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Ministerio y CCAA tienen año y medio para certificar a 560.000 docentes en su competencia digital

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España tiene hasta el tercer trimestre de 2024 para acreditar la competencia digital docente dentro del marco publicado el pasado mes de mayo. Hablamos con Julio Albalad, director del Intef, sobre cómo se hará ese proceso de acreditación y formación para que 560.000 docentes de todo el país puedan tener algún tipo de certificado que, a la postre, podría valerles de cara a las oposiciones, los traslados o el acceso a determinados puestos.

La Comisión Europea tiene unos plazos «cortos». Para finales de 2024 España debe poder justificar una buena cantidad de capital que aporta Europa para el Fondo de Recuperación y Resiliencia que está vinculado a la formación del profesorado en competencias digitales.

La pandemia ha sido la gran excusa para que España (aunque no solo) intente un nuevo empujón en la digitalización de las aulas. Después de las enormes dificultades de todo tipo que vivieron docentes y estudiantes para conectarse y seguir las clases con «normalidad» de marzo a junio de 2020, el Ministerio ha puesto sobre la mesa una enorme cantidad de capital para que haya equipos informáticos suficientes (a pesar de los muchos retrasos habidos) y, al mismo tiempo, ha adquirido un compromiso con la Comisión para certificar al 80 % de todo el profesorado (de la pública y la concertada y privada: unos 560.000 docentes) antes de que termine 2024.

Hablamos con Julio Albalad, director del Intef y uno de los máximos responsables del documento que en el mes de mayo se aprobó y en el cuál se define, paso a paso, el Marco de Competencias Digitales Docentes (que Albalad asegura que es pionero en Europa, puesto que España es el primer estado que desarrolla el marco europeo). Un extenso y pormenorizado documento que establece tres niveles (parecidos a los del marco europeo de las lenguas) que servirá, eventualmente, de guía para saber en dónde se encuentra cada quién y hasta dónde puede aspirar en su formación.

Desde un nivel A1 hasta un C2, pasando por las B. Un viaje a lo largo de diferentes grados de formación y dedicación, de evaluación y demostración de unas competencias que deberían llevar a buena parte del profesorado hacia la mejora de sus competencias en el uso de las tecnologías digitales y, por ende, a la enseñanza del estudiantado.

Según explica Albalad, la certificación se llevará a cabo de diferentes maneras, dependiendo del nivel de cada quien, ya que supondrá diferentes perspectivas.

Acreditación

Una de las preguntas clave, si la certificación no es obligatoria, como no lo es tener claro en qué nivel del marco se está, ni estar en el marco siquiera, es cómo se va a conseguir un objetivo tan ambicioso en tan poco tiempo. Albalad tiene parte de la respuesta: «Más allá de que queramos que el docente se forme, también incentivamos a que se acredite esa competencia digital». Es decir, las administraciones están pensando un sistema de incentivos. «No lo hemos desarrollado, pero la idea sería poder utilizarlo en el concurso de traslados, en relación con la interinidad, para acceder a según qué puestos».

A pesar de los incentivos, no será fácil. Esta semana, según cuenta a este periódico, se publicará en el BOE el acuerdo definitivo que supondrá el pistoletazo de salida para que las comunidades autónomas y el propio Ministerio puedan desarrollar los diferentes procesos de acreditación e incentivo. Esa publicación les dará un año para desarrollar esa acreditación, pero el objetivo, confirma Albalad, es que a finales de este año «antes de final de año, tengamos la norma aprobada» («nosotros trabajamos con un borrador y las comunidades autónomas también», asegura).

En cualquier caso, la acreditación dependerá del nivel en que cada cual crea encontrase. Los iniciales (A1 y A2), explica el responsable del Intef, se acreditarán, principalmente, mediante los estudios universitarios conducentes a los títulos de Magisterio o de Secundaria. Se está negociando con Universidades, con la CRUE y la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, así como con las autonomías, que tienen competencias en estas áreas también. La idea sería que las universidades  pudieran, por ejemplo, certificar que mediante sus grados y másteres se obtiene, por ejemplo, de 80 % de alguna o algunas áreas de las dispuestas en el marco.

Esto forma parte, no tanto del proceso de acreditación hasta 2024, sino de la segunda fase, pensada para hacer de este sistema algo sostenible en el tiempo más allá de los fondos europeos que marcan ahora los esfuerzos.

