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Polémica en Sudáfrica por las normas racistas de una escuela

Sudáfrica/05 junio 2017/Fuente: mundo.sputniknews

Una escuela de Pretoria ha sido acusada de racismo por obligar a sus alumnas de raza negra a alisarse el pelo, según informan varios medios del país.

Las alumnas de raza negra de la prestigiosa escuela denunciaron que algunos profesores las obligaban a alisarse el pelo. Además, se informó de que el centro impidió a las alumnas hablar idiomas africanos dentro del recinto de la escuela.

El ministro de Educación de la provincia de Gauteng, Panyaza Lesufi, visitó la escuela el 29 de agosto para abordar la polémica después de que más de 4.500 personas firmaran una petición en la que se solicitaba la intervención de las autoridades.

«Quiero ir allí y dejar que la escuela y los estudiantes presenten sus versiones de lo sucedido», comentó Lasufi antes de su visita. Es necesario «contener la situación antes de que salga de control», añadió.

La petición busca asegurar que los alumnos de raza negra y musulmanes no se conviertan en objeto de discriminación, proteger a los estudiantes que protestaron contra la persecución y tomar medidas disciplinarias contra el personal del centro responsable de implementar estas políticas racistas.

No obstante, el código de conducta de 36 páginas de la escuela no prohíbe específicamente los peinados afro. «Todos los estilos deben ser conservadores, ordenados y de acuerdo con el uniforme escolar. No se permiten estilos excéntricos y de moda», dice el documento.

Las fotos de la protesta escolar con el hashtag #StopRacismAtPretoriaGirlsHigh se hicieron virales en las redes sociales y provocaron un debate nacional acerca del racismo en el país africano.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/africa/201608311063169132-polemica-sudafrica-racismo-escuela/

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UNESCO conversa sobre la educación como pilar fundamental para la consolidación de la paz, en Bogotá, Colombia

05 junio 2017/Fuente: Unesco

El periódico “El Espectador” de Colombia, en el marco de su campaña Colombia 2020, en cooperación con la Unión Europea, y con el apoyo de la “Conversación más grande del mundo”, PNUD, ACNUR e ISAGEN, organizaron el Encuentro Nacional Colombia 2020 “La inclusión y la educación como pilares para la consolidación de la paz”, realizado el 26 de mayo de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El objetivo central del Encuentro Nacional Colombia 2020 apuntó a generar aportes para la discusión en torno a los retos de Colombia a los fines de concretar los contenidos del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en hechos reales con impactos en el bienestar de la población; enfatizando la plena y efectiva reintegración de las mujeres y los hombres que dejarán las armas, la importancia de implementar una política pública de educación para la paz, así como la definición de una agenda de prioridades a través de un proceso amplio y participativo.

Saadia Sánchez Vegas, Directora de la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, fue invitada a participar en el conversatorio “La educación, pilar fundamental para la construcción de la paz”, en la compañía de Natalia Ruiz Rodgers, Viceministra de Educación Superior; Zulia Mena García, Viceministra de Cultura; Jesús Martín Barbero, Investigador de fenómenos sociales, culturales y mediáticos y Camilo Borrero García, Investigador Universal Nacional – CAPAZ.

Durante su intervención, la Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en Quito destacó que la paz no es meramente la ausencia de guerra, ya que la paz sostenible apunta a su construcción como un valor y una práctica en la “mente de las mujeres y los hombres”, como señala el preámbulo de la constitución de la UNESCO, refiriendo, además, que la paz es una construcción desde la primera infancia y a lo largo de la vida sustentada en un proceso educativo integral que no sólo se ocupa del componente cognitivo, sino de las aptitudes y comportamientos a partir de la apropiación del enfoque de Derechos Humanos y del ejercicio de la ciudadanía para la democracia y el desarrollo sostenible.

También señaló que la paz sostenible responde a una visión común, holística y objetiva que supone la revisión de los factores estructurales del conflicto, la definición de los medios y las herramientas para la reconciliación, la didáctica de la memoria para evitar la recurrencia de la guerra, así como la pedagogía para la resolución pacífica de los conflictos desde la temprana edad como un recurso para sensibilizar y crear capacidades con el propósito de evitar la intensificación de los mismos.


Saadia Sánchez Vegas, Directora de la Oficina de la UNESCO en Quito, durante su intervención en Colombia 2020.

Sánchez Vegas advirtió la relevancia de idear y proyectar la respuesta a la pregunta acerca de la especificidad de la Educación para la Paz por construir, considerando que esa especificidad es una expresión de la territorialidad: educación para las realidades locales. Por otra parte, expresó que es central la idea de una educación en la diversidad y el reconocimiento de las diferencias, a partir de la solidaridad como un paradigma fundamental en la dinámica de las relaciones humanas y el lenguaje dialógico en la aceptación y plena integración del disenso en la comunicación.

Asimismo, destacó que la Educación para la Ciudadanía Mundial es una metodología de la UNESCO, entre una variedad de recursos técnicos, disponible para sus Estados Miembros que tiene especial relevancia para la construcción de la Educación para la Paz. La Directora Sánchez Vegas explicó que la Educación para la Ciudadanía Mundial está basada en los tres ámbitos del aprendizaje: el cognitivo, el socioemocional y el conductual, y que tales ámbitos corresponden a los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La metodología apunta a la integración de estos tres ámbitos para un proceso educativo sistémico y armónico que implica el desarrollo de las capacidades de adquisición de conocimientos y reflexión para la comprensión del mundo y sus complejidades; de los valores, actitudes y competencias sociales para el crecimiento afectivo, psicosocial y físico; así como de la conducta, el desempeño, la aplicación práctica y el compromiso.

