martes) para comenzar a dar los primeros pasos de la negociación.

Sobre la mesa, además de cuestiones relacionadas con equipamiento informático o el número de horas y el horario exacto de trabajo para el personal docente, hay otras cuestiones de fondo como el derecho a la intimidad y a la protección de datos dado el anuncio de alguna autonomía de emitir en streaming las clases de los docentes cuyos grupos se encuentren en semipresencialidad. Protección para el profesorado que imparte como para el alumnado que se encuentra físicamente en las aulas mientras se emiten las clases.

Tanto para Loranca como para García, en cualquier caso, el teletrabajo en el sector educativo debe prácticamente circunscribirse a la situación de pandemia actual, dado que la apuesta, en este sector al menos, debería ser siempre por la presencialidad. De hecho, ambos destacan, dentro del acuerdo general, la garantía de la prestación de servicios de la administración de manera presencial al ciudadano.

Por delante, ahora, en cualquier caso, está el trámite de enviar la propuesta de modificación del Estatuto al Congreso de los Diputados donde no debería haber grandes complicaciones para aprobarlo. Principalmente porque hay acuerdo entre Gobierno y sindicatos y, en la normativa que regulará al sector privado, también con la patronal. Según fuentes sindicales, la modificación llegará en forma de Real Decreto-ley en un intento por agilizar el trámite, aunque tendrá que contar con el beneplácito de la Cámara. Antes pasará por el Consejo de Ministros.

Para Loranca, en cualquier caso y dure lo que dure este trámite, no hay problema para que el Ministerio de Educación convoque lo antes posible la Mesa Sectorial con los sindicatos de enseñanza para ir avanzando un marco que, después, llevue a las autonomías. Francisco García, desde CCOO, es de la misma opinión. La negociación debería poder desarrollarse en las próximas semanas. Y más con el escenario de incertidumbre actual en relació a la pandemia.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/23/los-sindicatos-esperan-una-negociacion-rapida-para-llevar-el-teletrabajo-a-la-educacion/
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España: CCOO pide la contratación de 70.700 docentes para un curso seguro y con presencialidad total

Europa/España/03 Septiembre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El sindicato ha hecho público un informe con las condiciones que entiende que deberían darse en todo el país para un curso «lo más seguro posible» y con presencialidad. El coste sería de unos 4.500 millones de euros para la contratación de unos 70.700 docentes en todas las comunidades autónomas. y la apertura de 34.000 nuevas aulas.

Con tres escenarios posibles, CCOO apuesta por el que sale del acuerdo de la Conferencia Sectorial de junio. Es decir, con unas ratios máximas de 20 alumnos por aula. Un escenario que, a día de hoy, solo se ha negociado en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Tal vez Madrid, si Educación cumple con lo anunciado hace unos días, podría colocarse en un escenario parecido.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato ha criticado el hecho de la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas en relación a la seguridad de la vuelta a los centros educativos, dado que no ha habido ninguna homogeneización en sus medidas y reclama, como mínimo, que el Gobierno central regule una bajada de las ratios, hasta 20 alumnos por aula. «Se puede hacer y hay precedentes», ha asegurado el dirigente, que se ha remitido al Real Decreto ley 14/2012 por el cual, el ministro José Ignacio Wert, impuso un aumento de las ratios en todo el país del 10%. Para el sindicato es momento de que se utilice esta misma herramienta, el Real Decreto ley pero en sentido contrario.

Esto supondría un aumento importante del número de docentes, unos 70.700 más en todo el país. Con ello, podrían abrirse unas 34.000 aulas más en todo el Estado, de manera que podría asegurarse la ratio de 20 alumnos por aula. El sindicato cifra la medida en unos 4.600 millones de euros.

García también se ha referido a los datos que empiezan a oírse en relación a la cantidad que podría dedicarse a educación de los fondos europeos de 140.000 millones comprometidos (aunque necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado). Según ha dicho, se habla de que un 5% de esta cifra acabe en la educación, es decir, 7.500 millones de euros. El secretario general ha insistido que, a parte de esta cantidad, «a la educación se le deben 9.000 millones» recortados, principalmente, a partir de 2012. Según sus palabras, a los 7.500 millones de la UE, habría que sumar estos 9.000.

