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China quiere un campeonato mundial

China/1 abril 2016/Autor: Pascual Albanese/Fuente: El tribuno

La participación del Guangzhou Evergrande en el campeonato mundial de clubes realizado en Japón, donde fue eliminado en la ronda semifinal por el Barcelona, puso sobre el tapete la decisión del Gobierno chino de erigir al coloso asiático en una potencia futbolística mundial.
No se trata de un capricho sino de un objetivo estratégico. En un escenario global en que el «soft power» (poder blando) tiende a ganar espacio frente al «hard power» (poder duro), Beijing considera que sobresalir en el deporte mundial por excelencia es una necesidad para incrementar el prestigio internacional de China.
La mitad del Guangzhou es propiedad del gigante de comercio electrónico Alibaba (conocido internacionalmente como «el Amazon chino»), que compró la publicidad estática de las transmisiones televisivas del torneo mundial de Japón, presenciadas por centenares de millones de personas en los cinco continentes. Jack Ma, el dueño de Alibaba y uno de los mayores multimillonarios chinos, adquirió el año pasado esa participación accionaria en el club más poderoso de China por un equivalente de 170 millones de euros.
El presidente Xi Jinping, quien en su juventud se destacó como jugador amateur, sostuvo que en relación al fútbol chino tenía tres grandes sueños personales: «Volver a clasificarse a un mundial, organizar una Copa del Mundo y ser campeón del mundo». No se trata de una meta sencilla. En el último ranking mundial de la FIFA, China figura apenas en el puesto 84. La última vez que se clasificó para jugar un campeonato mundial fue en 2002, cuando sus vecinos Corea del Sur y Japón fueron los anfitriones y por lo tanto no participaron de la ronda eliminatoria.
En aquella oportunidad, la selección china fue eliminada en la primera fase, tras perder los tres partidos y sin marcar un solo gol.
Empresas en acción
No resultó casual entonces que el viaje oficial que hizo Xi Jinping al Reino Unido en octubre pasado haya incluido una visita al Manchester City, difundida internacionalmente a través de una «selfie», en la que el mandatario chino aparecía sonriente junto al primer ministro británico, David Cameron y al Kun Ag ero, el jugador argentino estrella del equipo inglés.
Pero aquel gesto de Xi Jinping adquirió todo su sentido semanas después, cuando el Manchester City reveló que un grupo inversor encabezado por China Media Capital y el fondo Citic Capital había adquirido por 400 millones de dólares el 13% de las acciones del City Football Group (CFG), al que no sólo pertenece el Manchester City sino también el New York City de Estados Unidos, el Melbourne City, de Australia y un porcentaje del Yokohama F. Marinos, de Japón.
Li Ruigang, titular de China Media Capital, será parte del directorio del Manchester City.
El magnate no es un desconocido en el mundo futbolístico.
En 2014 adquirió los derechos de transmisión de la liga china de fútbol, el deporte más visto en China.
Para tener una idea de la dimensión de ese negocio, en la televisión mundial todavía se recuerda que la final del campeonato mundial de Sudáfrica, en el que la selección oriental no participó, y que se jugó a las 2.30 de la madrugada, hora de China, fue presenciada por 58 millones de televidentes.
No se trata de una iniciativa aislada. Junto a China Media Capital, cada vez son más las empresas chinas que desembarcan en el mundo del fútbol. Dalian Wanda, originariamente un conglomerado de bienes raíces, compró el 20% de las acciones del Atlético de Madrid en 45 millones de euros.
El grupo chino, interesado en ampliar sus actividades en el rubro del entretenimiento, es propietario de la cadena de cines AMC en Estados Unidos.
Rastar, otro conglomerado chino de la industria del entretenimiento, compró el 56% de las acciones del Español de Barcelona, con un desembolso de 17 millones de euros.
Política de Estado
Pero esta estrategia empresaria de penetración en los clubes europeos aparece ahora acompañada por un ambicioso plan nacional de reforma integral de la práctica futbolística, cuya autoría no corresponde a las autoridades de la liga nacional de fútbol, sino nada menos que al Comité de Reformas, que en China guía las grandes transformaciones estatales.
Alentados por el éxito obtenido con los Juegos Olímpicos de 2008, los chinos se plantean como meta la organización del campeonato mundial de 2026.
A tal fin, se estableció la enseñanza obligatoria del fútbol en todos los establecimientos educativos primarios y secundarios.
A partir del año próximo, 200 millones de niños y adolescentes chinos se adiestrarán en la práctica intensiva del fútbol.
En 2017, China contará con 20.000 escuelas equipadas con canchas de fútbol.
El objetivo es producir 100.000 jugadores, con la esperanza, estadísticamente fundada, de que entre ellos puedan surgir once de primer nivel mundial.
Los estudiantes contarán con el auxilio de un manual de siete volúmenes, publicado por la Editorial Popular de Educación, que incluyen una aplicación que permite que sean leídos en teléfonos celulares y acceder a videos de entrenamiento.
Los textos cubren tópicos que van desde las reglas básicas del fútbol hasta tácticas y estrategias de juego, enseñanzas de cómo trabajar en equipo y lecciones de moral deportiva.
Para incentivar el espíritu nacionalista de esta cruzada deportiva, los chinos acuñaron la teoría de que son ellos, y no Gran Bretaña, la cuna del fútbol.
Sostienen que hace más de 2.000 años existía en China un juego llamado «cuju», en el que competían dos equipos de doce jugadores, con una pelota maciza de cuatro piezas de cuero cocidas, en un campo cerrado entre cuatro paredes, con dos árbitros y reglas que evocan al fútbol moderno.
Para fortalecer su autoestima, reivindican también a un «Pelé chino»: Lee Wai Tong, quien jugó entre 1922 y 1947, un delantero que en su dilatada carrera fue autor de más 2.000 goles, al que en 1928 la Confederación de Fútbol de Asia le otorgó el título de «Rey del Fútbol en Asia» y que en 1976 fue elegido por una revista deportiva de la República Federal Alemana, junto con Pelé, en una reseña histórica, entre los «cinco reyes del fútbol mundial».
A través de una estrategia que combina el aprendizaje del «management» de los grandes clubes europeos con la enseñanza masiva del deporte entre sus estudiantes, China se pone en marcha para transformarse en una potencia futbolística mundial. No es improbable que lo consiga.

