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Hacia una escuela pública fraterna

Por: Julio Rogero

La escuela pública fraterna que queremos será posible si cada uno de nosotros y el movimiento social de transformación de la educación nos tomamos en serio la realización efectiva de la fraternidad en todas su dimensiones.

“No es que cada uno sea único y magnífico, sino que, en soledad y sin espíritu fraterno, cada uno de nosotros es bastante poca cosa, y fraternidad, mutualidad, solidaridad resultan imprescindibles para la supervivencia de la especie humana…” (Marta Sanz en La era de la posverdad)

Muchos defendemos, desde hace tiempo, que una de las revoluciones pendientes más urgentes y necesarias en nuestra sociedad es la revolución de la fraternidad y la generosidad. Entendida como nos dice el diccionario de la lengua: “Amistad o afecto entre hermanos o entre los que se tratan como tales”. La que, desde distintas perspectivas, el cristianismo y la Revolución Francesa intuyeron necesarias para la vida digna de todos los seres humanos. La libertad y la igualdad siempre han sido reivindicadas y llevadas a la práctica política y social de forma, con frecuencia, polarizada e irreconciliable entre ellas. Esa polarización enfrentada se sigue manteniendo en la vida sociopolítica de la sociedad actual. Este tema es de vital importancia en un mundo de guerra y competitividad descarnadas. La revolución de la fraternidad humana debería ser el distintivo de la nueva sociedad que hay que construir hoy como salida a la crisis sistémica que vivimos. Como nos dice Ángel Puyol (2017), es necesario llevar el derecho a la fraternidad a las leyes, porque cuando las leyes de una sociedad democrática recogen e incorporan este derecho se avanza hacia la apuesta real de la humanidad por garantizar los derechos humanos de todos y, sobre todo, de los más débiles. Este derecho exige que los seres humanos se traten entre sí como iguales, como hermanos y hermanas, como seres libres. La fraternidad es la argamasa que da cuerpo y hace posible la libertad y la igualdad juntas, sin polarizaciones. Pero vivir esta metamorfosis requiere que ella vaya impregnando la vida cotidiana, y no hay duda de su dificultad, en una sociedad que nos lleva justo a lo contrario.

Hace mucho tiempo que reflexiono sobre el papel de la fraternidad en la sociedad, con y entre los pueblos, con la vida y la madre tierra, en el sistema educativo… Pero cada día, cuando veo las noticias y cómo evoluciona nuestro mundo y la educación, me doy cuenta de la distancia entre lo que se vive en la vida cotidiana y lo lejano que queda la práctica de la igualdad-equidad, la justicia social, la libertad y la fraternidad. Entonces me invade la tentación del desánimo y de dejarlo para otro día que, posiblemente, nunca acabaría de llegar. Sin embargo, esa perspectiva utópica del querer vivir y convivir de otra manera, radicalmente diferente a la que nos imponen, me lleva a comunicar la necesidad de caminar hacia otra forma de pensar y de ser. Sabemos que no se dará de la noche a la mañana, pero reconocemos que es la dirección en la que hemos de caminar. Así, se hace necesaria una profunda metamorfosis de la convivencia humana para hacer realidad una sociedad fraterna, basada en el “derecho a la fraternidad”. Reivindicar este derecho es poner en el primer plano las carencias en el cumplimiento de los derechos humanos y de la justicia social en nuestras sociedades.

Porque los seres humanos somos “nudos en una red de relaciones” (R. Panikkar, 2008) aspiramos a que en estas se haga dominante la cooperación, la generosidad, el don, la amistad y la fraternidad. La dimensión ética de esta, junto a su dimensión política son las que nos van a llevar a hacer posible que el derecho a la fraternidad se vaya plasmando en las leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Este está hoy al servicio de la clase dominante que no quiere renunciar a sus privilegios. Por eso se hace necesario cumplir las expectativas que genera una sociedad progresiva y profundamente democrática con un régimen político construido por todos y al servicio de toda la ciudadanía. Así se podrán eliminar las desigualdades y defender a los más débiles. La fraternidad humana como derecho es la realización de su dimensión política que exige justicia social, equidad y efectivo respeto a la dignidad humana.

Me parece más que razonable que las políticas educativas estén orientadas también por el derecho a la fraternidad, plasmándose como derecho irrenunciable en las leyes y en las estructuras educativas. Es intrínseco y constitutivo del derecho a la educación y de los derechos de la infancia.

