El número de refugiados sirios en Turquía continúa en ascenso al superar los 3,2 millones, según los datos facilitados hoy por la Dirección General de Gestión de la Migración, dependiente del Ministerio del Interior.
Las cifras oficiales mostraron que la mayor parte de estos se encuentran en Estambul, en concreto 511 mil, mientras que las provincias de Sanliurfa y Hatay, en el sureste del país y limítrofes con Siria, acogen 445 mil y 416 mil, respectivamente.
El informe también señaló que a lo largo de 2017, más de 591 mil extranjeros obtuvieron un permiso de residencia en Turquía, una cifra notablemente más alta que la registrada a lo largo de todo el año pasado, cuando se concedieron 461 mil tarjetas de residencia.
Además se crearon 28 centros de acogida para las víctimas de la trata de personas, en los que desde el 15 de septiembre se alberga a 242 personas.
Igualmente se destacó que todos los refugiados sirios registrados tienen acceso a servicios de salud y educación.
Desde que en 2011 diera comienzo la guerra en Siria, más de 10 millones de desplazados huyeron de las zonas en conflicto, según Naciones Unidas, siendo Turquía el principal país de acogida para estos.
Autoridades del Ministerio de Educación, de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para garantizar espacios educativos y libres de violencia.
Con este acuerdo se espera atender puntualmente hechos de abusos psicológicos o físicos dentro de los centros educativos, indicó el secretario de Educación, Fánder Falconí.
Este acuerdo durará cinco años y su objetivo es prevenir, identificar y judicializar la violencia física, psicológica, o sexual en escuelas y colegios de todo el país
. El convenio establece el uso de procedimientos que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes, cuya integridad ha sido vulnerada o esté amenazada, dando prioridad a la asistencia a las víctimas de delitos sexuales.
En esa línea, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura tendrán que generar registro de los casos de delitos contra la integridad física y/o sexual de los estudiantes, así como atención, acompañamiento inmediato, la restitución integral y la reparación a las víctimas.
Falconí recordó que ese fue el caso de los estudiantes de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), en donde 41 niños fueron víctimas de abuso sexual en el año lectivo 2010-2011.
El ministro también se refirió a imágenes que circulan a través de redes sociales en donde aparecen estudiantes de un plantel, en Carapungo. Aseguró que se iniciaron investigaciones por parte de la Dirección Distrital y ya se levantó un expediente. “Luego de las investigaciones se tomarán las sanciones pertinentes”, garantizó.
Según el doctor Tomás Alvear, este instrumento permitirá tener una sola línea de acción interinstitucional y no esfuerzos aislados para enfrentar esta problemática. “Lo que buscamos es que estos espacios libres de violencia generen información para adoptar medidas más eficientes”.
Rosana Alvarado, ministra de Justicia, dio cuenta de que en el país habría 250 casos emblemáticos de maltrato. Aseguró que se ha dado seguimiento para cortar la cadena de violencia.
La funcionaria recordó durante la presentación de un informe de las Naciones Unidas, que Ecuador demostró avances en el tema, ya que ahora existe una mayor cultura de denuncias de abusos contra los niños. (I)
La UNESCO y la Fundación Mujeres por África han suscrito en París un protocolo de colaboración con el objetivo de promover la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y su liderazgo, en particular en África.
La firma del convenio ha corrido a cargo de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, y la presidenta de Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, quienes coinciden en que la actual situación social, política, medioambiental y económica del siglo XXI debe abordarse mediante un enfoque que impulse la igualdad de participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y liderazgo en todos los ámbitos y en todas partes del mundo.
El protocolo contempla la cooperación en el diseño y ejecución de iniciativas que contribuyan especialmente al empoderamiento y liderazgo de la mujer africana en los ámbitos de la educación y la investigación científica, dos de los ejes prioritarios del plan de actuación de la Fundación.
Asimismo, se establece también que las actividades conjuntas que se lleven a cabo en el marco de este acuerdo estarán destinadas a satisfacer las necesidades y potenciar las capacidades de las niñas y mujeres de este continente y, en especial, de las más vulnerables.
Finalmente, ambas partes se comprometen a generar y difundir investigaciones encaminadas a sensibilizar a la comunidad académica, a la clase política y gobernante, así como a la sociedad en general, sobre la igualdad y el empoderamiento de las mujeres africanas como grandes factores que son del desarrollo y avance del continente.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió hoy poner en el centro de la reconstrucción de las áreas devastadas por los terremotos que sacudieron México el 7 y 19 de septiembre y que han dejado en conjunto unos 442 víctimas.
“Hay siete millones de niños que viven en México en áreas necesitadas de inversión financiera para su reconstrucción”, señaló en la rueda de prensa bisemanal de la ONU el portavoz de Unicef, Christophe Boulierac.