Fuente de la Noticia:
www.eltribuno.info/china-quiere-un-campeonato-mundial-n695130

Fuente de la Foto:
cerocero.tv/10585-china-convertira-el-futbol-en-una-materia-obligatoria-dentro-de-su-educacion/

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México: Nuevos planes y programas de estudio… ¿Hasta el 2018?

 

Fue en el mes de enero de 2015 que el ex secretario de educación pública, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que en agosto de ese mismo año, se presentarían los nuevos planes de estudios en educación básica y media superior y, en 2016; sustituir los actuales previo proceso de capacitación al magisterio antes de concretarlo en las aulas.

Sin embargo ésto no fue así, y la reforma educativa continua su marcha orientada con mayor énfasis sobre la evaluación al magisterio.

En tanto el actual Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, ha advertido que los nuevos planes de estudio de educación básica; podrían estar concretados en las aulas…¡hasta el ciclo escolar 2018-2019!

Así lo reveló durante la presentación de la revista Pluralidad y Consenso, en el Senado de la República, en donde precisó que en el mes de abril, la SEP presentará una propuesta sobre cuál es el nuevo modelo educativo que se deriva de la Reforma Educativa “y junto con ello los nuevos planes y programas de estudio tanto de Educación Básica como de Educación Media Superior”.

Explicó que serán “documentos terminados más no definitivos”, pues aún se va convocar a nuevos foros con pedagogos, con especialistas, con autoridades locales, con maestros, el Poder Legislativo, con el objetivo de que se opine sobre esos documentos.

