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Construir un futuro óptimo para la humanidad requiere reflexionar sobre el pasado: Rigoberta Menchú, México

La Doctora Honoris Causa por la UNAM, junto con prestigiados juristas y académicos como Sergio García Ramírez, Diego Valadés Ríos, Julieta Morales Sánchez y Fernanda Gil Lozano, analizaron el Derecho Humano al Futuro
• Participaron en el marco del Primer Coloquio Internacional: La Humanidad Amenazada, ¿Quién se hace cargo del futuro?, cuyas conversaciones temáticas estuvieron coordinadas por Raúl Contreras Bustamante

Cuando hablamos del mejoramiento de las condiciones humanas en el futuro, necesariamente debemos mirar al pasado profundo, más allá de la Segunda Guerra Mundial, hasta el origen de nuestras civilizaciones, para recordar la importancia de generar consensos y fuerza en beneficio de las sociedades, aseguró la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum.

Durante las conversaciones temáticas “Derecho humano al futuro”, en ocasión del Primer Coloquio Internacional: La Humanidad Amenazada, ¿Quién se hace cargo del futuro?, coordinadas hoy por el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, la prestigiada activista guatemalteca y defensora de derechos humanos destacó que, en la historia está el testigo de los grandes procesos democráticos y de defensa de derechos humanos, que han protagonizado distintas generaciones, los cuales debemos reivindicar y defender.

“Fueron grandes consensos que se fueron dando a costa de dolor, de sufrimiento, de censuras y por eso es por lo que, también, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una tremenda lección en derechos humanos y es la necesidad de la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, esos crímenes que ofenden la conciencia humana, que es lo que ocurre cuando se impone el poder establecido”, afirmó.

Al tener conocimiento de estas luchas, incluida la de las mujeres y sus derechos, añadió, se podrán tener más herramientas, principalmente las y los jóvenes, para generar nuevas conciencias para una mejoría en el futuro de la sociedad. “Porque no existe futuro sin pasado y esta es nuestra oportunidad, de hacer nuestras aportaciones al futuro. Tenemos la obligación de construir nuestro futuro con la realidad impactante que tenemos”.

Sobre el papel de la comunidad internacional, particularmente de las Naciones Unidas frente a las grandes crisis humanitarias y de garantía fundamentales, dijo que se trata de un intermediario vital para resolver los problemas que afectan a la dignidad, pero también debe transformarse, sobre todo luego de la pandemia por COVID-19, que nos mostró lo vulnerables que somos.

“La ONU no puede seguir igual como antes de la pandemia, antes de la pandemia tolerábamos ciertos procedimientos que parecía que quedaban en letra muerta, pero hoy no puede ser igual que antes del COVID, ni yo puedo ser igual, porque el COVID nos enseñó que hoy los habitantes somos vulnerables y no hay institución poderosa que venga y en un instante nos salve a todos, por lo que las generaciones que vivieron el COVID, deben proyectar su mirada a futuro”.

La Premio Nobel de la Paz celebró que existan instituciones académicas como la UNAM en donde se ha introducido el estudio del derecho indígena, para reivindicar sus derechos y cosmovisión, por lo que hizo un llamado a que sean más las sociedades que se sumen a ello.

En su intervención, Sergio García Ramírez, profesor emérito la Facultad de Derecho de la UNAM, jurista y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apuntó que han habido avances significativos en la materia, con la creación de instituciones nacionales e internacionales que encabezan la defensa y protección de los derechos humanos y ahora es el turno de esta generación para hacerse cargo de las nuevas travesías y batallas por venir.

En la segunda sesión de estas conversaciones temáticas se abordaron algunos de los problemas críticos de la impartición de justicia y la protección a las garantías inalienables en nuestro país, en donde se cuestionó la existencia de las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que han estado a debate en los últimos meses, tras las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.

“Debemos reformar nuestra Constitución, nunca debimos incluir en la Constitución estos engendros llamados arraigo y prisión preventiva oficiosa, creo que debemos reformar. Ha habido propuestas intermedias para que sean los jueces quienes resuelvan individualmente cada caso; esto sería muy complejo, tardado y dejaría en nuestra Constitución el estigma de la prisión preventiva forzosa”, señaló García Ramírez.

Sobre el mismo tema, Julieta Morales Sánchez, catedrática de la Facultad de Derecho y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, indicó que es inadmisible que hoy en día estas medidas cautelares existan cuando hay otras formas de control y monitoreo electrónico, como las pulseras o las tobilleras.

Y abundó: “Hay que atacar las causas estructurales que producen delitos que son impunidad, corrupción, la falta de oportunidades, de trabajo decente educación de calidad, pero lamentablemente no tenemos una estrategia real en materia de seguridad desde hace muchas décadas, y la presencia de las fuerzas armadas en las calles detonan muchas violaciones a los derechos humanos y es una estrategia sumamente equivocada”.

A su vez, Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó sobre los rezagos de la Agenda 20-30 de Naciones Unidas.  Entre los objetivos de esta se considera la reducción significativa de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo o la reducción significativa de las corrientes financieras y de armas ilícitas.    

