Ministerio de Educación de Italia indaga sobre el caso de Tommaso, adolescente autista de 15
En la investigación preliminar señalaron que el docente habría abusado de su posición y la diferencia de edad para vulnerar a los estudiantes.
El Ministerio de Educación y Mérito de Italia puso en marcha una investigación sobre la situación de Tommaso, un adolescente de 15 años con autismo, quien fue rechazado por más de 30 instituciones educativas en Milán. Según reportes de sus padres a ‘Il Corriere della Sera’, a pesar de seguir los procedimientos adecuados para casos de discapacidad, Tommaso no ha podido acceder a la educación que le corresponde por ley.
Giuseppe Valditara, ministro de Educación, calificó la situación como «intolerable» y aseguró que se llevará a cabo una investigación «en profundidad» para esclarecer los hechos.
«La escuela italiana tiene el deber de ser inclusiva a todos sus estudiantes, sin distinciones. No es tolerable que episodios como este sucedan en un sistema educativo que debe garantizar el derecho a la educación de cada alumno, independientemente de su condición», afirmó Valditara en un comunicado emitido este martes.
El caso de Tommaso ha despertado la indignación de la Federación Italiana por los Derechos de las Personas con Discapacidad (FISH), que ha instado al ministro a tomar medidas urgentes y decididas. La organización demanda no solo una investigación rápida, sino también sanciones adecuadas en caso de comprobarse discriminación.
Según los padres de Tommaso, su hijo, quien padece formas «graves» de autismo, ha sido sistemáticamente excluido de las escuelas asignadas por las autoridades locales, todas supuestamente equipadas para manejar su tipo de discapacidad. Esta situación se da a pesar de que el adolescente aún se encuentra en edad de cursar la educación obligatoria.
Ante esta circunstancia, el Ministerio de Educación se comprometió no solo a investigar a fondo el caso, sino también a «encontrar una solución adecuada» para Tommaso, asegurando su derecho a la educación.
Este caso resalta los desafíos que enfrentan muchos jóvenes con condiciones especiales en Italia y pone en cuestión la efectividad de las políticas de inclusión en el sistema educativo del país. La situación de Tommaso sirve como un llamado de atención sobre la necesidad de asegurar que todas las escuelas cumplan con su deber de ofrecer un entorno inclusivo y adaptado a las necesidades de todos los estudiantes.
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
Por: Otras Voces en Educación Desde Otras Voces en Educación (OVE)
Continuaremos el recorrido por quienes han sido los directores generales de la UNESCO. Cada semana le haremos una entrega. Es parte del esfuerzo de investigación para la construcción de una *historia crítica de la UNESCO*. Acompáñanos en este recorrido y todo el trabajo que realizamos en Otras Voces en Educación
Hoy hablaremos sobre *John W Taylor, el tercer director general (e) de la UNESCO Lo haremos en 9 idiomas
Iniciaremos explicando de manera sucinta ¿qué es el *soft power* y su relación con la UNESCO https://vm.tiktok.com/ZMkGPcaqm/
NOTA: Con las herramientas disponibles y gratuitas en internet (pedimos excusas por los errores), hemos hecho un esfuerzo por presentar esta información en nueve(9) idiomas, como parte de la crítica que hacemos del abandono progresivo que viene haciendo UNESCO a la traducción en español (y otros idiomas oficiales) en los eventos y documentos que producen. Las omisiones de UNESCO en este sentido se pueden interpretar como neocolonialismo del norte hegemónico o imperialismo cultural. Entendemos a UNESCO como un espacio en disputa. Está crítica procura que el organismo reasuma la senda de la equidad y la igualdad lingüística. Para OVE, el argumento de limitaciones presupuestarias resulta insuficiente, cuando mostramos,como con un poco de esfuerzo, esto se puede resolver. Todo nuestro trabajo lo hacemos con voluntariado, sin apoyo financiero de gobiernos, partidos políticos, religiones ni empresarios, eso sí, siendo parte del tejido social pedagógico. Nos vemos la próxima semana, con esta serie sobre los directores de UNESCO. Cada martes una entrega. Los aportes, sugerencias y críticas a este esfuerzo son para nosotros muy valiosas. No dejes de hacerlo. Se trata de una construcción compartida.
