El retorno definitivo a las aulas, de acuerdo con las directrices del Gobierno nacional, será el próximo 15 de julio
Este martes 15 de junio se dará el retorno presencial de maestros afiliados a Fecode a planteles públicos del país . El sindicato de educadores, a través de un comunicado, instó a los maestros afiliados para que asistan a las diversas actividades académicas y pedagógicas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el objeto principal del regreso a las aulas será la “verificación conjunta de las mismas, con el acompañamiento de las personerías municipales, secretarías de salud y educación, directivos docentes y sindicatos regionales, así como la emisión de la certificación del cumplimiento, requisitos y condiciones, además valorar la ocupación de las camas UCIS”.
El regreso de los profesores públicos a los salones, no obstante, se da a falta de una semana o dos de que termine el primer semestre del año.
«Ratificamos que las maestras y maestros estamos dispuestos y preparados para el regreso a la presencialidad, siempre y cuando estén listas las adecuaciones y las condiciones de las escuelas y colegios en materia de bioseguridad”, indicó Fecode a través de un comunicado.
El regreso definitivo a las aulas, de acuerdo con las órdenes del Gobierno nacional, será el próximo 15 de julio, teniendo en cuenta que para esa fecha todos los docentes del país hayan recibido las dosis completas de vacunas contra el COVID-19.
Esto genera las condiciones de tranquilidad y confianza para maestros, familias y en general la comunidad educativa para el retorno a la presencialidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes», comunicó el Ministerio de Educación.
Foto de Portada: El “Dotor Uribe” y Alejandro Ordóñez, los líderes de los “colombianos de bien”
“Empresarios y terratenientes, Iglesia católica, políticos, grupos paramilitares, contrabando, sociedad civil, confabulados todos para crear la gran provincia de Antioquia. La pujanza y la honorabilidad ancladas en pilares de mierda”. Pablo Montoya, La Sombra de Orión, Random House, Bogotá, 2021, p. 27.
Desde siempre hasta donde nos llevan nuestros recuerdos hemos escuchado hablar de los “colombianos de bien”. El término forma parte de la jerga de los círculos políticos, empresariales, mediáticos y deportivos que mandan en esta hacienda-campo de concentración y son sus verdaderos dueños. Quienes hablan de los colombianos de bien, dan por supuesto que existen unos colombianos de mal, a los cuales hay que perseguir, expulsar del país, torturar, matar y desaparecer, porque en realidad no son “colombianos”, ni patriotas, sino enemigos de la genuina colombianidad que encarnan esas gentes de bien.
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Esos colombianos de bien hoy están representados, en primerísimo lugar, por el Matarife innombrable, y todos sus áulicos. Allí están, por supuesto, los dueños del país, aquellos hombres, y unas pocas mujeres, que se sacrifican con su trabajo abnegado y en su denodado esfuerzo por enriquecerse nos deparan prosperidad y dicha eterna. Esos colombianos de bien son los Sarmiento Angulo, los Santodomingo, los Ardila Lulle, los Gilinski. Colombianos de bien son aquellos que pertenecen al “país político” y forman parte de las clientelas tradicionales y sus derivados recientes, en el plano nacional y regional. Colombianos de bien son los periodistas prepagos que, desde radio, televisión y prensa escrita se encargan de enseñarnos en qué radica la bondad de esos prohombres que mandan en esta gran finca ganadera, con cajero automático que es Colombia. Esos colombianos de bien son Carlos Antonio Vélez, Vicky Dávila, Claudia Gurisati, Néstor Morales, Julio Sánchez Cristo…, unos verdaderos sicarios con micrófono. Colombianos de bien son los nuevos millonarios, enriquecidos con la producción y tráfico de narcóticos, o los cantantes, hombres y mujeres, que como Shakira son delincuentes consumados en el arte de evadir el pago de impuestos, o los deportistas que, como Falcao García y James Rodríguez, también son delincuentes de cuello blanco, que ganan millones de dólares y evaden otro tanto, lavando su dinero en paraísos financieros. Colombianos de bien son los policías, militares que matan y desaparecen a nombre de la defensa de los sacrosantos valores del orden y la patria. A los colombianos de bien pertenecen los agentes infiltrados del Estado en las protestas que matan a quemarropa a los malos que se quejan, sin razón, en este paraíso de dicha y prosperidad, y además lo hacen ad honoren, por iniciativa propia y gratis, porque aman el trabajo hasta tal punto de que laboran en tiempo de descanso. Eso lo acaba de comprobar el Fiscal General de la Nación al decir que el agente de civil del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) que mató a dos malos de Cali, si era empleado de esa entidad desde el 2012, pero que en el momento de dispararle a los vándalos estaba de descanso. Es decir, que esas muertes no le caben a la Fiscalía porque su infiltrado funcionario de bien estaba descansando. ¡Si eso hacen los colombianos de bien mientras descansan, imaginemos lo que realizan cuando están trabajando, ya no matan a unos cuantos pelagatos, sino que acaban con miles de ellos, al estilo de ese prohombre de bien llamado Carlos Castaño!