En ese sentido, el catedrático universitario subrayó que mientras las proclamas retóricas de Naciones Unidas no se constituyan en normas jurídicas vinculantes para los estados que las suscriban, seguiremos rezagados como con las constituciones de antes de 1921.

“En la agenda del derecho humano al futuro algo muy práctico y muy sencillo que podemos hacer es avanzar en la construcción del Derecho. Así como hemos avanzado en la juridización de la norma constitucional, avancemos en la juridización de las múltiples disposiciones internacionales que ya están ahí, pero que solamente están esperando en ser convertidas, de declaraciones, retoricas en normas jurídicas; y esa es una parte del futuro que nos espera”.

En tanto, la directora del Centro Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de la UNESCO, Fernanda Gil Lozano, en enlace virtual desde Argentina,  reiteró que en los planteamientos y reflexiones sobre el futuro se debe dar mayor espacio de acción y participación a los jóvenes, quienes serán los tomadores de decisiones.

“El debate sobre el futuro tiene la obligación de dar un espacio a la juventud. Estamos viviendo en la incertidumbre y sabemos que cualquier acción que hagamos tendrá una multiplicidad de consecuencias a lo largo del tiempo”.

Sobre cuáles podrían ser las rutas para transitar de manera efectiva a un planteamiento sobre el futuro están el fortalecimiento del Estado de derecho, pero, sobre todo, que en el quehacer público y político no se quede nadie atrás.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_311.html

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Caso de asesinato de misioneros belgas se procesará en justicia de ese país: militares y civiles guatemaltecos con orden de captura

Caso de asesinato de misioneros belgas se procesará en justicia de ese país: militares y civiles guatemaltecos con orden de captura

La Cámara de Acusación de Bélgica evacuó un mandato de captura contra ex-altos oficiales militares y gubernamentales, por el asesinato y desaparición de tres misioneros de ese país, Serge Berten, Walter Voordeckers y Ward Capiau, en los años 1980, durante el conflicto armado en Guatemala.

Según la agrupación Guatebelga la orden de captura belga detalla que los mandatos son contra contra Aníbal Guevara, exministro de la Defensa; Donaldo Álvarez Ruiz, exministro de Gobernación, que está fugitivo desde el 2004; y Pedro García Arredondo, exteniente Coronel y jefe del Comando Seis de la Policía Nacional.

Asimismo, las órdenes de aprehensión están dirigidas contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial y el general retirado Manuel Antonio Callejas y Callejas.

Walter Voordeckers, Ward Capiau y Serge Berten, eran misioneros de la Congregación Inmaculado Corazón de María y fueron víctimas del terrorismo de Estado que padeció el pueblo de Guatemala en el conflicto armado interno.

Debido a que no dieron resultado las pesquisas de los familiares de los misioneros asesinados en la justicia e instituciones guatemaltecas, Guatebelga debió acudir a los tribunales de Bélgica, los cuales tienen la facultad de realizar dictámenes contra crímenes de lesa humanidad cometidos en países distintos al europeo para ser peocesados en su jurisdicción.

Guatebelga informó que, por fin, se realizará un juicio penal donde el proceso será efectuado por jueces profesionales y un jurado popular.

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/guatemala-caso-de-asesinato-de-misioneros-belgas-se-procesara-en-justicia-de-ese-pais-militares-y-civiles-guatemaltecos-con-orden-de-captura/

 

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Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

Por: Amnistia Internacional 

  • Más de 61 niños y niñas siguen cautivos meses después de un secuestro masivo a manos de bandidos
  • Más de 780 niños y niñas han sido secuestrados en 2021 para pedir rescate
  • Muchas escuelas cierran de forma indefinida ante la inseguridad creciente

Las autoridades de Nigeria están fallando a los niños y niñas, pues al menos 61 siguen cautivos en el norte del país meses después de que unos bandidos los secuestrasen durante ataques masivos a escuelas que también interrumpieron la educación de miles de escolares, y los sometiesen a un trato horrible y degradante durante su cautiverio, manifestó hoy Amnistía Internacional Nigeria.

Con frecuencia se secuestra a niños y niñas en orfanatos, escuelas y lugares de culto y se los mantiene cautivos durante semanas, —que a veces se convierten en meses en función de si se satisfacen —o de cuando se satisfacen— las demandas de sus secuestradores. A veces se les tienden emboscadas durante su trayecto a la escuela en autobús o a pie, y se los secuestra para pedir rescate.

Ningún menor debería pasa por lo que estos niños y niñas están pasando ahora en Nigeria. La educación no debe ser algo que pueda costarle la vida a nadie. Nigeria está fallando de nuevo a estos niños y niñas de un modo horrible.

Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

En algunas zonas del norte de Nigeria, la población escolar corre peligro de muerte o secuestro de forma permanente. Desde febrero de 2021 han sido secuestrados más de 780 niños y niñas para pedir rescate en ataques en masa a escuelas o instituciones religiosas en los que algunos han muerto. A veces se obliga a los padres o madres de los menores secuestrados o a las autoridades escolares a suministrar alimentos y ropa para los menores cautivos”, aseguró Osai Ojigho.