1. El lunes 3 de febrero, a lo largo y ancho del país, los asistentes a los seminarios del MEDUCA pudieron comprobar lo que desde el 15 de enero advertimos, centros educativos con instalaciones sanitarias insalubres, aulas sin la ventilación ni pupitres adecuados, instalaciones que en su mayoría no cuentan tampoco con Internet y en los que hay inmediatamente se cae, así como la carencia de dispositivos propios del plantel y en muchos lugares ni facilitadores.
2. La improvisación y el show han vuelto a quedar al descubierto. Si eran seminarios obligatorios para los 60,000 docentes, a 35 participantes por seminario, serían 1715 seminarios con 1715 facilitadores y 1715 aulas con Internet habilitado para tales seminarios. Era previsible lo que iba a suceder. Cuando fue la pandemia, había 1809 centros educativos registrados con Internet para todos, es decir, sin Internet con verdadera capacidad, lo que correspondía en ese entonces a 600,200 estudiantes, 1435 centros educativos sin Internet, 394 sin electricidad, con una cobertura entre ambos de 83,643 estudiantes. TAL SITUACIÓN NO HA VARIADO.
3. La actual Ministra, que es capaz hasta de inventarse un supuesto ataque cibernético para ocultar las fallas del Portal Educativo, es responsable de la gravedad de lo ocurrido. Ese Portal se cayó en la pandemia, el SIACE todos los años, PROVEL igual, de allí las inmensas dificultades del docente para poder hasta inscribirse en tales seminarios.
4. Lo sucedido evidencia una vez más las malas decisiones adoptadas en sus siete meses al frente nuevamente del MEDUCA continuidad de aquellas de su primer mandato, que dejaron sin idoneidad a los bachilleres agropecuarios, entre otras. Contando con el mayor presupuesto de la historia, producto de la conquista magisterial del 2022 del 7% del PIB destinado a Educación, a implementarse en el 2024, no invirtió en habilitar Internet robusto y dispositivos para cada centro educativo, en mejoras al Portal, mucho menos las urgentes reparaciones requeridas por eduvielas y colegios, como tampoco en el impulso a las construcciones pendientes.
5. Puso la carreta por delante de los bueyes, al empeñarse en la compra millonaria directa de laptops, antes de garantizar el Internet requerido. En vez de regalar las laptops, lo que se estila es que el centro educativa las preste y les sean devueltas cada año, como se hacía antes con el programa de dotación de textos escolares. Incluso pasa por alto que cada estudiante tiene una computadora ya, su celular, que lo urgente es un Internet que funcione, junto a laboratorios equipados, para subsanar situaciones como que de los 108 bachilleratos en Ciencias, 75 carecen de sus laboratorios, ni hablar de los talleres arcaicos y desprovistos de todo de los IPTs.
6. Quienes convocan a seminarios sobre inteligencia artificial y tecnología 5.0, ni siquiera se les pasa por la cabeza que los seminarios deberían entonces ser virtuales. Pero como el objetivo es ir doblegando al docente, lo obligan a concurrir a centros educativos, de allí la terquedad en aquellos en que ni luz había, de que los docentes se quedaran haciendo nada hasta la 1pm.
7. La Ministra ha presentado un proyecto «`de ley para otorgar permanencia a docentes que estén ocupando por años posiciones THFA, SIN NINGUNA CONSULTA CON LOS GREMIOS QUE REPRESENTAMOS AL CUERPO DOCENTE. Hemos denunciado que desde hace varios gobiernos, tales vacantes en esa condición han proliferado para tener una población cautiva que dependa de la designación de las autoridades. Su supuesta buena voluntad queda en duda, pues mientras para ambos concursos de traslados hubo apenas unos centenares de vacantes, sometió a nombramiento 4,200 vacantes, que en estricta legalidad, debían haber sido primeramente para traslados y después para nombramientos.
