América del sur/Argentina/02 Septiembre 2017/Fuente: Actualidad.rt
Un sindicato docente elaboró un material para abordar el caso Maldonado con los estudiantes. El Gobierno cuestionó la decisión.
Esta semana se desató una polémica cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dio a conocer un instructivo para docentes. El material plantea distintas formas de abordar en las aulas el caso de la desaparición el pasado 1 de agosto de Santiago Maldonado.
Tal como informó el diario ‘La Nación’, las propuestas están segmentadas de acuerdo a los distintos niveles educativos: jardín de infantes, escuela primaria y escuela secundaria.
Difunden nuevas imágenes de Santiago Maldonado antes de su desaparición con un aspecto diferente
Al igual que lo que plantea la familia del joven, el instructivo apunta que lo que sucedió con Maldonado fue una «desaparición forzada a manos de Gendarmería«. Además sostiene la necesidad de trabajar con los estudiantes preguntas como «¿Quién es Santiago Maldonado?» y «¿Qué hacía?». Todo esto enmarcado en la lucha de los Pueblos Originarios de Argentina que reclaman sus tierras.
Asimismo se postula indagar «sobre las actividades de represión, control o censura hacia la cultura» y su repercusión «en la vida de las personas en alguno de los gobiernos dictatoriales y en la actualidad bajo la desaparición forzada de Santiago Maldonado». También se propone pedirles a los alumnos que recopilen noticias sobre el tema y analicen lo que cada medio de comunicación plantea al respecto.
La respuesta del Gobierno
Al conocerse el instructivo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, opinó que se busca utilizar «un tema absolutamente delicado como el caso Maldonado para hacer política adentro de las escuelas». Y defendió que el Gobierno «ha puesto todos los recursos del Estado» para buscar al joven.
Citado por el diario ‘La Capital’, calificó el documento de «injurioso» y aseguró que lo que ha hecho CTERA «es de una irresponsabilidad, de una grosería y de un enanismo intelectual como no he visto en los últimos años en la Argentina». En el mismo sentido el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, opinó que «lo más doloroso es utilizar a los chicos en este tema, desinformando o adoctrinándolo, sobre todo hablando de gremios de la docencia».
Alentado por estas declaraciones, un grupo de personas instaló en las redes sociales la etiqueta #ConMisHijosNo para rechazar que se trabaje el tema en las aulas. Además difundieron un número telefónico para quejarse, que pertenece al Centro de Atención Telefónica del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Ciudadanía y derechos humanos
Facundo, profesor de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, opinó que «el tema hay que plantearlo como lo que es, algo muy grave«. «Se trata de un desaparecido en democracia a manos de fuerzas de seguridad que dependen del Estado», dijo en diálogo con RT, defendiendo el abordaje de la temática con los estudiantes.
«Esto ya está planteado en toda la sociedad argentina, no es que los docentes estamos instalando un debate», añadió. Asimismo destacó que los profesores trabajan permanentemente «temáticas que tienen que ver con la construcción de la ciudadanía» y para que se «respeten los derechos humanos de ayer y hoy, como marca el estatuto docente».
En respuesta al Gobierno aseguró que no les están diciendo a los alumnos «qué tienen que votar», sino que están trabajando «un tema social que conmueve a todo el pueblo argentino«. «Esto se le está yendo de las manos al Gobierno y busca manchar a los docentes antes que a la Gendarmería», lo cual es «muy grave». «Nos están acusando de adoctrinamiento y no dicen nada de las fuerzas de seguridad», concluyó.
Argentina/31 agosto 2017/Fuente: MST Nueva Izquierda
En medio de una reaccionaria campaña promovida por el gobierno hacia las maestras y profesores que esta semana preguntamos por Santiago Maldonando en las escuelas, han tomado difusión estas fotos que muestran al candidato a senador del PRO, Esteban Bullrich y al intendente de Cambiemos, Jorge Nedela, visitando la Escuela Primaria 14 de esa localidad, junto al candidato a Concejal -y también hermano del intendente-, Leandro Nedela, quien además es Director de Defensa Civil.
