Derecho a Elegir

Mineduc dice que hay 20 mil escolares sin matrícula por rechazar colegio asignado

Carlos Said

Por: Carlos Said. 

Los casos fueron recopilados por las seremis y equivalen al 7,3% de quienes participaron en el proceso de admisión. Ministra Cubillos afirmó que los padres se oponen al modelo. Experto cree que se busca instalar una visión pesimista.

A casi tres semanas de comenzar el año escolar, Drina Acevedo todavía no matricula a su hijo. Se niega a inscribirlo, pues el colegio que le asignó el Sistema de Admisión Escolar (SAE) -la plataforma del Estado para postular a los establecimientos- es un recinto muy lejano a su hogar, en Antofagasta, y no el liceo que quería.

“Mi hijo tiene promedio 6,0 y salió con excelencia académica de la enseñanza básica, pero le dieron un cupo en un liceo del otro extremo de la ciudad. Y no lo voy a matricular, porque lo encuentro injusto”, explicó.

La misma situación vive Carolina Opazo, en Copiapó, quien postuló en los dos procesos que abrió el SAE el año pasado, y su hijo no quedó en los colegios de su preferencia, sino que el sistema le asignó uno cerca de su casa. “Decidí no matricularlo, con la última esperanza de que alguien se retire del colegio que queremos o se vaya de la ciudad”, dijo.

Sus hijos están entre los 20 mil escolares en todo el país que no han sido matriculados, pues sus familias están en desacuerdo con el colegio que les fue asignado, según afirmó la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

“Estamos en febrero y muchas de ellas no saben a qué colegios irán sus hijos, porque se niegan a matricularlos en el colegio que el Estado les está asignando, y con razón, porque sienten que el Estado no les está dando derecho a elegir”, afirmó la autoridad.

La cifra equivale al 7,3% de quienes postularon este año en el SAE, modelo que se aplicó en todas las regiones, excepto en la Metropolitana, y corresponde a la recopilación de casos que las seremis han hecho. Para estas situaciones la única opción es que usen el cupo que se les dio. “Hemos sido transparentes con los padres y créanme que es muy difícil poner la cara por un sistema que no inventamos, no diseñamos ni compartimos”, agregó la autoridad, quien promueve el proyecto “Admisión Justa”, para modificar el sistema.

“Visión pesimista”

El SAE permite que los padres coloquen todos los colegios a los que quieren postular en orden de prioridad. Luego, un algoritmo ordena a las familias según sus preferencias y asigna el colegio según diversos criterios.

De las 275 mil familias que participaron en el proceso de admisión 2019, el 59% quedó en el colegio de su primera preferencia y el 82% en alguna de sus opciones marcadas. Al resto se le asignó un colegio según la cercanía a los hogares. Pero la ministra afirmó que se debe cambiar el modelo para que la asignación de cupos se haga según el mérito.

“Cuando se discutió la ley, las encuestas decían que más del 93% declaraba que quedaba en el colegio de su primera preferencia. Esta fue una ley que se hizo siempre con amplio rechazo de los padres. No fue empujada por los padres de familia, todo lo contrario”, aseguró.

Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales y ex jefe de Educación General del Mineduc, sostuvo que la autoridad busca “instalar una visión pesimista sobre el sistema de admisión, cuando la evidencia general es positiva”.

“Si el énfasis se sigue poniendo en las fallas del sistema, evidentemente que se da la señal de que hay que esperar una solución que no necesariamente va a llegar. Uno esperaría que el foco del ministerio esté en informar a las familias sobre cómo postular”, agregó.

Fuente del artículo: https://www.latercera.com/nacional/noticia/mineduc-dice-20-mil-escolares-sin-matricula-rechazar-colegio-asignado/520576/

Comparte este contenido:
Leer más »

Equidad para superar la segregación escolar

Pablo García de Vicuña

La libertad de elección de centro de las familias no es neutra, sino que viene condicionada por diversos factores, como son  la dificultad económica ante el cobro de servicios obligatorios en centros concertados

Pablo García de Vicuña

Es lugar común entre las y los profesionales de la educación pensar en la escuela como el espacio en el que la equidad adquiere su mejor expresión. La mayoría se siente representada en esa definición que explica el término en clave de ofrecer a cada cual lo que se merece, en función de sus méritos o condiciones, sin condicionantes previos. No se nos escapa, sin embargo, que hay también una minoría docente que, aunque lo acepte como máxima políticamente correcta, sigue creyendo que no es la más adecuada para formar a ese alumnado excelente, que queda desperdiciado con esta manera de educar. Esta opinión, por lo general, está ampliamente representada en los centros privados no concertados, aunque cuenta con adeptos/as silenciosos/as en cualquier rama y nivel educativo.

