Críticas a las políticas educativas

Reforma educativa sin veda electoral

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Lev M. Velázquez Barriga*

Desde que iniciaron las campañas electorales no ha habido un momento de tregua para la educación pública, los docentes y los alumnos. Por el contrario, el gobierno federal está dando pasos, apresurados pero firmes, para alcanzar sus objetivos privatizadores y antilaborales. Está sentando las bases para consolidar el nuevo modelo educativo antes de terminar el sexenio. Están preparando las condiciones para dejar márgenes muy estrechos ante cualquier intento de cambio de rumbo en el siguiente gobierno.

En pleno periodo electoral continúan con la insaculación para designar a los docentes que habrán de ser sacrificados en la evaluación de la permanencia. Quieren mantener viva la reforma educativa y satisfacer sus deseos de tortura sicológica y laboral, de los que también son fanáticos los organismos empresariales que han desatado una campaña de denostaciones contra las movilizaciones de la disidencia magisterial.

Se anunció la desaparición de la licenciatura en educación especial. Así lo denunciaron públicamente académicos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Será sustituida por educación inclusiva, aniquilando el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación con los especialistas, y en las condiciones materiales propicias para atender las necesidades específicas de quienes requieren atención especial. Se trata de un acto de discriminación que pretende encajonar las desigualdades cognitivas en la estandarización de una sola escuela y una sola medición para las diferencias. Estos son los objetivos primordiales, lo demás es discurso para atrapar a los incautos de la moda que ayer vestían de competencias y hoy adornan con la educación inclusiva.

Esta medida es parte de la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, con la cual se armonizaría a bote pronto la formación inicial de los docentes con el nuevo modelo. La propuesta está plasmada en unos cuantos documentos inconclusos que han variado acorde a los reclamos y críticas de la comunidad normalista. La estrategia, que entraría en vigor en agosto de este año, fue resultado de la verticalidad acostumbrada por el gobierno y la consulta selectiva de aquellas escuelas más alineadas a la visión tecnocrática de la educación. El bloque de normales que se declara por el aplazamiento de la reforma en ese nivel educativo, incluso por su no aplicación en el siguiente ciclo escolar, crece a la par que se amplía la incertidumbre sobre la pertinencia y la viabilidad de un plan sin los elementos básicos para contemplarlo con seriedad.

Apenas hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para el ajuste de horas que implica las modificaciones realizadas al plan de estudios a partir del nuevo modelo educativo. Con la reforma curricular anterior ya se había hecho una reducción a la cantidad de talleres para la formación tecnológica, pero en el ajuste publicado ya no aparecen las tecnologías que se imparten en educación secundaria. Se dejó en el limbo a los docentes que enseñan en los múltiples talleres de educación para el trabajo, y a los jóvenes sin posibilidades de aprender el oficio de electricista, carpintero, soldador o costurera, que si bien contribuyen a su desarrollo personal, ya no generan habilidades de alta rentabilidad económica para las empresas que tienen como base las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

El mismo día, en el DOF se publicaron los lineamientos para el desarrollo y ejercicio de la autonomía curricular, la cual se expresa mediante la creación de clubes de formación diseñados desde la Secretaría de Educación Pública, por la propia escuela o estableciendo alianzas con el sector privado. Se abre así la puerta a la privatización y mercantilización del currículo. Los negociantes de la economía del conocimiento ya tienen un abanico de materiales y propuestas a la venta. Otros podrán echar a andar sus fundaciones educativas para la formación de la mano de obra específica de su ámbito productivo o la promoción de valores consumistas que más se acoplen a su negocio. Con los clubes se genera una mayor carga laboral a los docentes y se abre un canal para la subcontratación de personal, lo cual ya sucede en algunos programas, como en escuelas de tiempo completo.

