Panamá: ASOPROF reitera aniversario del Día del Estudiante mañana 27 de Octubre

América Central/Panamá/26-10-2019/Autor: Fernando Ábrego/Fuente: ASOPROF

Por: Profesor Fernando Ábrego,

Secretario General de ASOPROF

EL MEJOR HOMENAJE A LOS ESTUDIANTES PANAMEÑOS, UNIRNOS CONTRA LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE QUITAN DERECHOS DEL PUEBLO.

El 27 de octubre de cada año conmemoramos el Día del Estudiante en nuestro país. Poco se dice de los hechos que dan origen a ese día. Estados Unidos había organizado en 1941 un golpe de Estado que había quitado de presidente de la nación al Dr. Arnulfo Arias por demorarse en otorgar bases militares a esa potencia, fuera de las que tenían en la entonces Zona del Canal.

Corría el año de 1943. Gobernaba el presidente de facto Ricardo Adolfo De La Guardia. Este había destituido docentes de la recién fundada Universidad de Panamá, por sus críticas al gobierno que presidía, pero los estudiantes de los pocos colegios secundarios existentes y de la Universidad, se habían opuesto a esa medida por medio de huelgas y protestas que hicieron renunciar, ese 27 de octubre, al Ministro de Educación y dio pie a la fundación de las Asociaciones Federadas y a la Federación de Estudiantes de Panamá.

Este año conmemoramos ese día en medio de un intento de imponer por parte de la corrupta Asamblea de Diputados, un paquete de reformas constitucionales que quitan derechos al pueblo panameño. Intentan eliminar la obligación constitucional de acatar los avances de leyes internacionales en materia de derechos humanos, con lo que quedaríamos aún más en manos de los caprichos de diputados y gobernantes.

Esas reformas también ponen en peligro la existencia de la Caja de la Seguro Social y el derecho a que sean buenos los servicios públicos de salud, así como a toda conquista que todavía contenga la actual Carta Magna, pues responden al querer de los grupos económicamente poderosos.

Por eso, una de las reformas más lesivas es aquella que pretende eliminar el acceso del pueblo a la educación universitaria. Desde su fundación un 7 de octubre de 1935, la Universidad de Panamá fue convirtiéndose, sobre todo por la lucha de sus estudiantes y docentes, en el lugar que permitía que los hijos del pueblo accedieran a una educación superior. Hoy, esas reformas pretenden liquidar ese derecho, pues cercenan la obligación del Estado de garantizar el presupuesto de las Universidades Públicas, reduciendo dicha responsabilidad a una asistencia económica, que también tendría que ser repartida con las universidades privadas, de dueños millonarios.

También liquidan la función fiscalizadora y la autonomía de la Universidad, al crear un ente superior a ella que sería reglamentado por una nueva ley, lo que abriría el camino a la entrega de la Universidad al capricho de cualquier gobernante de turno.

La Asamblea de Diputados cometió un grave error. El máximo Órgano de Gobierno de la Universidad de Panamá, convocó el pasado martes de manera urgente a una movilización masiva de estudiantes, docentes y administrativos, que llegó a la Asamblea de Diputados. Ante la negativa de abrir sus puertas, los universitarios casi se toman la Asamblea, lo que hizo que el presidente de ese órgano del Estado prometiera eliminar las reformas referentes a la universidad pública. Esa misma semana la UTP también efectuaría una marcha.

La movilización de la Universidad de Panamá no fue sólo para defender el carácter público y popular de la misma, sino contra toda la reforma constitucional encaminada a recortar derechos de la ciudadanía. No es para menos. Resulta que de aquellas inconsultas reformas constitucionales originadas en el agrupamiento denominado Concertación Nacional, que no resolvían nada, los grandes intereses económicos han introducido, con el beneplácito de la Asamblea de Diputados, reformas que van a recortar radicalmente los escasos derechos de la población.

La exitosa movilización universitaria se da coincidiendo con importantes ejemplos de lucha de los pueblos hermanos del Ecuador, Chile y Cataluña, con sus juventudes dando sobradas muestras de hidalguía y arrojo al lado de sus pueblos. Lo hace cuando el mismo día de la marcha de la Universidad de Panamá, 400 delegados del CONATO también marcharan a la Asamblea contra las mismas reformas, como lo viene haciendo también agrupaciones como FRENADESO, CGTP, reformas contra las cuales también se ha pronunciado el poderoso movimiento magisterial agrupado en la UNEP, entre otros.

La Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) reitera este aniversario del Día del Estudiante, su compromiso y apoyo a que vuelvan a existir esas escuelas de ciudadanía que eran las Asociaciones Federadas y la Federación de Estudiantes de Panamá.