El actual ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, dijo prohibirlo en su momento por medio de una Resolución: no es posible hacer proselitismo en las escuelas. Pero hoy cuestionó a los docentes que nos preguntamos por Santiago Maldonado.
Finocchiaro y la ministra Bullrich acusaron a lxs docentes de ejercer un supuesto “adoctrinamiento”. Pero no usamos a los chicos ni les decimos lo que deben pensar. También tildo a lxs educadores de “enanismo intelectual” por buscar -según el ministro-, “introducir la lucha política partidaria en las escuelas”. Nada más alejado de la realidad. Aspiramos a reflexionar sobre la democracia, los derechos sociales y demás contenidos curriculares. No es adoctrinamiento. Sino ejercicio de la libertad de cátedra y respeto a los contenidos estipulados. Como la defensa de los derechos humanos y la vida en democracia. Pero no nos van a callar.
Que se trata de una desaparición forzada de persona lo dictaminó la justicia. No puede Finocchiaro hablar de “una canallada” de la docencia porque así lo entienden la fiscal y el juez en la investigación, al cambiar la carátula de la causa. Y vale aclarar que esta figura jurídica se aplica únicamente cuando la hipótesis es que el responsable de dicha desaparición forzada es el Estado o sus agentes. Y corresponde la inversión de la carga de la prueba: quien debe demostrar los hechos no es el querellante sino el propio Estado, sospechado de responsable.
¿Miente, miente que algo queda…?
El propio Finocchiaro tuvo que reconocer que los docentes “pueden tocar temas de actualidad dentro del aula y tienen plena libertad de opinión”, pero al final terminó amenazando con sanciones… ¿Para el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, por hacer campaña en una escuela primaria…? No. Amenazó a los docentes por defender valores democráticos que el gobierno debería acompañar y propiciar. Incluso generando propuestas aúlicas para desarrollar sobre este hecho que conmociona a la sociedad y sobre el que los chicos cuestionan.
Finocchiario debió reconocer que “el caso Maldonado puede ser tratado dentro de los marcos pedagógicos de la escuela”. Pero, según él, “si la dirección cree que ese marco ha sido excedido, tienen las herramientas para sancionar a los docentes, desde apercibimiento a sanciones mayores…”.
Un despropósito. Y lo más grave es que Finocchiario y la ministra Patricia Bullrich mintieron al decir que en las cartillas o guías pedagógicas de CTERA, “se dice que a Maldonado se lo llevó la Gendarmería y eso no está probado…”. Y esa afirmación es falsa, sólo busca confundir y encubrir a la fuerza acusada de la desaparición de Maldonado. Por suerte, las cartillas son públicas y cualquiera lo puede comprobar en la Web de SUTEBA.
¿Qué actividades y debates desarrollamos en las escuelas?
Como parte activa de una sociedad conmocionada los docentes propusimos debatir tópicos como democracia, dictadura y participación social. Por qué el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. También se hizo “Memoria” sobre la desaparición de Julio López.
Se solicitó a los alumnos buscar noticias referidas a Santiago Maldonado y analizar qué dicen los medios o las autoridades. Se tomó lista en las escuelas nombrando a Santiago. Se debatió sobre la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Con canciones y preguntas que sirvieran de disparadores.
Se analizó el Artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad, así como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
¿Esos serían los “excesos” que dijo ver el ministro Finocchiaro…? En realidad el único exceso es el clima social que tratan de imponer. Por eso machacan también con que otra falacia: que todo sería obra de “los gremios docentes kirchneristas”. Saben que el gremio docente, muy luchador y comprometido con la escuela pública, la libertad, democracia y la igualdad social, no es kirchnerista. Pero no importa. Todo vale para intentar desprestigiar una demanda legítima.