Además de estos estudios, también se plantea la posibilidad de realizar convocatorias cada cierto tiempo para que las personas interesadas acudan a certificar sus conocimientos de los niveles inferiores. También se está pensando en fórmulas de formación permanente del profesorado, muy modulares y que ofrezcan suficiente flexibilidad para que las curse el profesorado y así vaya certificando.

El paso siguiente, el nivel B (1 y 2) exigiría evaluaciones diferentes. Se podrían mantener las pruebas de acreditación con preguntas aleatorias, pero aquí ya no se podría cumplir solo con los títulos universitarios. Esto es así porque el nivel B ya requiere un uso dentro del aula, autónomo, de las tecnologías digitales. Por eso habría que presentar otro tipo de prueba.  «Tengo que comprobar que el docente lo aplica en el aula; necesito una muestra, una evidencia de que lo ha hecho en el aula», explica Albalad. Sí se mantendría la formación desde el Intef o los centros del profesorado de las comunidades autónomas, «en la que se incluyera esa puesta en práctica».

Por último, el nivel C, correspondiente a quienes tienen un conocimiento mayor (lo que podríamos denominar como coordinadora o coordinador TIC), tendrían otro proceso de acreditación. El proceso podría pasar por la presencia de una tercera persona en el aula para comprobar cómo se trabaja con las tecnologías digitales; se atendería también a las publicaciones que pudiera haber hecho el o la docente, a la formación que haya realizado.

En cualquier caso, aclara el director del Intef, «el marco no está hecho para que el camino del docente sea empiezo en el A1 y acabo en un C1». La lógica, más alla de saber en dónde está cada quién, es conocer los pasos para que la mayor parte esté en el nibel B, el intermedio.

Inventivos

Esta seguramente es una de las partes primordiales para el profesorado. Tanto el Ministerio, vía Intef, como las administraciones autonómicas se están planteando una serie de incentivos para empujar al profesorado a que se acredite dentro del Marco de competencias digitales.

Aunque no afirma con rotundidad cuáles serán esos incentivos, sí da algunas pinceladas de por dónde podrían ir los tiros: para los concursos de traslados y para las oposiciones; para los procesos de estabilización de plantilla o para acceder «a puestos específicos, como un coordinador TIC», comenta o, como el caso de los «asesores técnicos docentes», profesionales de la educación que, como él mismo, trabajan para las administraciones (central o autonómicas). «Podría ser una manera de animar a la gente para que saque la acreditación».

Y es que este proceso se la juega a pocas más cartas, puesto que no es obligatorio para el profesorado y sí para el Estado (por aquello de justificar una parte de los fondos de recuperación y resiliencia).

Usos de la tecnología

La pandemia, y principalmente el confinamiento, han sido, como se decía más arriba, un importante acicate para las industrias de la tecnología y para que las administraciones se pongan las pilas en algunas cuestiones. Una de ellas es precisamente esta de la formación del profesorado. Durante décadas los programas de implementación de las TIC han pasado, principalmente, por la compra de dispositivos a los que, en mayor o menor medida, el profesorado intentaba sacarles partido, con más o menos acierto. Ahora, con el Marco sobre la mesa, al menos, hay unos estándares que todo el mundo conoce y un camino por el que transitar.

Entre las preocupaciones de este documento se encuentran, en buena medida, temas relacionados con la propiedad intelectual pero, también, con el buen uso de las tecnologías. El documento pone el foco en el trabajo del profesorado para conseguir ciertos niveles, pero también apunta a qué se debe trabajar con el alumnado. Y el buen uso está ahí.

La pandemia también nos enseñó a todos, y al profesorado muy particularmente, los problemas que acarrea una conexión prácticamente 24/7 con su alumnado y las familias. El derecho a la desconexión flota por sobre el marco de competencias en algunos puntos, como aquel en el que se habla de la posibilidad de realizar labores de orientación mediante herramientas digitales. Algo que recuerda a ese horario extendido del confinamiento.

Albalad asegura que lo que se pretende con el marco es ese buen uso de las tecnologías. Primero, asumido por el profesorado y, después, transmitido por este, al alumnado. El derecho a la desconexión estaría ahí presente.