Hacer realidad una sociedad fraterna implica la construcción del espacio educativo de la escuela como espacio de vida en fraternidad. La escuela puede ser hoy, desde una visión radicalmente diferente a la dominante, uno de los ámbitos centrales de recuperación y experimentación de la fraternidad humana como ethos, como actitud y como estilo de vida. Entonces la fraternidad se convierte en el componente esencial del cuidado, del tacto y de la experimentación de la ternura y la compasión (pasión por la vida compartida) en la escuela pública del cuidado mutuo. Es el motor de la pasión por el conocimiento descolonizado y puesto al servicio de la comunidad, de lo colectivo y de lo público. Por eso trabajar la fraternidad y el cuidado en su perspectiva global es una exigencia ineludible del cumplimiento político del derecho a la educación y los derechos de la infancia. Es aprender a vivir y convivir en la comprensión del ser del otro en un “nosotros” fraterno. Sabemos que intentarlo es ir contracorriente y vivir la fraternidad hoy solo se puede hacer en las afueras (Esquirol, 2018) y en los márgenes de lo establecido, exigido, planificado, inspeccionado, burocratizado por el poder en los centros educativos públicos. El ideal de la fraternidad es el dinamizador de la rebeldía necesaria para desescolarizar-descolonizar la escuela, para despatriarcalizarla y hacerla profundamente inclusiva.

Así es más que oportuna la metáfora de la escuela como comunidad abarcadora de toda la humanidad y sus diversidades, donde las relaciones fraternas, no exentas de conflictos, se mantienen y construyen cada día, siempre en la perspectiva del buen vivir colectivo, de la atención plena a los más pequeños y más débiles, más allá de los egos y los intereses individuales y privados de tribus y familias interesadas. Eso lo puede hacer la escuela de titularidad pública que, por ser pública, ha adquirido el compromiso de hacer efectivo el derecho de todas a la fraternidad humana y a ser lo más felices posible en ella.

En esa dirección van las propuestas y realidades que hoy se construyen en la vida cotidiana de los centros educativos cuando elaboran planes de inclusión, de convivencia, de compensación educativa y de éxito de todos, de atención a la diversidad y de transformación emancipadora de todo el contenido escolar. Cuando ponen el cuidado del cumplimiento de los derechos de la infancia en el corazón del derecho a la educación.

La escuela pública fraterna que queremos será posible si cada uno de nosotros y el movimiento social de transformación de la educación nos tomamos en serio la realización efectiva de la fraternidad en todas su dimensiones y prioritariamente en su dimensión la política como derecho.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/21/hacia-una-escuela-publica-fraterna/

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España: Nace la Plataforma por la Libertad Lingüística en Educación para «plantar cara al modelo plurilingüe» de la Generalitat.

Por: 20minutos.es/23-05-2018

Asociaciones y organizaciones de madres y padres de la Comunitat Valenciana han creado la nueva Plataforma por la Libertad Lingüística en Educación, que pretende defender la libertad de elección de la lengua vehicular y «plantar cara al modelo plurilingüe de la Conselleria de Educación».

El colectivo está integrado por Concapa Comunidad Valenciana, la Federación de Apas de la provincia de Alicante Escuela y Familia, Fcapa Valencia, Concapa Castellón, Defensa del Castellano, Idiomas y Educación y la Fapa Gabriel Miró de Alicante (integrada en Covapa).

El objetivo es «hacer frente común a la imposición de lenguas en el sistema educativo con un amplio y progresivo calendario de actuaciones», según afirman sus impulsores.

El primer paso, que se concretó este martes, es la creación de un modelo de recurso individual para que las familias puedan recurrir e instar la anulación del Proyecto Lingüístico que se aplicará en su centro. Este documento estará accesible en las páginas web de las asociaciones y organizaciones para que pueda descargarse.

El recurso deberá presentarse en cualquier registro de un organismo oficial o en el Prop antes del 30 de mayo de 2018. Por ello, se insta a madres y padres a que revisen si en su centro de Educación Primaria se cumple la obligación del artículo 6.3.a. de la Ley 4/2018 que establece «y al mismo tiempo, como mínimo, otra asignatura troncal» en castellano.

En el modelo de recurso, una de las alegaciones argumenta jurídicamente la no existencia de asignaturas «análogas» a las troncales en Educación Primaria, de conformidad con la legislación vigente, detallan. COMISIÓN BILATERAL Asimismo, la plataforma ha acordado, ante la creación de la Comisión Bilateral que el Gobierno ha activado sobre el articulado de la Ley 4/2018 de Plurilingüismo, reclamar a la administración central que inste a la mayor brevedad la modificación de todos los artículos que impiden el ejercicio de los derechos constitucionales de las familias y la perpetuación de los vicios del Decreto 9/2017.

En caso contrario, advierten, no se descartan actuaciones sociales y movilizaciones «más contundentes encaminadas a defender el derecho de las familias a elegir la lengua vehicular de sus hijos en la escuela, tal y como avalan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en esta materia».

*Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3348206/0/nace-plataforma-por-libertad-linguistica-educacion-para-plantar-cara-al-modelo-plurilingue-generalitat/#xtor=AD-15&xts=467263

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Países de menos ingresos concentran esfuerzos de ONU en educación

ONU/ 22 de mayo de 2018/ Fuente: Prensa Latina

Una nueva iniciativa de la ONU, que apenas da sus primeros pasos para recaudar fondos destinados a mejorar la enseñanza en todo el mundo, se concentra hoy en los países de menos ingresos.
Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe una de las prioridades es Haití, donde si bien persisten numerosos problemas, los retos en términos de acceso a la educación van cambiando y ahora se trata también de aumentar la calidad de la enseñanza.

