El derecho (olvidado) de los docentes a una educación de calidad

Por: Hidalia Sánchez Pérez*

A últimas fechas se ha tendido a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad por sobre el derecho de otros actores, especialmente de los docentes. Al respecto, Katarina Tomasevski, quien fuera la primera Relatora Especial de laOrganización de las Naciones Unidassobre el derecho a la educación, destaca que “el derecho internacional de los derechos humanos exige la afirmación y protección de todos los derechos humanos de todoslos actores claves en la educación”, lo cual, desde luego, incluye a los docentes. En consecuencia, el derecho a una educación de calidad para todos, involucra a los docentes de dos formas: a) como portadores de obligaciones, es decir, como responsables de hacer realidad la calidad de la educación que reciben los alumnos; y b) como titulares de derechos, esto es, como actores educativos cuyos derechos también deben ser respetados y protegidos.

En la segunda perspectiva, como lo señala la UNICEF y la UNESCO, la concreción de los derechos de los docentes, implica que se les respete, se les brinde una remuneración justa, reciban una formación adecuada donde ellos tengan la posibilidad de participar en la definición de la misma; así como la posibilidad de participar en la definición de la política educativa y la de recibir los apoyos que resulten necesarios para que desempeñen sus actividades de forma adecuada a lo largo de su carrera profesional. Esto es así, dado que se considera que el reconocimiento de sus derechos y necesidades se constituye en un elemento fundamental que redunda en la mejora de la calidad de los docentes; y con ello, de la calidad educativa que brindan a sus alumnos.

En relación con el derecho que tienen los docentes a recibir los apoyos necesarios para mejorar su práctica, en México, la reciente creación del Sistema de Apoyo Técnico a la Escuela (SATE), prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), se puede decir que apunta en este sentido; si bien, aún no está claro cómo funcionará este sistema en la práctica. Tampoco resulta evidente si los docentes tendrán la posibilidad de participar en la definición de este tipo de apoyos. Al respecto, debería valorarse la importancia que tienen las redes creadas por los propios maestros para compartir sus experiencias docentes; y en razón de ello, buscar mecanismos para apoyar e impulsar este tipo de iniciativas.

En perspectiva, es necesario reconocer que la concreción del derecho a una educación de calidad está vinculada necesariamente con el derecho a aprender por parte de los propios docentes;  y en consecuencia, con la calidad de la formación inicial y continua que reciben.

En razón de ello, la UNICEF y la UNESCO, en el mismo documento, afirman que los procesos de formación inicial y continua que reciben los maestros deberían asegurar que éstos puedan desarrollar capacidades y competencias en los siguientes aspectos: a) la enseñanza centrada en el alumno; b) el desarrollo evolutivo de las capacidades de los alumnos; c) el aprendizaje mediante la participación; d) la función del docente como agente que facilita el aprendizaje; e) los derechos de los alumnos y la no discriminación; f) las formas positivas de disciplina y gestión en el aula; g) la enseñanza en contextos integradores; y d) la participación de los alumnos de todos los niveles en los entornos educativos.

Además, el derecho a aprender de los docentes y –por ende– la formación y el desarrollo profesional de los mismos debería estar centrado en avanzar hacia la consolidación de las dos grandes dimensiones a partir de las cuales, según la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), se configura la identidad de la profesión docente: a) el profesionalismo docente entendido como un proceso continuo de aprendizaje de los maestros a lo largo de la vida profesional, donde se requiere que adquieran tanto competencias cognitivas (conocer, manejar información y continuar aprendiendo acerca de lo propio de la disciplina) como pedagógicas (saber cómo enseñar y trabajar en contextos diversos y con grupos heterogéneos); y b) la profesionalidad docente que implica el desarrollo de competencias éticas y sociales para cumplir con el compromiso social inherente a su profesión y ejercer responsablemente sus obligaciones respecto de las decisiones que toma acerca de la educación, la escuela y su propia práctica.

En esta propuesta, el punto de partida del profesionalismo y la profesionalidad de los maestros lo constituye la formación inicial, por lo que cabe preguntar ¿actualmente qué tanto se cubren estos propósitos en las escuelas normales? Una respuesta parcial a esta pregunta, se encuentra al comparar los resultados obtenidos por los egresados normalistas con respecto a los egresados de otras instituciones de educación superior en los exámenes de ingreso a la docencia, donde se observa que, en general, los egresados de las escuelas normales obtuvieron mejores resultados que los egresados de otras instituciones de educación superior. Entre estos exámenes, particularmente en el Examen de Conocimientos y Habilidades para la Práctica Docente, que incluye una dimensión denominadaIntervención didáctica, que valora las capacidades y habilidades para la resolución de problemas didácticos, y otra designada Aspectos curriculares, que valora el grado de dominio de los contenidos y enfoques de enseñanza, los normalistas obtuvieron mayores puntajes que sus contrapartes universitarios (Sánchez, 2015).MAESTROS DE MAESTROS.DOS

Una tendencia similar se percibe en los resultados de otro de estos exámenes, Examen de Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético Profesionales, en donde en la dimensión de Compromiso ético, que valora las actitudes necesarias para el ejercicio de la profesión docente, los normalistas volvieron a obtener un mejor desempeño que los egresados de otras instituciones. No obstante, la ventaja obtenida por parte de los maestros normalistas no se mantiene en la dimensión de Mejora profesional, que valora las capacidades para la comunicación, el estudio, la reflexión y la mejora continua; y tampoco en la dimensión deGestión escolar y vinculación con la comunidad, que valora las actitudes necesarias para la gestión escolar y establecer vínculos con la comunidad.

