Defensa de la Educación Publica

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El Educador Popular para transformar la educación desde abajo

Alberto Colin Huizar

Por Alberto Colin

 “Los oprimidos, que introyectando la “sombra” de los opresores siguen sus pautas, temen a la libertad, en la medida en que ésta, implicando la expulsión de la “sombra”, exigiría de ellos que “llenaran” el “vacío” dejado por la expulsión con “contenido” diferente: el de su autonomía”

Paulo Freire, 1970

Durante la semana del 24 al 28 de Julio se realizó el XIV Curso-Taller del Educador Popular organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección XVIII, en Michoacán, teniendo como honorable sede la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, en Tiripetío, la primera Normal Rural instalada en el territorio de Abya Yala. Este evento contó con la participación de alrededor de 1887 docentes provenientes de prácticamente todas las regiones del estado, desde la Costa Michoacana, pasando por Tierra Caliente, hasta las 4 regiones Purhépechas.

Bajo el combativo lema “ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo” del normalista guerrerense Lucio Cabañas, las y los docentes de Michoacán se encontraron durante una semana con el objetivo de participar en diversas actividades de reflexión y acción para hacer realidad uno de los espacios autónomos más importantes en la formación política y pedagógica del magisterio, pues éste es fundamental para seguir manteniendo el esfuerzo colectivo por caminar en la construcción de las alternativas educativas [1].

Desde hace 38 años, la CNTE desarrolla -a la par de su lucha sindical y popular- una serie de propuestas de educación distintas a la que impone el Estado (“no hay protesta sin propuesta”, diría el maestro Luis Miguel Cisneros), pues “en los contingentes de la CNTE el tema de la educación alternativa se discute y ha sido prioritario prácticamente desde su fundación” [2]. En algunos estados de la república, los maestros democráticos elaboraron programas educativos integrales de largo plazo, donde participaron tanto los docentes de base, padres de familia, académicos y organizaciones sociales. Entre ellas se encuentran las Escuelas Altamiranistas de Guerrero, el Proyecto de Educación Alternativa de Chiapas y el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) [3].

Para el caso de Michoacán, la sección XVIII, elabora desde 1999, mediante talleres, congresos, encuentros, y un enorme trabajo en base a la figura del Educador Popular, un Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PDECEM) que se intenta consolidar en su propio proyecto de educación desde la base, las Escuelas Integrales de Educación Básica (EIEB), materializado desde el 2003, ahora ya en gran parte del estado con 49 escuelas en activo (entre nivel prescolar, primaria y telesecundaria), donde participan alrededor de 5,400 alumnos y 460 educadores populares, escuelas del magisterio que son gestionadas y coordinadas por los mismos profesores disidentes ante el nulo interés de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Durante el transcurso del Educador Popular, las y los maestros demostraron su capacidad para organizarse, nutrir su proyecto político sindical mediante discusiones derivadas de la práctica pedagógica y su reflexividad crítica, impulsando así los caminos para construir la escuela que quieren los pueblos, una educación para la descolonización. La discusión en el pleno se basó en cuatro paneles de reflexión: Contexto, Eje Político-Sindical, Eje Pedagógico y el Eje Social-Popular. Las y los ponentes provenientes de distintas geografías y experiencias educativas, tanto a nivel estatal, como nacional e internacional, aportaron elementos para provocar los debates que se tornaban mucho más concretos en las 50 mesas de trabajo que se desarrollaron al término de los paneles. En estas mesas de trabajo, cada una con un buen número de docentes de las diferentes regiones de Michoacán, hombres y mujeres que se asumen como educadores populares, aportaron sus puntos de vista, repensaron la educación, criticaron el sistema imperante y sus reformas en educación, analizaron la coyuntura y realizaron autocríticas al mismo movimiento, con la intención de ir fortaleciendo su propio andar y su proyecto pedagógico para convertir la escuela en un espacio de contestación.

