La Secretaría de Educación Jalisco informó que el periodo de preinscripciones a educación básica para el ciclo escolar 2017-2018 fue ampliado.
A partir del 9 de marzo y hasta el 9 de abril las madres y padres de familia o tutores que no hayan realizado el trámite en febrero, podrán hacerlo durante este periodo.
Este trámite debe realizarse para los alumnos que vayan a ingresar a segundo o tercer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.
Requisitos:
PREESCOLAR:
– 2°: menores que tengan cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2017
– 3°: menores que tengan cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2017
PRIMARIA:
– 1°: menores que tengan seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2017
SECUNDARIA:
– 1°: menores de 15 años que concluyeron o cursan el sexto grado de educación primaria, ya sea en escuela pública o particular autorizada.
Para mayor información, comunicarse al Centro de Atención al teléfono 3030 7550.
Los centros educativos de Granada han reivindicado este 8 de marzo la igualdad entre hombres y mujeres con actividades de concienciación que trabajan para garantizar la equidad y poner fin a todas las formas de discriminación o violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo.
«El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, reivindicar nuevos cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades», ha señalado el delegado de Educación de la Junta en Granada, Germán González, que ha compartido la celebración con la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria Andrés Segovia de la capital.
Allí pudo compartir con los escolares iniciativas como la chirigota coeducativa ‘Desmontando cuentos’, actuación de la compañía de teatro ‘Coeducando que es gerundio’ formada por un grupo de familias del colegio en colaboración con el Plan de Igualdad en Educación de la Junta.
La programación de esta celebración también incluyó las redacciones y poemas sobre las mujeres más importantes de su vida escritos por los alumnos del centro, y la visita de las abuelas del colegio, que reflexionaron sobre los cambios que se han producido desde su niñez con los pequeños de Infantil.
«Esta efeméride va mucho más allá de un día, ya que es una ocasión para poner en valor el trabajo que se realiza en los colegios e institutos día a día durante todo el curso y que trasciende el marco del centro educativo», ha explicado Germán González, que ha recordado que una de las propuestas más relevantes de la Consejería es precisamente el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, que se desarrollará hasta 2021 con nuevas medidas coeducativas que se suman a las ya desarrolladas en los últimos diez años.
Entre ellas, el delegado territorial ha destacado el interés de este plan en la prevención y seguimiento de los casos de violencia de género, que incluye tanto las nuevas formas de acoso o abuso sexual a través de las redes sociales como todo tipo de agresiones sexistas, homófobas o contra las personas transexuales.
González ha valorado positivamente la colaboración con ayuntamientos, los institutos andaluces de la Mujer y Juventud, y con los Cuerpos de Seguridad para «prevenir y actuar de forma eficaz en los posibles casos de violencia de género detectados en el ámbito escolar». Para potenciar la concienciación, el Gabinete de Convivencia e Igualdad de la Delegación de Educación en Granada ha puesto en marcha iniciativas como la campaña de prevención de la violencia de género y fomento de los buenos tratos ‘¡Toc, toc! Buenos tratos’ o el desarrollo de talleres en los centros educativos sobre temas de interés como el ciberacoso y los conflictos ocasionados en redes sociales o las relaciones de pareja.
Con el fin de afrontar la violencia de género en entornos escolares, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés) publicó el año pasado esta Guía Global cuyos destinatarios principales son los ministerios de educación y las instituciones educativas. Se propone ayudarles a comprender mejor este tipo de violencia y encontrar maneras para prevenirla y responder eficazmente cuando sucede.
La violencia de género radicada en la escuela se define como “las acciones o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que tienen lugar dentro y cerca de la escuela, y que son perpetradas como el resultado de normas y estereotipos de género y legitimadas por desequilibrios en las dinámicas de poder.”
Afecta a millones de niños, familias y comunidades en todos los países del mundo de cualquier entorno social, económico o cultural. De hecho, cada año, aproximadamente 246 millones de niños son víctimas de alguna forma de violencia de género: maltrato, acoso escolar, abuso psicológico o acoso sexual.