La tecnocracia reformista no espera conocer los resultados del primero de julio para saber si continúa o no avanzando con la reforma educativa. Intenta imponerla hasta el último día de su gobierno. ¿Por qué habrían de darles tregua los maestros de la disidencia magisterial y los académicos en defensa del normalismo? Aunque ellos son los responsables del desastre educativo, pretenden irse impunes. Yo no sospecho del trasfondo político de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de los de aquellos que convocan a la inmovilidad y esperan pasivos a delegar en las urnas su responsabilidad histórica.

* Doctor en pedagogía

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2018/06/16/politica/014a1pol

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Las mentiras de Acuña y la educación pública porteña

Hernán Cortiñas

En declaraciones a Tiempo Argentino, la ministra de educación porteña defendió su gestión a punta de mentira: negó el problema salarial y la falta de vacantes, confirmó el proyecto UNiCABA, y responsabilizó a la docencia de la no implementación de ESI.

Por Hernán Cortiñas / Patricio del Corro

Con la llegada de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Argentina comienza una segunda etapa del plan de guerra contra el pueblo trabajador. A la devaluación de los últimos meses ahora se suma la negociación de presupuestos de ajuste fiscal en todo el país, de esta forma, tanto los empleos públicos cómo los presupuestos de los diferentes servicios sociales están en la mira.

En una entrevista a Martín Suárez de Tiempo Argentino, la ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires respondió a las principales críticas que se hacen de su gestión desde diferentes actores educativos como docentes, estudiantes y familias; habló de salarios, cierre de profesorados, implementación de la ley de educación sexual, falta de vacantes y baja en el presupuesto educativo. Aquí chequearemos cada una de sus principales afirmaciones.

Aumento de salarios: «recién en septiembre»

Sobre la cuestión salarial fue descarnada. La docencia viene reclamando no perder poder adquisitivo, y ha recibido hasta el momento un aumento del 8%, cuando el índice de precios oficial ya confirmó que se superó el 16% y las consultoras proyectan que se superará el 30% durante el 2018. Frente a esto la conducción de UTE anunció un paro de 24 hs al regreso a clases y Ademys uno de 48 hs. 
La ministra afirmó que se sentará a negociar «recién en septiembre», cuando haya depositado las otras dos cuotas ofrecidas y el aumento haya llegado sólo al 15%. Extraoficialmente desde el Gobierno afirman que el aumento en el sector público no superará el 20% para cumplir con las promesas al FMI de ajuste fiscal, es decir un recorte de, por lo menos, un 10% del salario real docente.

«La Ley de ESI es responsabilidad de nuestras maestras y maestros»

Luego de pronunciarse contra la legalización del aborto, y sólo por la despenalización, Acuña señaló que «hay una implementación correcta de la Ley de ESI en todos los niveles», que «la forma de enseñar que piden los pibes es distinta a la que usan los docentes» y que «es un enfoque equivocado buscar, a través del presupuesto, si la ley se está cumpliendo o no». De esta forma se lavó las manos sobre los problemas que vienen denunciando tanto estudiantes como docentes, descargando la responsabilidad de la incorporación de educación sexual sobre la docencia.

El cinismo de estas afirmaciones contrasta fuertemente con la realidad. El ministerio nunca declaró la capacitación en educación sexual como línea prioritaria, como así tampoco garantizó formación en servicio sobre el tema. Es más, el único postítulo en esta temática tuvo que dejar afuera este año a la mitad de los inscriptos por falta de nuevas designaciones, a lo que se suma que las docentes a cargo están precarizadas con contratos a término y aún no han cobrado a esta altura del año.

Asimismo, siguen sin existir espacios curriculares específicos o personal designado para tal tarea en cada escuela, eso sin mencionar que la ley actual no especifica que tenga que darse con una perspectiva de género, lo cual, en los hechos, avala la entrada de ONGs a las escuelas como Protege tu Corazón que promueve la idea cristiana de que la abstinencia es el mejor método anticonceptivo.