8. El gobierno nacional está empeñado en una reforma a la ley de la CSS, que en el artículo 65 del proyecto 163 le entrega los 20,000 millones en reservas a la administración del capital privado, mantiene en su artículo 111 las cuentas individuales que garantizan peores pensiones por el orden de apenas el 20% del salario, sigue permitiendo la prescripción de las deudas en su artículo 14, y continúa impidiendo en su artículo 16 la tan necesaria autonomía de la CSS al seguir siendo el dedo del presidente, el que de ternas nombra su Junta Directiva y su Director. Su inminente aprobación en el mes de febrero no puede ser una clavo más como fue la eliminación de la jubilación con el último salario en aquel nefasto viernes de carnaval de 1997. Tenemos la obligación de conducir a nuestro pueblo a un nuevo estallido social al regreso a clases, que eche abajo tal aprobación, y permita también el uso de los fondos que alegremente transfiere la Ministra a otras instituciones.
9. Un pueblo en las calles por tales demandas, es el mejor disuasivo contra el empeño imperial de quitarnos el canal que tanto ha costado recuperar. Si bien sus mieles se las han llevado hasta ahora la oligarquía y sus gobiernos, no podemos perder ese preciado bien, sino pasar a que sus aportes al fisco nacional sean entregados directamente a la CSS y el MINSA para una atención de calidad de la población. Esa será la mejor defensa de nuestro canal. «`
Que las niñas puedan alzar sus voces, estudiar y vivir libres de violencia es el contundente mensaje que un grupo de niñas y jóvenes activistas—Josefina Tíu (Guatemala), Dheysi González Soto (Perú), Sandra Hellario (Sudán del Sur), Naty Coronado (España) y Maimouna Konate (Chad)— llevó a Ginebra el pasado 17 de enero para exigir al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acciones concretas que garanticen su derecho a la educación y a la protección contra la violencia.
“Mi deseo para las niñas de mi comunidad es que logren estudiar, que no se les quite ese derecho, que no vivan en violencia, en discriminación o en desigualdad y que tengan una mejor calidad de vida”, ha expresado en una entrevista con Efeminista Josefina, una de las lideresas y participantes en la reunión en Ginebra la semana pasada. Su deseo, junto al de sus compañeras, resuena con fuerza, especialmente en el marco del 24 de enero Día Internacional de la Educación, un recordatorio de los derechos que aún están siendo negados a millones de niñas y niños en todo el mundo.
Violencia y conflictos, barreras para la educación de las niñas
La situación de violencia que enfrentan las niñas en todo el mundo es alarmante y, en muchos casos, les aleja de las aulas. Unas 650 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, es decir, una de cada cinco, han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual durante su infancia, según datos de Unicef. Este tipo de violencia es aún más prevalente en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado.
Los conflictos, los desastres naturales y los desplazamientos forzados están poniendo en serio riesgo la educación de 224 millones de niños y niñas alrededor del mundo, según datos de Plan Internacional.
En este contexto, las cinco jóvenes que participaron en la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas del Alto Comisionado se unieron para entregar 83.160 firmas recogidas a través de la campaña La Luz de las Niñas, una iniciativa de la ONG Entreculturas, que tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de violencia y discriminación que enfrentan las niñas a nivel global y exigir respuestas contundentes.
Josefina y la lucha por la educación de las niñas indígenas en Guatemala
Josefina Tíu, una joven indígena de 21 años originaria de Santa Lucía La Reforma, en el departamento de Totonicapán, Guatemala, fue una de las jóvenes que, aunque nunca pensó estar ahí, pudo alzar su voz en Ginebra. Durante una entrevista con Efeminista, ha compartido que se sintió “la voz de muchas niñas que no pudieron estar presentes, pero que viven las mismas realidades”.
En su país, explica, son comunes “la desigualdad, discriminación y violencia de todo tipo de violencia”. “Y lo que más pasa en Guatemala es que se nos quita el derecho a la educación, que es algo que la verdad es difícil”, continúa.
“Si no estudiamos, no tenemos un trabajo y si no trabajamos, no tenemos cómo vivir”, reclama, poniendo de manifiesto cómo la falta de acceso a la educación perpetúa el ciclo de pobreza.
Sin embargo, la realidad es que “muchos padres prefieren que las niñas trabajen en lugar de que vayan a la escuela, porque dicen que las niñas solo están para casarse, tener hijos y mantener el hogar”.