El futuro de miles de escolares del norte de Nigeria continúa siendo desolador, pues en algunos Estados centenares de escuelas han cerrado indefinidamente a causa del aumento de la inseguridad. Muchos niños y niñas han abandonado la educación debido al trauma psicológico de presenciar ataques violentos o vivir en cautividad.

Un maestro de la comunidad en la que el 26 de febrero de 2017 fueron secuestrados 317 escolares en la zona de gobierno local de Jangebe (estado de Zamfara) contó a Amnistía Internacional que la inseguridad había reducido drásticamente la asistencia al colegio, pues los niños y niñas tienen miedo a ir aunque los obliguen sus padres.

Un niño de 15 años que sufrió lesiones cuando escapaba de un secuestro masivo en su escuela contó a Amnistía Internacional que no regresaría a la escuela tras su reapertura.

“Si la escuela vuelve a abrir, no volveré al internado. Prefiero matricularme como alumno externo en otro centro. Cada vez que recuerdo lo que pasa me entra miedo; es perturbador. Quiero que se rescate a todos los niños y niñas, especialmente a mis primos”.

“Cuando se atacan instituciones educativas, los daños y las consecuencias pueden ser importantes y de gran alcance. Es esencial proteger la vida de los niños y niñas, y las autoridades de Nigeria tienen el deber de garantizar que el sector educativo del país no se ve de nuevo amenazado por los secuestros, la intimidación y los homicidios de escolares.”

La sección 27 de la Ley de Derechos de la Infancia prohíbe el secuestro de niños y niñas. Nigeria, que ha ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para impedir el secuestro de niños y niñas y garantizar su derecho a la educación.

Muerte bajo cautiverio o durante un ataque 

Dos niñas y un niño secuestrados en el Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) el 17 de junio de 2021 fueron hallados muertos unos días después del secuestro. A dos de ellos les habían disparado en las piernas, y se sospechaba que el tercero había muerto a causa de su mal estado de salud.

El 6 de junio de 2021, se encontró a unos pocos kilómetros de Tegina (estado de Níger) el cuerpo de un niño de tres años secuestrado en la Escuela Islámica Salihu Tanko; otros cinco niños y niñas secuestrados durante el asalto también murieron bajo cautiverio. Al menos 136 niños y niñas de entre 3 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto y liberados el 26 de agosto después de pasar meses cautivos.

El 17 de febrero, Benjamin Doma murió cuando intentaba escapar de un asalto a su centro escolar, el Instituto Público de Ciencias de Kagara (estado de Níger), durante el que se secuestró a 27 escolares.

El 19 de septiembre, Edeh Donald, alumno de la Academia General Marista de Uturu (estado de Abia) murió cuando unos hombres armados atacaron su autobús escolar en la carretera de Ihube, en la zona de gobierno local de Okigwe, cuando regresaba de una excursión con sus compañeros.

Los grupos armados están atacando deliberadamente a niños y niñas. El uso de menores como escudo o baza para la negociación es inaceptable y debe cesar. El gobierno de Nigeria debe investigar estos ataques como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Osa Ojigho

Niños y niñas cautivos

Muchos niños y niñas secuestrados han sido liberados tras negociaciones, pero aún hay más de 61 menores cautivos meses después de su secuestro. El menos 56 niños y niñas del Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) continúan cautivos cuando han transcurrido 167 días desde su secuestro el 17 de junio de 2021. Durante el asalto se secuestró también a 102 personas entre las que, además de escolares, había ocho miembros del personal académico y no académico.

En Kaduna, tres estudiantes secuestrados en el Instituto Baptista Bethel el 5 de julio de 2021 llevan 149 días cautivos. Al menos 121 niños y niñas de entre 10 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto en la zona de gobierno local de Chikun.

Entre las 66 personas que permanecen cautivas tras su secuestro el 31 de octubre de 2021 en la Iglesia Baptista Emmanuel, en la zona de gobierno local de Chikun (estado de Kaduna), hay niños y niñas, incluido un bebé. “Los ataques a escuelas, los secuestros y los homicidios de escolares demuestran un desprecio absoluto por el derecho a la vida y el derecho a la educación. Las autoridades de Nigeria deben ofrecer protección a las escuelas y a los niños y niñas. Los ataques a escuelas violan el derecho internacional, y las autoridades deben garantizar que se investigan adecuadamente y se lleva a los presuntos responsables ante la justicia en juicios con las debidas garantías en los que no se recurra a la pena de muerte”, expresó Osai Ojigho.

Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

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Chile: liberar a violadores de DDHH en tiempos de coronavirus

América del Sur/Chile/Ladiaria.uy/Iván Ojeda Pereira y Roque Alfaro Navarro

¿Los gobiernos posdictatoriales chilenos promovieron y aseguraron la justicia para las víctimas de violaciones a DDHH? ¿Dónde está el límite entre buscar justicia transversal y validar la impunidad a violadores de DDHH? ¿Es la pandemia del coronavirus una razón válida para otorgar blindaje jurídico a criminales de lesa humanidad? ¿En qué momento los tribunales de justicia dejarán de ser cómplices y velarán por la dignidad? Son preguntas que como jóvenes no podemos dejar de realizarnos, porque en aquellas reflexiones descansa la posibilidad de que un país logre de una vez por todas comenzar a sanar las mortales heridas que la dictadura militar dejó en nuestro tejido social y cultural.