También, en lo relativo a la protección de docentes y chicas y chicos; la protección de sus datos personales que, también por mor de la pandemia y el confinamiento, han provocado que cientos de millones hayan sido monitorizados por empresas tecnológicas de toda condición. Al menos, así se desprendía de uno de los últimos informes de Human Rigths Watch de hace algunas semanas.

Protección de datos

Albalad asegura que en aquel tiempo, los esfuerzos del Ministerio fueron en la senda de proteger la intimidad de la comunidad educativa. Que los convenios que se firmaron entonces vigilaban que los datos de las personas fueran opacos, no solo para las empresas suministradoras de servicios, sino para la propia administración también.

«La protección de datos está en el documento del marco y queremos que sea algo que los docentes interioricen», afirma el máximo responsable del Intef. Albalad cree que una acción importante que pueden realizar desde el instituto de tecnología educativa es el de asesorar al profesorado sobre los pros y contras de utilizar determinadas herramientas con el alumnado.

«Hay muchas aplicaciones gratuitas que el docente usa con su buena intención», comenta. Por eso «valoramos la posibilidad de crear un grupo que se dedicase a evaluar esas aplicaciones», de cara a facilitar al profesorado el no leerse las 300 páginas de las normas de confidencialidad y uso de los datos de cada empresa en un intento por saber si se cumple la normativa europea de protección de datos. «No para decirle al docente que no lo use, sino para decirle que los datos en cierta aplicación van a acabar en California para estar a disposición de la empresa tal».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/ministerio-y-ccaa-tienen-ano-y-medio-para-certificar-a-560-000-docentes-en-su-competencia-digital/

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Derecho a la desconexión

Por: Sofía Scasserra

La nueva ley de teletrabajo de Argentina es vanguardia en la región: motiva dinámicas acordes con las tendencias del mercado y a la vez nos protege a las y los trabajadores y a nuestras familias. Sofía Scasserra analiza sus puntos más innovadores, como la perspectiva de género, el reconocimiento de las tareas de cuidado doméstico y el derecho a la desconexión. Son, entre otras, herramientas que promueven la salud laboral sin alterar la productividad y garantizan algo que tanto anhelamos en estos tiempos de home office y pandemia: tiempo libre de calidad.

A raíz de la reciente aprobación de la polémica ley de teletrabajo en el Congreso muchas dudas surgen de cara al futuro. Las críticas argumentan que las empresas, sobre todo las pymes, no podrán cumplir con la ley, algunos sindicatos festejan, los trabajadores esperan ansiosos se empiece a aplicar y se les resuelvan deudas pendientes en temas tan básicos como tener una computadora donde trabajar. Lo cierto es que se dijo en algunos editoriales que la ley atrasa. Nada más alejado de la realidad de una ley que es vanguardia en la región e incorpora temas sumamente novedosos que están presentes en otros países del mundo y que acá eran una deuda pendiente con la sociedad.

Para empezar la ley es un claro incentivo a la modernización de los espacios de trabajo. Debido al principio de reversibilidad, se oyeron quejas respecto a mantener una infraestructura edilicia por si los teletrabajadores que luego del aislamiento social preventivo y obligatorio decidan adoptar la modalidad, años más tarde, deseen volver a la modalidad presencial. Lo cierto es que en las empresas más modernas se imponen cada vez más espacios de trabajo dinámicos o de co-working, con grandes superficies físicas compartidas y alternativas, a la vez que un stock de notebooks que no son propias de cada trabajador, sino que cualquiera puede utilizarlas. Esta seria una solución posible al problema que impone el principio de reversibilidad.

La perspectiva de género de la ley resulta en un elemento fundamental y novedoso no solo a nivel regional, sino y sobre todo a nivel nacional. Es la primera vez que se reconocen las tareas de cuidados, buscando compatibilizar la vida personal y laboral de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Es un logro para las familias en general, y para las mujeres en particular: establece la posibilidad de fijar horarios acordes a la doble jornada de trabajo.

Esta ley es un salto a la modernidad. Motiva nuevas dinámicas de trabajo acorde a las tendencias más modernas del mercado y protege a las trabajadoras y los trabajadores, como así también a sus familias.

El último punto resistido es el derecho a la desconexión: nos pone en la selecta lista de países que ya lo han consagrado a nivel mundial.