Josefina Tíu (Guatemala). EFE/Laura de Grado
Josefina fue una de esas niñas que estuvo a punto de abandonar la escuela a los ocho años debido a la falta de recursos y a la negativa de su padre. Recuerda con claridad el momento que transformó su vida: su tía, al ver su deseo de seguir aprendiendo, decidió hacerse cargo de su educación, cubriendo los gastos y regalándole, simbólicamente, una mochila que nunca imaginó tener.
“Fue un golpe muy difícil cuando pensé que no podría seguir estudiando. Si hubiera dejado la escuela, hoy sería como muchas niñas que no tuvieron la oportunidad de continuar y hoy en día sufren”, ha compartido con emoción.
A pesar de las adversidades, la joven guatemalteca logró terminar la primaria y continuar con su educación secundaria gracias al apoyo de Fe y Alegría y una beca de la campaña La Luz de las Niñas. Ahora, trabaja con Fe y Alegría en las comunidades rurales, apoyando a mujeres mayas k’iche, y está cursando estudios universitarios para convertirse en maestra de primaria.
Sandra contra las violencia sexual y el matrimonio forzado en Sudán del Sur
Entre las participantes de la reunión en Ginebra también estuvo Sandra Hellario, de 19 años, quien viajó desde Sudán del Sur. En su intervención, recuerda que habló sobre la difícil situación de las niñas en contextos de conflicto y desplazamiento, subrayando cómo la violencia, en sus diversas formas interrumpe el acceso de las niñas a la educación.
“Si miramos a las personas que pasan por la violencia, especialmente el matrimonio forzado, sabemos que tienen problemas emocionales y físicos, porque básicamente no están preparadas para lo que se les obliga a hacer”, ha explicado Hellario a Efeminista.
Y ha destacado la crudeza de esta violencia en la que niñas de siete años pueden ser obligadas a casarse con un hombre mucho mayor, lo que genera “un profundo trauma psicológico y físico”. Según Unicef, unos 640 millones de niñas y mujeres han sido obligadas a casarse en la infancia.
“Imagínate que te obliguen a hacer algo para lo que no estás lista. No tienes la experiencia para asumir responsabilidades, como la casa, el cuidado de los niños y la tortura que va a enfrentar”, critica.
Sandra Hellario (Sudán del Sur). EFE/Laura de Grado
En este contexto, la joven ha explicado que “las sobrevivientes de abuso sexual desarrollan problemas en sus vidas, sienten que no valen nada, porque esto es algo que nunca imaginaron”.
“El abuso sexual es considerado vergonzoso, y muchas veces las víctimas se aíslan, sintiendo que no merecen nada”, lamenta Sandra, quien además destaca que la falta de acceso a atención médica y el estigma social agravan la situación, ya que algunas enfrentan complicaciones de salud como el VIH o embarazos no deseados.
¿De qué manera impacta la violencia en el acceso a la educación de las niñas?
Estas violencias “realmente afectan a la educación”, afirma Sandra. “Cuando una niña es obligada a casarse, el hombre no la va a dejar ir a la escuela, porque sabe que si ella va a la escuela, aprenderá que esto no era su destino, y tal vez cuestionará su situación”, relata.
Y en el caso de las víctimas de agresión sexual, el riesgo de un embarazo no deseado, las complicaciones de salud o el estigma social dificultan aún más que puedan asistir a la escuela.
La situación descrita por Sandra en Sudán del Sur resuena con lo que Josefina vivió en su comunidad en Guatemala. Ambas reconocen que la falta de educación no solo perpetúa la pobreza, sino que aumenta las desigualdades de género.
“Las mujeres y niñas que están educadas en Sudán del Sur son muy fuertes, tienen suficiente confianza, se defienden a sí mismas, hacen las cosas por sí mismas; pero las mujeres que no están educadas, tienen menos acceso a la sensibilización y son más vulnerables”, explica.
Dheysi: el machismo es una barrera para la educación en Perú
Otra de las voces destacadas en la reunión fue la de Dheysi González Soto, una niña peruana de 14 años, que viajó desde la ciudad de Huancayo, en la Sierra Central de Perú. En su intervención, Dheisy cuenta que describió las dificultades que enfrentan las niñas en su país debido a la presencia del machismo y la violencia de género, dos factores que limitan gravemente su acceso a la educación.