Y estimó que hacia el mes de agosto, serán presentados los nuevos planes y programas de manera definitiva, y a partir de ello, la SEP convocará a comisiones, para que hagan los nuevos libros de texto y las nuevas guías de los materiales educativos.

En ese sentido manifestó que tras la presentación de los nuevos planes,  se estaría empezando con la capacitación y socialización de estos nuevos programas con los maestros para que los conozcan.

¡Pero!..Nuño Mayer advirtió que no hay prisas y planteó los siguientes escenarios:

“…si vamos avanzando a buen paso los nuevos planes y programas podrán entrar en vigor en el ciclo escolar 2017-2018, pero si requerimos más tiempo, porque éste es un proceso, repito, muy delicado, requerimos más tiempo en el debate, requerimos más tiempo en la elaboración de los libros o en la propia capacitación y socialización a los maestros, pueden entrar también en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, que es el último que le toca inaugurar al presidente Enrique Peña Nieto y que está bajo la responsabilidad de este gobierno”.

Así que, no hay que ser apresurados, el Secretario de Educación Pública ve necesario dar paso lento pero seguro… quizás cuando el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto haya terminado.

Fuente: http://profelandia.com/nuevos-planes-y-programas-de-estudio-hasta-el-2018/

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Planean incluir educación en redes en curricula escolar de Bolivia

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó que el tema de la educación en redes sociales será incluido en la curricula escolar, con el objetivo de orientar a los estudiantes sobre los peligros de estos medios y lograr un buen uso de los mismos.

Aunque no especificó el tiempo en que esta posibilidad sea concretizada, la autoridad explicó que este contenido será incluido en la materia de Ciencias Sociales.

«Cuando se trata de ciencias sociales, se incorporará la educación en redes, para detectar los peligros, aspectos positivos y negativos de las redes, como también el uso adecuado de estos medios (…) En realidad se trata de incorporar este contenido desde los primeros cursos para que se utilice de manera adecuada, no puede ser otra materia, porque tendríamos que sacar a otra, va a ir en la curricula como contenido», dijo Aguilar en conferencia de prensa.

Asimismo explicó que hay páginas en Facebook como «Profesores de Bolivia» o «Directores de Bolivia» que son utilizadas por los educadores, obteniendo grandes beneficios por los datos informativos que se comparten en estas páginas. Además dijo que incluso el wathsapp puede ser utilizado de manera adecuada, si se direcciona bien los objetivos.

«Es el caso de algunos estudiantes y padres de familia que forman grupos de wathsapp para compartir información, actividades del colegio y hasta las tareas que deben verificar si sus hijos las realizan», acotó.
Para lograr el objetivo de incluir la educación en redes sociales en la curricula escolar, se capacitarán a los maestros y se incorporarán contenidos de cursos vía on line. Por otro lado, dijo que para la preparación de este nuevo tema en la materia de redes sociales, se gestan reuniones con psicológicos y pedagogos.

«Lo que plantea es educar, lo que sucede es que con el factor del anonimato se han ido generando situaciones de delito, de violaciones, de acoso y de bullyng, entonces es necesario el tema de la educación en redes», agregó.

Fuente: Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/planean-incluir-educacion-redes-curricula.html
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EE.UU: Education researchers blast Common Core standards, urge ban on high-stakes test

