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Reforma Educativa: Mirar a la Escuela de otra manera

México / 9 de diciembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En México, y en cualquier país del mundo, las modificaciones a los textos constitucionales o la aprobación de leyes nacionales, como acciones iniciales para emprender Reformas Educativas, no necesariamente han producido cambios de “raíz” en las prácticas educativas y docentes en las escuelas (1); esto lo digo porque el siguiente gobierno federal, próximo a ejercer el poder político en una semana, podría cometer el mismo error en que cayó el gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, en materia de políticas públicas y estrategias educativas. Pensar que los cambios sociales (estructurales o de base) se generan a partir de las modificaciones al marco legal, es dar por cierta una falacia. Esa ha sido la experiencia para el gobierno que va de salida, y lamentablemente para nuestra sociedad; ha sido una equivocación cometida tanto en el orden de la estrategia puesta en práctica como en la concepción (el contenido) de la Reforma Educativa recién ensayada durante el periodo 2012-2018. En consecuencia, esas han sido algunas de las razones del eventual fracaso de la iniciativa del “cambio” propuesto a través del “Pacto por México” (cuya responsabilidad y diseño se debe a los partidos políticos PRI, PAN y PRD), mediante una Reforma Educativa supuestamente estructural que, según los acontecimientos, ha sido rechazada por la mayoría de la sociedad.

Desde una perspectiva crítica del diseño de las políticas públicas en educación, considero que la estrategia para transformar el sistema educativo, tendría que ser operada exactamente al revés: Primero se tendrían que impulsar los “cambios educativos”, en la base, es decir, en las escuelas, en las aulas y, en segundo lugar, integrar los diversos esfuerzos colectivos, orientados hacia “la transformación”, para consolidarlos y extenderlos hacia todo el conjunto del sistema, a través de la adecuación o actualización de los diferentes instrumentos jurídicos y normativos. Lo anterior implica pensar al Estado no solo como una entidad hegemónica generadora del “deber ser” de una sociedad, sino también como el complejo institucional que, en representación de la misma, regula las prácticas sociales que permitan la convivencia armónica, justa, democrática y civilizada entre los miembros de la sociedad.

Coincido, en ese sentido, con las voces y los argumentos sociológicos (como los de Michael Fullan y Andy Hargreaves) que consideran o interpretan a la escuela desde otra mirada, sobre todo en coyunturas de reforma o de transformaciones profundas como la que vivimos en México. Así lo expresa concretamente Fullan cuando se refiere a ese tipo de reformas: “Hay dos dimensiones claves para la capacidad (del cambio educativo). Una es lo que los individuos pueden (o quieren) hacer para desarrollar su efectividad (desde la escuela), a pesar del sistema; la otra es la forma como los sistemas necesitan transformarse.» (2)

 

Ello significa que la escuela debiera convertirse, como colectivo de personas comprometidas con los aprendizajes significativos de sus estudiantes, en una “unidad autonómica” que aprenda a pensar y a operar el cambio a partir de sus prácticas concretas; a diseñar y emprender por su cuenta, y más allá de los dispositivos burocráticos del “sistema”, su “propia agenda o plan de reformas educativas y docentes (procesos de enseñanza y aprendizaje)” para la escuela y para cada grupo de alumnos en el aula. Sin duda, eso también implicaría poner en marcha un amplio proceso de revisiones críticas y autocríticas acerca de las “prácticas educativas y docentes” dominantes en la institución educativa, que incidan en la extensión, la pertinencia y la profundidad de los aprendizajes de los niños, las niñas y los jóvenes.

Para los tecnócratas y los simpatizantes (convencidos o no) del reformismo conservador (con orientación claramente neoliberal), sin embargo, la lógica del “cambio educativo” se reduce solo a una mera imposición de “modelos” o “programas” desde fuera (el “deber ser”) de las escuelas (como ha sido el caso de las reformas educativas promovidas durante las últimas décadas en varios países, y ha sido también la situación por la que ha pasado México). Eso se ha hecho a través de dispositivos técnicos únicos, nacionales y obligatorios, diseñados por expertos, funcionarios o científicos de la educación, cuyas propuestas han sido válidas para el autoconsumo de la propia comunidad científica (corporativa e institucionalizada), pero que son ajenas a las necesidades de las comunidades magisteriales, es decir, para las figuras educativas que laboran en las escuelas y en las aulas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos), es decir, para quienes operan cotidianamente los planes y los programas de la educación pública.