“Más que nada, los casos que se tratan en mi país son la crianza patriarcal que se vive día a día y la violencia doméstica que daña mucho a las niñas, volviéndolas cohibidas y sin ganas de participar ni alzar su voz en la familia y en su entorno”, ha explicado Dheysi a Efeminista.
Resalta cómo muchas veces las niñas, por el simple hecho de intentar alzar su voz, son víctimas de violencia, se les niega el derecho a opinar e incluso se les impide tomar decisiones dentro de sus hogares.
También ha destacado las graves limitaciones educativas que enfrentan las niñas, especialmente en las zonas rurales. En estas áreas, muchas familias se muestran reacias a permitir que sus hijas reciban una educación de calidad, incluso negándoles la oportunidad de completar la secundaria o de acceder a estudios universitarios.
Dheysi, joven de La LUZ de las NIÑAS ha mantenido una reunión oficial en Ginebra con el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. EFE/Laura de Grado
La joven activista ha expresado la esperanza de que su participación en la reunión en la ONU, junto con la de otras jóvenes, impacte positivamente en el futuro de las niñas, elevando sus voces y haciéndolas escuchadas.
“Yo espero que a partir de la conversación que tuvimos, se logre cambiar el futuro de las niñas, que su voz sea alzada y que los adultos tomen en cuenta lo que ellas piensan”, ha señalado con convicción.
Mirar hacia el futuro
Las propuestas y deseos de estas jóvenes activistas reflejan la determinación con la que luchan por los derechos de todas las niñas y mujeres. Para ellas, el camino hacia la igualdad pasa irremediablemente por la educación, la eliminación de la violencia y el respeto a sus derechos fundamentales.
“Mi deseo es que todas las niñas puedan estudiar y vivir sin miedo”, expresa Josefina. Y afirma que “sería bonito hablar con los padres para que entiendan la importancia de la educación. Si el gobierno apoyara más a las comunidades rurales y a las niñas indígenas, Guatemala sería un país diferente”.
Sandra, por su parte, no solo ha expresado su deseo de que se amplíe la sensibilización en las comunidades rurales sobre los derechos de las niñas y mujeres, sino que también propone medidas concretas para reducir la violencia y la discriminación.
“Si los padres entienden la importancia de la educación, dejarán de obligar a sus hijas a casarse y las apoyarán para que vayan a la escuela”, explica.
Además, subraya que el gobierno de Sudán del Sur debe colaborar con las organizaciones que trabajan para eliminar la violencia y “actuar de manera estricta y responsable para que los culpables de estos abusos enfrenten consecuencias”.
Dheysi, desde Perú, también ha dejado claro el enfoque que debería tener la educación: “uno basado en valores y respeto mutuo entre los géneros”.
“Mi deseo es que las niñas puedan alzar su voz porque es muy importante las opiniones que ellas tienen para su futuro, cómo quieren cambiar o cómo quieren que sea un entorno mejor para ellas”, dice.
Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU.
En Saugus, Massachusetts, una nueva normativa escolar genera preocupación entre defensores de los derechos civiles que temen que los cambios en los requisitos de residencia excluyan a estudiantes inmigrantes sin documentos
Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En Saugus, Massachusetts, una reciente política educativa generó preocupación entre activistas y defensores de los derechos civiles. The San Diego Union Tribune informó que el comité educativo del distrito introdujo nuevas normas que exigen pruebas de residencia legal para inscribir a los estudiantes en las escuelas. Según críticos, estas medidas podrían estar dirigidas a excluir a los estudiantes inmigrantes. Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, afirmó: “La política en sí es ilegal”. Agregando que las escuelas deberían “dar la bienvenida y educar a todos los niños que se encuentren en el distrito”.
El debate sobre la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas se ha intensificado a nivel nacional y no se limita a los suburbios de Boston. El medio antes mencionado señaló que en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, los políticos conservadores cuestionan si estos menores sin residencia legal tienen derecho a una educación pública, lo que podría motivar demandas contra decisiones previas de la Corte Suprema, como el histórico fallo Plyler vs. Doe que garantiza el acceso a la educación de estos niños.