TheWashingtonPost/16-03-2016/ Por: Valerie Strauss

Resumen: Mas de 100 investigadores de la educación en California se han unido en un llamado para poner fin a las pruebas estandarizadas, debido a que consideran que no existe evidencia convincente para apoyar la idea de que los estándares estatales comunes mejorarán la calidad de la educación en los niños y su rendimiento, por el contrario, carecen de validez, fiabilidad y equidad. En este sentido, la Alianza de Investigadores de California para la equidad de la educación, representada por un grupo de investigadores de la educación superior (Universidad de Stanford, UCLA, Universidad de California en Berkeley), publicaron recientemente un informe en el que se describen las preocupaciones en torno a las normas básicas y las evaluaciones a las que son sometidos millones de estudiantes en California y otros estados del país, donde expresan que las pruebas causan daños a los estudiantes al no propiciar ni promover pensamiento crítico ni
aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que incide en la disminución de tasa de graduación, el bajo rendimiento y la elevación de los índices de deserción escolar. Por su parte, la iniciativa Common Core Estándares se ha convertido en una cuestión política, donde los candidatos presidenciales han opinado sobre su consecución o eliminación, como fuerte de promesa electoral; lo cierto es que el informe redactado por el equipo de investigadores se inclina por explicar que la educación basada en estándares, nunca ha demostrado ser eficaz.

Se hace alusión, también que la nueva ley de educación, devuelve por parte del gobierno federal a los estados una buena cantidad de poder en el terreno educativo para la formulación de políticas que había sido utilizada por el gobierno de Obama de una forma sin precedentes.

Es importante, reseñar de esta noticia que California adoptó los Estándares Estatales Comunes desde 2010 y optó por alinearse con uno de los consorcios de prueba multi-estado financiados por la administración, que produce un
sistema de prueba conocida como la SBAC. Este grupo, así como la Asociación para la Evaluación de la preparación para universidad y carreras (que produjo evaluaciones PARCC), contratado con empresas de pruebas lidederes,
incluyendo A Perarson, el Educational Testing Service y CTB de la McGraw-Hill, con el fin de desarrollar nuevos exámenes, los cuales fueron tomados por los estudiantes en la primavera de 2015, con su consecuente
fracaso en los resultados, con indicadores por debajo de las competencias que debían adquirir. Además que el costo de la aplicación de las evaluaciones de la CCSS es alta e injustificadas, debido a que la concentración de esfuerzos y recursos financieros para lograr su acometida,ha desplazado otras prioridades como: reducción de clases, la
formación de profesores de calidad, la apertura de programas de artes, apertura a las ciencias, reemplazo de equipos de tecnología, entre otros.

More than 100 education researchers in California have joined in a call for
an end to high-stakes testing, saying that there is no “compelling”
evidence to support the idea that the Common Core State Standards will
improve the quality of education for children or close the achievement gap,
and that Common Core assessments lack “validity, reliability and fairness.”

The California Alliance of Researchers for Equity in Education, a
statewide collaborative of university-based education researchers, recently
released a research brief (see in full below below) describing concerns
with the Common Core standards and the assessments being given to millions
of students in California and other states around the country this spring.

What the Common Core tests are — and aren’t

The researchers, from public and private universities in California —
including Stanford University, UCLA, and the University of California
Berkeley — say that the Common Core standards themselves do not accomplish
what supporters said they would and that linking them to high-stakes tests
actually harms students. The brief says:

Although proponents argue that the CCSS promotes critical thinking skills
and student-centered learning (instead of rote learning), research
demonstrates that imposed standards, when linked with high-stakes testing,
not only deprofessionalizes teaching and narrows the curriculum, but in
so doing, also reduces the quality of education and student learning,
engagement, and success. The impact is also on student psychological
well-being: Without an understanding that the scores have not been proven
to be valid or fair for determining proficiency or college readiness,
students and their parents are likely to internalize failing labels with
corresponding beliefs about academic potential.

More specific to California: a recent study on the effects of high-stakes
testing, in particular of the CA High School Exit Examination (CAHSEE),
found no positive effects on student achievement and large negative
effects on graduation rates. The authors estimated that graduation rates
declined by 3.6 to 4.5 percentage points as a result of the state exit-exam
policy, and also found that these negative effects were “concentrated
among low-achieving students, minority students, and female students.”