Un colombiano de bien le rinde culto a los ricos y al dinero, sin importar cómo lo han conseguido. Y está claro que esa riqueza debe defenderse con todas las armas, incluyendo el cianuro y la motosierra, para que no caiga en manos de los colombianos de mal. Por eso, los colombianos de bien no solamente aplastan a los malos dentro del país, sino que también se arrogan el derecho de perseguir a los malévolos fuera del país, y por eso organizan “misiones humanitarias” y preparan mercenarios de bien para invadir a Venezuela y llevarle a la patria de Bolívar la bondad, rubricada con el saldo de miles de muertos, torturados, encarcelados y desaparecidos, que tanto nos distingue en el concierto mundial, y que de aquí se irradia a montones hacia el resto del planeta.
Los colombianos de bien no se juntan con la chusma, el populacho, los indios patarrajados, los campesinos analfabetos, los negros atrasados, aunque algunos de ellos entren formalmente a hacer parte de las gentes de bien (como el exfutbolista Tino Asprilla) siempre y cuando obedezcan, sean serviles, no se rebelen, ni protesten, sean arribistas y asuman como si fueran suyos, aunque estén muertos de hambre, los “valores” de las gentes de bien. Así, en las últimas dos décadas entraron a integrar el círculo reducido de los colombianos de bien todos aquellos influidos por la cultura traqueta, que admira a los paracos, a los que debe agradecerse por evitar que este moridero de bien cayera en manos de las gentes del mal, es decir, de quienes pretendan, incluso osen pensarlo, que en esta finca consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá, se repartan tierras y riquezas, que deben estar bien concentradas, en las manos de terratenientes y empresarios benévolos, como Dios lo manda.
Por ese hecho, a estos paracos se les admira y sus crímenes se convirtieron en algo presentable, de lo que se sienten orgullosas las gentes de bien. De ese círculo exclusivo de los colombianos de bien hacen parte, con mérito propio, los narco-empresarios de la muerte y del libre mercado (tipo Carlos Castaño y Pablo Escobar), a los cuales en poco tiempo se les levantarán las estatuas que merecen, para que figuren en el panteón patrio junto a los prohombres que han hecho posible la construcción de esta Colombia de bien, como Sebastián de Belalcázar o Gonzalo Jiménez de Quezada, que los enemigos de esta nación, encarnados en los atrabiliarios indios de montón, se atrevieron a bajar de sus pedestales.
Los colombianos de bien, queda claro, son una minoría, aunque se presenten a sí mismos como una abrumadora mayoría, porque son los ricos, poderosos, pretendidamente blanquitos, clasistas, racistas, sexistas y cultores de la violencia y la discriminación.