Para el secretario general de la Federación quedan pocas oportunidades para que el Gobierno y las CCAA se pongan de acuerdo y hagan el esfuerzo necesario de cara a una vuelta segura a las aulas. Y una de estas oportunidades es la Conferencia de Presidentes del próximo día 4 de septiembre en la que se tratará la educación como único tema. «Esperamos que la Conferencia sea para algo nuevo, que no hayamos escuchado hasta ahora», ha dicho García, quien ha asegurado que sobre medidas sanitarias está todo claro, pero en relación a «las medidas organizativas, educativas y de inversión para un inicio seguro y una presencialidad segura, de eso, no hay casi nada». «Si la educación fuera una prioridad, a lo mejor esto se habría hecho en el mes de junio. No se hizo entonces y ahora hay que hacerlo corriendo», ha asegurado.

El sindicato también exige que, en cualquier caso, el capital que el Gobierno transfiera a las comunidades autónomas tenga carácter finalista, y no como los 2.000 millones comprometidos hasta ahora. Esta cantidad puede o no ser usada por los gobiernos autonómicos para educación. CCOO quiere que las próximas inversiones sean finalistas, no solo para educación, sino para ciertas cuestiones muy concretas: contratación de personal para bajar las ratios; para la mejora y adecuación de los espacios educativos necesarios; para la atención a la diversidad o para la dotación de herramientas y recursos digitales para alumnado y profesorado.

El escenario que ha planteado CCOO es el más conservador de los tres que pone sobre la mesa en su informe. El más costoso ya lo presentó a finales del curso pasado y tenía previsto 15 alumnos por aula, con la contratación de 170.000 docentes y un coste total de 7.400 millones (5.150 solo en contrataciones).

El otro palanteamiento se refiere a ratios de 15 alumnos en infantil y 20 en el resto de las enseñanzas no universitarias. Se trata de un escenario intermedio en el que las administraciones públicas deberían invertir 5.564 millones de euros, de los que 3.412 serían para contrataciones.

En cualquiera de los tres marcos, CCOO plantea, independientemente del número de nuevos docentes contratados, una serie más de inversiones que deberían dedicarse a la formación docente (136,5 millones); Plan Compensación Educativa (programa de refuerzo + becas: 1.010 millones); un plan renove de centros educativos (572 millones); inversión en la «nube educativa» (368,5 millones); equipos informáticos (119,5 millones), y un plan renove informático (26,5 millones de euros).

El documento de CCOO se completa con una batería de 20 medidas que vienen a detallar cada uno de los puntos anteriores y añaden algunos otros en relación a la seguridad y salud laboral o a las bajas y su sustitución a lo largo del curso. También ponen el foco en elementos como el currículo, el paso entre etapas o el papel importante que juega el personal de administración y servicios o las familias.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/02/ccoo-pide-la-contratacion-de-70-700-docentes-para-un-curso-seguro-y-con-presencialidad-total/

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España: El Gobierno repartirá 2.000 millones para la educación pública a partir de septiembre

Europa/España/11 Junio 2020/eldiariolaeducacion.com

Las comunidades autónomas recibirán una cantidad proporcional relacionada con su inversión en educación pública, según las palabras del presidente Pedro Sánchez. El ingreso se hará en el mes de septiembre.

Dos mil millones de euros para la educación pública. Será una parte de la inversión que el Gobierno de Pedro Sánchez realizará, a fondo perdido, en las comunidades autónomas. La noticia, dada a conocer ayer en la Conferencia de Presidentes, supone un giro al plan inicial del Ejecutivo de Moncloa.