Habrá sí dirigentes y afiliados K como los hay también los de la izquierda, del PJ, la UCR, votantes de Massa y hasta de Cambiemos. Por todo esto, la postura oficial termina siendo lamentable y en nada contribuye a saber la verdad ni a promover el espíritu crítico y reflexivo, como tampoco el compromiso activo con los valores básicos de libertad y derechos sociales. Otra muestra de la doble cara y vara del macrismo.
¿Dónde está Santiago Maldonado?Viernes 1º, todos a Plaza de Mayo y demás plazas del país. Por su aparición con vida ya. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos.
La Unesco anunció hoy a cinco ganadores de los Premios Internacionales de Alfabetización, entre los que figuran la Alcaldía de la ciudad de Armenia, Quindío, por su plan de alfabetización digital.
La Secretaría de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones fue galardonada por el programa AdulTICo, que reúne a «adultos mayores para enseñarles competencias digitales que faciliten su participación social, su inclusión y la interacción con otras generaciones», indicó el organismo.
La Alcaldía de Armenia obtuvo el premio de la categoría UNESCO-Confucio de Alfabetización, que tiene el apoyo del Gobierno de la República Popular de China y recompensa iniciativas de alfabetización de adultos en zonas rurales y de jóvenes fuera de la escuela, especialmente niñas y mujeres.
La ceremonia de entrega se celebrará el 8 de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en París, con la presencia de su directora general, la búlgara Irina Bokova.
Las «nuevas tecnologías brindan nuevas y amplias oportunidades para mejorar nuestra vida y conectarnos a escala mundial, pero también pueden marginar a quienes carecen de las competencias esenciales (…) que se precisan para utilizarlas», señaló en un comunicado Bokova. Los otros cuatro proyectos premiados proceden de Canadá, Jordania, Pakistán y Sudáfrica.
La ministra italiana de Educación, Valeria Fedeli, ratificó hoy aquí la obligación de presentar la acreditación de vacunación para el ingreso de los menores de 16 años al sistema de enseñanza, en el nuevo curso escolar.
La titular aseguró a una emisora de radio local que no cree habrá prórroga en la entrega de la documentación que avale la inmunización o la reservación de un turno para hacerla, y se mantiene como fecha límite el 10 de septiembre, para las guarderías y jardines de la infancia.
Reconoció que como resultado del debate nacional sobre el tema, existe en la actualidad una mayor conciencia por parte de los padres, sobre la necesidad de la inmunización para proteger a sus hijos, por lo que su mayor preocupación es la carga burocrática que tendrán que asumir las escuelas.
La ministra aseguró que se trabaja entre las dependencias regionales y provinciales de educación con las entidades y servicios sanitarios locales, para facilitar el acceso de los padres a la documentación requerida, aspecto más importante sobre el cual labora su ministerio en estos momentos.
De acuerdo con lo dispuesto la vacunación es obligatoria, y solo puede omitirse o aplazarse, ante un peligro comprobado para la salud de la persona, lo cual debe ser clínicamente certificado por el médico o pediatra de cabecera.
Cuando a través de los controles se detecte un menor sin recibir la vacunación según el calendario, los padres o tutores serán convocados en tres ocasiones por diferentes vías, hasta una multa de hasta 500 euros cuando no respondan a la citación.
La sanción, puntualiza el documento, no suprime la obligatoriedad y por tanto mantiene vigente la disposición de prohibición de acceso a guarderías y jardines de la infancia públicos o privados de los niños.
La circular de Salud tras explicar el origen, desarrollo y situación actual de la vacunación en Europa y el resto del mundo, recordó que son 10 las vacunas obligatorias y gratuitas, reguladas por un calendario nacional, además de otras cuatro recomendadas.
Precisó también que el ministerio llevará un control de la vacunación en tiempo real, sobre sujetos vacunados, programados, inmunizados como resultado de la enfermedad y de las personas a las que exentas o con dosis diferidas.
Además hace un llamado a tener cuenta la importancia de la vacunación de los trabajadores de la salud y estudiantes del sector, por exposición a enfermedades como el sarampión, paperas, rubéola, tos ferina y varicela.
