Centros estudiantiles

Europa/España/28 Mayo 2017/Fuente:ccaa.elpais. /Autor: Cristina Vazquez

La consejera explica las irregularidades detectadas por la inspección en los centros de acogida de la Generalitat, de las que responsabiliza a la falta de control por parte del PP

La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha denunciado este miércoles en las Cortes Valencianas la existencia de presuntos casos de abuso sexual a menores en centros de acogida tutelados por la Generalitat. En concreto, Oltra se ha referido al centro de acogida de menores de Monteolivete (Valencia), de titularidad pública, y al centro concertado La Resurrección de Segorbe (Castellón), gestionado por religiosas.

La consejera de Políticas Inclusivas ha comparecido en el Parlamento valenciano para informar de las irregularidades detectadas en la inspección de estos centros de acogida que, a juicio de Oltra, el Gobierno del PP descuidó y no vigiló como exigía la ley.  «Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2015 nos encontramos un caos organizativo en el sistema de protección a los menores. Un sistema privatizado, desmantelado, sin coordinacion, que no ha protegido adecuadamente a los menores», ha dicho la vicepresidenta desde la tribuna.

Oltra ha justificado su decisión de trasladar a principios de mayo a 18 menores tutelados del centro La Resurrección de Segorbe, entre otras causas, por la existencia de una denuncia de presunto abuso sexual a una menor por parte de un educador, que fue despedido por el centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Pero también por ls duchas frías infligidas -según los informes de inspección- a algún menor acogido o el suministro de alimentos caducados.

La consejera ha presentado una cronología de los hechos que le llevaron a trasladar a los menores del centro de Segorbe y a cerrar dos residencias de titularidad pública por sus instalaciones inadecuadas, ambos en Valencia (El Carmen y Monteolivete -se cerrará el próximo junio).

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha arremetido contra la dirección del centro de menores de Segorbe por no haber denunciado el supuesto caso de abusos, investigado por un juzgado desde septiembre de 2016 en Castellón. Según Oltra, el centro despidió al trabajador pero no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes.

Oltra ha explicado que fue una profesora de la Escuela de Personas Adultas (EPA) la que el 25 de febrero de 2016 comunicó a la Dirección Territorial el posible caso de abusos, por lo que se abrió un expediente informativo para investigar los hechos denunciados y se puso en conocimiento de la Fiscalía, que remitió la denuncia al juzgado el 14 de septiembre de ese mismo año.

Según la consejera, la dirección del centro de Segorbe era conocedora de estos hechos y, en lugar de denunciarlo directamente a la Consejería o a la Fiscalía, dio a escoger al presunto abusador «entre despido o denuncia», y lo despidieron el 28 de enero de 2016, ya que, según la directora del centro, «al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un hecho resuelto».

Así, el centro despidió al educador y no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes, por lo que fue una profesora de la EPA la que, tras una conversación en clase con la menor, puso los hechos en conocimiento de la dirección territorial.

La número dos del Gobierno valenciano ha denunciado además que la persona encargada por la Generalitat de inspeccionar La Resurrección de Segorge estaba vinculada a la orden religiosa que gestiona el centro y ha asegurado que el monitor denunciado por posible abuso sexual había compartido grupo municipal en Segorbe con el dirigente del PP Miguel Barrachina.

En la comparecencia, la consejera ha reconocido también un incidente en el centro de recepción de menores en Monteolivete, de titularidad pública, donde en septiembre de 2016 se denunció un presunto caso de abuso sexual de varios menores a chicas compañeras suyas de residencia. El caso fue denunciado a la policía y se trasladó a la fiscalía.

El relato de la consejera responsable de los centros de acogida a menores ha indignado a la bancada popular. «He sido consejera (…) pero nunca se me hubiera ocurrido venir aquí relatando unos hechos tan graves y que afectan a menores para justificar su gestión», le ha echado en cara a Oltra la diputada del PP María José Catalá.

Cuando ha acabado el debate de este punto, la portavoz de los populares Isabel Bonig se ha dirigido al escaño del presidente Ximo Puig -que se ha incorporado a la sesión ya comenzada- para mostrarle su enfado por el desarrollo de la sesión y las duras acusaciones de Oltra.

El Centro de Menores de Segorbe (Castellón), gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, no descarta iniciar acciones judiciales contra la Oltra por sus manifestaciones en las Cortes, según Europa Press. Según la dirección del centro, un trabajador fue despedido por un comportamiento «inadecuado», según las reglas del centro, aunque han declinado especificar más detalles. La mayoría de las manifestaciones de la vicepresidenta, dicen los responsables del centro, «no son ciertas».

Nuevo modelo de gestión

Antes de relatar estos casos, Oltra ha enumerado los cambios introducidos por su consejería en el modelo de gestión del acogimiento de menores en la Comunidad Valenciana y ha anunciado que todos los centros de menores de titularidad pública valencianos deberán tener también una dirección pública antes de 2020. «Se acabó la privatización del sistema», ha declarado.

Actualmente hay 80 centros de menores en el territorio valenciano, de los cuales 14 son mixtos y 55 privados, por lo que éstos deberán pasar a tener una dirección pública antes del año 2020, ya que a juicio de la consejera es una «barbaridad» que el sistema de protección de menores no sea «íntegramente» público.

«Un sistema privado no supedita los derechos de los niños a cualquier interés legítimo» de una empresa privada, ha manifestado Oltra, quien ha defendido que los derechos de los menores deben estar por encima de los de la entidad que gestione el centro en el que estos se encuentren.

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