La cantidad supone un importante inyección de capital para las comunidades autónomas de cara al mes de septiembre, fecha prevista en la que se realizará el pago, aunque, en palabras de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, «todavía insuficiente». Y es que hace pocos días esta misma Federación reclamaba al conjunto del Estado (Gobierno y autonomías), un incremento de hasta 5.000 millones solo en contratación de profesorado. Y un total de 7.400 millones.

«2.000 millones de euros que se van a repartir en base a criterios representativos de gasto en educación pública, a pagar en septiembre. La educación es para este gobierno una prioridad absoluta, como para las CCAA. Supone, en definitiva, una garantía de que todos los niños y niñas, independientemente de la capacidad económica de su familia, tengan las mismas oportunidades. La educación de hoy es el bienestar económico y social de mañana» afirmó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes.

Todavía está por concretar cuáles serán exactamente los criterios que impondrá Madrid para el reparto de la cantidad o si los fondos tendrán carácter finalista o las comunidades autónomas podrán decidir en qué partidas se gastan el dinero.

Desde CCOO, García asegura que entiende que la inversión que desde el sindicato creen que debe hacerse en educación pública no debe salir, en exclusiva, del Gobierno central, sino también de las autonomías, que son las que tienen las que han de gestionar el sistema educativo.

El secretario general de FECCOO cree que el esfuerzo financiador, en primer término, debe ser para que la vuelta a las aulas se haga con garantías de seguridad: distancia mínima entre alumnos, ratios máximas, a garantizar medidas sanitarias, a reforzar la limpieza y desinfección de los centros educativos, en personal de prevención de riesgos laborales, aumento de plantillas o reducción de la brecha digital.

Este jueves, las consejerías de Educación de las comunidades y el Ministerio se reunirán en la Conferencia Sectorial que, presumiblemente, hablarían sobre la vuelta a las aulas a partir de septiembre. Es de suponer que también conversarán sobre el anuncio de inversión de Sánchez.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/06/08/el-gobierno-repartira-2-000-millones-para-la-educacion-publica-a-partir-de-septiembre/

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España: CCOO exige que se creen todos los comités de seguridad y salud en el trabajo

Europa/España/21 Mayo 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El sindicato ha presentado un informe en el que plantea una serie de necesidades para la desescalada educativa y la vuelta a las clases a partir de septiembre. CCOO denuncia que los comités de seguridad y salud en el trabajo, obligatorios, de las CCAA están, en muchos casos, todavía por formar y, en otros, sin atribuciones reales.
  • CCOO reclama la necesidad de una importante inversión de cara al curso que viene para poder hacer frente a los escenarios más que probables de vuelta escalonada y posible nuevo confinamiento.

Preservar el derecho a la salud para ejercer en las mejores condiciones posibles el derecho a la educación». Este es el objetivo que se marca CCOO, en palabras de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza, en la presentación del informe Propuesta de CCOO en materia de salud y seguridad en centros educativos que ha presentado esta mañana.

Durante la rueda de prensa, los responsables de salud laboral del sindicato han destacado la necesidad de que los obligatorios comités de salud y seguridad en el trabajo que deben poner en marcha las CCAA en muchos casos todavía están por nombrar y en otros, aunque constituidos, no están realizando los trabajos que serían necesarios de cara a la desescalada en el sistema educativo o la vuelta a los centros de cara al mes de septiembre próximo.

Entre las propuestas que lanza el sindicato se encuentra la redacción, por parte de las administraciones educativas, de documentos marco sobre los que trabajar en relación a la prevención de riesgos laborales. Unos documentos que, después de redactados en consenso con los agentes sociales (sindicatos y familias), han de traer aparejada la financiación suficiente y han de ir siendo evaluados para comprobar su aplicación y la posible necesidad de corrección en función de las diferentes situaciones sanitarias que pudieran darse a lo largo del tiempo.