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Si algo quedó en evidencia en esta cuarentena es la infinita catarata de conectividad en la que estamos inmersos. Mails a cualquier hora, mensajes que no cesan, llamadas en momentos inoportunos y una interminable lista de videollamadas donde nos vemos obligados a acomodarnos para no se vea el lío puertas adentro.

En los hogares la mayoría de las trabajadoras y trabajadores utilizan sus dispositivos personales para trabajar. Este problema instaló la cultura de la hiperconectividad y fusionó la vida familiar con la laboral. Hoy es muy difícil que el teléfono esté apagado fuera del horario de trabajo. “Te vi conectado/a y te escribí”, “me olvide de avisarte que…”, “revisa esto por favor para mañana…” son frases habituales de empleadores que descuidan las situaciones particulares de quienes están online resolviendo asuntos personales.

El derecho a desconexión era una deuda pendiente mucho antes del experimento masivo de trabajo desde casa que estamos viviendo por la pandemia. Suena atractivo, pero poco se sabe de él. En lo concreto es el derecho del oficinista que salió hace media hora del trabajo y lo llaman para recordarle que mañana viene un cliente; es el derecho del trabajador de la construcción, que lo mensajean para preguntarle dónde dejó algún elemento de trabajo; es el derecho del empleado de comercio al que llaman para modificar su horario de manera imprevista. Es un derecho de todos y cada uno de los trabajadores, teletrabajen o no.

Entonces, ¿qué es el derecho a la desconexión digital?

El derecho a desconectarse no implica sólo apagar mi teléfono o computadora, algo casi imposible porque, como dijimos, la mayoría usamos dispositivos personales para trabajar a distancia. Ni se resume en el derecho a “clavarle el visto al jefe”, cosa que ya podemos hacer si tenemos las agallas o la posibilidad. Implica también, y principalmente, el derecho a no recibir cualquier forma de comunicación entre el ámbito de trabajo y el trabajador o trabajadora: un mail, una notificación automática, un mensaje instantáneo por temas laborales tanto de la jefa o jefe, supervisores, compañeros/as o clientes fuera de la tiempo laboral o durante los periodos de descanso, vacaciones o licencias. Es, en definitiva, contar con tiempo libre de calidad.

Aunque se lo suele vincular con la jornada de ocho horas, en verdad está íntimamente relacionado con un tema de salud laboral. La hiperconectividad y los avances de las tecnologías de la información y la comunicación generaron una sobrecarga psicológica en los trabajadores y las trabajadoras: la conexión constante trae fuertes riesgos psicosociales asociados como ansiedad, depresión y agotamiento. En mayo de 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció elSíndrome del Burnout (o síndrome de agotamiento) por primera vez en su Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y problemas relacionados a la salud, y varias encuestas nacionales de salud en diversos países indican que el síndrome de agotamiento está en aumento en todo el mundo. Lo interesante de la clasificación de la OMS es que determinó al síndrome de agotamiento como un fenómeno pura y exclusivamente ocupacional y no como una condición médica general. ¿Qué expone esto? El grado de responsabilidad que tenemos como sociedades en torno a las nocivas prácticas en el uso de las telecomunicaciones en los ámbitos de trabajo.

Entendemos el derecho a desconexión como un cambio de actitud social respecto a la hiperconectividad. Y a la hiperconectividad como el resultado de una práctica social consistente en enviar mensajes sin tener en cuenta el momento y lugar en donde se encuentra el receptor o receptora. El derecho a desconexión apunta directamente a tratar de generar una conducta social más razonable y respetuosa de la utilización de las tecnologías de la comunicación que lleve a aliviar el stress de la hiperconectividad y prevenga que el síndrome del agotamiento se instale de manera crónica en nuestras sociedades.

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Este derecho no solo está relacionado con la salud mental. Es también un derecho por la igualdad de género. En los últimos años, responder mensajes fuera del horario de trabajo se convirtió en una “habilidad laboral” y empezó a interpretarse como un modo de compromiso con el lugar de trabajo:es tener la camiseta puesta. Lo cierto es que las mujeres en promedio tenemos menos oportunidades de responder a esos mensajes. Al ser las principales actoras de la economía del cuidado, es más difícil que tengamos esa “habilidad” adicional, y esto se puede interpretar como una falta de compromiso y por ende, perjudicar en la carrera profesional. Pero si nadie recibe mensajes fuera de hora se igualan las condiciones para todos, los que tienen responsabilidades familiares o de otra índole, como voluntariados o militancia política, por mencionar algunos.