 

En resumen, la ruta crítica elegida por el Estado mexicano, para los propósitos reformistas, fue la siguiente: el Poder Legislativo, por iniciativa del Ejecutivo, modificó el texto constitucional, sin consulta pública en 2013, y estableció como principio general y entre otros aspectos, en el Art. 3 de la Carta Magna, que la “calidad de la educación” se definiría como el “máximo logro de aprendizaje de los educandos”, con lo cual se fijarían las bases para el diseño o adecuación de las leyes secundarias en materia educativa (Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente), a través de cuyos contenidos y aplicaciones, (como eje central de las políticas públicas), se enfocaron obsesivamente hacia la evaluación de las diferentes figuras educativas, de manera rigurosa y con consecuencias laborales, como el mecanismo universal que aseguraría alcanzar la llamada “calidad educativa”.

Las autoridades educativas federales y estatales durante ese periodo (2012-2018) jamás admitieron, sin embargo, que el cambio educativo más redituable y duradero no es el que se da mediante el arreglo (en la oscuridad) entre las cúpulas del poder político y otros grupos privilegiados, sino desde las escuelas (y no me refiero a la iniciativa de poner a las “Escuelas al Centro”). Arreglo que históricamente se ha dado entre los actores sociales que cogobiernan y que constituyen las élites del poder científico técnico (grupos de expertos en educación que preservan la hegemonía en las instituciones legitimadoras del saber, como he descrito antes, cuyo coto de poder más actual, en México, ha sido el INEE), y que, en conjunto con otros grupos de poder, han tomado las decisiones importantes en materia educativa para la nación: cúpulas empresariales; alta jerarquía de las iglesias; dirigencias de la clase política y sindicales, así como el poder fáctico que ejercen los medios de comunicación, que participan, directa o indirectamente, en el proceso de validación o legitimación de los contenidos, los métodos, el financiamiento, la organización, los tiempos y la infraestructura de las escuelas.

 

Una de las cuestiones que habrán de ponderar las futuras autoridades educativas federales (que impulsarán la 4T), es la dinámica que prevalece en la esencia de las prácticas educativas y docentes cotidianas en las escuelas, en el sentido de revisar los estilos de enseñanza centrados en la “directividad”, así como su orientación para conservar los vínculos de dependencia docente-alumno. (Revisión que está en la cancha de los colectivos escolares). Situación que no es solo privativa de nuestro país, sino que también es observada en otras latitudes: En Colombia, por ejemplo, los investigadores reconocen que “… la mayoría de la población presenta una marcada deficiencia en la habilidad de evaluación de la tarea (de aprender por cuenta propia), lo cual se puede explicar porque la educación inicial (Preescolar y Básica) que han recibido los sujetos, ha concedido al maestro el control y evaluación de los aprendizajes, haciendo del estudiante un sujeto pasivo y dependiente de su tutor, con pocas posibilidades de alcanzar procesos de autonomía y autorregulación de su aprendizaje…” (3)

 

Es de tal modo la urgencia de revisar los métodos y los fundamentos relacionados con las prácticas educativas y docentes en la escuela, que el mismo INEE se ha dado a la tarea de preparar una propuesta para capacitar o actualizar a docentes, asesores y directivos escolares sobre esos procesos, mediante el estudio profundo y reflexivo de métodos de autoevaluación, a efecto de promover la “autonomía escolar” (4); lo cual en sí mismo constituye una buena idea, pues sintoniza con la crítica que he esbozado a lo largo de este comentario (en el sentido de movilizar el cambio “desde abajo” y en forma “horizontal” y no de manera “vertical” ni “desde arriba”). Sin embargo, la pregunta que me hago, ante la propuesta del INEE, es: ¿Por qué hasta ahora?

 

Fuentes consultadas y notas:

(1) “La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos.  No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula”, según B. García-Cabrero, Loredo, J. y Carranza, G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión.  Revista Electrónica de Investigación Educativa, Especial. Consultado en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-garcialoredocarranza.html

 

(2) M. Fullan. (1998) El significado del cambio educativo. (The Meaning of Educational Change: A Quarter of a Century of Learning). En: A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan y D. Hopkins (eds.): International Handbook of Educational Change (pp. 214-228). Dordrecht: Kluwer. Traducción de Santiago Arencibia y revisión técnica de Antonio Bolívar, reproducido en: Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2), 2002, (España).