“Hacemos hoy un llamamiento para que estos niños sean puestos en el centro de la inversión privada y pública después de los devastadores sismos del 7 y 19 de septiembre”, recalcó.
Según el portavoz, los siete millones de niños con necesidades especiales viven en las zonas más afectadas como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.
“Necesitan higiene, nutrición, cuidad de salud, acceso a educación y apoyo psicosocial”, recalcó Boulierac.
Según el portavoz de Unicef, los terremotos destruyeron unos 10.000 escuelas en ocho estados.
“Si no se hacen frente a estas prioridades urgentes, las consecuencias para los niños afectados y la sociedad en su conjunto serían muy graves”, advirtió
En este 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, vale tener en cuenta algunas de las estadísticas que llaman a pensar en qué tan violenta es la sociedad en el Ecuador y en el resto del mundo.
En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual; sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%.
Seis de cada diez mujeres han sido tratadas violentamente en algún momento de su vida. Las estadísticas muestran que este es un problema social que no distingue etnia, edad, orientación sexual, nivel de educación, ingresos económicos, etc.El Ministerio del Interior registró que en el primer trimestre del 2016 hubo 251 asesinatos y homicidios (12% menos que en el mismo periodo de 2015), de los que 121 fueron por violencia criminal y 130 por violencia intrapersonal.La Coalición de Mujeres del Ecuador, en su denominado Informe Sombra, con datos condensados hasta el 2014 y presentado en octubre de 2016 , menciona la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, su estado de indefensión y violación sistemática de sus derechos.
Durante el 2014 fueron registradas 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas. Según el informe, la violencia sexual es una pandemia en el Ecuador.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por la Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011), seis de cada diez mujeres y niñas de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. 380 mil mujeres han vivido este tipo de agresión.El análisis de Seguridad, Justicia y Paz, una organización mexicana que produce un índice mundial de la violencia, 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Latinoamérica. Las 7 restantes, en Estados Unidos (4) y Sudáfrica (3).
Una nota del blog Foco Económico indica que el 33% de todos los homicidios del mundo se dieron en nuestra región.
Camila Vallejo fue una de las caras más reconocidas de la lucha estudiantil chilena para conseguir la gratuidad de la educación. Ahora está cerrando su primera legislatura como diputada por el Partido Comunista.
Fue uno de los principales rostros del movimiento estudiantil chileno que en 2011 logró poner en jaque al Gobierno conservador de Sebastián Piñera, exigiéndole una “educación pública, gratuita y de calidad”. Su liderazgo dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la agrupación universitaria más antigua y simbólica de Chile, le entregó la popularidad que cultivó también desde la calle.
Ante los oídos sordos del entonces mandatario chileno, y pese a la desconfianza inicial en el sistema institucional, decidió tratar de impulsar los cambios desde dentro del Congreso. Con sólo 25 años, Camila Vallejo se convirtió en diputada por el Partido Comunista. Junto con otros tres líderes estudiantiles del momento, saltó al mundo de la política formal con la reforma educativa como una de sus principales prioridades.
Hoy, con 29, preside la Comisión de Educación del Congreso y está punto de cerrar su primera legislatura con el objetivo prácticamente cumplido. Quizás no con la profundidad que desearía, pero al fin y al cabo, con cambios destacables para revertir un sistema educativo que registra tasas más altas en la educación superior pública que en la privada, y cuyas universidades estatales son las segundas más caras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por detrás de Estados Unidos.
El fin al lucro, la gratuidad universal progresiva -tanto en educación escolar como en superior- o el traspaso de las competencias educativas de los municipios al Estado para terminar con la desigualdad entre centro educativos, son algunas de las propuestas que esta geógrafa de profesión ha peleado a fondo desde su escaño en los últimos cuatro años.
Camila Vallejo durante su época de líder estudiantil. / Flickr
¿Qué la llevó, a nivel personal, a levantar la lucha por una reforma educativa hasta convertirse en dirigente estudiantil?
Durante mi ingreso a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile empecé a tomar consciencia de la necesidad de hacer un cambio en el sistema educativo. Empecé a trabajar con compañeros, a levantar centros de estudiantes -porque no había en mi carrera-, a participar en instancias de la facultad y a involucrarme en los debates de la Federación de Estudiantes.
Me impliqué principalmente viendo mi realidad del endeudamiento y el de mis compañeros, que no podían pagar las carreras en la universidad pública, ni tampoco la comida o los materiales. Ahí empecé a cuestionar por qué la universidad pública no tiene financiamiento estatal como corresponde y tiene que autofinanciarse cobrando aranceles y provocando mucha desigualdad dentro de sus facultades.
¿Qué déficits enfrentan las universidades públicas en Chile?