Así explicó a Prensa Latina el director del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien habló de cómo los avances en la educación contribuirán además a elevar el nivel en términos de fuerza laboral y mercado de trabajo.

El Fondo Internacional de Finanzas para la Educación (Ifeed, por sus siglas en inglés) busca, precisamente, cerrar las brechas que existen en ese sector entre diferentes países, indicó.

La semana pasada, en el lanzamiento de la iniciativa, Moreno destacó la necesidad de acelerar acciones para evitar que más generaciones pierdan las oportunidades de educación.

En ese sentido, enfatizó cómo millones de latinoamericanos han sido dejados atrás, por ello resulta vital centrarse en las brechas e intentar cerrarlas.

Las áreas rurales de ese continente merecen especial atención, dijo, pues allí se encuentran las mayores necesidades.

Moreno también llamó a invertir más en educación para asegurar el futuro, salir de la pobreza y aumentar las posibilidades de acceso de mujeres y niñas.

Actualmente, 260 millones de niños en todo el mundo no asisten a la escuela y si se mantienen las actuales tendencias, en 2030 unos 400 millones no tendrán acceso a la educación más allá de los 11 años, según alertó el enviado de Naciones Unidas para la Educación Global, Gordon Brown.

Un grupo que merece especial atención son los refugiados. De acuerdo con Gordon, de los fondos humanitarios de la ONU dirigidos a cubrir las demandas de esa población, solo un dos por ciento se destinan a las labores educativas.

Debemos tratar de cambiar esa situación: los refugiados no necesitan solo de techo y comida, señaló al presentar el proyecto del Ifeed la semana anterior.

Asimismo, se refirió a la situación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa, por sus siglas en inglés), una de las que priorizaba la atención y la enseñanza de los menores de edad.

Pero el recorte de fondos realizado por parte de Estados Unidos a esa entidad pone en riesgo ahora su importante trabajo, advirtió.

Según datos de la ONU, el mundo enfrenta una crisis educativa que crea en estos momentos una división amplia y persistente entre los niños que poseen acceso a las oportunidades, y aquellos que no lo tienen.

arc/ifb

Fuente de la Noticia:
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=180389&SEO=paises-de-menos-ingresos-concentran-esfuerzos-de-onu-en-educacion
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El malentendido de la gratuidad

Por: Jose Joaquín Brunner
Estamos envueltos plenamente en los malentendidos de la gratuidad que el gobierno Bachelet inscribió orgullosamente en la página de cierre de su administración, creyendo que sería la portada hacia su legado histórico. En efecto, la gratuidad heredada por la administración Piñera está llena de contradicciones y defectos, es inviable económicamente y confusa en su base ideológica.

La gratuidad se ha convertido en un agujero negro de cuyo campo gravitacional nada parece escapar.

Así, la primera medida del gobierno Piñera referida al sector educacional ha consistido en extender la gratuidad de la educación superior técnico-profesional en favor de los estudiantes pertenecientes a los hogares del séptimo decil, según la distribución del ingreso a partir del año 2019.

Para este efecto ha debido dejar sin efecto una disposición de la Ley de Educación Superior, aún antes de ser promulgada, de acuerdo con la cual sólo podía otorgarse la gratuidad a los jóvenes de dicho séptimo decil una vez que los ingresos estructurales del fisco representen al menos un 23,5% del PIB tendencial durante los dos años inmediatamente anteriores. Dado que esto no ha ocurrido, el gobierno optó por eliminar este requisito. ¡Así de simple! Y su compromiso es continuar extendiendo la gratuidad para los estudiantes de IP y CFT hasta incluir a los jóvenes del 90%.

¿Significa esto que el gobierno, y su coalición política de derechas, han descubierto repentinamente las virtudes de la gratuidad?

No parece ser así. Se trata, más bien, de una medida cuyo costo (alrededor de $20 mil millones de pesos, o 33 millones de dólares) ha sido considerado inferior a los beneficios que se espera cosechar. ¿Cuáles son éstos?

En lo inmediato, mantener el delicado balance de fuerzas en torno al Presidente dentro de la coalición oficialista. De hecho, el senador Ossandón y su corriente de la ”derecha social” declararon victoria tan pronto se anunció esta medida. Los demás partidos de la coalición gubernamental se alinearon tras la consigna presidencial —“La gratuidad ha llegado para quedarse”—, con excepción de Evópoli, que consistentemente viene postulando un modelo diferente de gratuidad.