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El paro nacional ha hecho que los discursos abstractos y etéreos sobre los colombianos de bien adquieran concreción, se hagan terrenales, bajen del nirvana a la dura realidad. Cuando los malos remalos de siempre, ahora llamados vándalos, que replican el comportamiento de los terroristas y enemigos de toda la vida (ELN, FARC…), se han atrevido a superar los límites de lo permitido, con los bloqueos a carreteras, con parálisis generalizada de la actividad económica en pueblos y en ciudades, con el desfile insoportable de campesinos e indígenas que llevan sus rencores a los encopetados barrios de las gentes super chics, pues hay que sacar a relucir lo más granado de las santas virtudes de los colombianos de bien. Y eso es lo que estamos viendo de manera ejemplarizante en estos días.
Son colombianos de bieplomon los paracos del Barrio Ciudad Jardín (Ciudad Bacrim) de Cali, quienes les dicen a los indígenas de la minga que desocupen sus barrios y se vayan de la Sultana del Valle, porque son una plaga que afea sus bellas y limpias mansiones. Para recordarles, por si se les olvidó a esas malas gentes (los indios y negros) que la Colombia de bien siempre ha sido un gueto de los ricos y los poderosos, que no debe ser contaminado por los pobres en sus espacios públicos, porque esos pobres solo sirven, en los espacios privados y laborales, como sirvientes y trabajadores, pero jamás pueden ocupar los parques, calles y avenidas por donde solo pueden circular los hombres de bien y sus automóviles de alta gama. Si algo distingue a los colombianos de bien es su carácter clasista, para quienes la presencia de los pobres es una insoportable provocación que afea el paisaje, con su miseria y ruindad. Y el racismo está a flor de piel entre los colombianos de bien, porque no puede ser que indios, negros y pobres salgan de sus madrigueras de baja ralea a contaminar con su suciedad y su mal olor a los inmaculados hombres y mujeres de bien. Eso lo ha manifestado sin filtros una médica de bien en la ciudad de Cali, quien sostuvo que estaba dispuesta a financiar a los paramilitares para que asesinaran, por lo menos, a mil indios, para que entiendan de una vez por todas que no deben provocar a las gentes de bien.
Son colombianos de bien, los individuos, que vestidos de blanco, montados en automóviles de última generación y protegidos por la policía, disparan a mansalva contra los indígenas de la minga. Estos colombianos de bien sí que ratifican por qué lo son, ya que recuerdan la práctica bondadosa de sus émulos paramilitares que a punta de motosierra limpiaron el territorio de los malvados terroristas que osaron cuestionar a los ricos y plantearon quitarles sus propiedades tan honestamente adquiridas con su esfuerzo y sacrificio.
Es una colombiana de bien la modelo y empresario Elizabeth Loaiza que aplaudió que el estudiante Lucas Villa fuera tiroteado en Pereira, aduciendo que «no eras un héroe en esta historia. Eras un bandido. Un terrorista… atentamente: la sociedad herida, pero no vencida». Esta es el culto a la muerte, que caracteriza a los colombianos de bien en este país, que los lleva a escupir sobre los cadáveres de los malos, como lo hace esa periodista sicarial que se llama Vicky Dávila a través de la revista Semana, un pasquín pornográfico.
Son colombianos de bien ciertos estudiantes de la Universidad de los Andes ‒esa encopetada universidad gringa, pero de las malas, que funciona en Colombia‒ que a través de sus mensajes en las redes antisociales justifican los asesinatos de colombianos del mal, pobres por supuesto, diciendo que son ñeros que hacen estorbo y su desaparición es un favor que se le hace a esta santa tierra de bien.
Es una colombiana de bien Marbelle, que le canta alabanzas a la policía y al Esmad, luego de que abalean, torturan y desaparecen a manifestantes, lo cual está muy bien, porque están combatiendo a esos pérfidos enemigos de esos excelentes colombianos, que generan riqueza y prosperidad, y dan plomo venteado como muestra de su indiscutible superioridad.
Lo que dice la Gente de Bien, echar plomo venteado a los vándalos. Palabras del paramentario Milton Angulo del Centro Democrático.