Por la tarde, las y los maestros se encargaron de aprender-haciendo en alrededor de 70 talleres que se instalaron en diversas zonas de la Normal, donde podías tomar un taller de agricultura orgánica, serigrafía, soldadura, flores de papel, máscaras, lengua purhépecha, tejido y otros más. Maestros enseñando a maestros, aprendiendo en colectivo, compartiendo sus saberes para luego ser replicados en sus respectivos espacios. Este ejercicio es el claro ejemplo de que el “aprender a aprender” repetido por todos los medios de paga por el sargento Nuño, no aplica en espacios donde la praxis se convierte en un método de enseñanza-aprendizaje, donde aprendemos de forma colaborativa entre todas y todos, donde lo colectivo es el paradigma. Tampoco hicieron falta las artes y las ciencias, pues la música, el baile, el ejercicio lúdico y los experimentos científicos robaron escena en diversos momentos del evento.

Al menos tres consignas prevalecieron a lo largo del evento político: 1) La defensa del normalismo rural, no sólo en términos políticos ante una guerra de exterminio, sino sobre todo de defensa de un modelo educativo de raíz mexicana, para recuperar de nuevo los grandes ideales de lucha con las que fueron fundadas las normales a mediados del siglo XX, donde Rafael Ramírez y muchos otros educadores impulsaban un normalismo desde abajo, es decir la defensa pedagógica del normalismo [4]. 2) La defensa de la revolución bolivariana de Venezuela y el respeto a sus procesos democráticos sin la injerencia de los Estados Unidos, gobierno que financia una guerra para profundizar el despojo y la injusticia social en un pueblo que intenta enmendar sus errores y buscar soluciones a una crisis alentada por el capital trasnacional. 3) El rotundo rechazo a la mal llamada Reforma Educativa y su proceso de evaluación, por ser un proyecto transexenal que intenta privatizar la educación pública en el país para favorecer un modelo educativo empresarial que promueve una dinámica de competencias para formar sujetos útiles para el mercado capitalista.

Ante un contexto marcado por la violencia de la mal llamada Reforma Educativa que intenta desplazar la labor docente a un mero empleo que cualquiera puede hacer; que amenaza con el cierre de cien mil escuelas mediante la desconcentración escolar; que intenta establecer las “escuelas gallinero” mediante el método de la inclusión donde se elimina la diversidad; que deja en el olvido financiero a las escuelas por el engaño de la “autonomía de gestión”; que intenta imponer el inglés como lengua dominante y, por si fuera poco, que hostiga al magisterio por medio de la evaluación docente que decide de una forma arbitraria y ambigua quien es “idóneo” y quién no, según modelos estandarizados. Ante este escenario, las y los maestros democráticos prefieren responder con resistencias que crean alternativas, para afrontar lo que el profesor Luis Bonilla [5] acertadamente llama: “la hora más obscura para la educación pública en las últimas décadas.”

Referencias:

[1] Cisneros Villanueva, Luis Miguel (2016), “Las alternativas educativas desde la pedagogía crítica y la educación popular”, Ediciones Michoacanas, Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán, México.

[2] Martin del Campo, Jesús (2013), “La CNTE y la larga lucha por la educación alternativa”, publicado en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/31/opinion/023a2pol

[3] Hernández Navarro, Luis (2016), “El largo camino hacia una educación alternativa”, publicado en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/09/opinion/020a2pol

[4] Velázquez Barriga, Lev (2017), “La defensa pedagógica del normalismo”, publicado en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/28/politica/017a2pol

[5] Entrevista de Luis Hernández Navarro a Luis Bonilla, Rompeviento TV

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España: UGT valora la recuperación de vacantes en Educación y critica que se exija el valenciano

Noticias

España/Agosto de 2017/Fuente: Información

El sindicato de trabajadores de la enseñanza pública de UGT valoró ayer positivamente la situación de las plantillas y el empleo público, en concreto, la recuperación de 11.000 vacantes para el profesorado provisional el próximo curso. «Por fin, tras más de siete años de recortes, ajustes, penurias y vacas flacas, recuperamos los niveles de empleo docente que teníamos antes de la crisis y los recortes educativos», afirmaron desde el sindicato a través de un comunicado.

No obstante, desde la agrupación sindical criticaron que se imponga la certificación de capacitación en valenciano que impide ocupar los puestos de trabajo a aquellos profesores que no cuenten con esta titulación. UGT recordó que el próximo curso 2017/2018, a 1 de septiembre, finaliza la moratoria existente para que los docentes cumplan con este requisito.