Tácticamente, además, el gobierno anuncia esta política 48 horas antes de que los estudiantes salgan a ocupar las calles del centro de Santiago, no para proclamar su victoria con respecto a la expansión del modelo de gratuidad de la Nueva Mayoría y la administración Bachelet, sino para impugnar una gratuidad en la cual alegan ahora no sentirse representados, posición asumida también por sectores del Frente Amplio.

Evidentemente, con esta maniobra simbólica el gobierno no espera detener la movilización estudiantil, ni siquiera incidir en un menor número de movilizados. Sin embargo, a los dirigentes del movimiento les eleva la dificultad para explicar los motivos de la protesta. Ahora deberán convencer a la opinión pública de que no es esta gratuidad por la que han luchado, sino por otro modelo de gratuidad, seguramente más difícil de legitimar ante la sociedad civil.

Y en este punto ya estamos envueltos plenamente en los malentendidos de la gratuidad que el gobierno Bachelet inscribió orgullosamente en la página de cierre de su administración, creyendo que sería la portada hacia su legado histórico. En efecto, la gratuidad heredada por la administración Piñera está llena de contradicciones y defectos, es inviable económicamente y confusa en su base ideológica. Pero tiene un efecto no-buscado, imprevisto si se quiere, para sus autores y detractores: refuerza uno de los pilares del régimen mixto de provisión, al tratar por igual a todos los estudiantes e instituciones de educación superior a la hora de estructurar un nuevo modelo de costos compartidos para financiar a estas instituciones.

Luego, el argumento del Presidente Piñera sobre la gratuidad que “ha llegado para quedarse” tiene una segunda lectura menos obvia y más correcta que la del mero oportunismo ideológico o, incluso, de rendición frente al argumento del adversario.

En efecto, ese argumento dice que la naturaleza mixta de la provisión, y su economía política subyacente, están aquí para quedarse, precisamente en virtud de la gratuidad parcial establecida por la Nueva Mayoría. ¡Este es, pues, el legado! Que en la confusión creada por este malentendido, el Presidente levanta ahora frente a la oposición, elevando incluso la apuesta para incluir en este beneficio a los jóvenes de clase media que deseen estudiar en la educación técnico-profesional.

Sin embargo, el propio gobierno se halla envuelto también en este malentendido del cual nadie parece poder librarse. ¿Cómo entender, si no, su apuro por consagrar un principio de gratuidad que ha sido mal diseñado y que, en el contexto de una Ley de Educación Superior heredada de la anterior administración, representa una seria amenaza para el desarrollo sustentable de aquel sistema?

Pues seamos claros. Más allá del debate ideológico sobre el valor y significado de la gratuidad bajo diversos modelos, el actual, contenido en dicha Ley, está subfinanciado, produce daños colaterales, tiene graves problemas de sustentabilidad y necesita urgentes correcciones. Fue mal diseñado y aprobado a la carrera. Y su implementación —tal como está— amenaza con agravar todos los aspectos negativos. Partiendo por la gradual pérdida de autonomía de las instituciones, que irían haciéndose cada vez más dependientes de la voluntad de poder de los gobiernos, cualquiera sea su orientación.

Estos defectos necesitan corregirse. Por ejemplo, en el corto plazo (4 años), mientras dure este gobierno, la gratuidad cubrirá a una cuarta parte de la matrícula total de educación superior, debiendo por lo mismo establecerse un robusto y equitativo esquema masivo de becas y créditos para el 75% restante de la matrícula. De hecho, tal debió ser la primera medida que el gobierno anunciara, no una mera extensión suplementaria de una gratuidad que urge enderezar.

En seguida, el gobierno debió —y debe todavía— dar a conocer una estrategia coherente para el financiamiento mixto de la educación superior, con sus componentes de gratuidad, créditos y becas; sus fondos públicos y privados, de corto, mediano y largo plazo, destinados a las instituciones y los estudiantes.

En suma, todos nos hemos adentrado un paso más en este malentendido. El gobierno gana un punto táctico e incrementa su respaldo interno en la coalición, pero al mismo tiempo aumenta la confusión respecto de cuáles son sus propósitos.

La antigua Nueva Mayoría recién comienza a darse cuenta del verdadero desaguisado que provoca una política que, por un instante, creyó podía ser su más ilustre legado.

El movimiento estudiantil vuelve a la calle con banderas confundidas y ahora debe ir en contra de la gratuidad que un día soñó pondría en jaque al sistema.

Por último, el Frente Amplio, algunos de cuyos cuadros dieron forma a esta anómala gratuidad desde sus posiciones de influencia en el Ministerio de Educación a comienzos del gobierno Bachelet, harían bien en recordar aquella admonición de un ciudadano en la obra Ricardo III: “¡Desgraciada la tierra que gobierna un niño!”

Fuente: http://www.brunner.cl/?p=17248
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El avance contra la educación no formal (Audio)

Argentina / 20 de mayo de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: La Mar en Coche

La educación No Formal es un área creada en 1983 y funciona en casi todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta área educativa fue siempre la inclusión y la formación de los ciudadanos de todas las edades garantizando el derecho a la educación permanente, pública y gratuita.