En todos los países y regiones del mundo donde ha sido estudiada, se informó sobre episodios de violencia de género ocurridos en la escuela, pero los datos objetivos siguen siendo limitados en cuanto al alcance de la población afectada y la cobertura que se les prestó.
A la falta de comprensión que rodea al concepto, se unen los problemas derivados de la susceptibilidad y del miedo a herir sensibilidades, que impiden que se realicen esfuerzos para abordar respuestas adecuadas.
Es bien sabido que la violencia de género radicada en la escuela viola los derechos humanos fundamentales y es una forma de discriminación por cuestión de género. Los niños tienen derecho a ser protegidos de cualquier tipo de violencia, incluso en su vida escolar. Las consecuencias de sufrir este tipo de violencia son varias:
ocasiona el sufrimiento físico y emocional del menor
deteriora su desarrollo cognitivo y emocional
según los datos objetivos, pueden tener efectos a largo plazo sobre los jóvenes que han presenciado o sufrido este tipo de violencia y que han aprendido a considerarla como algo aceptable.
En 2014 se organizó un “Grupo de Trabajo Global para acabar con la violencia de género radicada en la escuela” bajo el liderazgo de la UNESCO y de la UNGEI (Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, por sus siglas en inglés), que reunió a un gran número de colaboradores comprometidos en erradicar la violencia de género en la escuela y en sus contextos próximos: UNAIDS (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), IATT (Inter Agency Task Team, Grupo de Trabajo sobre Educación y salud en la escuela) y la UNWomen (ONU Mujeres).
Este grupo ha identificado una serie de acciones prioritarias que podrían ayudar a afrontar este problema de forma más efectiva desde el entorno global y desde los entornos locales y nacionales, entre las que se incluyen:
admitir la necesidad de reunir un catálogo de buenas prácticas
dar forma a unas recomendaciones estratégicas que permitan expandir esfuerzos.
El resultado de sus esfuerzos conjuntos es esta Guía Global, concebida como un recurso fundamental de los ministerios de educación y otros agentes educativos para atajar la violencia de género en la escuela.
Se divide en 6 capítulos, que abordan los siguientes aspectos:
la recomendación de que los gobiernos incorporen a sus políticas nacionales medidas preventivas contra este tipo de violencia y respuestas para mitigar su impacto
el cuidado del ambiente escolar con el fin de que los centros educativos sean seguros y brinden los apoyos que sean necesarios
la prevención de la violencia de género en la escuela desde el currículum y mediante la formación del profesorado en la prevención y modos de abordar este tipo de violencia
el establecimiento de protocolos de actuación claros, seguros y accesibles que favorezcan respuestas efectivas y rápidas a casos de violencia de género en la escuela
la colaboración con otros agentes estratégicos y la coordinación entre los distintos niveles educativos, incluidas las familias
la inversión en seguimiento, evaluación e investigación sobre la violencia de género en la escuela, que permiten los programas sean claros en sus objetivos, además de permitir el seguimiento del problema y la evaluación de las necesidades derivadas de su evolución.
Esta guía incluye interesantes infografías que detallan varios aspectos como:
los contextos donde pueden darse episodios de violencia de género
algunos testimonios de niños de Kazajstán que han sido víctimas de la violencia de género en la escuela
una línea cronológica de acuerdos y compromisos internacionales
6 estrategias posibles para abordar el problema desde diferentes puntos de vista
diagramas teóricos
ejemplos prácticos de cómo los sistemas educativos pueden abordar este tipo de violencia en todos sus niveles
Una mayor inversión en el presupuesto para el Ministerio de Educación (Meduca) solicitan los docentes para que se invierta en el sistema, en cuanto a las reparaciones y construcciones de nuevos centros escolares.
La educadora y dirigente magisterial Yadira Pino espera que las autoridades destinen el dinero del presupuesto también para la alimentación de los estudiantes, tras la implementación en algunos colegios de la jornada extendida.