Llamamos a todos nuestros capítulos a divulgar está noble causa, preparando las condiciones para movilizar las escuelas y colegios a las calles contra estas leoninas reformas constitucionales. Conminamos a todos los sectores a UNIR ESFUERZOS EN ACCIONES COMUNES QUE ADQUIERAN TAL MASIVIDAD QUE DERROTEN ESTOS PERVERSOS EMPEÑOS.

Fuente: Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) «Unidos por la Verdad».

Imagen: https://www.diaadia.com.pa/el-pais/asoprof-apoya-lucha-de-docentes-de-san-felix-323031

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Idel Vexler: “Dejaron de lado la educación por la política”

América del Sur/Perú/25 Octubre 2019/Expreso/ Juan C. Ángeles Moreno

Considera que si una universidad pública no obtiene el licenciamiento de Sunedu es responsabilidad del gobierno de turno, por no invertir en su infraestructura y logística.

El Gobierno anunció un plan de emergencia para que las universidades públicas tengan una nueva oportunidad si no consiguen su licenciamiento. ¿Qué opina sobre ello?
Es una alternativa comprensible porque si una universidad pública se rige en función del presupuesto que le asigna el gobierno central y los alumnos que estudian en esas entidades no pueden tener la alternativa de la universidad privada, me parece comprensible que el Gobierno establezca un periodo de emergencia para que aquellas que no son licenciadas, que espero que sean pocas, puedan tener un periodo para reorganizarse y la oportunidad de solicitar su licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

-¿Qué implicaría este periodo de emergencia?
Requiere que la comisión que va a dirigir el periodo de emergencia sea una que conozca las características de la universidad pública y esté conformada por gente comprometida con mejorar la calidad y autonomía de la institución. Me preocupa que haya muchos funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) con demasiadas obligaciones y ahora deberán asumir esta.

-¿Si una universidad pública no llega a tener su licencia, no sería responsabilidad del Minedu al no prevenir este escenario?
Desde luego, la universidad pública es la alternativa para la mayoría nacional. Por ley tienen un símil con las privadas, como promotoras del Estado, y quien la representa es el Gobierno y el Minedu. Entonces, hay una responsabilidad del Ejecutivo y algunos gobernantes institucionales que no le han dado el tiempo, ni la importancia que se requerían. Una universidad pública no licenciada es responsabilidad del Estado y seguramente de los funcionarios que no se han dedicado a que las cosas funcionen bien.

-¿Considera que el Poder Ejecutivo ha descuidado el sector Educación por enfrentamientos políticos?
El Gobierno ha estado muy preocupado y dedicado a temas vinculados al Congreso. Creo que la ministra [Flor Pablo] está preocupada por mejorar la gestión, pero falta mucho más. Hay que dejar de lado los eventos, las reuniones, discursos, lemas y trabajar más en la gestión del currículo, evaluación, materiales educativos, calidad de maestros.

Creo que la ministra debe enfatizar estos aspectos, aunque se viene esforzando por hacer bien las cosas, pero no es suficiente. La atención se ha centrado en otras cosas, han dejado de lado la educación por temas políticos. Creo que la gestión no ha estado a la altura, espero que en los meses que faltan se retome de forma directa para mejorar la calidad en el país.

-¿Cómo observa el trabajo de la Sunedu?
En líneas generales, hay una mejora en el trabajo, en la rigurosidad y en la no politización de la Sunedu. Sin embargo, así como hay que fortalecer una superintendencia técnica y con solvencia ética para dar los licenciamientos, también se debe mejorar los marcos de autonomía. Me preocupan detalles muy simples, como el desarrollo de los cursos de algunas carreras, diplomados o agregar una asignatura que al final requiere el visto bueno de la Sunedu. Hay que lograr el aseguramiento de calidad con autonomía.

-¿Hay aspectos por mejorar?
Estos órganos siempre pueden mejorar. Pueden reajustar su estructura, método y técnica. Creo que la existencia de la Sunedu ameritaba precisamente garantizar calidad. Sin embargo, una reforma universitaria no pasa solo por tener una superintendencia eficiente. Se necesita una política general de reforma, que el Gobierno debe asumir a través del Minedu. Por ejemplo, en el tema presupuestal, la plana docente, malla curricular, crecimiento de la investigación, entre otros. Para esto se necesita una ley para toda la educación superior, como lo establece el objetivo número cinco del proyecto de educación nacional.

