Complementariedad entre la red pública

Europa/España/27 de enero de 2016/Fuente: el mundo

La puesta a cero de los conciertos educativos en las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Formación Profesional) quedó ayer definitivamente oficializada. El DOGV publicaba ayer el decreto de la Conselleria de Educación que acaba con la renovación automática de dichos conciertos, que disfrutaban los colegios de forma generalizada. Y, aunque el Consell se escuda en el vacío legal de la legislación estatal -tampoco el Consell Jurídic Consultiu ha puesto reparos a la norma-, desde el sector de la concertada se cuestiona el encaje legal, algo a lo que también ha apelado el PP.

La pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿Está la escuela concertada blindada jurídicamente? A juicio del abogado especializado en derecho educativo Jesús Muñoz de Priego, la libertad de enseñanza está hoy «amenazada», a pesar de su reconocimiento explícito en la Constitución Española. Invitado por la Mesa por la Educación en Libertad, Muñoz de Priego argumentó que «la libertad de enseñanza es fundamentalmente una libertad de elección». Y para que pueda elegirse, debe haber diferentes opciones.

Esto es lo que justifica, en su opinión, la existencia de un centro concertado: «Es importante que se reconozca el ideario como elemento nuclear de la libertad de enseñanza frente a otras líneas argumentales», puesto que es «la elección de un centro conforme al ideario» lo que «debe ser garantizado por la Administración educativa». Sólo así se puede defender lo siguiente: «Aunque las plazas públicas fueran suficientes para atender a todos los solicitantes, eso no restaría un ápice de justificación a la existencia de la concertada».

A partir de ahí, Muñoz de Priego lamentó sobre el nuevo decreto que «cumple la amenaza de reconocer el principio de subsidiariedad», es decir, de no considerar a la escuela concertada como complementaria de la pública. Y esto, la consagración de la concertada como subsidiaria y dependiente de las necesidades de la pública, «está expresamente rechazado por el Tribunal Supremo», según el experto.

El abogado pone además el acento en el diferente trato que especialmente a partir de ahora tendrán las enseñanzas obligatorias y las postobligatorias a la hora de ser o no concertadas. «Es cuestionable que se establezca este trato diferencial, ya que también hay jurisprudencia corroborada por el Supremo» que no lo establece así.

La Abogacía de la Generalitat, por el contrario entendió que la nueva norma de conciertos educativos no vulneraba el principio de la libertad de enseñanza. Aun así, para el abogado, la actual normativa es «restrictiva». En este sentido, se mostró muy crítico con la «opción explícita por una escuela pública única, como modelo excluyente, y que sería totalmente incompatible con la libertad de enseñanza».

«No puede excluirse de la educación el elemento ideológico, y deben ser los padres, primeros y últimos responsables de la educación de sus hijos, quienes deben elegir la formación religiosa y moral de los mismos de acuerdo con sus convicciones», sentenció Muñoz de Priego.