«Para UGT han fracasado las medidas que se arbitraron para facilitar que este profesorado, tras la moratoria de cuatro años, adquiriera la capacitación que precisa», aseguraron desde el sindicaro. Así, añadieron que la «obligación de un Consell que se dice que rescata y protege a las personas y que garantiza los derechos de los trabajadores, entre ellos los de los docentes de la enseñanza pública, que trabajan en los centros educativos de la Generalitat, debería haber sido modificar la normativa que les impide trabajar y arbitrar las medidas necesarias para que progresivamente y conforme señala el artículo 23.2 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, se le facilitara a este profesorado la formación y los recursos necesarios para adquirirla».

Reunión

En el comunicado, UGT señaló que solicitó una reunión con el conseller de Eduación, Vicent Marzà, sin recibir respuesta. El sindicato solicitó al titular del departamento, entre otras cuestiones, que «rectificase y actuase con rapidez en defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza y de su derecho al trabajo, como es obligación en un gobierno de talante progresista y no excluyente, que se preocupa por las personas y la ciudadanía. Pero todo ha sido en vano. La decisión política estaba ya tomada, no hay voluntad política de cambiar nada en esta materia y el conseller ni siquiera se ha dignado a contestarnos», subrayaron desde la sección sindical.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/06/ugt-valora-recuperacion-vacantes-educacion/1924085.html

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México: Buscan prohibir el pago de cuota escolar o donación de los padres de familia

Noticias

México/17 de Julio de 2017/La Jornada

  • La propuesta de Orozco Sandoval está fuera del marco de la ley
  • Es obligación única y exclusiva del estado garantizar la gratuidad de la educación, recalcó la diputada Elsa Amabel Landín Olivares
  • No es responsabilidad de los padres pagar la reparación de las escuelas, ni los consumibles

No es responsabilidad de los padres de familia pagar la reparación de la escuela, ni los consumibles ni los vidrios rotos, sino obligación del Estado, enfatizó la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, por lo que dijo se buscará llevar a cabo las reformas necesarias a la Ley de Educación para eliminar de forma definitiva cualquier tipo de cuota o donación que se les pida.

La integrante de la Comisión de Educación y Cultura presentó ante el Pleno Legislativo la iniciativa de reforma al Artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes en la cual pide que se “revise de forma constante aquellas prácticas que pueden hacer nugatorios los principios de gratuidad, tales como las denominadas ‘cuotas voluntarias’ que se exigen en distintas escuelas públicas del país”.

Recalcó que esto ha sido motivo de quejas constantes de los padres de familia, ya que los pagos de a las cuotas no sólo afectan su economía, sino que son motivo de condición o amenaza para no entregarles boletas de calificaciones o dejar a sus hijos sin lugar para el siguiente ciclo escolar, de no cubrirlos.

Señaló que si bien estas cuotas se fijan ante la necesidad de que los padres de familia contribuyan a rescatar las precarias condiciones de las instalaciones educativas, años con año las cuotas aumentan y no existe plena claridad sobre la utilización de estos recursos.

“Ya basta de todas las mentiras que Martín Orozco dijo en campaña y que no está cumpliendo; si queremos de verdad eliminar las cuotas, que sabemos de entrada que no son voluntarias, además de que es obligación única y exclusiva del Estado garantizar la gratuidad de la educación, tenemos que prohibir desde la Ley de Educación cualquier tipo de cuota o donación que se les pida a los padres de familia”, recalcó.

La legisladora emanada del Partido Revolucionario Institucional condenó el hecho de que el recurso de educación se esté utilizando para otros temas que no son prioridad, como es la publicidad, comunicación social, salarios exorbitantes de los directivos, en lugar de que el Instituto lo enfoque a la operación de las escuelas.

Landín Olivares precisó que el recurso que estaría subrogando el Gobierno del Estado como “apoyo” a las cuotas escolares no puede entregarse en especie, ya que está fuera del marco legal; además pidió al gobernador Martín Orozco que aclare de dónde procederá, si del Instituto de Educación o de Infraestructura Educativa.

“No pueden utilizarlo los particulares, lo que se debe hacer es garantizar que llegue a las escuelas, que los directores de la escuela sean los responsables como lo marca la Ley de Educación y la Ley de Servidores Públicos sobre la administración y operación de los planteles. No se está garantizando la operación de los recursos; aprobamos más de seis mil millones de pesos al Instituto de Educación, el Instituto de Infraestructura Educativa tiene más de 700 millones de pesos pero se está utilizando en otras cosas”.