En el año 2012, la legislatura porteña aprobó la Ley de Educación No Formalque garantiza los derechos de sus trabajadores y de aquellos ciudadanos que participan de este proyecto educativo. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad aún no cumplió con la reglamentación de dicha ley.

Esta situación se vio agravada en el último tiempo, debido a la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de recortar la oferta educativa.

Conversamos con José López Emprin, integrante del Cuerpo de Delegados de Educación No Formal sobre la situación actual de los centros y de los trabajadores.

 

Fuente de la Entrevista:

EL AVANCE CONTRA LA EDUCACIÓN NO FORMAL

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México: Es necesario que toda la población ejerza de manera efectiva su derecho a la educación: CONEVAL

México/19 de Mayo de 3018/El Heraldo

En la población indígena, los niveles de educación son bajos, 50.3% de este grupo poblacional contaba como máximo con primaria completa en 2016, condición que se convierte en un obstáculo por sí mismo para acceder a mejores oportunidades laborales.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, publicado recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), destaca que la condición económica es un factor que determina diferencias en el acceso al derecho a la educación, en ese sentido, la gratuidad de la educación pública obligatoria no es suficiente, es necesario garantizar que toda la población pueda solventar los costos extras de la educación (transporte, comidas, actividades extracurriculares, entre otros) y que toda la población, particularmente la que está en situación de pobreza, tenga acceso efectivo al derecho a la educación.

De esta manera, el Informe de Evaluación 2018 señala que la carencia por rezago educativo disminuyó de 2008 a 2016, al pasar de 21.9% a 17.4% pero persisten dificultades económicas y condiciones que generan diferencias en las oportunidades de educación de la población.

Gasto público en educación

En 2016 el gasto federal en educación representó 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), este se concentró en la educación básica (56.4%), seguido de la educación superior (23.2%), la media superior (12.3%) y otros rubros (8.1%), incluyendo capacitación para el trabajo, la educación para adultos, la cultura y el deporte, así como los gastos de administración central. Esta inversión permitió que para el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización alcanzara 98.4% en primaria y 86.2 en secundaria.

Avances y retos en educación

A pesar de los avances en el rezago educativo, en 2016 poco más de un millón de menores de edad, que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, no asistieron a la escuela.  En el mismo año se identificaron 444,275 menores indígenas con rezago educativo y 543,936 que no asistían a la escuela. En relación con los espacios educativos, en el ciclo escolar 2014-2015 más de 21% de los grupos de alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria no contaban con mobiliario para sentarse ni materiales para escribir.

Población indígena

En lo referente a la población indígena, los niveles de educación son bajos, 50.3% de este grupo poblacional contaba como máximo con primaria completa en 2016, condición que se convierte en un obstáculo por sí mismo para acceder a mejores oportunidades laborales.

Además, se identificó que los materiales didácticos son escasos en los salones de clases de las escuelas primarias y casi inexistentes para la atención a estudiantes con alguna discapacidad o hablantes de lengua indígena

Población con discapacidad

Otro de los sectores que enfrenta obstáculos para acceder a la educación es la población con discapacidad, ya que en 2016 presentó mayores porcentajes de rezago educativo y menores de asistencia escolar para todos los niveles educativos en comparación con las personas sin discapacidad (48.8 y 9.3 por ciento, respectivamente). En este sentido, el Informe de Evaluación 2018 reconoce que existen pocos incentivos para que las personas con discapacidad asistan a la escuela, como lo son el bajo porcentaje de becas para esta población, la infraestructura que no se adapta a sus necesidades de movilidad, la poca o casi nula capacitación de adolescentes de acuerdo con los distintos tipos de discapacidad y la discriminación a la cual pueden ser sujetos.

Jóvenes

Respecto a la población joven, el Informe de Evaluación 2018 destaca que es necesario explorar si factores como el deterioro de la calidad de la educación media y superior, el desfase entre la oferta y la demanda de competencias profesionales, la falta de valoración de las competencias adquiridas o a la ausencia de empleos de buena calidad que puedan ajustarse a los altos niveles de calificación y aspiraciones de los jóvenes, pueden explicar el desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la escasa participación de los jóvenes con mayores niveles educativos en el mercado laboral.

Además, para las mujeres en edad normativa escolar, que se encuentran en situación de embarazo y maternidad, la educación obligatoria no se ha vuelto accesible a sus circunstancias por lo que resulta necesario generar políticas que faciliten la continuidad o reinserción social de las madres adolescentes e implementar medidas especiales que ayuden a disminuir el embarazo en menores de edad.

Por último, el Informe de Evaluación 2018 resalta que el derecho a la educación conseguirá la eficacia si los estudiantes logran adquirir, con un nivel suficiente de dominio, los conocimientos y habilidades que se esperan de acuerdo con los planes, objetivos y contenidos planteados por el Sistema Educativo Nacional o por evaluaciones internacionales.