Estos resultados ponen de manifiesto que, si bien, puede ser que la educación normal brinda una mejor formación a sus egresados en relación con su capacidad para realizar una intervención didáctica pertinente en comparación con los egresados de otras instituciones de educación superior, esta situación se invierte con respecto a las capacidades para la comunicación, el estudio, la reflexión y la mejora continua; así como con respecto a las actitudes para la gestión escolar y la vinculación con la comunidad. Lo cual, pone en entredicho  la capacidad de las Escuelas Normales para formar a los futuros docentes en estas habilidades.

De esta forma, se puede decir que en términos de la calidad de la educación que brindan las Escuelas Normales, éstas ofrecen una mejor formación en términos del profesionalismo docente, es decir, la capacidad de los docentes para adquirir a lo largo de su vida profesional tanto las competencias cognitivas como las competencias pedagógicas que requieren para mejorar su práctica; pero no ocurre lo mismo con respecto a laprofesionalidad docente, lo que implicaría que las Escuelas Normales brindan una formación de menor calidad que otras instituciones con respecto al desarrollo de competencias éticas y sociales que posibilitan a los docentes cumplir de manera responsable con su compromiso profesional.

De acuerdo con estos resultados, el derecho a la educación de calidad para todos, que incluye el derecho de los docentes a recibir una formación inicial de calidad, está siendo vulnerado. Cabría preguntarse, entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? 

Referencia

Sánchez Pérez, Hidalia (2015) “Diversidad en los resultados de la evaluación de ingreso a la docencia en Educación Básica”. Ponencia presentada en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizado del 16 al 20 de noviembre de 2015, en Chihuahua, Chih.

*Investigadora asociada del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Texto publicado en el Blog de Educación de Nexos

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México: Maestros disidentes de Chiapas continuarán en paro

América del Norte/México/Septiembre 2016/Noticias/http://lajornadasanluis.com.mx/

Maestros pertenecientes a la CNTE y padres de familia marcharon este sábado sobre la principal avenida de la capital chiapaneca. Foto Cuartoscuro

Emir Olivares Alonso

Ciudad de México. El magisterio disidente de Chiapas continuará con el paro de labores aun cuando el resto de las secciones que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han levantado la huelga que inició el pasado 15 de mayo.

Los docentes de ese estado mantendrán el paro debido a que -dijeron- el gobierno federal no concretó el “compromiso informal” que se había dado en las negociaciones entre el hoy ex subsecretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, y la sección 7 de Chiapas de no aplicar en la entidad la reforma educativa.

En asamblea nacional representativa, integrantes de la CNTE acordaron que la huelga magisterial adoptará “modalidades distintas”, es decir, se seguirá o levantará de acuerdo a las condiciones de cada una de las secciones del país.

Los profesores también definieron algunas de las siguientes acciones para continuar con su movimiento de oposición a la reforma educativa impulsada por el gobierno federal

En el documento de resolutivos de la asamblea, expusieron que seguirán marchas y movilizaciones en los estados, además de que es necesaria una reunión urgente con la comisión de mediación -conformada por diversas personalidades- a fin de que se reinstale la mesa de negociación con el gobierno federal.

Fuente:

Maestros disidentes de Chiapas continuarán en paro

Fuente imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/bk76v9g6v83LM_SJeIMZVPZBYzj0OfHRiguCpWE6a_2vsutsqg_CjOtBAm9IuAMmVSUffA=s127

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URUGUAY: Exigen resoluciones vinculantes para congreso de educación

Uruguay/entornointeligente/ 10 de Agosto de 2016.

El Observador / Los sindicatos de la enseñanza exigen al Poder Ejecutivo que al menos algunas de las resoluciones del Congreso Nacional de Educación sean vinculantes y tengan efecto a la hora de decidir sobre políticas educativas.

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, dijo a El Observador que las experiencias de los dos congresos pasados (2006 y 2013) han demostrado que para que el congreso sea «real», sus resoluciones deben ser tomadas en cuenta. Además, reclaman que la participación sea «más amplia» y los sindicatos participen de su organización.

Ayer El Observador informó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió aplazar la realización del congreso de educación previsto para este año. De esta manera, se incumple la ley General de Educación, que establece que el congreso debe realizarse el año posterior a la asunción del nuevo gobierno nacional.

Por el contrario, la ministra de Educación, María Julia Muñoz dijo a El Observador que el congreso se comenzará a preparar en las próximas semanas. «Se realizará en 2017 y probablemente termine en 2018», agregó.