El barrio barcelonés de Sant Andreu del Palomar se convirtió en el primer lugar en albergar una escuela pública LGBTfriendly.
Turó Blau es el colegio que va a implementar el programa Escuelas Rainbow, que está enfocado en sensibilizar a los alumnos sobre la diversidad de género.
La Asociación de Familias LGBT+ aplicará el programa didáctico que tiene una duración de dos años, y está financiado por el fondo de solidaridad de los concejales de Barcelona en Comú.
La presidenta de dicha asociación, Katy Pallas, explicó que su proyecto busca prevenir las conductas homofóbicas que son comunes entre los niños que no han recibido una educación adecuada por parte de sus padres.
Tres profesionales se encargarán de formar a los docentes, y a todo el personal que labore en el colegio para que incluyan materiales didácticos que celebren la diversidad y diferencias entre género y sexo.
Algunos de los materiales que se van a incluir dentro del plan de estudios son los cuentos “Aitor tiene dos madres”, “El gran libro de las familias”, “Papá, papi y yo” y “La princesa valiente”. También se contemplan los documentales “Hom Baby Boom” y “Right Love”, que aborda la situación legal de las familias LGBT+.
La iniciativa está inspirada en otra similar que se lleva a cabo en Inglaterra desde hace diez años, y es el único de ese tipo en Cataluña. Esperemos que pronto se extienda a toda España.
5.000 refugiados afganos de la etnia hazara viven Cisarua (Indonesia) en un limbo legal a la espera de ser reubicados en otro país.
Un refugiado hazara decidió montar un colegio en la localidad para apoyar a los adultos y niños mientras esperan que sus solicitudes se resuelvan.
Indonesia no está adherida a la Convención de Ginebra de 1951, por lo que los refugiados solo pueden solicitar el reasentamiento con Acnur, un proceso que puede demorarse varios años.
Despunta la mañana en la tranquila localidad de Cisarua, ubicada en una región montañosa conocida como Puncak, unos 70 kilómetros al sur de Yakarta (Indonesia). La familia Sulthani prepara un sencillo pero copioso desayuno a base de huevos, yogur casero y naan (pan afgano) recién horneado.
Sentados en el comedor de la casa que alquilaron hace dos años y ocho meses, cuentan su historia mientras comparten una taza de té. Los Sulthani, junto con sus dos hijos de cinco y nueve años, decidieron huir de Afganistán debido al clima de inseguridad permanente que se vive en el país centroasiático. Son afganos hazara, una minoría étnica chií que forma cerca del 20% de la población total del país.
Discriminados durante siglos por la mayoría pastún, los hazara se consideran extranjeros en su propio país. Aunque la Constitución de 2004 reconoce su condición de ciudadanos con plenos derechos, en la actualidad todavía se sienten excluidos y perseguidos por los talibanes y otros grupos suníes radicales como el Estado Islámico.
Sus rasgos asiáticos y su dialecto del persa, distinto al pastún, les convierten en un blanco fácil para estos grupos armados que perpetran atentados contra civiles hazara tanto en territorio afgano como paquistaní. Ante esta situación de violencia permanente y la falta de vías legales y seguras, muchas familias han optado en los últimos años por huir recurriendo a los servicios de los traficantes de personas en dirección a Europa, Estados Unidos o Australia.
Sin más ayuda que los ahorros «de toda una vida»
Miles de ellos siguen esperando una nueva vida en Cisarua, donde han logrado poner en marcha su propia escuela. Es el caso de los Sulthani. Cuentan que pagaron 6.000 dólares por cada adulto y 3.000 por cada menor de la familia para poder salir de Afganistán. Eran, dicen, los ahorros «de toda una vida» de duro trabajo. Los contrabandistas, tal y como relata la familia afgana, se encargan de comprar los billetes de avión, falsificar los pasaportes y «sobornar» a los agentes de inmigración de los países donde los refugiados deberán hacer escala.