The Common Core State Standards initiative has become a political issue,
with Republican presidential candidates, including front-runner Donald
Trump, repeatedly saying that if they become president, they will get rid
of the Core. In fact, no president can do that with executive power. While
the Obama administration supported the development of the Core and dangled
federal dollars in front of states to “persuade” state legislatures to
adopt the standards, 45 states and the District of Columbia each separately
went ahead and approved the math and English standards (though some later
decided to repeal or replace the standards). The administration provided
two multi-state consortia with some $360 million in federal funds to
develop new Core-aligned standards tests, which states could choose to
join. The federal government can’t directly dictate to a state what
standards and curriculum it must use.

Early in the development of the Core, there appeared to be little
controversy and bipartisan support. But after implementation began several
years — and was botched in many places — concern began to grow from across
the political spectrum, for different reasons. Some educators and
researchers questioned the way the standards were written (whether, for
example, there was any or enough input from working teachers) and some
criticized the content of the standards, especially for young children.
Some critics said standards-based education has never been shown to be
effective, and others felt the administration’s involvement usurped local
authority. Tea party members and even the Republican National Committee
jumped onto the anti-Core bandwagon, accusing the administration of a
federal takeover of public education, extreme right-wing rhetoric that clouded
a real discussion about the Core.

Donald Trump is wrong about Common Core — but he’s not the only candidate
who is

The administration’s support for the Core was one of the issues that
propelled critics to accuse the U.S. Education Department of micromanaging
local education issues and pushed Congress to finally move, last December,
to pass a successor bill to the widely disliked K-12 No Child Left Behind
law. The new law, the Every Student Succeeds Act, sends back from the
federal government to the states a good deal of education policymaking
power that had been used by the Obama administration in an unprecedented
manner.

The brief also says:

Overall, there is not a compelling body of research supporting the notion
that a nationwide set of curriculum standards, including those like the
CCSS, will either raise the quality of education for all children or close
the gap between different groups of children. Therefore attaching
high-stakes testing to the CCSS cannot be the solution for improving
student learning.

Yet, with the CCSS comes even more testing than before, and based on those
test scores, any number of high-stakes decisions may follow, all of which
are decisions using scientifically discredited methods, namely, the use of
value-added modeling that purport to attribute gains in test scores to such
factors.

California adopted the Common Core State Standards in 2010 and chose to
align with one of two multi-state testing consortia funded by the
administration. California signed up with the Smarter Balanced Assessment
Consortium, which produced a testing system known as the SBAC. That group,
as well as the Partnership for Assessment of Readiness for College and
Careers (which produced the PARCC assessments), contracted with leading
testing companies, including Pearson, the Educational Testing Service, and
CTB/McGraw-Hill, to develop the new exams. In 2013, California began
pilot-testing the SBAC exams, and in spring 2014 conducted widespread field
testing. Later that year, high-stakes summative and interim standardized
SBAC tests were administered; in spring 2015, several million students took
the SBAC, and, as predicted a majority of students failed.

The brief says:

Testing experts have raised significant concerns about all (SBAC, PARCC,
Pearson) assessments, including the lack of basic principles of sound
science, such as construct validity, research-based cut scores, computer
adaptability, inter-rater reliability, and most basic of all, independent
verification of validity. Here in California, the SBAC assessments have
been carefully examined by independent examiners of the test content who
concluded that they lack validity, reliability, and fairness, and should
not be administered, much less be considered a basis for high-stakes
decision making. When asked for documentation of the validity of the CA
tests, the CA Department of Education failed to make such documentation
public. Even SBAC’s own contractor, Measured Progress, in 2012 gave
several warnings, including against administering these tests on computers.

Nonetheless, CA has moved forward in full force. In spring 2015, 3.2
million students in California (grades 3-8 and 11) took the new,
computerized Math and English Language Arts/Literacy CAASPP tests
(California Assessment of Student Performance and Progress). The tests were
developed by SBAC, and administered and scored by Educational Testing
Service. Scores were released to the public in September 2015, and as many
predicted, a majority of students failed (that is, were categorized to be
below proficient). SBAC itself expected that pass rates would go down, and
would be particularly low for certain groups, including English-language
learners (who make up over 22% of the enrollment in CA public schools),
whom SBAC predicted would see an approximately 90% fail rate.