Esta columna nace desde la indignación de ver a la derecha chilena y a lo que en algún momento se autodenominó “izquierda” (la Concertación) cerrando filas en pos de entregar aún más regalías penales a quienes mediante el uso de la fuerza estatal violaron los derechos humanos y socavaron el alma de nuestra República. El objetivo del presente texto es criticar y reflexionar sociológicamente respecto a la acción de los gobiernos de la posdictadura chilena en materia de derechos humanos. Parece incluso que este tipo de acciones son la culminación de un pacto de retorno a la democracia cuya principal característica es la salida negociada de la dictadura de Pinochet y el traspaso del mando a gobiernos de la Concertación. En ese proceso no se derogó la Constitución, no se intervinieron las Fuerzas Armadas, se protegió la identidad de los violadores de DDHH y hoy se comienza a buscar alternativas para entregar garantías penales e indultos a los pocos criminales juzgados.

El 5 de octubre de 1988 Chile vivió un momento histórico. El plebiscito del Sí y el No dirimió la posibilidad de que Augusto Pinochet perdurara en el cargo o, de lo contrario, se mantuviera un año más en la presidencia y convocara a elecciones generales 90 días antes que de que expirara la prórroga. El resultado del plebiscito se inclinó por la segunda opción y el demócrata cristiano Patricio Alwyn fue elegido en 1990 como presidente de la República, dando fin a veinte años de una sangrienta dictadura militar. La pregunta es: ¿realmente el cuento fue de esa forma? ¿Realmente Pinochet perdió y retornamos a la democracia? Óscar Godoy (1999)1 menciona que el retorno chileno, a diferencia de otros países latinoamericanos, fue un retorno pactado, donde los grupos que asumieron el poder realizaron acuerdos con el dictador para conducir el traspaso bajo sus reglas del juego. Estos pactos significaron: a) la persistencia de aspectos claves de la institucionalidad política gestada en dictadura, como la constitución vigente de 1980; b) la no intervención al modelo punitivo de fuerzas armadas y de orden, y c) apoyo jurídico y político en mantener la impunidad o, de lo contrario, encontrar las mejores condiciones penales para los pocos juzgados por crímenes de lesa humanidad. Este contexto evidentemente no constituye un modelo democrático y generó un sistema político cargado de enclaves autoritarios que, en palabras de Garretón y Garretón (2010),2 es una democracia incompleta.

Este pacto se ha traducido en una serie de eventos, por ejemplo, en que Pinochet continuó como general en jefe del Ejército, y durante los cuatro años siguientes se sentó en el Parlamento como senador designado y se declaró senador vitalicio. O que su juicio fue llevado por el juez español Baltazar Garzón y su detención por la Policía británica. ¿Qué clase de democracia sienta al dictador en el Parlamento y lo deja a cargo del Ejército? ¿Qué clase de democracia dota de fuero parlamentario a un responsable de violaciones a los derechos humanos y no lo juzga por sus crímenes? Esa es la democracia de los pactos, la democracia de los acuerdos, la democracia de la concertación, una democracia que escondía a los asesinados, torturados y mutilados bajo la alfombra de la historia chilena. Si bien los gobiernos de Concertación realizaron procesos de investigación de las violaciones a DDHH, como el informe Rettig y la Comisión Valech, no necesariamente se orientan hacia la justicia y reparación de los familiares de los desaparecidos, ni tampoco buscan potenciar procesos de reconstrucción societaria a la violencia estatal. Ricardo Lagos Escobar, del Partido por la Democracia, en su mandato presidencial decretó el secreto sobre contenidos del informe Valech, protegiendo la identidad de los autores de crímenes de lesa humanidad. ¿Un texto lleno de líneas tachadas que no da cuenta de los nombres de los responsables busca justicia o impunidad?

El presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle creó en 1994 la cárcel Punta Peuco con la finalidad de que el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (Dina), Manuel Mamo Contreras, cumpliera su primera condena por el asesinato del canciller Orlando Letelier y posteriormente por los otros 35 procesos, por los que suma un total de 350 años de cárcel. Posterior a esto, el penal continuó albergando a los juzgados por crímenes en la dictadura bajo el pretexto de cuidar su seguridad personal. Esta cárcel, si se puede llamar así, pone a su disposición salas de recreación, canchas de tenis, asistentes personales, piscina, médicos, entre otros lujos, mientras que el resto de la población carcelaria del país tiene altas tasas de hacinamiento y condiciones miserables de vida.