Establecer las razones por las que uno puede ser contactado también puede evitar mensajes por motivos irrelevantes y también contribuir a la igualdad de género. Frases como “haceme acordar que…”, “agendá la reunión para…”, “recordá que mañana…”, son moneda corriente en los teléfonos de cientos de miles de mujeres a nivel global. Parece ser que el patriarcado nos ha asignado la nueva tarea de ser la agenda del mundo. Entender que estos recordatorios se pueden canalizar a través de medios electrónicos automáticos y no depositar en la mente de las mujeres esa responsabilidad “de acordarse” es un paso más para aliviar la sobrecarga mental. También el derecho a la desconexión puede operar en el sentido inverso: un hombre que no es interrumpido mientras está con su familia es más propenso a participar en las tareas del hogar. Si existe presión por contestar mensajes se interpone una excusa real para abandonar las responsabilidades domésticas y de cuidados. Si recuperamos la soberanía sobre nuestro tiempo libre contribuiremos a que las familias puedan organizar mejor la división de tareas en el hogar.

A todo esto apunta el derecho a la desconexión digital: a propiciar un cambio cultural en el que enviar mensajes fuera de horario sea visto como una falta de respeto al otro, una intromisión en su privacidad y no como una actitud a premiar.

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El primer antecedente del derecho a desconexión surgió en Francia en 2016. Allí se presentó una ley que introdujo el derecho como un tema obligatorio en la negociación colectiva entre sindicatos y empresas. La ley se basó en una sentencia del Tribunal Supremo de Francia de 2001 que establecía que “el empleado no está obligado a aceptar trabajar en casa ni a llevar consigo sus expedientes ni sus herramientas de trabajo”y en una decisión de 2004 del mismo tribunal en la que dejaba en claro que no se puede recriminar a un empleado o empleada por no estar localizable fuera del horario de trabajo.

Otros países se fueron sumando a la iniciativa. Italia introdujo el derecho en una ley de “trabajo Inteligente” de 2017. En ella se identifica “los tiempos de descanso del trabajador, así como las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la desconexión del trabajador del equipo de trabajo tecnológico”. Más tarde, Bélgica, Canadá, Filipinas, India, España, Canadá, EEUU y Portugal exploraron la introducción del derecho a la desconexión a nivel nacional o estatal.

El caso de Alemania es distinto: optó por un enfoque no jurídico de la temática y decidió fomentar las deliberaciones en torno al derecho a desconexión en los ámbitos de las negociaciones colectivas por empresa. Compañías como Volkswagen, Daimler y Siemens ya tienen acuerdos que garantizan el derecho a desconexión.

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Que va a interferir en el funcionamiento de las empresas, que es falta de compañerismo, que así no se puede funcionar con eficiencia. Cuando se habla de este derecho se suelen hacer los peores vaticinios. Lo cierto es que una correcta implementación tiene como objetivo ordenar las comunicaciones y no impedirlas. Previo a la llegada de los teléfonos celulares, las comunicaciones en los ámbitos de trabajo tenían otro ordenamiento. Y si bien no podemos pretender seguir comunicándonos como lo hacíamos hace dos o tres décadas, sí podemos abandonar prácticas nocivas e implementar otras más sanas y tecnológicas.  Porque la tecnología puede ser nuestra mejor aliada a la hora de ayudarnos a ordenar la comunicación y combatir la hiperconectividad. Recordatorios automáticos, herramientas para programar mails o elementos de la economía del comportamiento tan simples como un cartel rojo que advierta que se está enviando un mensaje fuera de horario son opciones para aliviar la situación.

El diálogo social es un elemento clave en este proceso. Ningún cambio en el protocolo comunicacional de una organización se puede realizar de manera eficaz si no se negocia entre las partes. Esta negociación debe contemplar que probablemente los primeros acuerdos sean pequeños pasos, cambios casi imperceptibles, pero a medida que se pase el tiempo podremos avanzar hacia un acuerdo más profundo. En este sentido, es necesario un comité de monitoreo y evaluación que capacite a instituciones y sindicatos respecto a qué negociar y cómo emprender este cambio.