Probablemente, si atendiésemos al segundo significado del término equidad, la aceptación fuese más amplia: “cualidad que consiste en no favorecer en el trato–en la educación, sería nuestro caso- a una persona perjudicando a otra”. Casi con toda seguridad se podría afirmar que ninguna persona docente pretende formar a su alumnado bajo la premisa del perjuicio, sino en la búsqueda de la mejora continua. El problema es que con la inequidad –aunque sea inconsciente- estamos dejando apartada a una parte importante de la población infantil y juvenil de nuestro país.

Esta ONG dedicada al cuidado de la infancia, inicia su estudio con dos datos sumamente preocupantes: Uno, casi la mitad del alumnado español (46,8%) está escolarizado en centros que sufren concentración de alumnado vulnerable. Es decir, que atiende a un alumnado de perfil socioeconómico bajo en proporciones entre el 26 y el 100 % del total. Segundo dato, nueve de cada diez centros que acumulan este tipo de alumnado son públicos. Con ambas premisas obtenemos ya la radiografía de este tipo de “centros gueto”: alumnado inmigrante –cuyos progenitores carecen de estudios universitarios- que muestra  escaso vínculo con el centro  público escolar, con  cuatro veces más de probabilidades de repetición de curso y con muy bajas expectativas de cursar estudios superiores. Nada que nos sea desconocido, nada que haya mejorado en los últimos años.

Más bien, empeorado, dado que la segregación escolar (por concentración de las familias con menos recursos y por huída de las clases medias a otros centros) ha continuado creciendo de forma evidente. Para el periodo 2012-2015, en España, el 14,5% y en Euskadi, el 9,7%. Es significativo el caso vasco, que había conseguido reducir la segregación en periodos anteriores (2006-2009 y 2009-2012), pero que se ha disparado en los últimos tres años.

El informe utiliza el índice Gorard (Índice G) para medir el grado de segregación escolar comparando comunidades autónomas y países y para observar la evolución de la segregación escolar en un tiempo determinado. El resultado en España es de 0,31, lo que significa que para eliminar la segregación sería necesario cambiar al 31% de alumnado más vulnerable de unos centros a otros. Este indicador coloca la educación española en un dudoso sexto puesto europeo (como a Lituania, Eslovaquia y Rumanía), pero lejos de los países nórdicos. Por CCAA y dejando de lado la situación de Madrid (segunda, tras Hungría), interesa el dato de la CAPV, situada en un puesto medio, con un 27%, pero  lejos de la menos segregadora, la comunidad balear (0,20).

¿Qué factores pueden ayudar a entender este incremento de la concentración y segregación escolar? Entre otros, sin duda, la pobreza y el propio sistema educativo. En ambos casos, el nexo es la familia.  Una familia a la que la situación económica y la falta de información sobre las características concretas de las dos redes educativas españolas, en la mayoría de las ocasiones, lleva a un desconocimiento real del funcionamiento del centro y de las políticas educativas implantadas por los gobiernos respectivos. Y ello sitúa el problema en su origen: la elección del centro escolar.

Es difícil abstraerse de un debate tan acalorado, como el que se produce cada vez que se alude a la libre elección de centro; santificada por el conservadurismo oficial, que apela al derecho que la Constitución española le otorgó a través de su artículo 27.3 (“ Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”) y criticada desde una visión más progresista, si ésta no está mediatizada –y modificada- por otros factores  que la moderen, como la propia intervención institucional, a través de políticas educativas correctoras.

Coincido con el sociólogo de la Autónoma de Madrid, Jesús Rogero García («La elección de centro educativo o la semilla de la desigualdad». eldiario.es 09/09/2015), cuando mantiene que la apelación a la libertad de elección de centro de las familias no es neutra, sino que viene condicionada por diversos factores, como son  la dificultad económica ante el cobro de servicios obligatorios en centros concertados, la escasez de información sobre la calidad y el proyecto educativo, el propio interés y el acompañamiento en el proceso formativo que las familias realizan de sus hijas e hijos. De ahí que haya que pensar en encontrar otros criterios que ayuden a mejorar la toma de decisiones de algunas familias en torno a la elección de centro.