La familia voló primero a India, luego a Singapur y finalmente a Yakarta, donde a su llegada, aseguran, les esperaba un individuo que «se saltó» los trámites de inmigración y les confiscó el pasaporte. Una vez dentro del país, indocumentados y sin permiso para permanecer legalmente en Indonesia, los refugiados dependen de sus propios medios para sobrevivir.
Los Sulthani se desplazaron hasta Cisarua pocos días después de su llegada, cuando un familiar les informó de que había otros hazara en dicha localidad. Muchos de los solicitantes de protección internacional que llegan a Indonesia reciben la ayuda económica de familiares que ya se encuentran reubicados en otros países, principalmente Australia. Con dichas ayudas y, en algunos casos con los ahorros de toda una vida, pueden costearse el alquiler y la comida para toda la familia.
Atrapados en un limbo legal
En los últimos años, tras el endurecimiento de las leyes migratorias en Australia, la ruta asiática se ha convertido en una opción muy arriesgada para los solicitantes de asilo que intentan acceder al país de forma irregular. Todos los barcos con migrantes indocumentados son interceptados por la Marina australiana, que tiene instrucciones de trasladar a todos los pasajeros a centros de detención como los de las islas de Nauru, al noreste de Australia, y Manus, en Papúa Nueva Guinea.
La precarias e inhumanas condiciones de los refugiados y migrantes en dichos centros han sido denunciadas en numerosas ocasiones por grupos de defensa de los derechos humanos, que exigen su cierre inmediato. Según informaciones recientes, el centro de Manus cerrará sus puertas a finales de 2017.
Ante la dificultad de la actual situación, muchos refugiados se ven obligados a permanecer en Indonesia, donde no tienen opción de solicitar un permiso de residencia ni de realizar ningún tipo de trabajo remunerado. Indonesia no está adherida a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo que ningún ciudadano extranjero que se encuentre en su territorio puede solicitar el estatus de refugiado.
Niños afganos y una niña de Etiopía juegan mientras un adulto afgano observa en una calle adyacente a la oficina de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el centro de la capital, donde algunos de los 14.000 solicitantes de asilo que viven en Indonesia acampan y esperan el proceso que determinará si son aceptados como refugiados en un tercer país. EFE
Así, la única opción que les queda a estas personas es solicitar su carné de refugiadas en la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que actúa de forma independiente –al margen del Gobierno indonesio–, y se encarga de tramitar las solicitudes de reasentamiento de los refugiados que deciden emprender el lento y farragoso proceso legal que les permite abandonar finalmente Indonesia. También colabora en el proceso la Organización Internacional para la Migraciones (OIM).
Los matrimonios con hijos que ya cuentan con familiares en su país de destino deseado son los primeros de la lista durante el proceso de solicitud de reasentamiento a través de ACNUR y la OIM. Los hombres solteros y jóvenes lo tienen mucho más complicado, pues su solicitud puede tardar años en tramitarse.
A mediados de agosto, la agencia Efe informaba de que d ecenas de solicitantes de asilo estaban acampados en la calle en precarias condiciones cerca de la oficina del ACNUR en Yakarta. Un total de 14.000 personas, según la agencia, esperan para ser reconocidas como refugiadas en Indonesia. Para muchos de ellos, la larga espera se convierte en un peso difícil de sobrellevar. El tedio y el desánimo hacen mella a medida que pasan los meses y los años.
Un refugiado crea una escuela para mitigar la espera
Fue este sentimiento de frustración el que llevó a Muzafar Ali, un refugiado hazara, a emprender una iniciativa que cambiaría las vidas de los cerca de 5.000 solicitantes de asilo que viven en Cisarua. «No tenemos estatus legal, no podemos trabajar, pero eso no significa que no podamos socializar, que no podamos estudiar o que no podamos educar», asegura Ali en declaraciones a la webAustraliaplus.