Durante esta semana, el tema en Chile vuelve a salir a colación porque el presidente Sebastián Piñera y la derecha política, en una torpe jugada, evidenciaron sus continuas ganas de entregar garantías a los pocos responsables juzgados por crímenes en dictadura. Este esfuerzo se materializa no solo desde el gobierno sino desde la totalidad del Estado, en tanto parte del Poder Legislativo de derecha participa, y el Poder Judicial deja en claro una vez más que no sólo se llenaron de temor para juzgar a Pinochet, sino que mantienen formas de apoyo a sus colaboradores.

El 9 de abril de 2020 el gobierno puso carácter de discusión inmediata en el Congreso al proyecto de “ley humanitaria” para la población penal, que en el marco de descongestionar las cárceles para evitar la propagación del coronavirus entrega el beneficio de reclusión domiciliaria para algunos reos. Lo problemático es que Piñera y su gobierno establecen que no importa la naturaleza del delito para optar por el beneficio, mientras estén en fase terminal de una enfermedad, se tengan más de 75 años y se haya cumplido a lo menos la mitad de su condena. Estos criterios han generado una serie de dudas, porque, contrario a los convenios internacionales de derechos humanos,3 entrega beneficios carcelarios para criminales que no han demostrado arrepentimiento sobre sus crímenes y mediante tratos de silencio no han aportado a las investigaciones. Por otro lado, el proyecto no establece mecanismos transparentes para establecer enfermedades terminales, y además ¿las posibilidades de contraer coronavirus es una justificación real cuando hablamos de una cárcel VIP?

Frente a esto, ¿cuál fue el posicionamiento de la ex Concertación? El ex presidente Ricardo Lagos, del Partido por la Democracia, el mismo que profundizó el neoliberalismo, privatizó servicios sociales, mantuvo Punta Peuco y protegió la identidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, apoyó el proceder de Piñera y se declaró a favor de indultar a estos criminales mediante el proyecto de ley humanitaria. Entonces, surge la duda de si esto no será el último aspecto del pacto de retorno a la “democracia”. ¿Cómo se puede justificar tamaña validación de la impunidad? Esta interrogante nos motiva a alzar la voz contra los gobiernos de la posdictadura que permitieron la continuidad del negacionismo en la sociedad chilena y hoy demuestran su poco compromiso con los ideales de la democracia.

En Chile no es para nada extraño que la derecha política siga velando por la impunidad y la ex Concertación se ponga al servicio.

El mismo 9 de abril de 2020 dictaba sentencia la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a las condenas para ex agentes de la Dina juzgados por delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de 17 personas entre 1973 y 1977. Antes de que los criminales cumplieran tres años en la cárcel, este fallo viene a revisar sus condenas, revocar el fallo contra ocho ex agentes y reducir la condena de los nueve restantes a tres años y un día de libertad vigilada. Para el Poder Judicial chileno, ¿es más grave robar un auto que cometer crímenes de lesa humanidad?, ¿en qué momento los tribunales de justicia cumplirán su rol?, ¿cuándo se perseguirá a los cómplices civiles de la dictadura? Son interrogantes de hace 30 años. Desde la transición a la democracia, la Justicia ha asignado penas rebajadas y vergonzosas por cada asesinato, tortura y violación, privilegiando que gane la injusticia y jamás sane la herida del país.

Parecería que la pandemia está generando el contexto para que el pacto de poder político para la impunidad se materialice por completo. En nuestro país algunos sectores propician condiciones institucionales para la impunidad. Han mantenido por 30 años la cultura de la impunidad, que subjetiviza los derechos humanos y que se ha expresado en el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, en la represión contra movimientos estudiantiles y nuevamente con las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo como consecuencia del estallido social.

Los que la derecha llama “viejitos de Punta Peuco” han sido los más brutales criminales de la historia chilena actual. No podemos jamás olvidar lo que esos asesinos hicieron a las personas en nombre del Estado. Nieves Ayress, torturada en dictadura, entrevistada por el noticiario chileno 24 Horas el 16 de diciembre de 2014, relataba:

“A mí me torturaban y me metían botellas en la vagina, me metían palos por el ano y a muchas compañeras les hacían lo mismo con objetos. La orden que había en ese momento para los militares era destruir la vagina de todas las que éramos jóvenes y estábamos en período de reproducción”.

“Nos destruyeron la vagina y el útero para que no fuéramos reproductoras de revolucionarios y comunistas. Esa fue la orden que les dieron [a los militares] (…) Aparte de ser prisioneras políticas, nos torturaban por ser mujeres. Ellos [los torturadores] nos decían: ‘ustedes son mujeres y no tienen que estar metidas en esto [política]’”.

Estos son los “viejitos de Punta Peuco”, los sociópatas a los que Sebastián Piñera ya ha indultado, como cuando en 2018 indultó al responsable del asesinato de Beatriz Díaz, la joven de 26 años asesinada con seis meses de embarazo. En Chile no es para nada extraño que la derecha política siga velando por la impunidad y que la ex Concertación se ponga al servicio.