Volvemos, por tanto, al origen: la situación económica familiar condiciona, en la mayoría de las situaciones, la elección del centro escolar. Dicho en términos educativos: una mayor desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación no es adecuadamente compensada con las actuales políticas de inclusión educativa. Urge introducir elementos de compensación que palien la situación, como una nueva zonificación en los procesos de matriculación (modificación de ratios de matrícula viva, intervención municipal, cambios en criterios de escolarización), itinerarios formativos plurales Primaria-Secundaria, detección temprana de alumnado con necesidades vinculadas a condiciones socioeconómicas (coordinación con los equipos locales y servicios sociales), por citar los más perentorios.

La libertad de elección de centro de las familias no es neutra, sino que viene condicionada por diversos factores, como son la dificultad económica ante el cobro de servicios obligatorios en centros concertados

Esto sería una intervención activa de los Gobiernos educativos llevada a la práctica escolar y con resultados evidentes a corto plazo. Porque de poco sirve configurar documentos teóricos bonachones que hablen de equidad educativa (verbigracia, el texto que está manejando en estos momentos la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, “Bases para un Acuerdo”) mientras se aceptan de facto realidades que lo contradicen, como la que se está viviendo en Vitoria, denunciada el pasado febrero por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, con un reparto de 92 alumnos/as para la red pública y 8 para la concertada de cada 100 extranjeros/as. Con ser llamativo el dato, otro lo superó ese día: las dos ikastolas concertadas de Vitoria escolarizan a dos alumnos extranjeros, mientras 19 centros públicos superan el 30% y, de ellos, 8 el 50% de inmigración.  Esta situación largamente denunciada no es exclusiva de la capital alavesa y se repite en zonas de alta concentración migrante (barrios de Donostia, municipios de la Margen Izquierda y Encartaciones vizcaína) aunque de forma menos señalada.

(Aún estamos a tiempo de actuar individualmente para modificar la actual situación, mediante dos movilizaciones: Una, secundando –hasta fin de mes- con nuestra firma  -online o a través de pliego- la ILP Eskola Inklusiboa,  de Zubiak Eraikiz, que plantea la revisión de la política educativa vasca con la intención de superar tendencias segregadoras actuales. El objetivo es sobrepasar ampliamente el número mínimo de 10.000 que exige el Parlamento Vasco para que pueda tratarse como posible norma de ley. Y dos: participando en la concentración convocada por la Plataforma alavesa citada el sábado, 26 de mayo (18:30, Plaza de la Virgen Blanca).

De ahí que surja la necesidad de medidas que modifiquen tal situación. El informe de Save The Children propone, entre otras, el establecimiento de nuevas zonas de escolarización que incluyan una composición social poco heterogénea. Ello conllevará aumentar algunas que sean muy pequeñas o de configuración muy similar socialmente, con el fin ampliar la diversidad del alumnado dentro de las aulas y de regular la huida de familias con perfil socioeconómico más alto.

También las iniciativas de los centros educativos que propicien un acercamiento de las familias a la realidad escolar de sus hijos e hijas deben entenderse como una medida modificadora de la situación actual. Está probado que las familias con pocos recursos socioeconómicos encuentran poca motivación para involucrarse en las dinámicas escolares. Es por ello que proyectos dinámicos como “Mamás que leen”, en el IES Miquel Tarradell en El Raval barcelonés, o “Café con Familias” en el encartado IES Balmaseda, son dos pequeñísimos ejemplos a imitar, de los cientos de ellos que recorren los centros españoles. La alfabetización de madres migradas y el debate socioeducativo animan a rastrear ese basto y aún inexplorado campo de las actividades familiares, en beneficio particular de la comunidad educativa.

Por último, las administraciones educativas están obligadas a analizar otros campos de actuación que no sean los exclusivamente psicopedagógicos, hacia los que llevan un tiempo –tampoco demasiado- dirigiendo el foco. “Mézclate conmigo” propone un esfuerzo institucional por la detección precoz del alumnado con perfil socioeconómico bajo, a través de programas coordinados entre las Consejerías de Educación y los servicios sociales locales, a partir, por ejemplo, de los datos del padrón municipal. Sería deseable la creación de equipos de trabajo múltiples en los que trabajadores/as sociales y orientadoras/es colaborarán de forma habitual en el diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

La aplicación de estas y otras medidas permitirán que la acertada canción que Pedro Guerra escribió en aquel lejano año de 1994 sea tan solo un nostálgico y bello recuerdo:

(…) Contamínamepero no con el humo que asfixia el aire

ven

pero sí con tus ojos y con tus bailes

ven

pero no con la rabia y los malos sueños

ven

pero sí con los labios que anuncian besos

contamíname,

mézclate conmigo

que bajo mi rama

tendrás abrigo

Fuente: https://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Equidad-superar-segregacion-escolar_6_766483360.html

Comparte este contenido:
Leer más »

El derecho a la educación en riesgo… electoral

Bonifacio Barba

Por Bonifacio Barba

No se trata aquí de los riesgos del derecho a la educación considerados de forma común a propósito de las características insuficientes o inadecuadas de las políticas educativas, sino de uno que proviene de una actividad que debería aportarle al derecho certeza, sustento, garantía, como es el caso de la elección de autoridades, en particular las de gobernadores, de hace unos días.