Según la normativa, el congreso es el ámbito de discusión del Sistema Nacional de Educación, donde participan todos los actores del sector. Tiene carácter asesor y consultor. Esto es lo que quieren modificar los sindicatos.

Pocas consecuencias El primer congreso de educación se realizó en 2006. Fue convocado Tabaré Vázquez en su primer gobierno y de él surgió la ley General de Educación (2008), que entre otras cosas reglamentó esos encuentros.

Sin embargo, Pereira recordó que muchas otras resoluciones que se tomaron en él no fueron tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo y quedaron en la nada. De hecho, en aquel entonces una de las resoluciones del plenario fue eliminar el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, algo que no sucedió.

Con la ley de 2008 ya vigente, el gobierno de José Mujica fue el primero en incumplirla, ya que la convocatoria para el congreso se realizó en 2013. En esa instancia, el eje fue la universalización de la educación media, la generalización de la educación terciaria técnica y tecnológica, la formación docentes y el sistema nacional de educación.

Sin embargo, los reclamos gremiales impidieron que se tomaran decisiones concretas e incluso no se pudieron tratar temas previstos.

A su vez, a participación fue bastante menor respectoo a la de 2006. Mientras que en la primera edición el congreso contó con 1.700 delegados y 713 asambleas territoriales, en 2013 participaron 500 delegados y 256 asambleas.

Al respecto, Pereira manifestó que «se necesita que el congreso sea real». Es decir, que tenga «la más amplia participación posible» y que algunas de «sus resoluciones sean tomadas en cuenta para definir políticas educativas».

La dirigente sindical resaltó que los sindicatos «apuestan a este congreso».

Por esa razón señaló que más allá de las fechas, lo que importa es que esté bien organizado. «No es que estemos de acuerdo con que se haga en 2017, sino que somos conscientes de que para que un congreso tenga importancia en lo que resuelva, tiene que estar bien organizado», expresó.

URUGUAY: Exigen resoluciones vinculantes para congreso de educación

Con Información de El Observador

http://entornointeligente.com/articulo/8776917/URUGUAY-Exigen-resoluciones-vinculantes-para-congreso-de-educacioacute;n-09082016

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La privatización de la educación es objeto de un examen detallado en la Conferencia de la OIT

Fuente: Internacional de la educación / 8 de Junio de 2016

La amenaza que representa la falta de inversión pública en educación, la tendencia a la privatización y la erosión de los derechos fundamentales del trabajo en el caso de los profesionales de la educación son elementos que se pusieron encima de la mesa en la Conferencia anual de la OIT celebrada en Ginebra.

En su discurso ante el Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART) de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT, Wilson Sossion, Secretario General del sindicato de docentes Kenyan National Union of Teachers (KNUT) y Presidente del Comité Regional para África de la Internacional de la Educación (IE), expresó: “Nos encontramos ante un ataque estratégico contra la educación, puesto que la incursión de las empresas en el ámbito educativo y la externalización de la responsabilidad del Estado a empresas privadas constituyen una amenaza para la equidad, la inclusión, el desarrollo y la paz”. Sossion habló en su calidad de portavoz de los trabajadores en el debate sobre el informe del CEART. Tras un fuerte aplauso por parte del grupo de los trabajadores, ofreció un contundente relato de las principales amenazas a las que se enfrenta actualmente la educación.

El debate fue inaugurado por Akira Isawa, Director Adjunto del Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT, quien recordó que 2016 había marcado el 50º aniversario de la adopción de la Recomendación relativa a la situación del personal docente, 1966, que sigue siendo la única normativa profesional para la profesión docente a nivel mundial. Señaló que la Recomendación de 1966 y su Recomendación homóloga de 1997 para el sector de la enseñanza superior siguen siendo válidas a día de hoy, y recordó que ambas pueden utilizarse para promover la educación de calidad para todos.

En su declaración ante el Comité, Sossion observó que ni los Gobiernos, ni los sindicatos, ni los empleadores están familiarizados con las dos Recomendaciones y que sería muy útil que la OIT llevara a cabo programas de divulgación y sensibilización sobre el contenido de las mismas. Describió la campaña de la IE para conseguir un Objetivo de Desarrollo Sostenible independiente en materia de acceso a la educación, y dio cuenta de diversas tendencias peligrosas para el sector, entre ellas la falta de financiación adecuada, el uso de contratos precarios, la creciente desprofesionalización y el uso cada vez mayor de sistemas de control y rendimiento. 

Dijo que en más de 30 países se está contratando personal docente no cualificado y que los docentes de muchos países del mundo ven denegado su derecho fundamental a la libertad sindical y la negociación colectiva. Pidió que la OIT considerara adoptar un nuevo Convenio vinculante basado en estas dos Recomendaciones.

Otras de las intervenciones por parte del grupo de los trabajadores fueron las de José Antonio Zepeda (CGTEN-ANDEN, Nicaragua), Amanda Brown, (NUT, Reino Unido), Mikyung Ryu (KCTU, Corea), Lalia Djaddour (SNAPAP, Argelia) y Marcelo Di Stefano (CONTUA). Las intervenciones se centraron en las repercusiones negativas de la privatización y las violaciones de la libertad de asociación y de expresión. 

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