La pareja modelo e ideal de bien está conformada por María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, ambos prósperos y nada sangrientos empresarios del agro y la ganadería, que no ocultan los grandes sentimientos que distingue a los colombianos exitosos. Por ello, la “culta” matrona y senadora ha dicho que “el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. No entra a preguntar ¿perdón, levante las manos. No señor”. Que eso lo sepan los colombianos de mal, para que nunca se les ocurra desobedecer ni insubordinarse como lo están haciendo en estos días. Y el “humanista” Lafaurie, jefe de la Fedegan ‒que agrupa a los ganaderos bien paracos‒ dice, refiriéndose a la muerte del malvado estudiante Lucas Villa, que merecía morir, y no porque haya sido víctima de un atentado criminal, sino porque sufrió un grave accidente. Solo en la cabeza de un colombiano de bien puede caber la brillante idea que un atentado de sicarios, que le propinan ocho balazos a un estudiante en una manifestación, es un accidente, simplemente porque el asesinado formaba parte de la vil canalla, y no era de alta cuna, como la de las gentes de bien que personifica la excelsa pareja de financiadores de paracos y sicarios.
Cuando a un colombiano de bien le decomisan un avión con cocaína, como le ha sucedido al uribista Miguel Jaramillo, esposo de esa exitosa mujer de bien, Alejandra Azcarate, eso no es ningún delito, sino una tragedia familiar que embarga a las gentes de bien y les hace derramar lágrimas de cocodrilo. Además, eso de llevarle cocaína a los Estados Unidos es una verdadera labor humanitaria, aunque tenga que camuflarse con la fábula bonachona de que transportaban tapabocas, seguramente para que ese bendito polvo blanco les haga más y mejor efecto sicoactivo a los gringos de bien. Esas tragedias ya la han vivido colombianos de bien, como la destacada familia Uribe Vélez, la familia de la vicepresidenta, y ahora canciller, Marta Lucía Ramírez, o la familia del expresidente Pastrana, o del ex policía Oscar Naranjo… Por eso, ellos resaltan que las gentes de bien no son narcotraficantes sino trabajadores honestos que se ganan la vida con esmero ejemplar: “Hemos sido, tanto mi marido como yo, personas que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar honestamente. Mi esposo no es un narcotraficante de octava, es un publicista de primera y un ser humano recto y vertical. Quienes nos conocen, así nos reconocen”, dice, por ejemplo, la mujer de bien, uribista recalcitrante, Alejandra Azcarate.
Y cuando las gentes de bien salen a marchar en forma pacífica, vestidos de un inmaculado color blanco, como en la ciudad de Cali, para que se terminen los bloqueos de los vándalos y enemigos de la nacionalidad, no pueden aceptar que ningún malvado se les interponga en su camino, y por eso sacan a patadas a quienes, vestidos de negro, se atreven a recordar a los que han sido masacrados por los cuerpos armados de bien, estatales y paraestatales, en las últimas semanas.
La senadora del Centro Demoniaco Paola Holguín es una muestra sin desperdicio de las colombianas de bien, digna descendiente de un testaferro que le sirvió al capo del bien, a Pablo Escobar Gaviria. La opinión de esa paramentaria de bien ha rebasado cualquier canon de bondad, empatía y respeto por la vida y el dolor humano. En efecto, ha dicho palabras memorables ‒de esas que solo se dicen pocas veces en los anales de la infamia universal‒ que van a quedar como testimonio indiscutible de lo que son y piensan los colombianos de bien. Luego del testimonio, según ella manipulado por los enemigos de las gentes de bien, del joven Juan Fonseca, a quien el Esmad le destrozó un ojo, la humanitaria Paola Holguin ‒frente a la cual Teresa de Calcuta es una vulgar aprendiz en materia de compasión‒ emitió un video en que se burla de ese joven, diciendo que “le encanta llorar por un solo ojo” y “no engañen más, y dejen de estar llorando por un solo ojo”. Esos son los grandes sentimientos de las gentes de bien de este estercolero, nada extraño si recordamos que ellos no tienen corazón sino motosierra.