Con la ayuda de otros refugiados y de un grupo de activistas australianos, Ali fundó el Cisarua Refugee Learning Center (CRLC) en 2014. El objetivo, comentan, estaba claro: crear un espacio donde tanto niños como adultos pudieran aprender y sentirse útiles, dejando de lado por unas horas el tedio y la desesperanza habituales. Las familias hazara se involucraron rápidamente en el proyecto, diseñando entre todos el calendario escolar y participando de todas las actividades que se realizaban en el centro.
El edificio que alberga el colegio para refugiados de Cisarua. THE CISARUA REFUGEE LEARNING CENTRE
Con la finalidad de recaudar fondos para sufragar los gastos del colegio, se creó Cisarua Learning Inc., una organización australiana sin ánimo de lucro que lleva a cabo campañas de concienciación y recauda los fondos para el proyecto en Cisarua. El centro cuenta actualmente con 122 alumnos de entre 5 y 17 años que cursan asignaturas como ciencias, lengua inglesa o matemáticas. También se organizan actividades extraescolares como excursiones, eventos deportivos, etc. El colegio también ofrece clases de inglés básico para adultos, incluidas 59 mujeres que nunca antes habían tenido acceso a ningún tipo de educación.
Estimulados por el éxito de la iniciativa, otros refugiados han seguido el ejemplo y han puesto en funcionamiento otras escuelas en la zona de Cisarua, que cuenta ya con cuatro centros educativos para menores y adultos hazara. A pesar de la precaria situación en la que se encuentran, los miles de refugiados hazara que viven en Cisarua han decidido no sucumbir al desánimo y mantener la esperanza hasta el día en que reciban la llamada que, finalmente, les permita abandonar Indonesia y poner rumbo a su destino soñado.
Brasil sigue lidiando con altos niveles de desigualdad por raza, género y clase social, según reveló un estudio divulgado hoy por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).
Los datos revelaron que las mujeres negras se encuentran en desventaja en comparación con otros grupos y que, a pesar del desarrollo económico observado en Brasil en los últimos años, las desigualdades no fueron mitigadas.
El informe analizó datos desde 2011 hasta 2015 de la Investigación Nacional por Muestreo de Domicilios (PNAD), realizada por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según la investigación, personas negras y mestizas componen la mayoría de los brasileños, suman hasta el 55 por ciento de la población.
Foto: Internet
No obstante, en cuanto a ingresos, nivel de educación y clase social, este grupo (negras y mestizas) se encuentra en desventaja en comparación con los blancos, que alcanzan altos indicadores.
En general, las mujeres negras suelen ocupar los más bajos niveles.
De acuerdo con el estudio, los ingresos de la mujeres negras son los más bajos, 253 dólares mensuales en promedio, mientras que las mujeres blancas cobran en promedio 472 dólares mensuales.
En cuanto a los hombres blancos, éstos ganan casi el doble que las mujeres negras, con un promedio de 491 dólares mensuales.
La abogada Carla Lima quien fue la primera de su familia en graduarse de la universidad, como muchas otras mujeres negras, cree que tiene que trabajar más para demostrar su capacidad y mantenerse en la profesión que eligió.
«Esa cantidad extra de trabajo, esa necesidad de mostrar eficiencia, y decir: ‘llegué aquí porque me lo he merecido’, duele mucho», señaló Lima durante la presentación del estudio.
En cuanto a la educación, la investigación reveló que persisten las desigualdades.
Asimismo, el estudio demostró que no hay movilidad social entre las razas, es decir, que es muy difícil para un individuo negro subir en la escala social o mejorar su patrón de vida y preservarlo.
Además, el trabajo advirtió que es probable que las desigualdades se profundicen en tiempos de crisis, por ejemplo, el desempleo afecta mayormente, en la actualidad, a la población negra, seguida por la mestiza y la blanca.
«La tendencia histórica en sociedades marcadas por la desigualdad, como la nuestra, es que las élites pierdan menos en tiempos de crisis y lucren más en tiempos de prosperidad», afirma el documento que aboga por preservar políticas públicas dirigidas específicamente a brasileños negros.
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