Organizar las comunicaciones en los lugares de trabajo y poner límites a los contactos fuera de horario puede beneficiar a los trabajadores y trabajadoras en términos de soberanía sobre su propia vida y su tiempo libre. Pero debemos estar atentos: no se trata de establecer una jornada de trabajo. Va mucho más allá. Es entender que no implementarlo nos afecta la salud, estemos en la escala de responsabilidad que estemos y en el lugar de trabajo que tengamos. El derecho a desconexión implica una apuesta a largo plazo para construir  sociedades más sanas y justas, darle más oportunidades a las mujeres y a todo aquel que con esfuerzo se hace cargo de la economía del cuidado en su plano intrafamiliar, respetar los tiempos libres a fin de contribuir y favorecer el reparto equitativo de tareas en el hogar.

Sólo entendiendo esto podemos hacerlo realidad.

El diálogo social es el camino. La salud y la igualdad, la respuesta.

Fuente: https://rebelion.org/derecho-a-la-desconexion/

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Argentina: El teletrabajo apura el debate por el derecho a la desconexión

El teletrabajo apura el debate por el derecho a la desconexión

Fuentes: tiempoar.com.ar

A través del correo electrónico y las app de mensajería, la intromisión del trabajo en la vida hogareña era una tendencia, que la cuarentena terminó de imponer. Un proyecto de ley en Argentina quiere proteger los horarios de ocio, para sustraerlos a una modalidad laboral en auge.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, una de las medidas centrales tomada por el gobierno nacional [Argentina] para combatir el avance de la pandemia más global que conocemos, ha impactado en muchos aspectos de la vida cotidiana. Se alteraron o suspendieron casi todas las rutinas. Y de un día para el otro, personas que casi no usaban computadoras o celulares más que para enviar mensajes, navegar por redes sociales o jugar, empezaron a tener reuniones de trabajo, impartir clases y hasta festejar cumpleaños a través de distintas aplicaciones.

Suele decirse que las crisis aceleran tendencias que ya estaban en marcha. Algunas de ellas son las compras online, la educación a distancia y el trabajo remoto. Otras tendencias discursivas también se van imponiendo de manera sigilosa: los mandatos de “ser más productivos”, no sólo en el trabajo sino en la vida, o “vivir conectados”, presentes en la publicidad o pronunciados por “influencers”.

Hay frases que suenan cada vez más familiares: “¿Estás ahí?”, “¿podés revisar lo que te mandé?”, “te hago una consulta rápida”, “disculpá la hora, te escribo ahora así no me olvido”. Los ejemplos son interminables. Mensajes que se envían y reciben fuera de la jornada laboral de cualquier rubro, a cualquier hora o día de la semana, por colegas y superiores. No importa si alguien trabaja de manera independiente o en relación de dependencia, si hace teletrabajo o si tiene un horario y un espacio fijo de trabajo.

Esto, que ya era parte de las rutinas de muchas personas, se masificó cuando el trabajo remoto se convirtió en la única opción para quienes necesitan seguir trabajando a pesar de la cuarentena. De un día para el otro, hasta el Estado, que siempre se caracterizó por las tareas de oficina, tuvo que reinventarse. Según un informe de Randstad Workmonitor del último trimestre de 2019, el 49% de los argentinos aseguraba que su empleador le pedía estar disponible durante las vacaciones y el 59%, que también recibía pedidos para responder consultas fuera de horario laboral. Ahora, con los trabajadores en sus casas, esa tendencia previa ha sufrido una brusca aceleración. Los mensajes y tiempos laborales se salieron de control, e irrumpen en la cena familiar o en la tarde del domingo, en medio del descanso, y se tornan inseparables el trabajo de la vida familiar.

¿Cómo se combate esta intromisión? Exigiendo el derecho a desconectarse. Ante el despliegue creciente de estas prácticas y tecnologías que erosionan el límite entre tiempo de trabajo y de ocio, la necesidad de conciliar la jornada laboral con la vida personal y familiar, de manera justa y equilibrada, se impone como algo urgente para resolver. Asediado por la pandemia, el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo se presenta como un nuevo derecho laboral, necesario para garantizar el tiempo de ocio de los trabajadores.