En respuesta a los cambios en Saugus, Vincent Serino, presidente del comité educativo, defendió las nuevas exigencias como un esfuerzo por “mejorar” las normativas de residencia y aseguró que no se busca negar el acceso a la educación a los migrantes. Sin embargo, unos residentes experimentaron dificultades. Una madre nicaragüense, que pidió el anonimato, relató a The San Diego Union Tribune que tardó más de seis meses en inscribir a su hijo debido a los estrictos requerimientos de documentación.
El impacto de la política migratoria en el sistema educativo estadounidense ha sido objeto de preocupación por varias entidades. Durante un evento reciente, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que se proporcionarán directrices a los distritos para recoger información sobre “los costos y la carga” de la inmigración ilegal en el sistema educativo. Walters criticó al gobierno federal por no proteger adecuadamente la frontera, aseverando que “nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de ello”, de acuerdo al medio.
En Saugus, Massachusetts, los cambios en los requisitos de inscripción escolar generan preocupación por la exclusión de estudiantes sin documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió en 2022 que el fallo de Plyler vs. Doe debería revaluarse legalmente y que el gobierno federal debería asumir los costos de la educación para los estudiantes que no son residentes legales. Esto desencadenó críticas de defensores de los inmigrantes y de la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos de los legisladores republicanos en Texas para prohibir la inscripción de niños no ciudadanos en las escuelas públicas, las propuestas no lograron avanzar.
En este ambiente, algunos distritos escolares decidieron resistir las presiones, reafirmando su compromiso de no revisar el estatus migratorio de los estudiantes. Por ejemplo, Chris Payne, portavoz del distrito escolar de Tulsa, reiteró a The San Diego Union Tribune que “la ley federal es bastante clara en este tema: le prohíbe a los distritos preguntar a los estudiantes o sus familias sobre su estatus migratorio o requerirles documentos de ciudadanía”.
A pesar de la resistencia de ciertos sectores, otras voces continúan abogando por cambios legislativos. La conservadora Fundación Heritage instó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias inmigrantes sin residencia legal como estrategia para llevar el tema ante la Corte Suprema, en un intento por revisar la “desacertada decisión de Plyler vs. Doe”, como lo califica la fundación.
Mientras tanto, el contexto político sigue siendo un factor determinante en el desarrollo de estas políticas. Según Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego, el entorno político actual permite que “políticas antes extremistas” se integren al “discurso común”.
Cabe señalar que los cambios en las políticas de admisión en Saugus coincidieron con una declaración de emergencia por parte de la gobernadora demócrata Maura Healey, derivada de una crisis migratoria en el estado que vio un aumento significativo en el número de familias en albergues estatales.
El presidente Javier Milei, en su política de dinamitar el Estado Nacional, ataca a la educación pública y sus gestores fundamentales que son los y las docentes.
El objetivo avanza, con el proyecto de ley presentado por el exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, actual Diputado Nacional Alejandro Finocchiaro, en el cual se determina, entre otras cosas, que “la educación obligatoria es un servicio estratégico esencial” y se condiciona gravemente el ejercicio del derecho de huelga del cuerpo docente, buscando minimizar sus efectos.
El proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en la sesión del 14 de agosto y ha pasado para su tratamiento al Senado Nacional.
Propuesta hipócrita
La propuesta formulada por el partido del gobierno es hipócrita, contradictoria y esconde otros intereses, que atacan al derecho a la educación propiamente dicho, que se dice defender.
La sobreactuación que se realiza respecto de la importancia de educar y de la necesidad de no interrumpir los días de clase, no se compadece, por ejemplo, con la propuesta del hijo del mentor ideológico del presidente Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, que afirmó, en abril de este año, “que no cree en la obligatoriedad de la educación… no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller junto al padre trabajando”. O sea, considera para el menor más importante que trabaje y que no es esencial que vaya a la escuela.
Incluso, cabe recordar que María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense del PRO, en el año 2018, sostuvo, cruelmente, que no era equitativo gastar dinero en universidades, dado que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.
A su vez, el gobierno propició, en el primer proyecto de la ley “Bases”, que no se aprobó, conocido como proyecto de “Ley Ómnibus”, que los menores desde los nueve años podrían optar por evitar ir a la escuela presencialmente, en contra de lo que determina la Ley de Educación 26.206, (art. 127 inc. f). De esa manera, se buscaba que niños, niñas y adolescentes, estudien en sus casas, en lugar de asistir a las instituciones educativas. Esta perspectiva individualista de autorizar la no escolaridad presencial, denigra el lugar donde se practica la convivencia social. La escuela es el primer ámbito de ejercicio del pluralismo democrático y donde se reafirma la identidad nacional.