En fin, los colombianos de bien tienen una interminable trayectoria de aportes invaluables al país y a la humanidad, como lo entienden los miembros de ese club de criminales de bien que se llaman a sí mismos Comunidad Internacional, encabezados por esos benefactores mundiales que a diario nos regalan la muerte celestial con “bombas inteligentes”, tales como los Estados Unidos, la Unión Europea y el estado nazi de Israel. Sin embargo, para los colombianos de mal, las realizaciones de las gentes de bien simplemente constituyen un interminable prontuario criminal, que ha convertido a este país en una inmensa fosa común con himno nacional, algo que se evidencia ante la faz del mundo desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional, en el que participan los malos de todas las vertientes que tanto daño le hacen a los colombianos bien… bien paracos y asesinos.
Sin embargo, su condición es que se cumplan los protocolos de bioseguridad.
Pese a la negativa de regresar a los colegios por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), hoy confirmaron que van a regresar a clases el 15 de julio, según le dijo este sindicato a EL TIEMPO.
Sin embargo, aseguran que para regresar a clases se deben cumplir con las condiciones de bioseguridad en los colegios, eso incluye los nuevos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, así como los plazos establecidos por el Gobierno respecto a la vacunación de los maestros.
Puntos que están en la Resolución 777 del Ministerio de Salud, que se aplica en jardines infantiles, colegios, educación superior y establecimientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Ahora, este sábado emitieron un comunicado en el que orientan a los maestros a asistir a actividades laborales y pedagógicas desde martes 15 de junio, lo que significa que se terminan los ceses de labores en el marco del paro nacional. Sin embargo, la federación aseguró que atenderán llamado a movilizaciones masivas por parte del Comité del Paro Nacional.
Por otro lado, siguen rechazando la Resolución 777, según ellos, porque: «En la práctica minimiza los protocolos, desconoce la necesidad de hacer mayores apropiaciones e inversiones, así como el acceso universal de la vacuna contra el covid-19 a buena parte de la comunidad educativa». Aunque afirman que deben obedecerla.
“Los docentes no nos negamos a volver. Están obligando a los maestros a regresar a las aulas. El mensaje que envió el ministro de Salud es que en julio debemos retornar. Consideramos que no es el momento por el estado de la pandemia, pero igual la orden es que debemos volver”, señaló Christian Rey, presidente (encargado) del sindicato a EL TIEMPO.
La visita de la comisión internacional de DD.HH. en Colombia se extenderá hasta el próximo 10 de junio.
Un organismo internacional de Derechos Humanos llamó al Gobierno colombiano y al Comité Nacional del Paro insistir en el camino del diálogo para superar la crisis social que atraviesa el país suramericano.
La representación del organismo internacional indicó que desde la organización siempre han insistido que cualquier crisis de derechos humanos se soluciona a través del diálogo.
Asimismo, revelaron que durante su estadía en Colombia mantendrán encuentros con los presidentes de las Altas Cortes, la representante de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia para los Derechos humanos y autoridades locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
La Comisión de la Verdad de Colombia también se unió al pedido del organismo internacional para que se reanuden los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro.
El Comité Nacional de Paro anunció el domingo la suspensión de las negociaciones con el Gobierno colombiano ante los incumplimientos de éste con el preacuerdo, el cual tiene como ejes fundamentales la garantía al derecho a la protesta pacífica y la desmilitarización en todas las regiones del país.
«Es necesario que el Gobierno acoja cuanto antes las garantías de diálogo que pide el Comité Nacional del Paro y que éste no se pare de la mesa e inicien ya la negociación impostergable. Y es necesario que el Gobierno al más alto nivel llegue a la mesa establecida por los jóvenes de Cali», indicó el órgano transicional.
En opinión del presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, las movilizaciones han dejado en evidencia la profunda desigualdad económica y social que ha llevado a la mitad de la población a la pobreza, campesinos sin tierra y a millones de jóvenes sin educación y empleo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló el lunes que el organismo internacional de DD.HH. durante su visita al país evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas.
La oficina del defensor del Pueblo, Carlos Camargo anunció que entregó al organismo de DD.HH. un balance sobre las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque.