Fuente: http://www.lja.mx/2017/07/buscan-prohibir-pago-cuota-escolar-donacion-los-padres-familia/

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Docentes peruanos de educación básica en huelga indefinida

Noticias

Perú/17 de Julio de 2017/La Izquierda Diario

El 12 de julio empezó la huelga nacional indefinida de maestros, convocada por un sector del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana-SUTEP. Esta medida empalma con la lucha que los docentes del Cusco vienen llevando a cabo desde el pasado 15 de junio de manera contundente y con la huelga médica iniciada el pasado 04 de julio, la cual se convierte en el preludio de la huelga nacional de trabajadores mineros que se iniciará el próximo 19 de julio.

La huelga de docentes viene siendo acatada en diversas regiones del país. En Tacna, por ejemplo, el 12 de julio los profesores bloquearon el ingreso y salida a la ciudad por el norte, así como la salida a Chile por el sur, estas acciones fueron acompañadas de nutridas movilizaciones por las calles de la ciudad y el jueves 13 realizaron una vigilia frente a la catedral.

Las principales demandas de los docentes las podemos sintetizar en los siguientes puntos: Rechazo a la evaluación punitiva de “desempeño” que pretende implementar el gobierno; defensa del trabajo y régimen laboral estable; incremento del presupuesto a educación al 10% del PBI; defensa de la educación pública para los alumnos y rechazo a la privatización y entrega de los colegios a las Asociaciones Publico Privadas; Contratos con derechos, nombramiento y reconocimiento de los años de contrato; aumento de sueldos e incremento de pensiones; pago del 30% por preparación de clase; entre otros puntos que son de necesidad urgente para los miles de maestros de la educación básica.

La educación en crisis

Cabe mencionar que hoy por hoy el sector educación junto al sector salud, se encuentran casi colapsados debido al desfinanciamiento que padecen por parte del estado. A educación se le destina apenas el 3.5% del PBI, lo cual nos convierte en uno de los países del continente que menos invierte en este rubro. En la actualidad existen 4 millones de niños entre 0 y 5 años que deberían estar en condiciones de acceder a atención infantil y a educación inicial, sin embargo, por el bajo presupuesto que se destina al sector, solo un millón es tomado en cuenta. A esto se debe también que un millón doscientos mil niños estén excluidos del sistema escolar y que el gasto por estudiante del nivel primario, en porcentaje del PBI per cápita, sea apenas del 7%. A ello también obedece que casi el 60% de las escuelas de las zonas rurales tengan un sólo maestro para atender a varios grados de enseñanza.

El Perú es el segundo país en Sudamérica con el más alto porcentaje de analfabetismo en personas mayores de 15 años, estando las ¾ partes de este porcentaje conformado por mujeres. Así mismo, 500 mil niñas campesinas están excluidas de la escuela; millones de niños ingresan al sistema educativo con enormes desventajas en salud, nutrición y protección, con el agravante de estudiar y trabajar al mismo tiempo. El 20% de estudiantes que culmina primaria lo hace con 3 o 4 años de retraso. Casi 4 millones de niños y niñas no comprenden lo que leen; apenas el 12.1% de estudiantes del 6to grado de primaria alcanza el nivel suficiente para la comprensión de textos y solo el 7,9% para aspectos lógico matemáticos; el 27.5% de estudiantes de primaria entre 11 y 13 años no concluye sus estudios. De los adolescentes que culminan secundaria un millón 7,370 no puede resolver las cuatro operaciones aritméticas básicas y un millón 670,760 no entiende un texto leído.

A esto habría que sumarle que los docentes ganan sueldos que están muy por debajo de la canasta familiar, los cuales apenas bordean los 1,200 soles mensuales (400 dólares), lo cual contrasta groseramente con los más de 3,000 soles (1,000 dólares) que empieza ganando un policía que recién sale de la escuela. Para ser profesor se estudia 5 años, mientras que para policía apenas uno. Queda claro así cuales son las prioridades del estado peruano.