Aún más, Milei pretende pronto manejar la enseñanza, centralmente, por la llamada “inteligencia artificial”, con criterios de un discurso único. De esa manera colonizar mentes y abaratar costos. Todo lo que es propiciado también por empresas productoras internacionales de programas educativos virtuales.
El gobierno actual desvaloriza el “acto humano de educar”, desprestigia socialmente a los y las docentes y les responsabiliza de la falta de escolaridad de los menores, si llegaran a ejercer el legítimo derecho de huelga, sin tener presente, que la educación es un derecho y no un servicio.
La ley de Educación Nacional 26.206 dispone, que “se debe garantizar el derecho a enseñar y aprender” y son los y las docentes quienes tienen el papel de enseñar, (art. 1) y en función de ello, deben tener ingresos apropiados para llevar una vida digna, poder formarse adecuadamente y defender la calidad de enseñanza, buscando asegurar el derecho de los educandos a lograr aprender debidamente, reclamando lo que fuere necesario para su preparación y enseñanza y de no darse otro camino, usar el instrumento constitucional de la huelga.
El gobierno no dice nada respecto de los días sin clases cuando sucede que las paredes de las aulas se electrifican o los baños están clausurados o no hay luz, gas y/o agua o tantas otras causales edilicias que, por responsabilidad del estado, también llevan a suspender las clases.
Además, en defensa de las niñeces y adolescencias, hay que rescatar la lucha de docentes como la maestra Ana Zabaloy, fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida que, en todo momento, se esforzó por exigir que se terminara con las fumigaciones de agrotóxicos, realizadas cercanas a las escuelas rurales, en las que los alumnos estudian con glifosato en el aire. Ella murió afectada de cáncer, por haber respirado los tóxicos.
Responsabilidad del Estado
Con actitud hipócrita e irresponsable, el gobierno se desentiende del tema de fondo de la cuestión, que lleva a reclamos que motivan legítimamente la huelga y culpa a las víctimas, sosteniendo que el problema de la falta de clases es solo una cuestión entre alumnado, docentes y su gremio.
En este aspecto, el Estado tiene que hacerse cargo que la educación es una inversión y no un gasto tenido como improductivo. Para que exista calidad educativa es necesario que se den condiciones pedagógicas, garantizar infraestructura adecuada, en todos los niveles educativos y reconocimiento de la tarea docente con salarios dignos que, en la mayoría del país, en este momento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
De lo contrario, no se respeta el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22 de la C.N.), que determina, que se debe garantizar “continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apartado 2, inc. “e”); ilegalmente. El presidente tampoco quiere pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), confiscando de esa forma parte del salario docente y además, ha desfinanciado a las universidades públicas, entre otros ataques directos a la educación.
Milei busca desarmar, particularmente, el valioso escalón de permeabilidad social ascendente, que es la escuela pública, gratuita y de calidad.
Derecho de huelga
La declaración de servicio estratégico esencial dispuesta en Diputados pretende acallar los legítimos planteos docentes y condicionar su derecho a huelga.
Patricia Bullrich, como Ministra de trabajo del gobierno de Fernando De La Rúa, dictó las Resoluciones 480 y 632 de 2001, por las que encuadró a la educación como “servicio esencial” e impedían el ejercicio del derecho de huelga, por parte de las trabajadoras y los trabajadores docentes de todo el país. Lo dispuesto se recurrió al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que estableció, que “el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse:… en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, `aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o parte de la población’… ‘no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término… el sector de la educación’”, (Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 1996, párrafo 545).
Las resoluciones del Comité deben ser respetadas, de lo contrario, se atenta contra el derecho de huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Const. Nac. y la legislación internacional que rigen en Argentina, en materia de convenios y recomendaciones de la OIT, como los tratados que tienen jerarquía constitucional, incluido el Convenio 87 de OIT, por expreso reconocimiento del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, (art. 22 inc. 3) y del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, (art. 8 inc. 3).