Ya había experimentado la sociedad mexicana la disolución del Pacto por México como señal de compromiso de los tres principales partidos políticos de que iban a poner las necesidades de la nación como objeto primordial de sus acciones; resuena en el pasado el tercer objetivo relativo a la educación: “que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad”. La mencionada recuperación requiere un Estado con instituciones fuertes, en todos sus ámbitos, incluida la electoral, una de las fuentes de legitimidad de la autoridad del gobernante.

No obstante, de modo contradictorio, en las últimas elecciones estatales, sobre todo en la del estado de México, la actividad electoral disputó algo que rebasa el gobierno de ese estado: la lucha fue por el símbolo del poder de la elección presidencial del 2018, y en función de ello el partido en el gobierno sacó todas sus viejas maneras  -y algunas renovadas con tecnología- de comprar, cooptar y amedrentar el voto. Una primera pregunta: ¿cómo puede un gobierno que violenta los derechos políticos garantizar el de educación, que en sus principios contiene el de la democracia, principio que es un rasgo constitucional de la República? Dilapidan y burlan el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos.

El candidato Alfredo del Mazo, en algún momento de su campaña, declaró: “De nuestro triunfo depende el futuro del priismo; depende el futuro de este País” (Reforma, 29 de mayo de 2017: 8, Nacional). Si la primera parte es ya una sobrevaloración, la segunda no encuentra ningún escenario de la realidad mexicana sobre el cual asentarse, a menos claro, que indicara la conciencia del daño que este partido hace al país, pero esta interpretación no es nada probable. Tal vez ni siquiera hubo traición del inconsciente, sino la expresión simple, perjudicial de la confusión de la nación con el partido.

El PRI, inicia sus Estatutos declarando esto: “El Partido Revolucionario Institucional es un Partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los Partidos políticos contemporáneos” (Artículo 1, http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf). No se mostró un organismo político democrático ni incluyente ocupado de los intereses de nación; no les reconoce superioridad política; tampoco se mostró, claro está, nada de socialdemocracia.

Segunda pregunta: ¿para qué estas palabras si su acción las niega? Y buscando seguramente la exculpación, después de un proceso electoral en el que se sembró la  inequidad y discordia, se llama a la unidad, al trabajo para atender las necesidades de la sociedad, siendo una de ellas el respeto a los principios de la democracia, pero no teóricos, sino como están establecidos en la Constitución de la República. Se vive una contradicción lógica y práctica. Así pues, ¿por qué está en riesgo el derecho a la educación? Por varios motivos; indiquemos tres.

  1. Los derechos humanos son indivisibles, y estas formas de llegar al poder público  violentan esa unidad de sentido y de responsabilidad gubernamental. ¿Cómo garantizarán uno si violentan otro destruyéndole su objeto a garantizar: la expresión de la voluntad libre?
  2. Las autoridades ejecutivas de la federación y de los estados con gobierno priista y la autoridades electorales no resguardaron el derecho ciudadano y, desde luego, se deslegitimaron produciendo un daño a la vida social. No es responsabilidad de los poderes ejecutivos organizar ferias de servicios en tiempos preelectorales o actuar con inmediatismos para resolver necesidades de la población. Por el contrario, las autoridades  tienen una obligación constitucional que olvidan, promover el “desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. (Artículo 25 de la Constitución).
  3.  Con actuaciones que distorsionan los procesos electorales los gobiernos le quitan sustento a la reforma educativa, a su modelo, cuyo lema es Educar para la libertad y la creatividad. Si se pretendía reconocer la escuela al centro, será difícil, pues en las elecciones ponen en el centro el poder y este subordina a la escuela, busca el control de la sociedad, limitando o negando la libertad.

Deben salir de su confusión moral; es esencial a los derechos considerar a cada persona humana como un fin en sí misma, jamás como un medio.

Fuente del Artículo:

El derecho a la educación en riesgo… electoral

Comparte este contenido:
Leer más »