The impact in California of high-stakes assessments (CCSS or otherwise) is
not hard to predict. A compelling body of research exists on problems with
high-stakes testing that range from the scientific discrediting of
high-stakes testing to the disparate impact of high-stakes testing that
further widens educational inequities.

The research brief also cites these concerns:

The cost of implementing the CCSS assessments is high and unwarranted. The
CCSS testing costs for CA are estimated at $360 million dollars in
federal tax dollarsand $240 million dollars in state funds for three years
of administration and scoring. The CA general fund appropriation for pupil
testing in the 2014-2015 school year was $126,850,000. In practical terms,
this means that standardized testing has taken precedence over other
priorities such as class size reduction, quality teacher training
and retention, programs in the arts, adequate science and technology
equipment, and keeping neighborhoodschools open.

The technology and materials needed for CCSS assessments require high
and unwarranted costs. Much of these additional costs relate to
the computer-based assessments, which requireupgrading equipment
(computers, headphones, keyboards), bandwidth (for data-heavy tests
that include videos, animated graphics, and interactive charts), and
technical support in a short period of time, which means that
already-struggling schools will be disproportionately impacted.

The technology requirements raise concerns not only about cost, but also
about access. The CCSS assessments involve computer use not only for
the actual assessments, but also for the practiceassessments, and both
require that students have connectivity, computer access, and
computer familiarity. As such, CCSSassessments favor middle- and
high-income students who typically have easier access to technology,
Internet connectivity, and keyboard practice both inside and outside of
school.

The CCSS assessments have not provided for adequate accommodations for
students with disabilities and English-language learners, or for adequate
communication about such accommodations to teachers.

The researchers include a list of recommendations, including taking a new
look at appropriate standards and assessments, and placing a ban on
high-stakes testing until specific questions about proper accountability
for schools and students and teachers have been addressed.

Fuente:
www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/03/16/education-researchers-blast-common-core-standards-urge-ban-on-high-stakes-tests/

 

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¿Quieren proponer cambios al currículo escolar de sus hijos? Pueden hacerlo online

Boston, EE.UU./3-7-2016/El Planeta Boston´s Latino Daily

Usted puede rellenar una encuesta en internet con sus sugerencias y
opiniones

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ha
creado una herramienta en internet para que la gente haga sugerencias sobre
los marcos de los currículos escolares (*curriculum frameworks*), que se
refieren a todo aquello que los estudiantes deben saber y ser capaces de
hacer en cada grado.

Usted puede rellenar una encuesta online con sus sugerencias ingresando en
el sitio webhttp://www.doe.mass.edu/mcas/nextgen/feedback.html

«Espero que los educadores, así como los padres y otras personas y
organizaciones utilicen esta herramienta para comunicar recomendaciones
específicas para mejorar las estructuras curriculares actuales», dijo el
comisionado de Educación Primaria y Secundaria Mitchell D. Chester.

«Esta herramienta nos permitirá solicitar propuestas de una gama más amplia
de educadores, expertos en educación y defensores, así como el público en
general».

La revisión se produce después de que la Junta de Educación Primaria y
Secundaria votó el 17 de noviembre de 2015 para mejorar los marcos
curriculares e identificar las modificaciones necesarias para asegurar «un
curso de estudio que mejor prepara a los estudiantes para el siglo 21».

Después de que los comités de revisión hayan considerado todos los cambios
propuestos en los marcos actuales, van a hacer recomendaciones al Consejo
de Educación Primaria y Secundaria.

La herramienta en línea en
www.doe.mass.edu/mcas/nextgen/feedback.html estará disponible hasta
el 25 de marzo de 2016.