«Creo que el derecho a la desconexión es una deuda pendiente de los y las trabajadoras en la Argentina”, asegura Sofía Scasserra, economista del Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”, de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF). “Hay evidencia permanente de que ya hace bastante tiempo cómo los trabajadores son contactados en cualquier momento del día, a cualquier hora, por distintos temas. Sobre todo a las mujeres, que se las suele usar mucho de agenda: ‘Haceme acordar tal cosa’”, explica.ADVERTISING

Este derecho legal surgió en Francia, en 2016, cuando se promulgó una ley que lo incluyó como un tema de negociación obligatoria en las empresas. En la Argentina, el último 23 de abril, el senador Daniel Lovera (FdT) presentó un proyecto de ley para garantizar este derecho, sobre el que venía trabajando con su equipo desde 2019 y cuya necesidad se vuelve patente en el actual contexto de aislamiento. “Trabajamos en diversos proyectos del mundo laboral, entre los que se encuentran los nuevos derechos, las configuraciones de las nuevas relaciones laborales, las plataformas digitales, la protección de los datos personales, y el derecho a la desconexión. Todos se enmarcan en la comprensión del trabajo como derecho humano fundamental», asegura Lovera.

“Uno ve, a medida que las cosas van mutando, que el trabajador y la trabajadora necesitan protección. Para eso necesitamos una regulación. En el proyecto, planteamos que el trabajador tiene el derecho a la desconexión digital fuera de su jornada de trabajo y durante las licencias, sin que ello signifique una sanción y sin que se premie a quien no haga uso de ese derecho”, remarca Lovera, quien explica que lo que se busca con este proyecto es garantizar el tiempo de descanso mental del trabajador durante su tiempo libre. El proyecto se giró a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Lovera espera que comience a debatirse hacia fines de este mes.

“En los lugares donde ha avanzado la legislación, sobre todo en Europa, ha tenido un efecto tranquilizador en los usos y abusos de la tecnología -agrega Scasserra-. Con estos trabajadores, que eran contactados constantemente, se empieza a tener un poco más de cuidado y hay un poco más de restricciones”.

La disparidad de género es otro elemento central en esta discusión. Es imprescindible que las políticas relativas a la conexión por parte de los empleadores no perjudique a las mujeres, que son quienes más cargan con tareas de cuidado y del hogar y pueden necesitar de mayor flexibilidad respecto a las horas en el trabajo y las horas de conexión en su casa. Esto se hace más evidente con las medidas de aislamiento, con mujeres trabajadoras que son madres e intentan trabajar mientras se ocupan del hogar y de acompañar a sus hijos con las clases a distancia y las tareas que envían los docentes.

El ejercicio del derecho a la desconexión no puede ni debe residir en una responsabilidad individual. Para hacer frente a esta problemática, que se profundiza en el escenario del teletrabajo generalizado producto de la emergencia sanitaria actual, es vital que el enfoque sea colectivo y que imponga al sector empresario la responsabilidad de cumplirlo. “Lo que busca proteger esta ley es la salud mental de los y las trabajadoras”, asegura Scasserra.

La angustia de no cumplir

Los mails y los mensajes habilitaron la erosión de los límites que imponía el mundo físico. “Respondo esto cortito y listo”, pensamos. Existe una expectativa implícita o explícita de que la persona que recibe el mail los revisa en cualquier momento y, en el caso de WhatsApp, además, se suma la expectativa de inmediatez, segundos después de saber (doble tilde azul) que el mensaje fue leído. Según los especialistas, esto trae aparejados problemas de salud mental, asociados a una dinámica laboral de conexión permanente.

La regulación, necesaria, puede no ser suficiente si lo que impera es una cultura de la productividad y el trabajo ininterrumpido. Es fundamental entender la importancia del descanso, del ocio, de conectar con otras actividades y con las personas de nuestro entorno. Pero, ¿por qué es necesaria una regulación? Porque, aunque decidamos no responder ese mensaje que llegó, ya lo leímos, sabemos que está ahí y que acaba de sumar una tarea pendiente para resolver. Ya no pudimos desconectar.