Para que estos dineros destinados al Meduca se utilicen de la mejor forma, Pino cree necesario que se haga una programación y supervisión de los fondos, a fin de evitar fugas a para otras cosas.
Sin embargo, advierte que de no haber una supervisión, al generarse más presupuesto dentro de esta institución, podría ser ejecutado para situaciones que las autoridades crean prioritarias y no para lo que realmente lo es.
A juicio de la docente, se requiere que todos los sectores, tanto gremios educativos como los padres de familia, retomen el tema del 6% del producto interno bruto para Meduca.
En tanto, el dirigente magisterial Diógenes Sánchez Pérez le recordó al presidente Juan Carlos Varela que la Asociación Nacional de Profesores (Asoprof) le está exigiendo que los dineros que invirtió en publicidad engañosa sobre que las escuelas están listas en casi un 100% mejor los destine a reparar los centros educativos o construir puentes sobre los ríos para que los niños no pierdan la vida, esto último en referencia al fallecimiento de las estudiantes al cruzar el río El Palmar, en la comarca Ngäbe-Buglé, en la provincia de Veraguas.
La paz dependerá de las autoridades, asegura docente
El llamado de paz para este nuevo año escolar, por parte del presidente Juan Carlos Varela, causó indignación entre los educadores.
“Un llamado a todos los educadores a que llevemos un año en paz, donde demos lo mejor de nosotros por el futuro de Panamá”, expresó.
Ante esto, la dirigente magisterial Yadira Pino dijo que todos quisieran llevar esto en paz, lo cual es prioritario para ellos.
Aseguró que no hay nada mejor que tener todas las condiciones para que esto se logre.
Advierte que esta paz depende de la responsabilidad de las autoridades asumidas a tiempo, de tratar con celeridad los problemas, en darles solución.
“Aquí se ha dado prioridad a proyectos que implican negocios para alguien, pero cuando se trata de problemas en temas educativos que implican invertir, definitivamente allí no se le da la misma prioridad”, añadió.
A pesar de las garantías que ha ofrecido la ciudad de proteger la información personal de los estudiantes, expertos y activistas están preocupados porque ahora los estudiantes inmigrantes dejen de ir al colegio.
Después de la elección presidencial, un estudiante de un programa de actividades extraescolares en el Bronx le entregó un dibujo a su directora con la imagen de un agente de inmigración arrestando a una mujer.
Escrito arriba decía, «Donald Trump, ¿por qué deportas a nuestros padres? No te das cuenta de que los niños están muy asustados».
Un estudiante en un programa de actividades extraescolares dirigido por el Comité para Niños y Familias Hispanas, donde Helena Yordan trabaja, dibujó y describió su temor a Trump. «Donald Trump ¿por qué deportas a nuestros padres? No reconoces lo asustados que están los niños por ti. Si me dieran un centavo cada vez que le rompes el corazón a una familia sería un millón de veces más rico que tú».
Ese estudiante sigue asistiendo al programa, pero la directora, Helena Yordan, dice que le preocupa mantener a otros estudiantes en la escuela y en los programas extraescolares a medida que la ansiedad crece y consume a muchas familias de inmigrantes.
La madre de este niño, una inmigrante indocumentada de El Salvador que prefirió no dar su nombre, dijo que algunos padres hispanos tenían miedo a visitar la escuela y una de sus amigas estaba considerando retirar a su hijo por completo.
Aunque la madre con la que hablamos no tiene planes de mantener a sus hijos en casa, ella entiende este impulso.
«Yo tenía los mismos temores», dijo ella. «A veces me sentía demasiado insegura para salir a la calle. Tenía pesadillas».
Esos temores se reflejan en toda la ciudad. Conforme el gobierno federal se involucra de lleno en la aplicación de las leyes de inmigración –de forma más reciente al ampliar drásticamente el grupo de inmigrantes indocumentados que pueden ser deportados– las familias están escondiéndose cada vez más en sus casas. A pesar de las garantías por parte de la ciudad de que protegerá a los estudiantes, los defensores temen que las familias empiecen a abandonar las escuelas.