Unir las luchas para derrotar el ajuste

Y todo esto ocurre porque en el Perú tenemos un modelo de acumulación capitalista que prioriza el pago puntual de la deuda externa y la evasión tributaria de las grandes transnacionales, todo ello avalado por la constitución de 1993 hecha a medida de los grandes empresarios y de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que están hechos para descapitalizar las economías dependientes. Esto nos lleva a coincidir plenamente con José Carlos Mariátegui, en el sentido de concebir el problema educativo como un problema esencialmente político. En ese entender, consideramos modestamente que la lucha de los docentes debería encaminarse también a frenar las medidas de ajuste del gobierno que lo que buscan, entre otras cosas, es reducir el gasto social del estado como claramente quedo demostrado con el congelamiento del sector educación y salud en el presupuesto 2017 y que ahora se expresan en una serie de medidas anti laborales que flexibilizan – y por tanto precarizan – más el trabajo para beneficiar de esa manera a los capitalistas que sufren los embates de la crisis internacional abierta el 2008.

Para lograr ese objetivo es fundamental articular la lucha magisterial a la lucha de los médicos, de los trabajadores mineros y de otros sectores sociales a fin de poder golpear juntos a través de un gran paro nacional que haga retroceder al gobierno y ponga sobre el tapete la necesidad de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita poner en el centro las demandas obreras y populares, con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Fuente: http://laizquierdadiario.com/Docentes-peruanos-de-educacion-basica-inician-huelga-indefinida?id_rubrique=5443

 

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En defensa de la educación pública

Pedro E. Bayugar

Por Pedro E. Bayugar

Superando la confusión que pueden albergar algunos, la Educación Pública es la organizada y dispuesta por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que crea y estructura el Sistema Educativo Nacional, integrado por todas las Escuelas del país, las estatales y las privadas.

Defender la Educación Pública es defender el derecho individual y social a la Educación, es defender el progreso común, de todos los argentinos, es defender la Nación y su futuro.

La responsabilidad del Estado con relación a la Educación pública ha sido considerada, por la ley ya aludida, como una responsabilidad principal e indelegable, responsabilidad que es secundada por la participación de las organizaciones sociales y las familias, según dice el art. 4 de la Ley citada.

El Estado, concebido según la Ley en cuestión, es el garante, el responsable, el financiador y conductor del Sistema Educativo Nacional.

No hay duda que, conceptualmente hablando, entre el Estado concebido por la Ley 26206 y la actual gestión del gobierno nacional hay significativas diferencias, por no decir abismales diferencias.

No pretendo abundar en cuestiones académicas, pero a nadie se le escapará que el Gobierno, como organización política, es una pieza fundamental del Estado, por lo que si el gobierno pretende un Estado minusválido, generará acciones, políticas y obras que definirán un tipo Estado, diferente o muy diferente del que asume protagonismo, presencia y gestión política que hace a la fortaleza del mismo Estado, frente a los ciudadanos, frene a la sociedad y frente a la comunidad de naciones del mundo entero.

Así las cosas, al asumir Macri y su mentado equipo la conducción del Gobierno nacional, asumió también un rol o un perfil del Estado, inspirado ideológicamente y animado políticamente. La función de este nuevo Estado la especificó su ministro Bullrich al proclamarse el ministro de las más de 40.000 escuelas de todo el país (el día 11 de diciembre en presencia de los gremios docentes), aunque luego suscribió el decreto organizativo del propio Ministerio, aludiendo permanentemente a la Ley Federal de Educación, la misma que fuera derogada y sustituida por la Ley de Educación Nacional, y finalmente repetir hasta el hartazgo que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene ni escuelas ni docentes, intentando justificar en 2017 la no convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, alegando que cada jurisdicción debe asumir su sistema educativo.

De esta forma, sin ley ni decreto de necesidad y urgencia, el Sistema Educativo Nacional se fraccionó en 24 (como lo concebía la Ley Federal de Educación), y cada una de estas partes, con su presupuesto y/o viabilidad, le otorgará a su porción o a su cuota-parte del Sistema educativo el horizonte y perfil que pueda y quiera.

Es indudable entonces que el Estado cambió, que el cambio de gobierno también significó un nuevo Estado, más reducido en acciones, más acotado en su política y, como consecuencia de todo esto, el Sistema Educativo Nacional ha quedado desarticulado, desmembrado, desigual, debilitado, empobrecido y con un sentido social mucho más mezquino o aún inexistente.

Si a esto le sumamos la participación e injerencia dentro mismo del Sistema Educativo Nacional de empresas multinacionales, como Microsoft, y también el fuerte impulso desde el Gobierno Nacional al Acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, en donde se concibe a la Educación como un  Servicio, no como un derecho, sujeto a los acuerdos y avatares de la OCDE (Organización internacional del Comercio), entonces creo que ha llegado el momento de asumir lo que a cada uno le compete.