Carlos Camargo, aseguró que desde el 28 de abril y hasta el 03 de junio ha recibido 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos-
Según el jefe de la entidad, «las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios», de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), del que Cali es capital.
América del Sur/Colombia/04-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Estas acciones del Esmad han sido recurrentes en los más de 35 días de movilizaciones y marchas contra el presidente Iván Duque.
Tras la movilizaciones contra el presidente colombiano Iván Duque, en varios sectores de la capital, Bogotá se reportaron en horas de la noche incidentes de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra los manifestantes.
De acuerdo al reporte de medios alternativos y organizaciones de Derechos Humanos, en las cercanías del Portal Suba, el Esmad hostigó a periodistas y defensores de DD.HH. que se encontraban en el sitio.
Estas acciones del Esmad han sido recurrentes en los más de 30 días de movilizaciones y marchas contra el presidente Iván Duque.
La jornada de violencia del pasado miércoles dejó en la capital colombiana al menos siete heridos, entre los que se encuentra un fotoreportero del medio Colombia Informa.
Según cifras de la La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el caso del fotoreportero herido se suma al patrón de ataques contra la prensa perpetrados por la fuerza pública que alcanzan 108 agresiones en 34 días de protestas.
En total la FLIP ha registrado 210 agresiones y 243 víctimas durante las manifestaciones de este año.
La empresa de TransMilenio se pronunció esta semana sobre las denuncias de que sus instalaciones han sido usadas por las fuerzas policiales y el Esmad como centro de detención durante las protestas en la capital colombiana.
En respuesta al pedido presentado por el concejal de Bogotá, Diego Cancino en relación a las denuncias, el gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, confirmó que, en Portal de Suba fueron detenidos 4 manifestantes el 19 de mayo, mientras que en Portal Américas se detuvieron a otros 10, entre ellos una mujer entre el 3 y 4 de mayo.
Estas declaraciones generan mayor polémica, pues la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz junto con las organizadoras del Espacio Humanitario Itinerante «Al Calor de la Olla» revelaron que hay información de 1.425 casos de personas heridas por el accionar de la Fuerza Pública.
Desde Justicia y Paz además manifestaron que recibieron información de 20 casos de tortura, de los cuales 8 se encuentran documentados; 12 casos de violencia sexual, 3 de ellos documentados; 16 reportes documentados de lesiones oculares, 2 de ellos con perdidas totales; 68 capturas ilegales, no reportadas ante las autoridades competentes.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-represion-esmad-barrios-bogota-20210604-0004.html
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo
Silvio Rodríguez (1994)
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En una de sus obras, Apple (2002) manifiesta que, en sus escritos, todo ellos en favor de una educación que favorezca y responda a los intereses de los escolares y sus contextos, son también resultado de la ira. Esa ira que, precisamente, le producía ver cómo “la arrogancia de quienes creen en la lógica del mercado” (Apple, 2002, p. 11), y eran incapaces de ver el daño que sus propuestas educativas con “palabras grandilocuentes sobre la eficacia, la responsabilidad, la excelencia y la calidad de la enseñanza” (Apple, 2002, p. 12), causan a seres humanos reales, dado que obvian las condiciones reales de vida en que existen dichos seres. Dejaba con ello claro que la ira es, sin duda, una motivación para pensar sobre la desigualdad, la exclusión y la injusticia y, cómo no, también sobre el derecho a una educación democrática, real y pertinente para numerosos sectores sociales.
Ahora bien, con la ira pasa algo curioso en nuestras sociedades: casi siempre se observa una actitud ambivalente frente a la misma. Desde el punto de vista religioso, la ira es considerada uno de los siete pecados capitales; sin embargo, se considera santa la ira de Jesús, cuando expulsó a los mercaderes del templo (La Palabra de Dios, 1992); desde otra perspectiva, el Dalai Lama (2019) la considera un sentimiento humano que puede canalizarse para combatir las injusticias humanas o todo aquello que se cierna como una amenaza para la vida; asimismo, evita que seamos impasibles frente al dolor o la desgracia de otros. Desde lo social, como lo plantea Apple (2002), la ira es una forma de respuesta frente a aquello que causa daño, origina desigualdad social y genera injusticia y exclusión. Por lo mismo, se constituye en un valioso instrumento de lucha, reflexión y expresión social.