Recomendaciones

De acuerdo con esta situación, el CONEVAL hace las siguientes recomendaciones para lograr un acceso efectivo al derecho a la educación:

  • Incrementar la disponibilidad de instituciones públicas que ofrecen educación media superior en regiones con poca oferta de servicios y alta concentración de población potencial.
  • Mejorar la focalización de la población a la que se le otorgan becas, distintas de las del Programa de Inclusión Social Prospera, midiendo mejor el grado de vulnerabilidad o necesidad económica de quienes la solicitan.
  • Explorar otros mecanismos de apoyo a la inclusión educativa (educación gratuita, becas de manutención de amplia cobertura) destinados específicamente a jóvenes de bajos ingresos en educación media y superior.
  • Construir inmuebles para fines educativos con todos los servicios y con materiales duraderos para los alumnos que actualmente asisten a clases en espacios construidos con materiales precarios o con otro tipo de insuficiencias, así como proveer mobiliario suficiente y los recursos pedagógicos necesarios a todas las escuelas.
  • Garantizar que las instalaciones cuenten con mobiliario y materiales para personas con discapacidad, así como explorar alternativas para incrementar su inclusión escolar y la conclusión de sus estudios.
  • Reforzar la evaluación de los procesos educativos.

(CONEVAL)

Fuente: http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/05/14/es-necesario-que-toda-la-poblacion-ejerza-de-manera-efectiva-su-derecho-a-la-educacion-coneval/

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100 Años de la Reforma Universitaria: Biazzi y Abinzano analizaron aspectos históricos y jurídicos que consolidaron el sistema público universitario y los desafíos actuales

Los dos prestigiosos investigadores de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Ricardo Biazzi y Roberto Abinzano, fueron los disertantes invitados a un panel sobre “100 Años de la Reforma Universitaria: Desafíos actuales” que fue coordinado por Néstor Álvarez, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en un evento organizado en el marco de las actividades de las Jornadas Científico Tecnológicas, por el 45°Aniversario de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Ambos profesionales con una extensa trayectoria, aportaron distintas visiones en sus respectivas conferencias, exponiendo un análisis desde el contexto histórico, social, cultural, político y jurídico, coincidiendo finalmente en la férrea defensa de la conquista lograda en aquella revolución juvenil que se gestó en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba sobre un nuevo sistema universitario basada en el principio de gratuidad y equidad que siguen siendo en la actualidad y a futuro el legado a proteger y defender en el país por la sociedad actual y las futuras generaciones.

La Reforma Universitaria es considerada en el mundo como un acontecimiento de gran importancia en la historia de Argentina y América. Desde aquel 15 de junio de 1918, fueron varios los principios reformistas conquistados, predominando la gratuidad y equidad para el acceso a la educación universitaria argentina.

En la actualidad, el sistema universitario está presente en todas las provincias argentinas, con alrededor de 2 millones de estudiantes, para un país de 44 millones de habitantes, significa que el 4.5 % de su población asiste a la universidad y el 80 % de esos, a una universidad pública.

Durante el panel realizado en la UNaM, el Dr. Abinzano brindó un análisis sobre la historia y el contexto social, cultural y político en el cual se dio aquella revolución de los jóvenes universitarios reformistas, reconocida como de un cambio trascendental para todas las universidades de América Latina, y fue la mirada sobre la cual el reconocido antropólogo sostuvo hay que profundizar en la actualidad. “Más allá de la Reforma en sí misma que tuvo un impacto histórico en las universidades, hay una lectura política de este proceso que se dio con una visión muy interesante de los jóvenes de aquella época -ya que no era un tema del que se hablara mucho- y que fue esta visión latinoamericana y anti-imperialista que ellos marcaron y que con el tiempo finalmente se fue consolidando. No fue solamente la conquista propia de la Reforma Universitaria. Algo que hay que tener muy en cuenta es que esta organización juvenil perdura en el tiempo y tuvo una enorme fuerza en la transformación de la Universidad. Y en esto, tuvo mucho que ver la política general de la Argentina en la época de 1918 y un poco antes de esta revolución juvenil que los sostuvo como reformistas. Después esta política se perdió en el país por otras causas, pero que también son profundas de analizar”, contextualizó el docente y antropólogo, después de repasar los hitos más importantes de la historia de luchas políticas y sociales del país.

Por su parte, el Dr. Biazzi focalizó su conferencia en los desafíos actuales y futuros desde la defensa jurídica y constitucional que sostiene el sistema de la educación universitaria argentina, tras los vaivenes que se enfrentaron y los logros alcanzados a 100 Años de la Reforma Universitaria.

Tras su conferencia, ambos profesionales dialogaron con Misiones Online, y marcaron las principales conquistas a defender por los jóvenes y nuevos “reformistas”, las materias pendientes a saldar.