«No se cierran profesorados, pero la UniCABA sigue adelante»

El principal conflicto educativo de la primera mitad del año fue provocado por el proyecto de cierre de los profesorados porteños. Contradictoriamente la ministra niega que se vayan a cerrar, pero luego afirma que «hablamos de una transferencia gradual», es decir que no sería un ajuste por shock, sino gradual. Luego, para justificarlo sigue repitiendo afirmaciones falsas como que «hay planes de estudios extensos que están alejados de las prácticas», cuando en realidad los planes tienen menos de 2 años, prácticas desde primer año y fueron aprobados por la gestión actual; o que el cambio de nombre a Universalidad podría resolver por medio de una maniobra semántica la deserción de los estudiantes o la extensión de la carrera por fuera de los tiempos estipulados. Frente a estas problemáticas lo que realmente hace falta son juegotecas para garantizar la cursada de padres y madres, y un sistema de becas integrales que evite la deserción.

Acuña también se refirió a la falta de «vocación» por elegir la docencia entre los jóvenes, lo que se «olvida» es que es una de las tres profesiones peor pagas de la ciudad, claro que ella con un sueldo en bruto de $179.612 por mes no ve problemas para «dedicarse» a la educación.

«No hay falta de vacantes»

No hay peor ciego que el que no quiere ver, o más bien, que el que no le conviene ver. Contradiciendo sus propios datos oficiales afirmó que “en la Ciudad no hay falta de vacantes en la educación obligatoria desde los 4 años”, sin embargo, cuando tuvo que responder al pedido de informes de Patricio del Corro reconoció que dejaron faltaron 11.958 chicos sin asignar vacantes (10.665 de nivel inicial; 439 de primario y 328 del secundario).

Esas cifras luego del amparo presentado por Del Corro y Bregman, las intentan esconder detrás de la no obligatoriedad de parte del nivel inicial, con vacantes en la otra punta de la ciudad de donde viven los chicos o sobrepoblando aulas. Sólo después de una intimación de la jueza a multas por esconder información aceptaron que las y los supervisores fuera citados, quienes fueron contundentes en sus declaraciones: por ejemplo, afirmaron que 52 micros salen de la villa 31 hacia escuelas fuera del barrio, que en la zona de Parque Avellaneda hay 247 familias no les servían las vacantes ofrecidas y que en Lugano salen todos los días micros con 240 chicos para primarias en zonas alejadas.

Todo esto sin contar la sobrepoblación de aulas en zona sur, que sólo en el barrio de Mataderos llega a 527 según declaraciones de la supervisora de primaria de dicha zona. A partir de estos datos calculamos que faltan 9 escuelas primarias más en la zona sur, que no están proyectadas construirse, y entre 30 y 50 jardines en toda la ciudad, dependiendo la cantidad de secciones que alberguen, para cumplir con el derecho a la educación desde los 45 días tal como establece la constitución de la ciudad.

«No dejamos de invertir un peso en educación»

Frente a las críticas por la baja en el peso del presupuesto educativo, que bajó 10 puntos porcentuales en los últimos años, señaló que “no dejamos de invertir un peso en la educación pública por transferir a las privadas”, para luego rematarlo con que “pensar que el problema de la educación tiene que ver con el financiamiento es no entender el problema de fondo”. Precisamente el problema es el Fondo Monetario Internacional que en el acuerdo con el Gobierno fija metas que sólo se pueden cumplir ajustando en la educación pública, mientras chicos se quedan sin vacantes, el estado edilicio de cientos de colegios es deplorable y la docencia no llega a fin de mes. ¿Cuántas escuelas se podrían construir en sólo un año con los $6050 millones de pesos que dedican al sector privado en educación o con los $1200 millones de los colegios católicos que no cumplen con la ley de educación sexual?

Los planes del FMI implican un ataque de conjunto sobre el pueblo trabajador que empeora las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. En la reunión de la comisión contra la violencia institucional, que preside Myriam Bregman, fueron sistemáticas las denuncias de situaciones de más hambre en las escuelas, en especial las de zona sur. Sólo un necio o cínico negaría que ampliar el presupuesto para dar planes de becas integrales y garantizar un servicio de comedor universal no impactaría en una mejor educación pública.

