Coparticipación

Por: Ricardo Braginski.

A pesar de contar con más recursos por coparticipación, los gobiernos provinciales cada vez invierten menos en educación. ¿Llegó el momento de la solidaridad?

Entre las leyes sobre educación que no se cumplen en el país -y que seguramente contribuyen a los malos resultados en las pruebas internacionales- está la Ley de Financiamiento Educativo. Ya fue dicho y repetido muchas veces: es el mismo Estado el que hoy no está cumpliendo con esa norma -del año 2006- que establecía que desde 2010 el gasto consolidado en educación de todo el país debe llegar al 6% del PBI. Sólo en un año (el 2015) se llegó a esa cifra. Desde entonces el financiamiento educativo -que a grandes rasgos venía subiendo- empezó a bajar. Hoy está en 5,1%.

La primera reacción de cualquier ciudadano suele ser la indignación. ¿Cómo es que no cuidamos la educación? ¿Cómo pensamos proyectarnos hacia el futuro, sobre todo en esta era del conocimiento?

Pero la cosa se pone más espesa cuando se trata de encontrar a los responsables.

Desde los noventa son las provincias quienes administran las escuelas y, por lo tanto, las encargadas de financiar salarios docentes e infraestructura, el grueso de la inversión educativa. Un trabajo del especialista Agustín Claus, de septiembre, mostraba que 3 de cada 4 pesos que van a las aulas argentinas hoy parten de los gobiernos provinciales.

Y allí se sumaba un dato inquietante: que si bien desde 2016 esos gobiernos disponen de más recursos a raíz de una ampliación en la coparticipación federal de impuestos, en realidad están invirtiendo cada vez menos en educación -en porcentaje del PBI- que antes: del 4,5% al que llegaron en 2015 bajaron a 3,8% en 2018.

Ahora, un nuevo informe -elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación- suma nuevos datos a esta situación insólita, deprovincias cada vez más financiadas pero desinteresadas por la educación.

Muestra que, entre 2015 y 2018, los gobiernos provinciales recibieron 10 puntos porcentuales más en la proporción de fondos tributarios disponibles; sin embargo, ajustaron en 15,6% el gasto educativo. No todas las provincias por igual, claro, y eso está reflejado en el informe. Pero en el conjunto, esta fue la actitud de las provincias hacia la educación. De ajuste.

Pero, a juzgar por los títulos de las nuevas leyes, es de esperar que haya buenas noticias pronto. Ahora que la ley de “solidaridad social” salió como por un tubo y el impuestazo empieza a sumar pesos al Estado; y ahora que la suspensión del pacto fiscal les dará más recursos a los gobernadores, ahora sí tendremos garantizados el 6% del PBI en educación para todos los alumnos del país. ¿O no?

Fuente del articulo: https://www.clarin.com/opinion/ahora-educacion-_0_NGqdADwQ.html