 

(3) Isabel A. Sierra Pineda y N. Carrascal Torres (2016) “Desafíos Epistemológicos y requerimientos en los Planes de Formación de Maestros para la Educación Infantil: El camino hacia la Autorregulación Temprana y la Autonomía”. Documento presentado en el 3er. Simposio Internacional y 4o. Coloquio Regional de Inv. Educativa y Pedagógica. Montería, Colombia.

 

(4) Sylvia Schmelkes; Galas Taboada, C.; Hamilton Vélez, E.V.; Chicharro Gutiérrez, M.P.; y Hamilton Vélez, J. (2018) “Autoevaluación y Autonomía Escolar: Principios y herramientas para la Gestión”. INEE. México.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/26/reforma-educativa-mirar-a-la-escuela-de-otra-manera

ove/mahv

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Las Autonomías Institucionales y la Educación

México / 2 de diciembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Coincido con la idea de que al exceso de rigidez en el ejercicio de gobierno, le sucede la carencia de imaginación y creatividad

El debate sobre las autonomías institucionales (Banco de México, IFAI, INEE, Fiscalía Federal, INE, etc.) da cuenta de una de las necesidades y exigencias de la sociedad actual, en términos de ampliar los cauces democráticos y de dotar a las instituciones del Estado mexicano de mayor estabilidad o proyección transexenal, y consistencia en la producción y el manejo de la información y los conocimientos, entre otros factores.

Esto lo comento a propósito del interesante artículo “En defensa de la Autonomía”, publicado la semana pasada por el doctor Pedro Flores-Crespo, y dado a conocer en el sitio Educación Futura (19 de septiembre, 2018).

Hay cuatro tesis del doctor Flores-Crespo en su texto sobre la Autonomía que me llaman la atención y sobre las cuales pongo a consideración algunos comentarios, especialmente porque no solo se aplican a nivel institucional, sino también en los planos de la escuela, pequeños grupos y en lo individual.

El contexto: Flores-Crespo recuerda un comentario que él mismo publicara en 2017, sobre la autonomía de los grupos, las personas y las instituciones, mismo que retomó recientemente “a la luz del escarceo de un legislador (Martí Batres) del partido Morena por desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), lo cual generó un interesante debate en las “benditas” redes sociales. El cyber espacio vio desde los detractores que culparon a ese órgano constitucionalmente autónomo de la “violencia” generada contra los maestros hasta los defensores del instituto. Estos últimos reiteramos la importancia del instituto en función del cúmulo de información que ha generado desde 2002 y que no solamente se circunscribe a los resultados de la evaluación docente.”

Primera tesis: “El hecho de verificar y cuestionar la “verdad oficial” por medio de los datos y del conocimiento que generan los órganos autónomos es un baluarte de la democracia.”

Segunda tesis: “Un sujeto autónomo es ante todo un sujeto responsable”.

Tercera tesis de Flores-Crespo: “Reconocer la capacidad de desarrollo individual, escolar e institucional contribuiría a delinear una agenda educativa mucho más imaginativa que la que ha planteado el presidente electo (dar becas, multiplicar espacios de estudio formales o tener una visión bastante cándida del magisterio)”

Y agrega lo siguiente el profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro: “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí podría hacer historia si construye las bases y las condiciones para que, por ejemplo, los maestros de Educación Básica puedan trazar sus propias rutas de desarrollo profesional, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) los respalde para la consecución de ese fin. Además, al reconocer al docente como un sujeto responsable – y no sólo un recipiente de programas de buena voluntad -, puede proponer estrategias para quitarle a los maestros la tutela que les impone la burocracia sindical, la SEP, las secretarias (de educación) de los estados y la sobre ideologización de algunos colectivos.”

“Dejar de controlar desde el centro sería una bocanada de aire para nuestras universidades públicas que cada vez ponen más en entredicho su “autonomía” e independencia. Quizás la supresión de la autonomía universitaria por medio del control gubernamental ha impedido, en gran medida, el florecimiento intelectual y científico…” A este fragmento le agregaría lo siguiente: Y también sería una bocanada de oxígeno para nuestros subsistemas de Educación Básica y Media Superior.

Cuarta y última tesis: “Para finalizar diría que la noción de autonomía que suscribo aquí no significa autosuficiencia (“yo las puedo de todas, todas”). No estoy sugiriendo que las personas giramos ciegamente en torno a nosotros ni que el gobierno no es importante para el desarrollo de la autonomía individual, sino que hay una capacidad clave que el gobierno electo parece no advertir y de ahí su poca imaginación en la agenda educativa que propone.”