«No era un protocolo antitomas»

Para responder a las preguntas por los protocolos que criminalizan la protesta estudiantil la ministra eligió los eufemismos “no era un protocolo antitomas sino pautas de acción para las autoridades de las escuelas”, cuando dicha disposición implica, en los hechos, la identificación de los estudiantes que se manifiestan y la intimación, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales, a los responsables legales para que retiren a sus hijos de los colegios.

Poner en pie una fuerza que sea capaz de defender la educación pública
Garantizar el derecho a la educación pública, junto a otros como salud, mejora las condiciones de vida del pueblo trabajador y se transfiere, del hogar privado al Estado, una parte de la carga del trabajo reproductivo. Por eso mismo, podemos afirmar que las políticas que impone el FMI de privatización o ajuste en educación pública es un golpe al “bolsillo” de las familias obreras y/o un aumento del trabajo reproductivo en el hogar, es decir, mayoritariamente de las mujeres de la familia. La lucha contra esta ofensiva sobre las masas y por ampliar el acceso a la educación, por ejemplo, con jardines, es también un esfuerzo de la clase por demandar su porción de la civilización.

En este sentido tienen una responsabilidad central las conducciones sindicales, en alianza con el movimiento estudiantil y de mujeres, para desarrollar un plan de lucha no solo por las reivindicaciones inmediatas, sino, especialmente enfocado a derrotar el ajuste que nos quieren imponer el FMI, el Gobierno y los gobernadores con la colaboración de la CGT, e imponer una salida de las y los trabajadores a la crisis.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Las-mentiras-de-Acuna-y-la-educacion-publica-portena

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La educación como campo de disputa

Pablo Imen

Por: Pablo Imen.

El ex ministro Esteban Bullrich tuvo como primer hecho público de su gestión un encuentro en Jujuy, en febrero de 2016, que culminó en la denominada «Declaración de Purmamarca», en la cual el Consejo Federal de Educación «afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años, en pos de concretar los desafíos pendientes…». Dicho de otro modo, el texto valoraba positivamente lo realizado en los gobiernos previos y se comprometía a recorrer un camino con continuidades fundadas en el reconocimiento de lo construido, y la voluntad de avanzar en asignaturas pendientes.

Muy pronto estas palabras fueron desandadas, tanto en el plano del discurso como en el de los hechos, abriendo un proceso de descalificación y desmantelamiento de las construcciones político-educativas y pedagógicas ocurridas entre 2003 y 2015.

En el segundo semestre de 2016 descerrajó contundentes definiciones. En septiembre —en el marco de un acto en Choele Choel— afirmó: «Esta es la nueva Campaña del Desierto, sin espadas, con educación». En octubre —en el marco del coloquio empresarial de IDEA— advirtió que «este sistema educativo no sirve más» lo cual desmiente el compromiso de febrero y reafirma su amenaza de septiembre. Un mes después en la 22 Conferencia de la UIA remató otro basamento del proyecto educativo de Cambiemos. Dijo Bullrich: «Yo no me paro aquí como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos».

En el plano de los hechos hubo acciones muy concretas en dirección inequívoca: reducción presupuestaria, vaciamiento de los programas centrales del Ministerio de Educación, profundización de una descentralización desigualadora —tanto en el plano de los programas antes coordinados por Nación como en el de las negociaciones paritarias—, introducción o profundización de la mercantilización educativas (desde el Acuerdo Federal Minero al convenio con Microsoft, pasando por ONGs como Enseña por Argentina o Junior Achievement). Se anunciaron programas como Escuelas del Futuro —un proyecto que pone en el centro del proceso educativo a la tecnología— y en CABA se avanzó con iniciativas muy fuertes y controvertidas como las orientadas a la radical reforma del nivel secundario (Secundarias del Futuro) o la amenaza del cierre de los Institutos de Formación Superior Docente para su reemplazo por una Universidad de CABA para la formación de futuros docentes en la Ciudad. Iniciativas como el desprolijo pero revelador proyecto de ley denominado Plan Maestro van delineando un corpus ideológico, político educativo y pedagógico.