Por supuesto, en la situación actual y para hacer frente a la incertidumbre que pesa sobre el sistema educativo en concreto, el sindicato entiende que es necesaria la contratación de mucho más personal docente para atender con seguridad al alumnado, así como de otros perfiles de apoyo a la labor docente. Y, por supuesto, el refuerzo de las plantillas de personal de limpieza de los centros educativos para que puedan hacer frente a las necesidades de desinfección e higiene que habrá en el futuro próximo. Unas plantillas que en muchos territorios ya venían siendo muy justas y que, a partir de ahora, verán multiplicado su trabajo para mantener los centros educativos lo más limpios posible para evitar contagios.

Este aumento de la inversión, CCOO todavía no lo ha cuantificado. Francisco García ha asegurado que la semana que viene harán público un nuevo documento que refleje esta cifra. Esperan que el Gobierno central, así como las CCAA, hagan un esfuerzo extraordinario en este sentido y que sea posible contar con fondos europeos también. En cualquier caso, García ha dicho que con menos cantidad que la recortada en 2012 (unos 9.000 millones de euros) se podría hacer frente a la contratación de más personal para el curso 2020-2021.

Otra de las exigencias que planteó ayer mismo CCOO junto a otros sindicatos en la reunión mantenida con el Ministerio de Educación y FP, es que se regule el teletrabajo en la función docente, sector en el que no existe normativa. Y más, teniendo en cuenta el escenario posible de que haya que mantener las ratios en 15 alumnos y que establecer turnos de asistencia al centro y de mantenimiento de la enseñanza a distancia al mismo tiempo.

Rafael Páez, adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, afirmó que es tiempo ahora de planificar muy bien el inicio del curso y de tener en mente, además de cuestiones como la organización de las entradas y salidas de los centros, los usos de los espacios comunes, el desarrollo de los recreos o la posibilidad de evitar que un grupo clase tenga contacto con otros de su mismo colegio o instituto, otras como el uso de los comedores escolares o el transporte escolar. Indicó que lo preferible sería el transporte privado, lo más sostenible posible, al tiempo que indicó que muchos alumnos están obligados a usar las rutas de transporte escolar habituales, como en el caso de los centros rurales.

En cualquier caso, los dirigentes del sindicato han insistido en la necesidad de que sean las administraciones educativas las que se encarguen de la compra del material de protección que deberían utilizar docentes y personal de administración y servicios y no dejar esta responsabilidad a las direcciones de los centros. No tienen la formación necesaria en riesgos laborales ni tienen por qué conocer cuáles son los requerimientos técnicos de, por ejemplo, las diferentes mascarillas. Además, existe la posibilidad del abaratamiento de costes si la compra la hace la administración simplemente por el volumen.

Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, se pronunció, durante la presentación, en relación a la posibilidad de que se hagan pruebas PCR a los docentes cuando se incorporen al puesto de trabajo en septiembre. Y lo hizo en el sentido de que este tipo de acciones, en realidad, no suponen una protección ya que, aunque alguien esté sano en el momento de hacérsela, no está libre de la posibilidad de contagiarse después.

También habló de la posibilidad de conflicto en relación a la protección de datos y a la dificultad de hacer estos análisis a todo el profesorado todos los días para intentar asegurar que los centros, por esa parte, están libres de pandemia. Para ella, este tipo de actuaciones tendrían que desarrollarse desde los centros de atención primaria y no desde los centros educativos.

Rafael Páez habló de algunos riesgos de hacer estas pruebas al profesorado, empezando por una falsa sensación de seguridad que pudiera derivar en un relajamiento de las acciones de prevención y seguridad. Y abundó en la cuestión de la toma de temperatura, algo que también puede vulnerar los derechos de protección de datos, a parte de ser síntoma de otras enfermedades no relacionadas con la COVID-19.

Desde el sindicato ven con buenos ojos que la mayor parte de las CCAA hayan decidido que los centros de educación infantil, así como de educación especial, no abran sus puertas en estas útlimas semanas de curso, dadas las dificultades que ambos colectivos entrañan a la hora de mantener las mínimas condiciones de seguridad, como el distanciamientos social.