Si el Estado macrista no es el Estado que requiere la Ley de Educación Nacional, la ley que apoyamos todos y la que votaron positivamente en el Congreso algunos de los protagonistas del mejor equipo de los últimos cincuenta años, ha llegado el momento en que los secundariamente convocados, las organizaciones sociales, sindicales y aún las familias, asuman el protagonismo que el Estado ha dejado, debiendo, en la medida de sus posibilidades, garantizar “la educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación,”… con “igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho” a la educación (art. 3 ley 26206).

Obviamente que, dentro de las organizaciones sociales que la ley menciona, los sindicatos docentes tienen una preponderancia singular y deben tener en esta instancia una acción significativamente docente de cara a la sociedad, que seguramente los secundará, pero que espera este alerta, este llamado de las organizaciones más comprometidas para hacerse sentir, en el momento oportuno, quizá en el momento electoral que se avecina, quizá como lo han venido haciendo con el acompañamiento en las calles, en la movilizaciones docentes del presente año.

Sabemos que hay otras organizaciones, como las Universidades, las Iglesias, los partidos políticos y aún las mismas provincias,  que no pueden permanecer ajenas, como mirando para otro lado, frente a este serio deterioro del Sistema Educativo Nacional, el mismo que nos debería permitir construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

Las organizaciones y ciudadanos que no se sientan convocados pueden ir revisando sus Actas fundacionales, para recordar para qué existen, para qué fueron fundados y que otro sentido superior pueden tener en sus vidas…

Fuente: http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/151772-en-defensa-de-la-educacion-publica.html

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La defensa pedagógica del normalismo

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Lev M. Velázquez Barriga*

El internado de Tiripetío es una de las 15 normales rurales mexicanas con esta modalidad que han sobrevivido al cierre violento o velado de más de una veintena de ellas, desde los años sesentas. Es el pilar que ha sostenido y articulado la defensa del normalismo en Michoacán; la solidaridad y el compromiso político de sus estudiantes es tan alto, que son incontables las veces en que han cobijado otros movimientos estudiantiles que luchan por el derecho a la educación pública, justamente como sucedió recientemente en Cañada Honda o meses antes, cuando apoyaron a cientos de jóvenes rechazados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que estaban siendo hostigados por el gobierno de Silvano Aureoles, al exigir un lugar en la universidad pública.

Tiripetío es la voz más crítica entre las normales michoacanas. Desde ahí se ha convocado a diversos investigadores que destacan entre las instituciones de mayor prestigio del país, a los representantes e intelectuales de la izquierda pedagógica latinoamericana, a la comunidad académica nacional de sus escuelas hermanas, urbanas y beneméritas, para debatir a conciencia la situación actual, así como los horizontes del normalismo mexicano que con la reforma educativa se quiere llevar hasta la tumba, provocando la muerte pedagógica de la profesión docente.

Contra el currículo oficial, los alumnos y los maestros mantienen vivo el espíritu original del normalismo rural, el currículo real del internado sigue contemplando los ejes: académico, deportivo, cultural, político y productivo, estos últimos sin ningún apoyo económico o institucional y bajo la autorganización del estudiantado que observa en la dimensión económica agropecuaria un vínculo con las comunidades rurales y en la formación política la continuidad del compromiso ético en favor de los sectores sociales populares.

Ciertamente, la defensa del normalismo desarrollado por los jóvenes de Tiripetío los ha orillado a escenarios de confrontación en los que exponen su integridad física, ante la constante amenaza del Estado que mantiene de manera permanente un dispositivo policiaco que ha intentado en varias ocasiones invadir el espacio físico de la normal para desalojarlos; que vigila y persigue la movilidad de los estudiantes a cualquiera de sus actividades, que realiza acciones de vandalismo para después culpar a los jóvenes y justificar su represión ante la opinión de la ciudadanía.

A falta de un proyecto oficial que fortalezca la formación inicial de los profesores, hasta hoy desconocido por la propia comunidad educativa de las escuelas normales, el Estado mexicano optó por exterminarlas. Esta guerra abierta contra ellas tiene una faceta de violencia simbólica, que alienta el desprestigio académico, el odio racial, clasista y patriarcal contra la condición humilde e indígena de sus estudiantes y aviva las posiciones ultraderechistas que claman por su cierre inmediato.