Las universidades del Estado y particularmente la Universidad de Chile, que sigue siendo un referente muy importante en nuestro país y en el mundo, tiene que cobrar aranceles de 4.000 dólares al año para poder mantenerse. Eso hacía que no todos pudieran entrar y los que lo hacían tenían que endeudarse. No parece sostenible cuando la mayoría de las universidades del mundo son públicas, gratuitas o tienen financiamiento por parte del Estado. La Universidad de Chile se financia con menos de un 20% de aporte estatal. Es muy difícil ingresar a la educación superior con estos costos. Es perverso y no me parecía factible.
¿Así decidió pasarse de los movimientos sociales a las instituciones?
Fue un paso difícil pero necesario porque en un momento había millones de personas en las calles marchando, con apoyos de toda la familia. Era un movimiento muy transversal y diverso que tenía más del 80% de apoyo a sus demandas. Teníamos la mayoría, teníamos la razón, y el respaldo de investigaciones y estudios internacionales que hablaban de la educación de mercado en Chile. Pero nos faltaba algo: el Gobierno [de Sebastián Piñera] no quería recoger las demandas y defendía la educación privada, el lucro y el mercado. Por otra parte, había un Parlamento que no respondía a hacer cambios reales, y no había quórums suficientes para impulsarlos.
Ahí decidimos que no bastaba con marchar sino que había que llevar estas demandas a las instituciones para poder decidir y no que los otros hicieran los cambios por nosotros.
¿Qué supuso para usted dar ese salto?
No fue fácil. Hubo mucha crítica porque éramos dirigentes estudiantiles y nos metíamos en una institucionalidad muy desprestigiada. Pero lo hicimos y se lograron avances importantes respecto a las demandas que teníamos.
¿Que establece la reforma de la gratuidad que se encuentra hoy en su segundo trámite en el Senado?
Desde este año, el 50% de los estudiantes con más bajos ingresos ya estudian en la universidad de forma gratuita. El próximo año esto se amplía al 60% y se incorporará un mecanismo para llegar al 100% a futuro, sin pagar ni derechos de matrícula ni aranceles. El requisito para que el Estado financie a las universidades es que no tengan fines de lucro y que dispongan de un certificado de calidad.
Además de la gratuidad, las universidades públicas tendrán otros avances.
Sí. Superaremos algo que nos dejó la dictadura y que el gobierno de la transición no pudo solucionar: la desarticulación y falta de recursos. La reforma vuelve a articular las universidades estatales en una red y les otorga financiamiento adicional directo y permanente para docencia, investigación, extensión o infraestructura. Este aporte es aún insuficiente y tendría que aumentar para que puedan crecer las matrículas.
También establece una estatuto propio de la universidad, que la mayoría de ellas no tienen y siguen con los estatutos de la dictadura militar.
¿Cómo avanzarán estas propuestas si se cumplen los pronósticos electorales que prevén la llegada de la derecha al Gobierno tras las elecciones de noviembre?
Creo que vamos a poder avanzar. Desde el primer día, todas las reformas han sido amenazadas por la derecha con llevarlas al Tribunal Constitucional, y han entorpeciendo los trámites legislativos. Para nosotros esto no es nuevo y estamos preparados para estos escenarios. Tendremos que trabajar con premura para llegar con todas las reformas educacionales aprobadas al fin del mandato de Bachelet.
¿Cómo evalúa estos cambios en la educación?
Son cambios históricos y democráticos, que se han dado con mucha dificultad y resistencia porque hay intereses políticos, ideológicos y económicos de quienes quieren mantener el legado de la dictadura militar a toda costa. No es sólo una cuestión cultural.
Si sale reelegida como diputada, ¿qué temas podría plantear para una nueva legislatura?
En educación, habrá que monitorizar la reforma porque muchas cosas se irán implementando en los próximos años.
Además, serán temas el apoyo a la formación técnica estatal, la extensión de la jornada en los colegios o sus estructuras de financiamiento, ya que una parte importante sale de una subvención por asistencia y en los colegios más vulnerables los niñas y niños asisten menos por distintas razones, lo que promueve la desigualdad.
El Congreso cuenta con unanimidad. Todos los partidos instan al Gobierno a poner en marcha un plan nacional contra este trastorno que puede cambiar la vida a más del 10% de la población.
La dislexia afecta aproximadamente a 700.000 escolares en toda España. Se trata de una tipología de las llamadas Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) y lo que supone es un obstáculo añadido a tareas como el lenguaje, ortografía, escritura, pronunciación y expresión oral. Es decir, las capacidades de comunicación se ven alteradas. No existe una fórmula mágica para vencerla, pero sí muchas posibilidades para combatirla y, finalmente, tras años de intentonas por parte de miles de familias, el Congreso ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a implementar un plan nacional que sirva de ayuda a todos los niños afectados y que sea similar al que existe en otros países europeos como Francia o Alemania. Ahora toca que el Ejecutivo cumpla después de que el socialista Ángel Gabilondo empezara a plantearlo y el popular José Ignacio Wert metiera el asunto en el cajón.