-Producto de las protestas sociales en Arequipa contra el proyecto minero Tía María, miles de alumnos han perdido clases. ¿Cuál sería la solución?
Es lamentable, deberían ser hasta el 30 de enero porque recuperar clases los sábados y domingos no funciona.

SANCIONES A PROFESORES
-Hay docentes en Arequipa que no han asistido a sus centros de labores por ir a las protestas contra Tía María. ¿Podrían ser sancionados por el Minedu?
Pueden movilizarse y protestar, pero no pueden abandonar a sus alumnos. De ninguna manera deben faltar a sus clases. Hay una norma que dice que el profesor que no trabaja, no cobra, eso se debe aplicar. Pueden ser sancionados.

 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/entrevista/dejaron-de-lado-la-educacion-por-la-politica/

Imagen: https://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/09/Idel-Vexler-5.jpg

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La universidad y el discurso neoliberal

Argentina / 11 de marzo de 2018 / Autor: Javier Ozollo / Fuente: Página 12

Hemos visto, perplejos, cómo ciertos discursos en relación con la Universidad Publica han vuelto a reaparecer. Las siempre recurrentes ideas de arancelamiento y privatización que ingenuamente creíamos desterradas han vuelto a la arena pública.

En términos generales, los argumentos son siempre los mismos, aunque hay uno reiterativo en el discurso neoliberal: alto gasto de la universidad (en un contexto de déficit fiscal). Como siempre pasa, en esta línea ideológica, el problema se reduce a la cuestión contable. Y persistentemente también, abundan los ejemplos (distorsionados) de países “serios”.

La defensa de la universidad pública, democrática y gratuita puede sostenerse desde varios ángulos. El de la inclusión, el de la igualdad, el de la democratización del conocimiento, el de las llamadas externalidades positivas, etc. Sin embargo, quisiera detenerme en uno de ellos, la relación entre la universidad y la producción de ciencia y tecnología.

El campo de desarrollo científico tecnológico, aquí y en el mundo serio o no, es impulsado directa o indirectamente por la inversión estatal. Desde la tracción de las fuerzas armadas estadounidenses hasta los planes quinquenales en Corea del Sur. No es casual que los países con mayor porcentaje de su PBI en inversión en ciencia y técnica sean “países serios”. Mucho más en los países periféricos, el Estado es y debe ser un actor fundamental. El problema del déficit fiscal tiene otros orígenes: quita de retenciones a los sectores con mayor poder adquisitivo, disminución de impuestos a las ganancias y bienes personales, recesión del mercado interno y aumento de los intereses de la deuda pública. El aumento del gasto estatal en ciencia y técnica más bien permite reducir, con otras políticas complementarias adecuadas y a largo plazo, el déficit que a aumentarlo.

En la Argentina, la universidad pública es responsable de la mitad de la producción de conocimiento científico y tecnológico. En ella se forman la mayoría de los investigadores y el 75 por ciento de los institutos del Conicet son coadministrados con las universidades públicas. El sistema público participa con el 92 por ciento y el privado con el 8 por ciento del total del gasto en ciencia y técnica en educación superior. Invierten en proporciones similares en investigación básica y aplicada, mientras que en las universidades privadas la investigación aplicada supera en más del doble a la investigación básica. Conjuntamente, las universidades y el Conicet realizan los 2/3 de la investigación básica. La inmensa mayoría de los logros argentinos en ciencia y técnica provienen directa o indirectamente de la universidad pública.

Pero a pesar de destacar este aspecto, es imprescindible indicar que los distintos criterios que abarca la universidad pública no pueden ser tomados en forma aislada. Así, una mayor inclusión potencia las posibilidades de acceso a la ciencia y la técnica de sectores sociales tradicionalmente excluidos y mejora la calidad de los recursos humanos en la producción tecnológica. Una mayor democratización mejora el debate de los criterios de asignación de presupuestos y de líneas investigativas. También, la universidad pública permite el incremento en la difusión del conocimiento científico y técnico.

Como bien ha dicho recientemente el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (Siduncu): “La Universidad Pública es la institución clave para poder avanzar en la formación plena de los sujetos, con altas competencias profesionales y académicas, que impulsen el desarrollo científico técnico de la región y, al mismo tiempo, con sentido crítico que les permita reconocerse como sujeto social y comprometido con sus comunidades”.

Así, un golpe a la universidad pública es también un golpe a nuestras posibilidades de desarrollo científico y tecnológico.

Fuente del Artículo:

https://www.pagina12.com.ar/97985-la-universidad-y-el-discurso-neoliberal

Fuente de la Imagen:

Neoliberalismo y universidad: una nueva vuelta de tuerca

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