“Al consultorio llegan muchas personas estresadas, con ataques de pánico o angustia, que sufren por la imposibilidad de cortar con lo laboral. Ahí aparecen las subjetividades de cada persona; por ejemplo, el miedo al despido, el temor de las personas mayores a ser reemplazadas, o simplemente a quedar mal”, explica Carolina Tripodi, licenciada en Psicología de la UBA. “Esto le pasa no sólo a quienes no logran desconectar, sino a los que sí logran hacerlo, porque a veces son acusados por otros colegas, y cargan con esa mirada prejuiciosa de sus pares además de la demanda del jefe”.

Las personas debemos lograr una homeostasis, un equilibrio entre el cuerpo y la mente, explica Tripodi, y “para lograr esto se recomienda descansar, realizar actividad física, tocar un instrumento musical, meditar o realizar cualquier actividad recreativa que permita que la concentración esté puesta en el aquí y el ahora”, dice. Muchos pacientes, explica, consultan cuando el síntoma ya está puesto en el cuerpo, pero sugiere prestar atención a “si baja el nivel de concentración, si estás muy irritable, tenés pensamientos negativos, no estás motivado, estás desganado o tenés agotamiento físico o decaimiento. Son todas alarmas que hay que atender para no llegar a un punto límite extremo”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-teletrabajo-apura-el-debate-por-el-derecho-a-la-desconexión

Fuente de la Información: https://rebelion.org/el-teletrabajo-apura-el-debate-por-el-derecho-a-la-desconexion/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Promulgan ley de teletrabajo en Chile

América del Sur/ Chile/ 24.03.2020/ Fuente: mba.americaeconomia.com.

La iniciativa establece que el trabajo a distancia estará regulado por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato o un anexo entre empleador y empleado.

La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que regula el teletrabajo y trabajo a distancia, en el contexto de crisis como las que actualmente enfrenta el país a causa del Covid-19.

El proyecto había sido aprobado la semana pasada en el Senado, por lo que con su aprobación en la Sala de la Cámara Baja (por 88 votos a favor 22 en contra y 1 abstención) quedó listo para ser promulgado y con ello convertirse en Ley de la República.

En concreto, la iniciativa establece que el trabajo a distancia y el teletrabajo estarán regulados por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato de trabajo o un anexo entre empleador y empleado.

Además, instaura que el trabajador tendrá los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Otro punto importante es que el trabajador, en caso que sus funciones lo permitan, podrá pactar la distribución libre de la jornada de trabajo.

En paralelo, la ley señala que el empleador deberá proveer de los equipos, materiales y herramientas para que se lleve a cabo el teletrabajo o trabajo a distancia.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el compromiso de los parlamentarios en respaldar esta iniciativa que había sido ingresada en agosto de 2018.

“Mientras más trabajadores puedan seguir cumpliendo con sus labores desde sus domicilios, menos expuestos estaremos los chilenos al Coronavirus, entonces no solo apoyaron una ley que permitirá generar más empleo, sino que también una norma que permitirá al país superar de manera más eficiente y rápida la crisis sanitaria que vivimos”, señaló.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo que como Gobierno “estamos muy contentos de la aprobación como Ley de la República del proyecto de Trabajo a Distancia y Teletrabajo que va a regular un tipo de empleo moderno, inclusivo y sustentable otorgando certeza jurídica a las partes y especialmente a los trabajadores, quienes a partir de ahora dispondrán de un catálogo de derechos respecto de los cuales pueden ejercer el Trabajo a Distancia de manera protegida, segura y sin menoscabo”.

Las autoridades destacaron que la nueva ley permite al trabajador prestar sus servicios total o parcialmente, desde un lugar o lugares distintos al de la empresa, permitiendo distribuir de mejor manera la jornada laboral, pero respetando los límites que actualmente impone la Ley y, sobre todo, resguardando todos los derechos laborales, tanto individuales y colectivos de los trabajadores.

Además, establece nuevas garantías de vanguardia en la legislación nacional y regional, como es el derecho a la desconexión.

Para resguardar tanto al trabajador como al empleador, se deberá registrar el contrato con dicho cumplimiento en el sitio web de la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su suscripción, y la DT remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y a la mutualidad a que se encuentre adherida la entidad empleadora.

Asimismo, la DT será el organismo, previa autorización del trabajador, que deberá fiscalizar el cumplimiento a la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia.

Fuente de la noticia: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/promulgan-ley-de-teletrabajo-en-chile

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