Por: Amnistía Internacional/01-12-2017
La vida y la seguridad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de El Salvador, Guatemala y Honduras —países acechados por la violencia— están expuestas a un peligro cada vez mayor, ya que las autoridades de sus países no las protegen, dejándolas sin otra opción que huir y enfrentar más peligros en México, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Sin lugar que me proteja revela el peligroso viaje al que se enfrentan las mujeres trans y los hombres gays refugiados que huyen debido al vertiginoso aumento de los niveles de discriminación y violencia por motivos de género en El Salvador, Guatemala y Honduras por parte de las bandas criminales y de miembros de las fuerzas de seguridad. El informe también acusa a las autoridades mexicanas de no proteger a estas personas frente a las violaciones y los abusos que sufren durante su viaje a través del país y hace hincapié en las insoportables experiencias que viven cuando son recluidas en el marco de la detención prolongada y sistemática de personas migrantes en Estados Unidos.
“En Centroamérica hay personas que sufren una terrible discriminación por su identidad de género, y no tienen absolutamente ningún sitio al que huir en busca de seguridad”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En sus países viven aterrorizadas y, cuando tratan de hallar refugio en el extranjero, sufren abusos; se cuentan actualmente entre las personas refugiadas más vulnerables de las Américas. El hecho de que México y Estados Unidos estén dispuestos a seguir mirando mientras estas personas son objeto de violencia extrema es, sencillamente, criminal
“En sus países viven aterrorizadas y, cuando tratan de hallar refugio en el extranjero, sufren abusos; se cuentan actualmente entre las personas refugiadas más vulnerables de las Américas. El hecho de que México y Estados Unidos estén dispuestos a seguir mirando mientras estas personas son objeto de violencia extrema es, sencillamente, criminal.”
El Salvador, Guatemala y Honduras tienen unas de las tasas de homicidio más altas del mundo:
81,2 por cada 100.000 habitantes en El Salvador; 58,9 en Honduras, y 27,3 en Guatemala, según cifras oficiales.
La mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la discriminación constante y los niveles de violencia que sufrían en sus países —tales como agresiones físicas y extorsión económica a manos de bandas criminales, y asesinatos— les hicieron sentir que no tenían más opción que huir.
Los elevados niveles de impunidad y corrupción en sus países hacen improbable que las autoridades castiguen a los responsables de crímenes contra las personas LGBTI, sobre todo cuando las fuerzas de seguridad están detrás de los ataques.
Según la ONG hondureña Cattrachas, 275 personas LGBTI perdieron la vida de forma violenta en el país entre 2009 y 2017. En la mayoría de los casos, no se llevó a las personas responsables ante la justicia.
Carlos, de Honduras, se vio obligado a huir a México tras ser agredido violentamente y amenazado de muerte por pandilleros por ser gay.
Contó a Amnistía Internacional: “Nunca intenté poner denuncia por lo que anteriormente les había pasado a unos amigos. De hecho, mi amigo […] fue a poner una denuncia, y ni bien había terminado de poner la denuncia que ya estaban en su casa de él, por esta razón se vino a México; otro amigo fue a poner la denuncia y en el camino lo mataron, después de poner la denuncia.”
Nunca intenté poner denuncia por lo que anteriormente les había pasado a unos amigos. De hecho, mi amigo […] fue a poner una denuncia, y ni bien había terminado de poner la denuncia que ya estaban en su casa de él, por esta razón se vino a México; otro amigo fue a poner la denuncia y en el camino lo mataron, después de poner la denuncia
Un viaje aterrador
Amnistía Internacional constató en los casos documentados que la brutalidad sufrida por los hombres gays y las mujeres trans en Centroamérica no termina cuando salen de sus países.
La mayoría de las personas entrevistadas para el informe afirmaron haber seguido sufriendo discriminación y violencia — incluso por parte de funcionarios públicos— en México, donde se tiene noticia de elevados niveles de violencia contra las personas LGBTI en general. Asimismo, muchas de estas personas dijeron sentirse inseguras en el país, ya que muchas de las maras y pandillas que las amenazaban en sus países de origen también actúan tras la frontera sur de México.
Según un estudio del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, dos tercios de las personas refugiadas LGBTI de Centroamérica con las que habló en 2016 y 2017 habían sufrido violencia sexual y de género en México.
Muchos hombres gays y mujeres trans también contaron a Amnistía Internacional que en ningún momento se los informó adecuadamente sobre su derecho a pedir asilo en México, pese al extremo peligro al que se enfrentarían en caso de ser devueltos a sus países. También se quejaron de que las autoridades mexicanas no los informaron sobre ningún avance relacionado con las investigaciones tras denunciar haber sufrido abusos contra los derechos humanos en ese país.
Carlos contó a Amnistía Internacional que, estando en México, unos agentes de inmigración trataron de disuadirlo de presentar una solicitud de asilo. A pesar de ello, finalmente la presentó y sigue a la espera de la decisión.
Varias mujeres trans que lograron sobrevivir al peligroso viaje a través de México y cruzar la frontera de Estados Unidos se quejaron del trato recibido bajo custodia. Otras fueron deportadas desde Estados Unidos y México y devueltas a sus países, a la pesadilla de la que desesperadamente trataban de escapar.
Cristel, una mujer trans salvadoreña de 25 años, contó a Amnistía Internacional que la recluyeron en régimen de aislamiento en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos tan pronto cruzó la frontera entre México y ese país, en abril de 2017.
Una semana después, la pusieron en una pequeña celda con ocho hombres. Al final, Cristel no pudo obtener asilo y fue devuelta a El Salvador, donde las maras siguen amenazándola.
“No quiero ser ilegal. Solo quiero vivir y estar segura”, ha contado Cristel a Amnistía Internacional.
“Cuanto menos actúen las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para proteger a algunas de las personas más vulnerables de América, más manchadas de sangre tendrán las manos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Estos gobiernos deben tomar urgentemente medidas decisivas para abordar los niveles epidémicos de violencia contra las personas LGBTI en la región y mejorar las políticas y las prácticas para garantizar que todas las personas que necesitan protección internacional pueden acceder a ella.”
Cuanto menos actúen las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para proteger a algunas de las personas más vulnerables de América, más manchadas de sangre tendrán las manos
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