Ahora bien, mirar la educación misma desde la ira permite ciertas libertades que no consiente el rigor académico o la corrección política y que conviene aprovechar para poner sobre la mesa cuestiones que han sido ya dichas, pero ahora acompañadas de esa emoción que admite cuestionar, con cierta dureza y virulencia, la situación que ha puesto en evidencia la pandemia, la misma que a la fecha ha producido más de 127 millones de contagios y cuya cifra de muertos supera los 23 millones y, sin embargo, se observa que el proceso de vacunación, no sólo no marcha con la urgencia y la cobertura que la situación amerita, sino que da lugar a que algunos gobiernos hagan manejos excluyentes y perversos con ella, como lo ha denunciado la OMS (ONU, 2021). Es decir, aun frente a una situación en la cual debería privilegiarse el valor de la vida, otros asuntos resultan de “mayor importancia”.
Frente a ello, resultan necesarias la preguntas: ¿dónde está aquella educación que debe tener como misión formar sujetos sociales que, con esos saberes y sentimientos de humanidad, responsabilidad y solidaridad, deben reivindicar el valor y la importancia de la vida, por encima de otras consideraciones?; ¿qué ha sucedido con aquellos saberes que, con tanta intensidad horaria, experiencias de laboratorio y numerosos ejercicios de campo buscaban informar y provocar admiración y respeto por ese milagro, que es la vida misma? Parece que los problemas de una creciente ola de violencia, desafortunadamente, múltiple y variada en sus expresiones, así como la indiferencia social, dicen que todo ello quedó reducido a un conjunto de numerosos y llamativos datos, así como a una alfabetización básica sobre la vida, que no parece tener sentido ni utilidad en la existencia personal y social.
Parece que, frente la situación que ahora se vive, tendrían absoluta razón hombres como Toffler (1970) o Rifkin (1999), cuando se refieren al hecho de que la civilización se embarcó en un “modo de vida” industrial, en el cual este conocimiento sobre la vida asumió un sesgo en favor de una visión pragmática y productivista y en la cual los seres vivos estaban ahí para servir a una revolución científico-tecnológica, depredadora y mercantilista cuyas consecuencias hoy día no sólo son visibles en la desaparición de muchas expresiones de la vida vegetal y animal, así como de sus sustratos ecológicos, sino que incluso la vida humana ha adquirido otro valor y los grandes poderes económicos ya la ven como objeto de experimentación y como un gran potencial comercial, gracias a su acervo genético; la actual revolución biotecnológica ya permite avizorar este peligroso sentido y horizonte para la vida humana (Rifkin,1999).
El “ser humano” comercial y la sociedad consumista en la que se desenvuelve dice con sus actitudes, sus silencios, sus complicidades que las reflexiones sobre lo humano y lo social están siendo abandonadas o tienen en la educación un terreno estéril y carente de compromiso, cada vez más visible; parece que aquella escuela del papagayo, imaginada por Tagore (Nussbaum, 2011), tiene presencia evidente en muchos de los contextos latinoamericanos, dado que la reflexión y el compromiso con la vida misma y con la vida de los otros, se resume en saberes más enciclopédicos que participativos y más memorísticos que impregnados de vida y compromiso. Como observa la misma Nussbaum (2011), estamos ante una educación que está minando las cualidades esenciales que identifican lo humano y debilitan aquella solidaridad básica que debería llevarnos a desarrollar la ira y la resistencia frente al poder y sus desmanes.