El Dr. Biazzi llamó a los jóvenes a luchar “por sostener la gratuidad y autonomía en la educación universitaria. Son reivindicaciones alcanzadas y deben tener la tranquilidad de que son derechos consagrados en la Constitución Nacional y que los pueden ejercer”, fue el mensaje del docente.

Sobre los desafíos del sistema universitario, respondió en su conferencia sobre varios interrogantes que contextualizó con un análisis jurídico y político del escenario actual y futuro, tras los cambios trascendentales que sucedieron en el proceso de estos 100 años, después de la Reforma Universitaria.

Desafíos actuales

¿Qué es ser reformista hoy o cuáles son los desafíos a enfrentar?

Desde el marco legal del sistema universitario, hay que seguir manteniendo el régimen jurídico que regula la vida de las universidades, mantener el marco regulatorio público y estatal sobre las universidades argentinas en los terminamos conquistados.

Una pregunta que todos se hacen es desde cuándo se está cuestionando la legislación de la Educación Superior que se aplica desde las últimas décadas. En los años 90, señalando todo lo que significa como política de Educación Superior, se dejó instalado los principios rectores que atentan contra el desarrollo del sistema universitario, y que fueron concebidas desde políticas neoliberales que pensaron en otra Argentina, incluso con acuerdos de políticas económicas acordadas con el Banco Mundial, etcétera.

¿Y desde cuándo y cuántos fueron los que sostuvieron la necesidad de ese cambio en la legislación?

El rechazo de la comunidad académica es casi generalizado. Casi. Hay sectores de la comunidad universitaria que dicen que a esta altura de los tiempos la Reforma Universitaria de la Ley de Educación Superior es equivalente a una Reforma Universitaria tan trascedente como la que ocurrió en 1918, porque es en definitiva, en aquella época, cuando se logró consolidar un escenario de relación entre la Universidad y el Estado que hoy no tiene conflicto.

Independiente del lugar de defensa que uno se ubique, lo que queda claro es que hoy el sistema universitario necesita una re-legitimación tanto política como social e institucional de las normas jurídicas que regulan el sistema universitario argentino.

Por eso me preocupa escuchar algunas declaraciones que van en el sentido de este acuerdo generalizado, pero que no opera en la dirección que corresponde en base a ese discurso.

¿Por qué ocurre esto? ¿No hay algún grado de hipocresía o de oportunismo?

A veces, hay algunas expresiones rimbombantes que se hacen sin medir el impacto que puede tener sobre los hechos las mismas.

Incluso en este mismo escenario (Jornadas Científicos Tecnológicas de la UNaM), hubo quien sostuvo con cierto asombro que hayan pasado tantos años y no se haya avanzando en un cambio en la legislación a los efectos deseados en el sistema universitario. Hace poco,  en el diario La Capital, una conocida académica sostuvo como el motivo de que no se haya logrado aún modificar Ley de Educación Superior fue que “ni siquiera fue posible tratarla por las presiones de las grandes corporaciones, más que nada por los grandes bancos”. Ante esto, el periodista le repregunta asombrado: “¿No fue entonces por falta de acuerdo político? No”, responde en la nota.

Frente a estas expresiones públicas es donde me pregunto si no hay una falta de ejercicio de sinceramiento en admitir si en realidad lo que no hubo en estas décadas fue una falta de decisión política del mundo de la representación del país y las fuerzas sociales de la Argentina, para lograr que este cambio se produjera.

Sería más saludable la sinceridad, aunque a veces más que sinceridad es “sincericidio” como fue el caso de las declaraciones realizadas por el ex ministro de Economía Axel Kicillof, en agosto de 2016, cuando de visita en la Universidad de General Sarmiento responde al periodista Daniel Lencina sobre los motivos por los cuales durante el gobierno del kirchenirsmo no se derogó la Ley de Educación Superior. En resumen dijo:“Mira, la verdad que ahora que estoy en el Congreso, es espantoso lo que te voy a decir, pero no me voy a privar de hacerlo. Muchas veces con una ley se puede hacer una cosa y la contraria, es la verdad de la milanesa. Por más Ley buena que tengas, si el poder ejecutivo quiere desvirtuarla, lo hace. No quiere decir que no haya margen de acción, pero no me fijaría en todo esto que no se hizo, sino en lo que quedó”, fue su reflexión.

 

¿Cuáles serían entonces los desafíos que se debieran enfrentar?

Considero que  hay que evitar que entre todos se consienta que con un retroque cosmético se salva la cuestión de la Ley de Educación Superior del año 1995. Si estamos de acuerdo en que es una ley objetivamente mala, en cuanto a que propició una degradación relacionada a la carrera de  grado universitaria, generalización del posgrado en términos de una mercantilización del sistema, directamente, lo mejor es ser francos y solicitar la derogación de esta norma. Y que los representantes políticos de hoy tomen una definición y den un corte a esto.