Cientos de estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York se salen de clase para unirse a las protestas en contra de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, el 7 de febrero de 2017 en Nueva York. Spencer Platt/Getty Images
Los efectos del terror
«El gran problema es que existe una ansiedad generalizada entre las comunidades de inmigrantes», dijo Kim Sykes, quien trabaja en educación en la Coalición de Inmigración de Nueva York. «Tienen miedo de ir a la lavandería. Tienen terror de que los separen. Esta inquietud se extiende a todos los ámbitos de la vida y la escuela no está exenta».
Sykes relató una instancia en la que los padres, de camino a dejar al hijo en un centro de cuidado infantil en el Bronx, pensaron que estaban siendo seguidos por agentes del ICE. Por miedo, no llevaron a su hijo al centro ese día.
Roksana Mun, directora de estrategia y capacitación de DRUM, una organización que ayuda a los inmigrantes del sur de Asia, ha escuchado algunas de las mismas preocupaciones que Sykes. En conversaciones privadas y llamadas de teléfono, dijo, tres familias distintas le han dicho que les preocupa mandar a sus hijos a la escuela.
Hasta ahora en la ciudad de Nueva York éstos son temores e historias anecdóticos. El Departamento de Educación dijo que no hay pruebas de un descenso generalizado en la asistencia en la ciudad o entre comunidades inmigrantes específicas.
La ciudad responde
«Queremos asegurarnos de que los padres envíen a estos niños a la escuela. El mejor lugar para estar protegidos es la escuela«, afirmó la Canciller Escolar Carmen Fariña en una conferencia de prensa el martes. «No hemos visto una disminución en la asistencia y quiero que siga siendo así».
La ciudad envió una carta a los padres en enero explicando que las escuelas no mantienen registros del estado migratorio y no permitirá que los agentes del ICE accedan a edificios escolares sin la «autoridad legal adecuada». El martes, también dijo que la ciudad está preparando una segunda carta que detalla el protocolo si los agentes de inmigración se presentan en una escuela.
La presidenta del Consejo Municipal Melissa Mark-Viverito, quien hizo de la protección a los inmigrantes el tema central de su reciente discurso sobre el estado de la ciudad, dijo que está considerando si la ciudad puede fortalecer su respuesta. Incluso le preocupan los rumores de que los estudiantes están evitando la escuela, dice.
«Puede que no esté ocurriendo a gran escala», dijo Mark-Viverito, «pero el hecho de que está comenzando a suceder en algunos casos es una preocupación para nosotros».
Los últimos acontecimientos parecen justificar los temores de los padres. En Virginiay Texas, varios padres han sido detenidos o recogidos por agentes de ICE mientras dejaban a sus hijos en la escuela, según el Washington Post. En Connecticut, hay evidencia de que algunas familias podrían estar evitando que sus hijos vayan a la escuela, según una portavozdel departamento de educación.
Y la educación superior ya ha sido afectada también en California. El número de estudiantes indocumentados que solicita ayuda financiera estatal en ese estado disminuyó en más de un 40% en comparación con el año pasado.
Un miedo con antecedentes
Ésta no sería la primera vez que el temor a las leyes de inmigración evita que los estudiantes vayan a la escuela.
En Durham, Carolina del Norte, la asistencia al bachillerato disminuyó un 20% el año pasado, después de que un estudiante fuera arrestado en una redada de inmigración. Cuando Alabama promulgó una amplia ofensiva contra los inmigrantes indocumentados en 2011, la cual inicialmente les exigía a las escuelas registrar el estatus migratorio de los alumnos, el Departamento de Justicia documentó un incremento en las ausencias de estudiantes hispanos.
Los temores de algunos padres no se centran en la seguridad de la escuela, sino en la amenaza de ser separados de sus hijos, dijo Ref Rodríguez, miembro de la Junta Escolar de Los Ángeles. Él comenzó a presionar para que Los Ángeles aumentara las proteccionespara los estudiantes inmigrantes después de que escuchó sobre una familia que pegaba números de teléfono en su refrigerador para que los niños tuvieran a alguien a quien llamar si algún día llegaban a casa después de la escuela y descubrían que sus padres ya no estaban.