La falta de regulación de este amplio colectivo afecta, en la práctica, a varias cuestiones importantes. La primera de ellas es el fracaso escolartan demostrado en distintos estudios, como los sonados informes de la OCDE que a tantas instituciones hacen llevarse las manos a la cabeza. La Proposición No de Ley (PNL) que llevó el grupo parlamentario de Ciudadanos a la comisión de educación del Congreso esta semana, encaminada a que por fin se ponga en marcha un plan nacional en todas las CCAA para tratar esta situación y que se aprobó por unanmidad, aseguraba que el fracaso escolar podría verse reducido hasta en un 40% si hubiera un diagnóstico real de todas las personas disléxicas.
María Sanz, portavoz de la asociación Madrid con la Dislexia, insiste en la importancia de que haya una identificación del colectivo. «En el censo de los informes de la OCDE, por ejemplo, están todos esos niños que tienen estas dificultades pero no están registrados. Niños con muchos profesores particulares y que siguen sin mejorar o que no leen bien y nadie entiende por qué». En realidad, es un problema estructuralque debe empezar a resolverse por que el profesorado cuente con una formación específica. El principal asunto a tratar es la lectura. María Sanz recuerda que hoy en día no existen analfabetos en Madrid, pero sí hay muchos ‘malos lectores’.
Estudiantes durante el examen de Selectividad. (EFE)
El presidente de la Federación Española de Dislexia, Jesús Gonzalo, pone el acento en la formación. «En las facultades de magisterio ni siquiera se trata este asunto. Los profesores están completamente desinformados y no acceden a las novedades que surgen en la educación», afirma a este diario. Desde hace años estas asociaciones se movilizan en busca de atención y de soluciones para los miles de niños que sufren este problema. Su esperanza llegó esta semana al aprobar el Congreso una PNL con el apoyo de todos los partidos, incluido el del Gobierno, que es en última instancia quien deberá dar luz verde al plan.
Y la mayor gravedad no solo recae en la falta de regulación, sino en las desigualdades dependiendo de la comunidad autónoma en la que cada cual esté. Por ejemplo, en Murcia o Cataluña existen ‘ayudas’ —medidas flexibilizadoras, en realidad— que permiten a los escolares con dislexia acceder después al sistema universitario de todo el país, como el madrileño, mientras que los estudiantes de Madrid se ven limitados por esa falta de ayudas.
Marta Martín: «Estas cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas y encima tienen un coste bajísimo. Hay que hacer que funcione ya»
Las llamadas medidas de accesibilidad o flexibilización que están recogidas en el PNL aprobado en el Congreso son tan sencillas como la disposición de un tiempo extra, que el formato de los exámenes se limite a una carilla, leer las preguntas en voz alta o señalar la información principal de los textos en negrita. «Estas cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas y encima tienen un coste bajísimo. Hay que hacer que funcione ya», afirma la diputada naranja, Marta Martín, impulsora de la iniciativa que también ha respaldado el partido del Gobierno.
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)
Los estudiantes con dislexia no solo se ven perjudicados por la falta de estas iniciativas, sino que además se enfrentan a otra discriminación en el sistema de becas. Mientras hay colectivos, por ejemplo de altas capacidades o educación especial que acceden a él, no existe un programa específico para niños con dislexia pese a que su dificultad de aprendizaje aparece recogida como «alto riesgo de vulnerabilidad» en la propia LOMCE.
Especialmente relevante es el amplísimo número de personas que se ve afectada por la dislexia. En España, sin que exista un registro formal, ya se habla del 10% de la población. Ciudadanos, impulsor de la iniciativa, habla de 700.000 personas hoy en día. María Sanz afirma que en las organizaciones internacionales hablan del 17 al 20 por ciento en cada país, e insiste en que es poco probable que España sea la excepción con menos casos: lo que ocurre es que todavía no están identificados.
Las asociaciones se muestran «escépticas», aunque el consenso parlamentario les ha vuelto a dar alas
Por eso, la proposición al Ministerio de Educación que lidera Íñigo Méndez de Vigo insta a que se cree también una base de datos para obtener información a mayor escala y mejorar el protocolo de detección, además de exigir una coordinación necesaria entre los distintos profesionales que atienden a los alumnos, desde el punto de vista educativo, sanitario y social. Las asociaciones aún se muestran «escépticas», aunque el amplio consenso parlamentario les ha vuelto a dar alas. Precisamente el 5 de octubre se celebra el día internacional de la dislexia y, aunque llevan años detrás de una regulación similar y no son partidarios de creer en casualidades, reconocen que este es un momento más que oportuno para pasar a la acción.
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