En suma, esta política educativa fundada en la descalificación de lo existente y en la imposición inconsulta de proyectos de cambios regresivos se sostiene en un sustrato mercantilista, tecnocrático y autoritario. La voluntad del elenco gobernante para propiciar cambios profundos regresivos se ha revelado en todos los planos de la política pública.

En el caso de la educación pública se debió enfrentar al menos a tres factores resistentes a las orientaciones de Cambiemos. En primer lugar, a una acendrada y rica tradición de educación pública asentada —con todas sus tensiones internas, contradicciones e insuficiencias— en una idea muy consolidada de Estado Docente y de educación como derecho ciudadano, social y humano. En segundo lugar, a un colectivo docente con una larga tradición democrática y combativa nacida con el mismo Sistema Educativo Formal. En tercer término, a los avances conseguidos en el período de gobiernos kirchneristas en muchos planos de la vida educativa.

El campo de la educación —y particularmente en la extensa esfera de la educación pública— se ve atravesado por un conflicto profundo y de imprevisible desenlace. Por un lado, las fuerzas coaligadas del Poder Ejecutivo, ciertas fracciones del saber experto, empresas interesadas en el promisorio negocio escolar, medios de comunicación propaladores de la crítica a la educación pública y sus protagonistas por todas las vías posibles. Por el otro, asistimos al pronunciamiento crítico sobre la política educativa producto del análisis y la movilización de amplísimas comunidades educativas, sindicatos docentes, movimiento estudiantil, universidades públicas, referentes pedagógicos y organizaciones sociales y políticas.

Estas luchas son abiertas, y en ocasiones, como la instalación de la Escuela Itinerante frente al Congreso, están golpeadas por la violencia institucional promovida por un Estado de talante cada vez más autoritario. La noción de calidad educativa entendida como resultados de operativos de evaluación estandarizados ha sido objeto de críticas fundadas por investigadores, educadores, sindicatos y el movimiento estudiantil. La manipulada relación entre educación y empleo que se propone subordinar la vida escolar a los intereses de la acumulación capitalista ha sido duramente cuestionada en documentos densamente argumentados como en contundentes consignas de lucha.

Mientras se despliega esta agenda resistente, hay en construcción un programa político educativo y pedagógico identificado con el llamado del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, fundado por la Internacional de la Educación en 2011, en Bogotá y conformado por sindicatos docentes, movimientos sociales, referentes pedagógicos, espacios culturales, etc.

Las expediciones pedagógicas, la sistematización de experiencias, los encuentros y congresos pedagógicos promovidos por sindicatos docentes y universidades públicas constituyen dispositivos que revelan un mundo invisibilizado por los factores de poder interesados en difundir una noción de educación pública como campo minado y trágico.

Esos espacios —aún insuficientes pero en expansión— dan cuenta de experiencias pedagógicas en las cuales el educando es el centro del proceso educativo, y que se proponen lograr una educación para la vida y por la vida. Son innúmeros los proyectos que apuntan a una educación de inspiración emancipadora, capaz de promover la autonomía de pensamiento, de atender al desarrollo integral de todos los aspectos de la personalidad, de introducir un modelo de trabajo liberador, estimular la libre expresión, formar ciudadanos gobernantes fundados en el aula y la escuela como construcción colectiva.

La educación se convierte en un complejo territorio de lucha. Por un lado, entre la agenda neocolonial, neoliberal y neoconservadora del macrismo y las resistencias de comunidades e instituciones educativas. Por otro, en la afirmación de una pedagogía radicalmente democrática que se funda en una historia latinoamericana de invenciones —desde Simón Rodríguez a Paulo Freire— que está en construcción y reconstrucción permanente.

Fuente del artículo: https://www.lacapital.com.ar/educacion/la-educacion-como-campo-disputa-n1528812.htm.

 

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