En base a lo afirmado, el Senado de la Nación debe rechazar lo aprobado por la Cámara de Diputados en este tema.
(*) Doctor en derecho, abogado constitucionalista y columnista de opinión.
Con esta jornada de protesta buscamos solidarizar activamente con quienes están siendo despojados de lo que han construido con sus propias manos y en concreto con su derecho a vivir y hacemos el llamado a organizarnos por nuestras justas demandas como estudiantes y como pueblo
Las y los estudiantes llaman a solidarizar activamente con las tomas y campamentos con órdenes de desalojo, luchar por el derecho a la vivienda y la educación y acabar con la Ley Anti-toma que sólo busca criminalizar y reprimir a estudiantes y pobladores. A continuación su comunicado:
«¡Si hay desalojos, hay tomas! Solidaridad con las tomas y campamentos del país»
A las y los estudiantes, trabajadores y comunidad en general de las casas de estudio en toma y a la opinión pública en general, informamos que este jueves 25 de abril del 2024 hemos hecho ocupación de distintas universidades. Todo esto como resultado de una coordinación entre distintas voluntades estudiantiles en lucha y en el marco de una jornada de protesta en solidaridad con las y los pobladores de tomas y campamentos a lo largo del país, quienes se encuentran con orden de desalojos amparados bajo la ‘Ley Anti-toma’, también conocida como Ley Maldita o Ley Anti-pobres.
Asistimos a una crisis profunda, que se ve reflejada en la precarización de la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y en general en el sostenido deterioro en la calidad de nuestras vidas como pueblo. Como estudiantes no somos ajenos a esta realidad y por el contrario nos resulta un deber posicionarnos del lado de nuestro pueblo, solidarizando con sus luchas y protestando por sus justas demandas.
En este contexto una de las situaciones más contingentes es la de la crisis habitacional que tiene a cientos de miles de familias populares sin vivienda, obligándolas a endeudarse para arrendar, vivir hacinados, de allegados o tomarse un lugar para vivir. Las respuestas de parte del gobierno y de las instituciones en general, han estado lejos de dar una solución concreta y muy por el contrario sólo se han dedicado a través de sus leyes, policías y medios de comunicación, a criminalizar y reprimir la legítima organización que han levantado las y los pobladores, quienes con sus manos han construido hogares y comunidades organizadas para hacer frente a sus problemáticas y tal como ellos mismos afirman: “Las tomas son la solución y no el problema”.
Esta situación no resulta extraña para las y los estudiantes, pues la represión y la campaña comunicacional empeñada en criminalizar al movimiento estudiantil se ha sostenido en el tiempo con el objetivo de ocultar las legítimas demandas por las que luchamos. Las detenciones, la persecución política, los violentos desalojos a establecimientos educacionales secundarios y universitarios por parte de las fuerzas represivas, la amenaza de aplicación de la Ley Anti-toma a las tomas estudiantiles, acompañado de las falsas promesas y el abandono de nuestra educación tienen por objetivo aplacar todo germen de organización y lucha que exista en nuestras casas de estudio, lo que claramente no han logrado ni tampoco lograrán.
Con esta jornada de protesta buscamos solidarizar activamente con quienes están siendo despojados de lo que han construido con sus propias manos y en concreto con su derecho a vivir y hacemos el llamado a organizarnos por nuestras justas demandas como estudiantes y como pueblo, las que con el tiempo se han ido acumulando y ante las cuales no se ha hecho nada. La importancia de organizarnos y luchar radica en revertir esa situación.
Por último, saludamos fraternamente los distintos esfuerzos de compañeros y compañeras por levantar instancias con protagonismo de las bases y alejadas del pantano institucional, que buscan la unidad de quienes luchan y no alientan la dispersión que sólo sirve a quienes dominan, explotan y se enriquecen a costa de la clase trabajadora. Hoy es más justo y necesario que nunca luchar contra este sistema y debemos bregar con todas nuestras fuerzas para que así sea.
¡A luchar por el derecho a la vivienda y la educación!
¡No a la Ley Anti-toma!
Coordinación estudiantil al servicio del pueblo
25 de Abril de 2024″.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de l@s autor@s mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para p♥ublicarlo en otras fuentes.
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