Esto que parece una mera referencia al término legislativo, a mi entender en mucho más grave, cuando uno pasa al segundo desafío que es defender la gratuidad del sistema universitario. Nos encontramos frente a un pilar del orden conservador, que no se si solo está en el exterior de la universidad o también en el interior de nuestra propia casa de estudio.

Creo que el desafío de democratizar el sistema universitario es el de alcanzar si o si el sistema de los posgrado en la Argentina, que por una decisión del propio sistema universitario es arancelado en la actualidad. Estamos chocando contra una norma de mayor jerarquía que a la Ley de Educación Superior, y que es la Constitución Nacional que establece el principio de gratuidad para toda la educación pública estatal.

En definitiva, con estas actitudes estamos contrariando en las actividades de posgrado, educación a distancia, ciclos de complementación y otros que se promueven en forma arancelada en la propia universidad.

No es un suicidio de parte mía la propiciar este debate, ni es tirarnos a una pileta vacía. Soy consciente de lo que se necesita en el sistema universitario como transición, pero creo que falta tomarse decisiones en este sentido y hay que responder a una estructura de docencia y articulación de actividades que se tienen en el sistema, hasta tanto estos cambios se implementen.

Esto es parte del desafío democratizador de las universidades, de alcanzar esta plenitud en el principio de gratuidad.

Lo que ocurre es que el punto en que estos desafíos estarán atados también a resolver el problema presupuestario. Es una cuestión que pocos van a admitir y conjugar simultáneamente con ambos principios, porque se van a sacar el tema de la calidad, cantidad vs calidad, y nadie hará mención a que los países suelen tener gratuidad en sus sistemas de educación superior integralmente, como se da en Dinamarca, Suecia, Finlandia, que tienen gratuidad universal en el sistema universitario. Pero tienen impuestos de hasta el 30% sobre la renta de los grandes capitales y grandes intereses de esos países. Nosotros seguimos con los impuestos indirectos al consumo, al usuario, porcentaje que maltratan a la base social de la argentina, y no cobran un centavo a la renta financiera.

Hay que reivindicar este principio. La Constitución Nacional es clara y precisa, en su texto: “Cuando se lea la expresión Educación Publica Estatal, quiere decir educación oficial, la que se presta desde el estado en todos sus niveles y modalidades. Todo tipo de enseñanza que se financie con fondos públicos y a la cual le caben le aplicación de garantía de ambos principios: gratuidad y equidad”.

De esta manera, desde el texto de la Constitución Nacional hasta la interpretación que le dieron los constituyentes que sancionaron, no hay marguen para equívoco de que el principio de gratuidad y equidad es inexorablemente un principio que debe asumir el sistema universitario y la sociedad en general, y sus representantes políticos en particular.

Finalmente, para estudiantes de grados y posgrados que quieran asumir estas luchas, se  deben tener presentes que son derechos constitucionales que están redactados en un texto formal. “Pero, como decía José Martí , solo se tienen los derechos cuando se los ejerce”.

Esto algo que no debiera ser con criterio elitista para unos pocos, sino un peldaño en la formación de científicos y académicos, habilitados para esta democratización universitaria que hoy está impedida.

 

Reseña de los investigadores  

Ricardo Biazzi es Profesor Emérito de la UNaM. Egresado como abogado de la Universidad Católica de Córdoba, Magister en Administración Universitaria, y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador.

Fue Rector de la UNaM durante el periodo 1990-1994, y ocupó distintos cargos públicos a nivel nacional y  provincial. Entre ellos, fue Ministro de Educación de Misiones. Fue electo Diputado Provincial en el periodo 2005-2009, y fue miembro de la Comisión Constituyente para la Reforma de la Constitución Nacional en Santa Fe en 1994.

En su carrera académica también ocupó la presidencia del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y fue miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU 1996-2000).

Roberto Carlos Abinzano es Doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Antropología y Etnología de América Latina por la Universidad de Sevilla.

Licenciado en Ciencias Antropológicas de la UBA, Investigador Categoría 1 para el Programa de Incentivo. Ex Profesor miembro del Comité Académico del Programa de Antropología Social de la UNaM, ex profesor titular regular, y actual Profesor Emérito del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS-UNaM).

Fue decano de la FHyCS, periodo 1986-1990. Ex director del Centro de Estudios para la Integración Latinoamericana (CEPI) de la Secretaria de Investigación de la FHyCS.

En la actualidad es director del Programa Investigaciones Interdisciplinarias sobre regiones de Frontera, Estado, Sistema Socioculturales y Territorios, y del Proyecto de Relaciones Trasnacionales en la Región de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.

Fuente: http://misionesonline.net/2018/05/15/100-anos-de-la-reforma-universitaria-biazzi-y-abinzano-analizaron-aspectos-historicos-y-juridicos-que-consolidaron-el-sistema-publico-universitario-y-los-desafios-actuales/

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