«Ningún niño debería llegar a casa y preguntarse si su mamá o su papá va a regresar esa noche», dijo Rodríguez. «Hemos hecho las cosas de manera que podamos ayudar a la gente a sentirse segura».
Darnell Benoit, director de Flanbwayan, un grupo que ayuda a jóvenes inmigrantes de Haití, dice que sabe de padres haitianos que están planeando regresar a Haití y dejar a sus hijos menores de edad en custodia de otras personas. Ninaj Raoul, directora ejecutiva de Haitian Women for Haitian Refugees, explicó que ha recibido al menos 20 llamadas diarias de personas nerviosas desde la elección.
En este punto, precisó Benoit, «cualquier cosa puede ocurrir», incluso que los padres saquen a sus hijos de la escuela. «Definitivamente la gente tiene miedo».
Guinea Ecuatorial exige una prueba a las alumnas, a las que expulsa si dan positivo para «no contagiar» al resto. Sierra Leona también prohíbe escolarizarse a las jóvenes encinta.
Mauricia Nchama López tenía 16 años y estudiaba en el Centro Bisila de Bata, en Guinea Ecuatorial. Falleció el pasado mes de enero cuando, al saber que estaba embarazada, intentó abortar de manera clandestina. La adolescente tenía miedo de ser expulsada del instituto después de que el Gobierno ecuatoguineano aprobara una orden ministerial en julio por la que prohibía la presencia de chicas gestantes en los centros educativos. De esta manera, Guinea Ecuatorial sigue los pasos de Sierra Leona, país que en 2015 también aprobó una medida idéntica que sigue vigente en la actualidad. Antes, las menores embarazadas eran estigmatizadas por la sociedad; ahora, además, se ven expulsadas por decreto del sistema educativo con la supuesta justificación de que son una “influencia negativa” para las demás.
La orden ministerial, que entró en vigor en el curso 2016-2017, “obliga a las estudiantes a hacerse el test de embarazo para poder matricularse en los centros de Guinea Ecuatorial y permite la expulsión del centro educativo a las alumnas embarazadas”, según asegura el líder opositor ecuatoguineano Andrés Esono, muy crítico con esta medida que califica de “discriminatoria, anticonstitucional y machista”. De hecho, ha explicado mediante una carta pública que en septiembre pasado escribió una carta a varios ministerios, entre ellos los de Educación e Igualdad, advirtiéndoles de las consecuencias que podía tener la aplicación de este decreto, como los peligrosos abortos clandestinos, sin obtener ninguna respuesta.
Guinea Ecuatorial no es el primer país africano que prohíbe a las jóvenes embarazadas asistir a clase. En abril de 2015 Sierra Leona aprobó un decreto similar. Entonces, el mundo se felicitaba por la reapertura de las aulas tras la devastadora epidemia de Ébola que provocó miles de muertos en este país africano. Sin embargo, el Ministerio de Educación decidió vetar a las chicas que estaban encinta porque “existe una probabilidad muy alta de que las chicas más jóvenes se queden embarazadas si comparten el espacio con quienes ya lo están”, según asegura el decreto, que también afirma que el estado de gestación “impacta negativamente en su capacidad para concentrarse y participar en clase, expone a las chicas a ser ridiculizadas por sus compañeras, socava los estándares éticos necesarios en nuestras instituciones educativas y, en fin, compromete la calidad de la Educación”.
Desde que se aprobó esta normativa, numerosos organismos internacionales han ejercido una enorme presión para tratar de hacer entrar en razón al Gobierno sierraleonés. Sin éxito hasta ahora. “En este país siempre ha estado socialmente mal visto que vayas a la escuela si te quedas embarazada”, asegura Marta Colomer, encargada de campañas de Amnistía Internacional (AI) en África Occidental, “pero el decreto lo convierte en norma legal. No sólo es discriminatorio, sino que revictimiza a niñas en situación de total vulnerabilidad que sufren una suerte de castigo ejemplificador. Se entiende la educación como un premio y no como un derecho”.
