Concurso de méritos

Europa/España/3 de enero de 2017/Fuente: el mundo

Decenas de docentes trabajan como asesores colocados a dedo en la Conselleria de Educación. No es algo nuevo, porque todos los gobiernos han mantenido la opacidad para esconder los nombres, los criterios de selección e incluso el número. El actual Ejecutivo del Pacte se comprometió a reducir el número y asegura que lo va cumpliendo poco a poco, pero ni siquiera tiene clara la cifra de docentes que actualmente trabajan en la conselleria como asesores o haciendo simplemente trabajo administrativo. El departamento dirigido por Martí March asegura, en respuesta a la petición de EL MUNDO/El Día de Baleares, que la previsión es que en este mes de enero haya 150 asesores. Sin embargo, hace dos meses, en una respuesta oral en el Parlament, el propio March aseguró que había sólo 132. El baile de cifras no es nuevo: Educación afirma que en enero de 2016 había 179, cuando también dos meses antes, March había dicho en sede parlamentaria que eran sólo 147. Los sindicatos consultados por este periódico tampoco aclaran el entuerto: UGT asegura que desconoce cuántos asesores docentes hay en Educación y el STEI afirma que sí lo sabe, pero no aclara la cifra.

Más allá del caos numérico, lo cierto es que el número de asesores docentes sigue descendiendo. El anterior Govern del Pacte, presidido por Francesc Antich, tenía 235 profesores trabajando en la Conselleria. El Ejecutivo de José Ramón Bauzá redujo la cifra hasta, según los datos del actual Govern, 179 asesores en enero de 2015. Y la Conselleria dirigida por Martí March está inmersa en un lento proceso de reducción y apertura de estas plazas hasta dejarlas, de momento, entre 150 y 132.

Muchos de estos docentes realizan labores propias de técnicos administrativos pero mantienen su sueldo de docente, una retribución muy superior -prácticamente el doble – a la que le correspondería a cualquier administrativo por realizarlas, lo cual supone un despilfarro de dinero público. Otra parte de estos asesores desempeña labores de gestión y cobran un complemento específico debido a que sus tareas son «de mayor complejidad, equivalentes a un jefe de sección», explican fuentes de Educación, aunque no precisan la cantidad. Unos 4.000 euros anuales de sobresueldo, según confirman fuentes sindicales.

Mayoritariamente se trata de docentes que ya ocupaban estas mismas plazas, aunque este nuevo curso ha habido «una rotación aproximada de un 25% sobre el total actual y el resto han vuelto a sus centros docentes», confirman desde el departamento de Martí March. Eso significa que el 25% -tampoco detalla el número exacto- ha dejado la plaza que ocupaba pero se le ha sustituido por otro «porque era necesario».

Además de trabajar en la Conselleria también se incluyen plazas de camps d’aprenentatge, directores y asesores de CEP, aula hospitalaria, y en la Universitat de les Illes Balears (UIB) (POTU, IRIE y coordinadores de las extensiones de Menorca e Ibiza).

Acceder a estas plazas tan apetecibles no está al alcance de todos los docentes porque no hay concurso de méritos ni bolsas de aspirantes. Sólo entran lo elegidos a dedo. Una vez dentro, es imposible saber cuántos hay, quiénes son y qué funciones realizan, pese a ser empleados públicos.

La selección sigue siendo a dedo pero Educación destaca un matiz «diferencial» desde el curso 2015-16 y es que elige a estas personas a través de un control de acceso por parte de la Secretaría General de la Conselleria, que tampoco es público, por lo que es casi imposible de contrastar.

Según la Conselleria, la Secretaría General de la Conselleria recibe un informe de necesidades, el perfil requerido y el informe favorable del director general competente sobre la adecuación de la persona propuesta al puesto. Si se cumplen los requisitos, la Secretaría General eleva la propuesta a la Comisión de Retribuciones de la CAIB de la Conselleria de Hacienda y Función Pública para que la autorice.

Consultarlo es imposible aunque, según Educación, este proceso queda reflejado por escrito en las actas y los certificados de autorización de la comisión.

El oscurantismo es total, por eso la mayoría de los sindicatos pide que se profesionalicen estas plazas. La Conselleria se comprometió a principio de legislatura a ello pero un año y medio después argumenta que es un proceso «que requiere tiempo para completarse». Su objetivo final es delimitar las plazas de manera que haya plazas de oposición, de concurso de méritos y de libre designación. De momento, ha sacado a concurso de méritos buena parte de los asesores y directores de CEP y el próximo año saldrán los que han quedado pendientes. «Este proceso se hace de manera progresiva para no afectar a la estabilidad de los equipos», explica, si bien precisa que siempre habrá plazas que deberán estar ocupadas por docentes, «ya que requieren una formación y experiencia específicas para su desarrollo».

Fuente: http://www.elmundo.es/baleares/2017/01/02/586a068822601d5d308b4570.html

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