Fuentes de la noticia e imagen:

 

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Colombia: Por ahora, educación sexual solo para bachillerato y universidades

25 de febrero de 2016/ América/ Colombia/ María Victoria Correa/ Información publicada en el periódico digital El Colombiano

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FOTO Archivo

Desde el Congreso se insistirá en que los menores de 14 años reciban una cátedra sexual. La cátedra ahora solo será para bachillerato y universidad.

Los niños de preescolar y de primaria, por ahora, no tendrán clases de educación sexual. Así lo decidió la Corte Constitucional que dejó intacta una disposición de la Ley 1146 de 2007 que establece las cátedras de educación sexual solo para secundaria y estudios universitarios.

En ese sentido, la Sala Plena no accedió a una pretensión del colectivo “Sin embarazos en adolescentes”, que busca que dicha cátedra se diera en el país. Sin embargo, todavía no se conoce el sentido del fallo de la Corte, ya que según el alto tribunal solo se dará a conocer la próxima semana, según lo estableció este diario.

Entretanto, el colectivo aseguró que presentará una nueva demanda ante la Corte Constitucional. “Vamos a empezar con el proceso desde cero. La verdad es que esperábamos un fallo así y por eso nos estábamos preparando con nueva argumentación, en la que vamos a presentar todos los convenios internacionales que hay al respecto y que ha firmado Colombia y que se estarían violando, porque estamos poniendo en condiciones de desigualdad injustificada a estos niños menores de 14 años. Estamos listos para volver a empezar nuestra defensa”, dijo Carlos Silva, coordinador del colectivo que lideró la demanda.

Agregó que desde un principio conocía de “la posición conservadora” de algunos personajes que iban a querer tumbar la demanda.

“Yo hoy le pregunto al país, de qué educación sexual estamos hablando. En la última evaluación que se hizo sobre el estado de la educación sexual en Colombia se especifica que el 83 por ciento de las instituciones no tocan el tema de la sexualidad de una manera explícita”. Agregó que lo que le parece más complejo es que mientras él continúa su carrera en la Corte, los niños siguen sin educación sexual.

La representante Angélica Lozano, quien durante las últimas semana hizo la defensa para que todos los niños accedan a educación sexual, dijo que este debate permitió que se avanzara, ya que la “sociedad es consciente que se necesita educación sexual desde la infancia para prevenir el abuso sexual, para la autoestima, para construir relaciones de respeto por el propio cuerpo y por los demás. Por eso, en mi proyecto de Salud Integral y reproductiva buscamos que la educación sexual sea la base de todo: para prevenir la violencia, para superar el machismo, para buscar que la gente sea feliz”.

 

 

Fuente de contenido e imagen:

http://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/por-ahora-educacion-sexual-solo-para-bachillerato-y-universidades-AF3654277

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La constitución política colombiana, una perspectiva social.

Cultura de paz, cátedra obligatoria en el currículum

13 de febrero de 2016/ América/ Colombia/ Cali/ Luis Eduardo Lobato Paz / Información publicada en el periódico digital El Pueblo

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 Para cualquier país es importante que la Constitución declare en sus preceptos los principios que garanticen los derechos fundamentales sobre la base de saldar la deuda social en una relación entre iguales que asegure en plenitud igualdad de oportunidades y condiciones para que todos puedan vivir en una patria donde se respete al ser en su dimensión humana más amplia.

Desde esta perspectiva, en Colombia se debate entre críticos e intelectuales la revisión de varios artículos de la actual Constitución Política o incluso llevar a la promulgación de una nueva Carta Constitucional. Esta salida implicaría un proceso político de mediano y largo alcance.

Se puede advertir entre los partidarios de reformar la Constitución el anhelo de allanar el camino para que se cambie el modelo económico del país, se avance en la superación de las desigualdades económicas en que vive la población colombiana o se fortalezca una cultura de paz. Es más factible que se propenda por allanar caminos para reducir las desigualdades sociales y generar un marco político en el que quepan todos los colombianos sin importar su impronta ideológica.