Iván Ojeda Pereira y Roque Alfaro Navarro son estudiantes de Sociología de la Universidad de Chile.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/chile-liberar-a-violadores-de-ddhh-en-tiempos-de-coronavirus/


 

 

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Gendarmería no educa

Por: Marcelo Musante

Es presentada como la institución encargada de educar a jóvenes de 16 a 20 años. Pero hace sólo dos semanas, fue sentenciada en un fallo histórico como responsable de un crimen de lesa humanidad contra el pueblo Pilagá, por la feroz Masacre de Rincón Bomba. ¿A quiénes les hablan en plena campaña electoral con la implementación del Servicio Cívico Voluntario? ¿Qué es la Gendarmería Nacional Argentina?

Si hay un grupo etario estigmatizado por el Estado Nacional, es el de los jóvenes de los barrios marginados. Un grupo social que es constantemente marcado negativamente, perseguido y encerrado por las fuerzas de seguridad, ente ellas, la propia Gendarmería Nacional. La definición descalificadora es contundente: “Ni estudian, ni trabajan”. Entonces, se vuelven “peligrosos”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo, nada más ni nada menos, que de la Gendarmería Nacional, la misma que hace dos semanas fue sentenciada como responsable de un crimen de lesa humanidad por haber sido ejecutora de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa en 1947. ¿Por qué una fuerza de seguridad militar debe hacerse de un proceso educativo para jóvenes de 16 a 20 años?

Masacrar

A principios de mes -el 4 de julio-, el juez federal subrogante de Formosa Fernando Carbajal caratuló como Crimen de Lesa Humanidad a la masacre de Rincón Bomba perpetrada por la Gendarmería Nacional en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

La represión duró varios días e incluyó fusilamientos, violación de mujeres, asesinatos de niñas y niños, incendio de cuerpos en fosas comunes, entre muchas otras atrocidades. El terror institucional en su dimensión más totalizadora. Y el horror silenciado durante más de setenta años como manto protector de la responsabilidad estatal.

Ahí está el documental “Octubre Pilagá” y libro del mismo nombre de Valeria Mapelman para entender lo sucedido en profundidad a través del relato de muchos ancianos y muchas ancianas. Es material imprescindible para ver el accionar de la muerte que implementó la Gendarmería Nacional Argentina a partir de un 10 de octubre.

Ahí están los sobrevivientes pilagá en Formosa para contar qué sucedió a quien se acerque a escuchar sus historias llenas de dolor y de resistencia. Están en Las Lomitas, Ibarreta, Estanislao del Campo, en Pozo del Tigre y en cada comunidad indígena de la zona.

Ahí están Noole Palomo, Bartolo Fernández y la Federación Pilagá para contar una y mil veces los sucedido. No se cansaron nunca de hacerlo junto con muchos de los ancianos y ancianas sobrevivientes que fueron falleciendo en un proceso judicial que duró 14 años. Que no le importó ni al Estado Nacional ni al Provincial, que fue abandonado durante una gran parte de ese tiempo por los dos abogados que lo iniciaron y que debieron sostenerlo sin recursos económicos.
Pero ahora, ahí está la sentencia con carácter de verdad emitida por el Juzgado Federal N°1 de Formosa. Un reconocimiento único en nuestro país como crimen de Lesa Humanidad contra una población indígena y que será fundamental como precedente a otros similares, como el de Masacre de Napalpí ocurrida en Chaco en 1924.

A doce días del histórico fallo, el gobierno nacional del Presidente Mauricio Macri creó el Servicio Cívico Voluntario para jóvenes de 16 a 20 años como un sistema educativo de formación en valores y disciplina que puso a cargo de la propia Gendamería Nacional. Una paradoja que encierra otras.

Educar

La sentencia plantea la obligatoriedad de una serie de reconocimientos públicos. Dinero para obras, becas estudiantiles para jóvenes, declarar el 10 de octubre como efeméride de “La masacre de la Bomba”, la construcción de un monumento conmemorativo, y la obligatoriedad para el ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación de incluir los hechos sucedidos en la planificación académica.

Es decir, más allá de los resarcimientos económicos hay una fuerte apelación a la construcción de la memoria. A reconocer y resarcir en términos de verdad y justicia una masacre que había sido intencionalmente olvidada en la historia argentina.

Pero mientras el juez federal en Formosa sentencia la inclusión del crimen de Gendarmería Nacional en la currícula escolar, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, se sienta al lado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa de anuncio del proyecto para defenderlo en beneficio de los “los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle”, con el “el objetivo principal es adentrar a los jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores y la disciplina”.

Un proyecto educativo que desde sus primeros objetivos estigmatiza a jóvenes que son marginados de un sistema público y que los enmarca bajo una sigla conocida como “Ni Ni”. Un grupo etario y social en los que parece que son ellos los que no quieren trabajar ni estudiar.

Esos jóvenes saben bien lo qué significa esa marcación negativa y lo que habilita represivamente para las fuerzas de seguridad en los barrios. Esos jóvenes son los que llenan las comisarías, cárceles, quedan como mano de obra del narcotráfico o son utilizados por las propias fuerzas para delinquir.

El gobierno nacional pone al frente de un proyecto educativo para jóvenes que no pueden acceder a las escuelas ni al trabajo a una fuerza de seguridad militar.

