Cuidado del Medio Ambiente

Por: Juan José Leal Martínez

En este momento existe un consenso acerca de los valiosos e innumerables aportes que tiene educar en derechos humanos y ciudadanía. Nadie cuestiona su importancia y contribución para el futuro de la región iberoamericana. Sin embargo, ¿está inserta en todos los currículos en Iberoamérica? ¿Cuentan todos los centros educativos con planes de estudio o unidades didácticas que hagan referencia a la educación en derechos humanos y ciudadanía? ¿Quiénes son los responsables de favorecer su aprendizaje?

Es muy difícil dar respuesta a todas las preguntas sin un análisis mucho más profundo. Sin embargo, el interrogante que sí podemos valorar con mayor convencimiento y sin necesidad de una investigación más exhaustiva es quiénes son los garantes de la educación en derechos humanos y ciudadanía.

Sin olvidar la decisiva importancia de los gobiernos nacionales y locales, no cabe duda que el rol protagonista recae en la comunidad educativa: docentes, alumnos, madres y padres de familia, directores y administradores, principalmente. Pero no solo. La educación en derechos humanos no es un fenómeno aislado. La construcción de una nueva ciudadanía también se aprende fuera del ámbito escolar, desde los medios de comunicación, las actividades extracurriculares, en el trabajo, con los espacios culturales que compartimos con los amigos, con las redes sociales o con las organizaciones. Existe todo un desafío, también más allá de los centros. Términos como diversidad, justicia, tolerancia, igualdad, interculturalidad, vulnerabilidad o paz también se aprenden fuera del aula.

En este sentido, tenemos que terminar de convencernos de que la educación en derechos humanos no es un simple ejercicio de enseñanza de cuáles son los derechos que tenemos, sino que es todo un proceso más amplio que necesita de alumnos y ciudadanos sensibilizados e implicados en la promoción, defensa y garantía de los mismos.

La idea de responsabilidad compartida de la que habla la Agenda 2030 se ve reflejada en iniciativas de todo tipo, como el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, que este año va ya por su tercera edición. Es una iniciativa conjunta entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Fundación SM y los ministerios de Educación de la región con el objeto de reconocer el trabajo de instituciones educativas que han actuado de manera ejemplar en la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación en centros escolares y en organizaciones de la sociedad civil.

El nombre del premio le viene dado de San Romero de las Américas, como popularmente se le conoce. Monseñor Romero fue un arzobispo salvadoreño que murió asesinado en 1980 mientras oficiaba una misa, un hito que para muchos desencadenó la guerra civil en el país que duró 12 años y dejó tras de sí unos 100.000 muertos. Fue canonizado el pasado 14 de octubre de 2018, convirtiéndose así en el primer santo de El Salvador. Su ejemplo como firme defensor de los derechos humanos y continuas denuncias de las situaciones de violencia e injusticia de los más desfavorecidos le han valido ser un referente, no sólo en El Salvador, sino en toda la región iberoamericana. Nos encontramos aquí con un ejemplo de derechos humanos y ciudadanía desde una figura religiosa. Porque cualquier persona puede contribuir.

Nos enseñan a convivir desde pequeños, en diferentes contextos, pero continuamos aprendiendo siempre, cada día, y eso hace que nuestra participación democrática sea un activo como ciudadanos. Abel Pérez Rojas, escritor y educador mexicano dice que “la participación social es pieza clave en la educación permanente de las personas”. No resulta sencillo delimitar qué porcentaje de responsabilidad tienen los centros educativos, nuestros padres o tutores, los amigos o la televisión, en su contribución a que las personas puedan establecer un diálogo, tomar decisiones, evitar conflictos, generar confianza o incluso votar.

Uno de los ganadores de la segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos fue Infant, institución sin fines de lucro de Perú, que trabaja para promover, defender y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de infancia. Niñas, niños y adolescentes de la comunidad desarrollan actividades de sensibilización y cuidado del medio ambiente, que no solo les benefician a ellos, sino a sus propias familias y a todos los habitantes de esa localidad. De esta experiencia galardonada no deja de impresionarnos cómo los más jóvenes pueden llegar a involucrarse en la sociedad en la que viven, su respeto al medio ambiente y su compromiso para construir una ciudadanía activa y transformadora, un movimiento silencioso al que a nivel mundial a puesto voz Greta Thunberg, la niña sueca de 15 años que ha puesto de manifiesto la protesta adolescente contra la inacción de los Gobiernos frente al cambio climático.

Construir una sociedad iberoamericana más justa y equitativa requiere de una doble inversión de esfuerzos. De la educación en derechos humanos y ciudadanía que recibamos va a depender la igualdad de oportunidades, la democracia, el medio ambiente sostenible o la inclusión de la población más vulnerable de la región. A simple vista, parece crucial dicha inversión. El respeto por los derechos humanos y la cultura democrática de la población en Iberoamérica está en manos, por un lado, del compromiso de los ministerios de educación, la contribución de los centros educativos, el liderazgo de los directores y la formación de los docentes, aunque por otro lado, la preparación y pensamiento de la presente y futuras generaciones también depende, y mucho, de otro conjunto de actores y de la realidad que nos rodea fuera de las cuatro paredes de los diferentes niveles de la educación formal y que nos va a permitir también una verdadero cambio.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/06/14/planeta_futuro/1560506169_576913.html