Si se examina la historia reciente del país, se recuerda que la Constitución del 91 tuvo ese mismo propósito y fue asumida como la concreción de un nuevo pacto social. Acuerdo que permitió consignar un articulado muy amplio por medio del cual se aspiraba a constituir una sociedad más incluyente, fortalecer el estado de derecho, la cultura participativa y promover en las nuevas generaciones la convivencia en paz. Si partimos de esa premisa, el camino no sería embarcarse en la promulgación de una nueva constitución con todas las complicaciones que ello traería, sino poner en práctica todo aquello que quedó establecido en la Carta de 1991.

En los artículos que recogen los principios fundamentales, especialmente el 1 y el 7 la sola mención de que Colombia es un Estado social de derecho y que protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, lleva a pensar que el Estado colombiano asume como una de sus finalidades básicas garantizar, no solo la protección de los derechos fundamentales sino también avanzar en mejorar las condiciones sociales de sus habitantes más desfavorecidos. Esta promesa de acción, queda reforzada por numerosos artículos en los que el Estado declara que buscará los medios para garantizar el acceso a los servicios de agua, energía, saneamiento, educación, salud, seguridad social, vivienda y recreación a todos los sectores de la sociedad. Así mismo en varios de ellos, se insiste en dar prelación para la asignación de recursos estatales a las zonas de menor desarrollo.

Con nombre propio se promulgaron artículos para favorecer las condiciones de vida de discapacitados, disminuidos físicos y psicológicos, mujeres cabezas de hogar, personas en situación de indigencia, campesinos, afrocolombianos e indígenas. Todo esto puede interpretarse como el reconocimiento de una deuda social e histórica con amplios sectores de la sociedad, que durante décadas no han tenido igualdad de oportunidades y no han podido acceder a los servicios básicos que cualquier ser humano necesita para llevar una vida digna.

Una revisión de los programas, políticas públicas o decretos establecidos por el gobierno colombiano en los 25 años que lleva de promulgada la vigente Constitución Política, puede establecerse que falta mucho por hacerse para materializar ese Estado social de derecho. Hay logros evidentes como la universalización de los servicios de salud y educación primaria, aunque la prestación del primer servicio por las EPS o SISBEN es deficiente o inequitativo en muchos casos; en la educación debe trabajarse mucho por mejorar la calidad educativa de los colegios públicos.

En lo referente a la creación de una cultura de paz, el articulado es vasto. Desde el artículo 22 y 41 que hablan de la paz como derecho y de la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución Política en todas las instituciones educativas del país.

Cómo puede colegirse hay suficientes herramientas para reducir el autoritarismo, fortalecer la democracia participativa, garantizar el respeto de los derechos humanos y formar a las nuevas generaciones en una cultura de paz. Aunque falta una voluntad política para llevarlas a cabo. Si miramos un hecho puntual, solo a partir de este año existe la obligatoriedad de los centros educativos para implantar la Cátedra de Paz en sus currículos.

La educación del país es clave para determinar las relaciones prácticas y axiológicas, por consiguientes no basta que la Constitución del país declare los principios que fundamentan, que la regulan en lo político, legal y social. Demanda que las Políticas de Estado en materia educativa estén cimentadas en esos preceptos constitucionales, aunado a una práctica pedagógica congruente y consistente.

Como política educativa se debe garantizar que en la práctica pedagógica cotidiana se desarrolle ese currículo que conlleve a potenciar una cultura por la paz y la sana convivencia que redimensione al ser en su justo potencial humano. En este sentido, todo cambio curricular amerita ser evaluado para implementar las medidas de reajuste según cada caso que aplique. Solo así se puede medir el nivel de impacto social.

Fuente:

http://elpueblo.com.co/constitucion-politica-colombiana-pacto-social-y-cultura-de-paz/

Fuente de la imagen:

http://elpueblo.com.co/constitucion-politica-colombiana-pacto-social-y-cultura-de-paz/

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