“Esperemos entonces que sepan escuchar, discutir y consideren a las personas y a las organizaciones escolares y universitarias desde otra perspectiva que los gobiernos neoconservadores no quisieron reconocer. Sí hay una buena oportunidad de “hacer historia” si se defiende y no se atenta contra la autonomía individual, escolar e institucional. Esto sí sería una verdadera transformación.”

Hasta aquí dejo las ideas centrales de la exposición de Flores-Crespo.

Lo que pienso al respecto, es que justamente uno de los problemas que enfrenta el régimen republicano, esto es, las instituciones del Estado moderno, que cuenta con una división de poderes y un esquema sui generis de órganos autónomos, como sistema democrático y representativo, al menos en las condiciones y con los actores políticos que participan en México, es el de la “partidización” en la composición de los órganos legislativos y, por lo tanto, en la elección o selección de consejeros de las juntas de gobierno de las instituciones de referencia. No hay que olvidar que es el poder legislativo, -federal y estatal en la mayoría de los casos-, el que toma las decisiones durante los procesos de nombramientos de miembros de dichas dirigencias. Entonces ¿el problema de la “autonomía institucional” está o no resuelto? ¿La autonomía o las autonomías institucionales están o no delimitadas, acotadas, minimizadas por los partidos políticos?

Tal como lo señalé en el espacio de comentarios al pie del texto de Flores-Crespo en Educación Futura: Considero que, si bien hay que reconocer que la tradición liberal, contraria a la tendencia conservadora en México, ha sido reivindicada por AMLO, otro problema latente está, sin embargo, en las tentaciones del morenismo de la Cuarta Transformación (4T) por reciclar el esquema político del «nacionalismo revolucionario» y, junto con ello, las prácticas antidemocráticas como el corporativismo, los procedimientos clientelares y el «Estado a toda costa benefactor», paternalista, además de burocrático, lo cual iría en contra de las autonomías (responsables) a distintos niveles: individual, grupal, escolar e institucionales.

Coincido con la idea de que al exceso de rigidez en el ejercicio de gobierno, le sucede la carencia de imaginación y creatividad. No creo que el Estado y su poder público centralizado, como “Ogro filantrópico” en la discutible analogía empleada por Octavio Paz, sea la solución a los grandes problemas nacionales, y menos aún al problema de la educación pública. Precisamente lo que se requiere, por el contrario, es menor presencia del Estado en la cosa pública, menores cargas burocráticas (procedimentales), y una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones y en los procesos educativos (en términos de aprendizajes) con sentido de autonomía y de responsabilidad. En eso coincido, sin embargo, aparece otro conflicto: ¿Cómo lograrlo?

Tampoco estaría a favor de la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), por decreto y sin análisis, pero sí estaría de acuerdo con ejercer una valoración más crítica y autocrítica sobre su desempeño, como institución pública, desde 2002; y como órgano autónomo del Estado, desde 2013. Habrá que revisar, entre otras cosas, su estructura orgánica, la distribución y pertinencia de sus mandos directivos, medios y operativos, centrales y periféricos; así como sus atribuciones legales claves y el modelo de financiamiento con el que trabaja. Pero quizá lo más importante del INEE sea rescatar y fortalecer su función principal como institución encargada de jugar el rol de “evaluadora”, no solo de las acciones del gobierno, (para no ser comparsa de la SEP o “porrista” en materia de diseño y aplicación de las políticas públicas), sino de la marcha del sistema educativo nacional.

Cierro este breve comentario con un fragmento –porque lo suscribo-, del texto del propio doctor Flores-Crespo: “Si AMLO en verdad está preocupado por elevar la calidad de la educación y su justa distribución, podría sugerir que sean los niños, maestros y directivos quienes en sus propias escuelas discutan sus problemas y deliberen abiertamente estrategias para enfrentarlos dentro de un marco de aprendizajes común. Ante este ejercicio reflexivo, la SEP tendría que responder respetando su libertad y dotándoles de recursos y apoyo. Uno de estos apoyos sería precisamente la confianza que constituye un primer paso para formar personas y comunidades autónomas y responsables.”

Fuente del Artículo.

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/24/las-autonomias-institucionales-y-la-educacion

ove/mahv

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