Por ello mismo, también resulta pertinente preguntarse qué tipo de sujetos, de sociedades y bajo qué presupuestos se están formado mediante los procesos educativos, dado que la capacidad de respuesta de los mismos frente a la situación planteada, no tiene la cohesión ni la fuerza que la situación social amerita y así poder generar los cambios que permitan ver que los discursos ético-científicos sobre la vida y la responsabilidad con la vida y la naturaleza, van más allá de los cuentos cientificistas, a los que se dedican largas jornadas de “estudio” en las aulas escolares. Parece ser que la cuestión de la formación del sujeto sigue siendo, igualmente, una tarea aplazada, por lo cual la cuestión de la formación de una ciudadanía, entendida esta como una actitud de vida que nos hace responsables de nosotros mismos, de los otros y del hábitat, igualmente, es sólo otro ejercicio academicista.
El denominado desembarco neoliberal en la educación (Martínez, 2004) dejó claro que el Estado de Bienestar y su interés en la agenda de lo social debía desaparecer, dejando, eso sí, espacio para los discursos que se reclamaban como urgentes por ciertos sectores sociales, como la democracia, la cuestión ambiental, los derechos humanos, la equidad de género, la inclusión social, entre otros, y que se visibilizó en la llegada de nuevos saberes a la educación, sin que ello significase que lo esencial experimentara cambios: En efecto, los nuevos planes de estudio se han modernizado con la introducción de nuevas cátedras como Competencias Ciudadanas, Educación Sexual, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Democracia y Participación. No podía ser de otro modo, en este estado de cosas, los sectores sociales son escuchados y la “educación” está atenta a dichas voces. Pero sólo eso.
Por ello, parece que la escuela, como lo mostró hace mucho Toffler (1970), sigue siendo el centro de instrucción de los hombres y las mujeres que reclama el nuevo modo de ver el desarrollo y la economía. Y entonces la escuela volvió a ser “feliz” porque se modernizó y, como no podía ser de otro modo, también ingresó la burocratización, el papeleo, la respuesta rápida, pero también los profundos cambios que están desfigurando el trabajo de los educadores, como seres humanos que forman en Humanidad (Hargreaves, 1996). Ahora es una institución más moderna, más racional y más eficiente pero, al parecer, menos inteligente. Todo ello parece indicar que se requiere del concurso de la “santa ira”, para expulsar esta nueva, pero siempre vieja casta de mercaderes de la educación, y así recobrar la escuela como auténtico y democrático templo de formación de lo humano y lo social. ¿El maestro contempla ello en sus propósitos?
Ya veremos.
Referencias
Apple, M. (2000). Educar “como Dios manda”. Barcelona: Paidós.
Dalai Lama. (2019). El poder de la ira. México: Urano.
Martínez, A. (2004). De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Barcelona: Anthropos.
Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.
Nussbaum, M. (2011). Sin ánimo de lucro. Buenos Aires: Katz
ONU (2021). La OMS critica el egoísmo de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del Covid-19. Nueva York: Noticias ONU.
Rifkin, J. (1999). El siglo de la biotecnología. Barcelona: Critica-Marcombo.
La Palabra de Dios (1992). El evangelio según San Juan. Bogotá: Terranova.
Toffler, A. (1970). El shock del futuro. Barcelona: Plaza y Janés.
Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2.021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.
Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.
No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.
Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.
Alcances políticos del paro
En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los Servicios Públicos esenciales (Comunicaciones, Agua, Luz, Transporte, Educación, Salud, Banca, Recursos Naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, sub valorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante(o por eso) el objetivo del movimiento popular, no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.
Efectos de los alcances políticos del paro
En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el más de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.
El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos vice ministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.
Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1ª LINEA. Los muchachos o pelaos de La 1ª Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ONG´s sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de La 1º Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.
Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.
El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.
La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. Vaya pues!
El paso dictatorial con un decreto de marras
Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica cómo manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económicos y financieros; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.
El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. De cuando acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en“el orden público”? Acaso se está con la Constitución de 1886? No..En el Departamento Norte de Santander existe un conflcito armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosfato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestara el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la Alcaldesa de Bogotá,DC y el Alcalde de Bucaramanga. Más de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.
La salida es política no militar
Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.
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