Y la ministra de Seguridad se jacta de afirmar que los “gendarmes docentes” estarán sin armas durante las clases. Como si el ejercicio de la violencia requiera exclusivamente de armas y no tuviera que ver con posicionamiento ideológicos en términos de contenidos y prácticas pedagógicas.

Historial

Se podría responder que aquellos gendarmes de la Masacre de Rincón Bomba no son estos gendarmes. Que aquella fuerza era distinta que esta.

Pero esta Gendarmería Nacional fue la misma ejecutó el 1 de agosto de 2017 la represión ilegal que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y su violenta muerte en el Río Chubut.
Es esa misma Gendarmería Nacional a la que se la ve en muchas filmaciones bajando de camionetas disparando, tirando piedras y reprimiendo.

Es esa Gendarmería que participó del mega operativo contra la comunidad mapuche en el Lago Mascardi y que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en el que está imputado y con prisión domiciliaria el Cabo Javier Pintos del grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Es esa Gendarmería Nacional que hizo la pericia balística que intentó ocultar todo y simular la idea de enfrentamiento afirmando que había pólvora en la mano de Rafael.

Es la misma Gendarmería Nacional que el 13 de junio de 2014, dos de sus efectivos pararon a Andrés García Rampoy en un control sobre la Ruta 7 en Luján de Cuyo, Mendoza, y lo asesinaron de un tiro en la nuca en un caso de “gatillo fácil” sin resolver.

Es la misma que el 7 de septiembre de 2013 cuando cayó asesinado Kevin Molina en la Villa Zavaleta, y con apenas 9 años, encubrieron el enfrentamiento entre bandas narcos cuando tenían puestos de vigilancia a cien metros junto con la Prefectura.

Es la que se metió en la Universidad de Río Negro a fines del año pasado y desalojó una asamblea y toma pacífica que rechazaba los recortes presupuestarios.

Es la que actuó en acuerdo con la policía formoseña de Gildo Insfrán durante la represión del 23 de noviembre de 2010 en la Colonia La Primavera en Formosa y terminó con el qom Roberto López asesinado. Es la que en esa misma provincia amenaza a las comunidades pilagá que de Oñedié y Penqolé. En tierras donde ocurrió la masacre de Rincón Bomba y los gendarmes hace rondas nocturnas amenazando con desalojar.

En la misma Gendarmería Nacional que hace continuamente operativos violentos, requisas injustificadas y que son defendidas acríticamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sin ningún tipo de costo político ni judicial.

Valores

¿Por qué una fuerza represiva del Estado debe hacerse cargo de un proceso educativo y no el Ministerio de Educación? ¿A quién le habla el gobierno nacional con esta implementación del Servicio Cívico Voluntario en plena campaña electoral? ¿Qué sentido educativo puede tener para los y las jóvenes que participen yendo apenas una hora por día?

¿Será una nueva forma que adquiere el control social sobre estos y estas jóvenes? ¿Es un guiño a un sector del electorado que todavía sigue pidiendo por la reivindicación del accionar de las fuerzas militares en la última dictadura? Muchos medios de comunicación hegemónicos salieron a cuestionar las críticas al proyecto apelando a dejar de atrás los reparos, la memoria, que organizaciones sociales, de Derechos Humanos y partidos políticos tienen sobre las fuerzas militares en nuestro país.

¿Qué podrá tener para decir esta Gendarmería Nacional sobre Rincón Bomba, sobre la represión el Lof Cushamen, sobre el asesinato de Rafael Nahuel o en cada caso de gatillo fácil y encubrimiento que participó y que aquí apenas se mencionaron algunos? ¿Alcanza con que den los talleres sin armas? ¿Qué tipo de conocimiento se pretende construir desde ese lugar?

El 4 de julio la sentencia del juez Carbajal afirmó que la masacre de Rincón Bomba debe recibir un “resarcimiento civil a consecuencia de la violación de derechos humanos por los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por y a través de material y personal perteneciente a Gendarmería Nacional”.

Esta Gendarmería nunca reconoció la masacre ni pidió disculpas públicas. La ministra de ministra Patricia Bullrich afirmó que es la institución más valorada del país. De eso se trata, de valores. De valores y de jóvenes. Las fuerzas militarizadas en nuestro país no tienen que formar parte de ningún proyecto de educación pública. Nunca más.

Fuente: https://www.marcha.org.ar/gendarmeria-no-educa/

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Venezuela: Denunciar a los creadores y operadores de Dolar Today por crímenes de Lesa Humanidad, petición para la ONU

Venezuela/01 diciembre 2016/Fuente: change.org

NOSOTROS, LOS SIGUIENTES FIRMANTES DENUNCIAMOS A LOS CREADORES Y OPERADORES DE DOLAR TODAY POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, POR LOS ATAQUES Y GUERRA ECONÓMICA INDISCRIMINADA QUE AFECTA  A LOS 30 MILLONES DE VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS.

Dolar Today comenzó con apenas una cuenta en Twitter fundada en mayo de 2010 para informar del precio del dólar en Cúcuta, convirtiéndose en 2012 en un website dedicado a publicar a diestra y siniestra matrices desestabilizadores contra el gobierno bolivariano de Venezuela.