“Me siento fatal cuando veo a mis amigas pasando de curso. Ahora tengo que repetir el año que viene”, aseguró a AI en noviembre una chica sierraleonense de 17 años. Repetir curso si consigue volver, porque dos de cada tres fracasan en el intento cuando ya tienen que hacerse cargo de un bebé. Amie, una adolescente, manifestó que “me quedé encinta y me prohibieron ir a la escuela. Es injusto, me han quitado la posibilidad de tener un futuro”. Sierra Leona, donde el 72 por ciento de la población vive en la extrema pobreza, tiene unas tasas de alfabetización femenina bajísimas y un elevado porcentaje de embarazos precoces. La mitad de las chicas entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir y una de cada cuatro de entre 15 y 19 años ya tiene hijos o está embarazada.
Gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, el Gobierno sierraleonés aceptó crear un sistema de educación alternativo. “Unas 14.500 chicas embarazadas fueron autorizadas a recibir clase en aulas aparte o fuera del horario lectivo, para que no se mezclaran con las demás. Sin embargo no sólo estamos ante una medida segregatoria para niñas malas sino que los contenidos eran bajísimos, se impartían solo unas horas y tres días a la semana”, asegura Colomer. Pese a sus deficiencias, el sistema alternativo, financiado por las agencias de cooperación británica e irlandesa y puesto en marcha con el apoyo de Unicef, se ha renovado este año.
Durante la crisis del Ébola en 2014 y 2015 se dispararon los casos ya de por sí altos de embarazos adolescentes, lo que también se usó como excusa para implementar la medida. El incremento se debió a la suspensión del curso escolar y las cuarentenas, lo que provocó que muchas chicas permanecieran en sus hogares todo el día expuestas a todo tipo de abusos y a la crisis económica derivada de la epidemia que forzó a muchas jóvenes a intercambiar sexo por bienes materiales. “Está ligado a la pobreza y la falta de recursos, muchas veces quienes las dejan embarazadas son el de la tienda, el transportista que las lleva, el joven que las ayuda a sacar el agua del pozo. Lo hacen por necesidad, la mayoría no tiene ni idea de sexo y muchas se sorprenden al verse embarazadas”, añade Colomer. En Sierra Leona no existe educación sexual en los colegios y los anticonceptivos son desconocidos para la mayoría.
Detrás de estos delitos hay grupos criminales vinculados con trata de personas con fines de explotación sexual comercial, asegura la Red por los Derechos de la Infancia en México
México.- La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.
Tan solo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García, en el seminario impartido en línea Niñez desaparecida, convocado por Cimac.
La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: siete de cada 10 adolescentes desaparecidos son mujeres. Pérez García señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.
Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo con los datos recabados por la Redim.
En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 desaparecidas.
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En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.
El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México —que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó Pérez García— registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.
En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.
Foto: Especial
NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA
Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de cuatro años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron, “lo que da cuenta de que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo Pérez García.
Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, seis mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años de edad, desaparecidos.
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
Pérez García destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.
El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de anuncios de desapariciones) se han emitido.
Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”; sin embargo, su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctimas de feminicidio en la mayoría de los casos, afirmó Pérez García.
“Estamos tratando de que a partir de que se denuncie la desaparición, sin que se interponga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la localización, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.
PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Redim ha manifestado al gobierno mexicano la necesidad de incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.
La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contenga información desagregada con el fin de reconocer la magnitud del problema, un contexto normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es la instancia encargada de atender la problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Pérez García.
“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los seis mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.
ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES
La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no solo a escala nacional, sino con instancias internacionales, explicó Pérez García.
El representante de la Redim dijo que la mayoría de los casos se mantiene en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “Es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.
CRISIS HUMANITARIA
Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que puede ser considerado como una crisis humanitaria y de derechos humanos (DH) en el país.
Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.
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