En el caso del alumnado de educación especial, ven una posibilidad en hacer un seguimiento uno a uno, en atención domiciliaria, con más recursos de personal para hacerlo, en un proceso paralelo al que siguen algunos menores tras un periodo de hospitalización y que son atendidos en su domicilio por una docente en contacto con el centro educativo para poder hacer el seguimiento del curso.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/20/ccoo-exige-que-se-creen-todos-los-comites-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/

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España: Seguimiento masivo de la huelga en Andalucía según los sindicatos

Europa/España/05 Marzo 2020/eldiariolaeducacion.com

Los sindicatos cifran en un 60% de parón en los colegios y un 80% en los institutos. El Gobierno andaluz habla de un 13,5%.

Como en toda convocatoria de huelga las cifras siempre quedan desdibujadas por la habitual «guerra» entre las partes. En la jornada desarrollada hoy en Andallucía contra el nuevo decreto de escolarización por suponer un «ataque a la pública» (así lo ven quienes han convocado) la guerra es menos puesto que Educación no ha ofrecido datos sobre el seguimiento.

Sindicatos como Ustea o CCOO han cifrado el porcentaje en un 60 para los colegios de infantil y primaria y en un 80% para los institutos de secundaria.

A esto hay que sumar las manifestaciones que han recorrido las ocho capitales de provincia esta mañana y las que lo harán a lo largo de la tarde. El objetivo es que el consejero de Educación, JAvier Imbroda dé marcha atrás al decreto recién publicado en el BOJA para el nuevo proceso de escolarización. En él se contempla que en todas las áreas de escolarización debe haber, como mínimo, un centro privado concertado para salvaguardar la libertad de elección de las familias.

Sectores de la comunidad educativa entienden que esta decisión supone un ataque a la escuela pública que hoy por hoy escolariza al 74% del alumnado según datos del Ministerio de Educación. Hace cinco años, en 2015, la cifra era del 75%.

Andalucía supone el sistema educativo mayor del Estado, con más de 100.000 docentes y más de un millón y medio de estudiantes, o que viene a ser el 19.4% de todo el alumnado del país.

Desde la confederación de asociaciones de familias, CODAPA, también se ha criticado con dureza el nuevo decreto. De hecho son una más de las organizaciones que han llamado a madres y padres a secundar la jornada de protesta.

Sobre esta decisión de la Consejería planea el fantasma de la bajada de natalidad como uno de los motivos para abrir la posibilidad a que las familias matriculen en centros concertados. Desde los sectores de la educación pública defienden que si este descenso está ocurriendo pueden tomarse medidas como la disminución de las ratios en las aulas públicas, antes que desviar alumnos y recursos a los centros concertados.

En un comunicado hecho público ayer por CODAPA, su presidenta, Leticia Vázquez, asegura que este decreto “oculta la falta de inversión en infraestructuras y no pone en valor la educación en la pública, la formación y profesionalidad del profesorado, ni los recursos dedicados a la inclusión o la innovación”.

Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la comunidad andaluza ha valorado «tanto la alta participación de los trabajadores y trabajadoras en la huelga como la participación de la comunidad educativa» y ha asegurado que si la Consejería no da marcha atrás seguirán las movilizaciones contra un decreto que «abrirá aún más la puerta a la supresión de unidades públicas”.

La huelga y las protestas de esta mañana también se han dejado notar en redes sociales en donde muchas personas han mostrado la afluencia a las convocatorias de esta mañana.

Ver los otros Tweets de Elena González

MR.CASS@CASSDELAFUENTE


👉 Por la retirada del decreto de escolarización
👉 Por la eliminación de los conciertos educativos
👉 Por la bajada de ratios
👉 Por la estabilidad del personal interino
👉 Por los recursos de NEAE: Ptis, Ilses, Pt, AL
👉 Por una ley de bioclimatizacion

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45 personas están hablando de esto

Marea Verde Sevilla@MareaVerde_SE

Laaaaaa pública camina pa laaaaante el consejero camina pa traaaaaaaas

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Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/04/seguimiento-masivo-de-la-uhuelga-en-andalucia-segun-los-sindicatos/
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