Las caras detrás de la página web que maneja a su antojo el dólar paralelo y que con ello repercute en la guerra económica que aqueja a Venezuela y sus 30 millones de habitantes, y que se han cuidado bien de no revelar su verdadera identidad quizás para burlar las leyes.

Sin embargo, nada está oculto entre cielo y tierra por tiempo indefinido: de acuerdo con documentos consultados en EE.UU. y en entrevistas con personas relacionadas con el funcionamiento del portal, los creadores de DolarToday no son banqueros prófugos, como algunos piensan sino tres opositores de la extrema derecha que antes de vivir en Miami hacían vida en Venezuela.

En EE.UU. se registró la patente del logo que identifica a la página, identificando al director de Dolartoday como Gustavo Alberto Díaz Vivas, egresado en el puesto 75 de la Academia Militar de Venezuela como subteniente en julio de 1979, quien vive actualmente en EE.UU. desde el 22 de junio de 2005.

Durante el golpe de estado de abril de 2002, Díaz Vivas fue designado nada más y nada menos que como subjefe de la Casa Militar del gobierno de Pedro Carmona Estanga.

Sus otros socios en el portal son Iván Lozada Salas, extrabajador de la telefónica venezolana Cantv cuando aún era una empresa privada. De acuerdo con su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Lozada Salas dejó de prestar servicios en esa empresa el 3 de octubre de 2005.

Jesús Enrique Altuve Lozada, primo de Lozada Salas, es responsable de proteger el sitio web de ataques de piratas informáticos y vive en la costa este de EE.UU. Trabajó como empleado por última vez en Venezuela para la empresa Terra Networks, de la que se retiró a principios de 2003, fecha desde la cual no cotiza en el seguro social.

Esta petición será entregada a:

  • ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

 

Fuente:https://www.change.org/p/los-ciudadanos-y-ciudadanas-de-la-rep%C3%BAblica-bolivariana-de-venezuela-denunciar-a-los-creadores-y-operadores-de-dolar-today-por-cr%C3%ADmenes-de-lesa-humanidad

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Argentina: Educación invita a secundarios a trabajar con la megacausa de La Perla

Argentina/19 de agosto de 2016/www.lanacion.com.ar

Es el último gran juicio de crímenes de lesa humanidad en el país; la sentencia es en una semana en Córdoba; piden a docentes y alumnos reflexionar sobre «justicia y libertad»

A una semana de que el Tribunal Federal 1 de esta ciudad falle en lamegacausa La Perla-el último gran juicio por crímenes de lesa humanidad en el país- el ministerio de Educación de la Provincia sugirió a las escuelas secundarias que realicen un abordaje del tema junto a los estudiantes.

El juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012 y lo de «mega» se debe a que acumuló 21 expedientes con 45 imputados y 716 víctimas, de las cuales 279 están desaparecidas. En 71 casos de asesinatos fueron recuperados e identificados los restos. En el arranque los imputados eran 57, pero diez murieron y otro fue apartado en el proceso. A lo largo de las 255 audiencias pasaron 581 testigos.

Los fiscales pidieron un total de 34 cadenas perpetuas y penas de entre 10 y 20 años para los acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de un menor, el nieto de Sonia Torres.

Desde el ministerio de Educación invitaron a los directores de secundarios a trabajar «los conceptos de justicia y libertad como valores que hacen posible consolidar la vida democrática del país».

Los instaron a tomar el material «Juicio al Terrorismo de Estado. Megacausa La Perla-La Ribera», disponible en el sitio web de la Subsecretaría de Promoción e Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio.

El comunicado señala que el jueves 25, cuando se dictará el veredicto, las escuelas podrán organizar una jornada para ver la transmisión en vivo de la sentencia, como también una visita a los Tribunales Federales.

ULTIMAS PALABRAS

Entre los imputados se cuenta Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera titular del Tercer Cuerpo de Ejército, quien al hacer uso del derecho a sus últimas palabras en el juicio reiteró que en la Argentina «hubo una guerra internacional entre nuestra patria y el marxismo» y sostuvo que la acción del Estado «tuvo la franca aprobación del pueblo argentino».

«Este es un juicio en el que los delincuentes acusan a las fuerzas legales y se presentan a la Justicia diciendo que son las víctimas -continuó-. No hubo represión ilegal alguna».

A su turno, Ernesto «Nabo» Barreiro, ex mayor del Ejército y jefe de torturadores de La Perla, afirmó: «Tarde o temprano, nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida Patria, y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre».

Tomado de: http://www.lanacion.com.ar/1929221-educacion-invita-a-secundarios-a-trabajar-con-la-megacausa-de-la-perla

Imagen: https://www.google.com/search?q=Educaci%C3%B3n+invita+a+secundarios+a+trabajar+con+la+megacausa+de+La+Perla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVztDM7cvOAhXC1B4KHdprADUQ_AUICCgB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=+trabajar+con+la+megacausa+de+La+Perla&imgrc=AE6MZScGcL7akM%3A

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