Otra de sus dimensiones es la provocación sistemática de ambientes de violencia física que aterrorizan a la sociedad, que buscan inhibir el deseo de los jóvenes por ingresar a estas escuelas o los orillan a desertar si ya forman parte de ellas. Antes de la reforma de 2013, Tiripetío tenía una demanda anual de más de mil aspirantes, en 2015 disminuyó a 400, en 2016 a 200 y en 2017, en medio del clima represivo que se vivió, prácticamente a la par de su convocatoria de nuevo ingreso, sólo llegaron 159 solicitudes. La eficiencia terminal era de 99 por ciento, pero ahora vemos deserciones desde los primeros años de la carrera, que antes eran atípicas.

El aumento al presupuesto 2017 de 2 mil 829 millones de pesos para seguridad pública en Michoacán, contrasta con las constantes retenciones de los subsidios estatales a las normales, pero dan cuenta de que el objetivo subyacente es la criminalización estudiantil y la muerte del normalismo por inanición. Precisamente el detonante del conflicto en Tiripetío fue la exigencia del pago atrasado de becas para garantizar la alimentación de los moradores del internado, cuyas condiciones sociales son precarias; el mismo Gael Solorio, joven que recibió un disparo con arma de fuego en la cara, es originario de una comunidad rural que pertenece al municipio de Turicato, región de la Tierra Caliente cuya actividad económica está asolada por el narcotráfico y no tuvo más opción que buscar superar las pocas expectativas que había en su contexto, ingresando a la normal.

Esta política de exterminio, más aguda contra la normal rural, se evidenció de nueva cuenta en la represión del 21 de junio en Michoacán. Tiene que ver con la desruralización de la escuela, de su identidad campesina e indígena, con desabastecerla de maestros y acelerar el cierre de las escuelas comunitarias (ya iniciaron en Conafe) y el desplazamiento de la población explotable a zonas de concentración que vulneran aún más las condiciones sociales de las personas y las vuelven presa fácil de la esclavitud moderna.

En este contexto, me parece necesario, que junto a la creciente defensa política de las normales, en la movilización, la denuncia pública y la observancia ciudadana, habrá que fortalecer su defensa pedagógica, hacer más visibles y más ricas las resistencias educativas que se desarrollan en escuelas como Tiripetío, porque ahí radica en gran medida la relevancia de que sigan existiendo, además reivindica la capacidad propositiva de los alumnos, de los profesores y contrarresta la propaganda de odio que impulsa el Estado.

*Doctor en pedagogía

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/28/politica/017a2pol

Imagen tomada de archivo OVE

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Internacional de la Educación: La resolución de la ONU exime a los gobiernos de su responsabilidad

Noticias

Prensa Internacional de la Educación

En muchos sentidos, la nueva resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación constituye un avance positivo, pero desafortunadamente opta por el desarrollo de regulaciones relativas a los proveedores privados en lugar de instar a los gobiernos a que asuman sus responsabilidades.

Al solicitar un marco regulador para los proveedores de la educación, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha abierto la puerta a la legitimación de actores con fines de lucro en el ámbito de la educación.

La Internacional de la Educación (IE) ha señalado que en lugar de fortalecer su compromiso de garantizar que los gobiernos «proporcionen fondos y recursos adecuados a la educación pública», en realidad, la ONU ha conseguido que a los gogiernos les resulte más fácil  eximirse de su obligación.

Susan Hopgood, Presidenta de la IE, dejó claro que «la existencia de la enseñanza privada no es un derecho, y en la mayoría de los casos es ideológico».

Hopgood, quien tiene previsto representar a la IE en un evento de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre educación, que tendrá lugar el 28 de junio en Nueva York, prosiguió aclarando que «cuando existen actores no estatales y forman parte de un sistema de reglamentación de actores no estatales y están registrados para ejercer sus actividades, estos deben cumplir un conjunto de normas mínimas».

La Internacional de la Educación sigue abogando por un sistema de reglamentación de los actores no estatales, y no para beneficio de los actores no estatales.

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15201/la-resoluci%C3%B3n-de-la-onu-exime-a-los-gobiernos-de-su-responsabilidad

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