Fuente: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_quito_conversa_sobre_la_educacion_como_pilar_fundame/

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Colombia: El 6 de junio los docentes se toman Bogotá

Colombia/05 junio 2017/Fuente: kaosenlared.net

FECODE, a través de su vocero Over Dorado, expresó que el próximo 6 de junio docentes de todo el país llegarán a la a la Plaza de Bolívar de la Capital, para exigirle al Ministerio de Educación que destine fondos para superar la desfinanciación de la Educación pública del país y de prontas propuestas que permiten retomar las clases en los colegios.

Para Over Dorado, si bien es cierto que han logrado llegar a puntos en común con el Ministerio de Educación, aún no hay ninguna propuesta que subsane los 600 mil millones de pesos que hay de déficit en el Sistema de Educación.

“Hay posibilidad de entrar a hablar más en detalle y de acercarse a las propuestas de FECODE en términos de bonificación, nivelación salarial y del sistema general de participación. Para nosotros es importante esto, pero la voluntad también debe verse en la exigencia a la financiación de la educación” afirmó Dorado.

La Asociación de Padres de Familia manifestó que tiene la intensión de instaurar una demanda contra el Ministerio de Educación y FECODE, por afectaciones a los estudiantes que cumplen casi un mes sin asistir a las aulas de clase. Referente a esta situación Dorado afirmó, “lo que está haciendo FECODE es buscar las condiciones necesarias para que los estudiantes y docentes tengan garantías dignas de educación”.

La toma a Bogotá de las y los docentes de Colombia se está organizando desde diferentes regiones del país. Llegarán a la capital para marchar por 3 vías importantes, el Monumento a los Héroes, La Sevillana y la Av. Boyacá, que se juntarán en la carrera séptima y terminarán en la Plaza de Bolívar.

Fuente: http://kaosenlared.net/colombia-6-junio-los-docentes-se-toman-bogota/

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Argentina impulsa la protección de escuelas en tiempos de guerra

Argentina/05 de Junio de 2017/Télam

La Declaración sobre Escuelas Seguras, una iniciativa liderada por el país y Noruega, apunta a que las instituciones educativas no sean objetivos de ataque ni utilizadas con propósitos militares.

Al menos en 21 países con conflictos armados las escuelas fueron objetivos de ataque y en unos 24 fueron utilizadas con propósitos militares, como ser convertidas en cuarteles o centros de detención, según la ONG llamada Coalición Mundial para Proteger a la Educación de Ataques. Con estas estadísticas, que solamente toman datos desde 2013 hasta la fecha, es que hace exactamente dos años se decidió redactar la Declaración sobre Escuelas Seguras, una iniciativa internacional liderada por Argentina y Noruega.

«Los ataques contra escuelas, estudiantes y maestros en tiempos de guerra son un problema mundial que necesita desesperadamente una respuesta global. Estas prácticas ponen en peligro la seguridad y la vida de los estudiantes y profesores, y restringen su derecho a la educación», explicó a Télam Bede Sheppard, subdirector de Derechos del Niño de Human Rights Watch.

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El papel del país fue clave en la redacción de la iniciativa en Ginebra en 2015, su presentación en Oslo, la búsqueda de firmas del resto de los países y en marzo de este año Buenos Aires fue sede de la II Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, una actividad organizada por Cancillería y el Ministerio de Defensa y a la que acudieron representantes de 85 naciones.

En el marco de esa reunión, el Colegio Nacional de Buenos Aires fue señalizado con el Escudo Azul de la ONU, que implica su protección especial en situación de conflicto armado y desastre por formar parte del patrimonio cultural e histórico del Estado Nacional.

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También apunta contra “la intolerancia y la exclusión” en el ámbito educativo como es “fomentar la discriminación de género mediante la prohibición de la educación a las niñas, perpetuar el conflicto entre ciertas comunidades, restringir la diversidad cultural y negar la libertad académica o el derecho de asociación”.

Un caso conocido sobre esto último es el de Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz (obtuvo el galardón con solo 17 años) por su lucha a favor del derecho a la educación. La activista fue baleada por el régimen talibán por promover el acceso a la escuela de las mujeres en su natal Pakistán, algo prohibido por esa facción fundamentalista islámica.

Sheppard afirmó que el documento “ya está haciendo más seguros” los colegios y enumeró algunos ejemplos para argumentarlo: “En Afganistán, el Ministerio de Educación utilizó el hecho de que su gobierno se unió a la declaración para abogar por la eliminación de los puntos de control militares y las bases en las escuelas; Nigeria está mejorando la seguridad escolar; el Ministerio de Defensa de Somalia amplió su unidad de protección infantil y la encargó de garantizar la seguridad de los estudiantes”.

“En la República Democrática del Congo la supervisión y la presentación de informes sobre los ataques contra las escuelas ha mejorado; las fuerzas de paz de la ONU en la República Centroafricana comenzaron a presionar a los militantes que ocupan y utilizan escuelas con fines militares para desalojarlos para que los niños puedan volver a estudiar; los grupos rebeldes e insurgentes de África, Asia y Medio Oriente recibieron capacitación sobre cómo proteger a las escuelas del uso militar, siguiendo los lineamientos establecidos en la Declaración”, continuó.

“Desde que se unió a la Declaración sobre la seguridad en las escuelas, varios países han compartido planes para actualizar su doctrina militar, sus entrenamientos y sus prácticas para abstenerse de utilizar escuelas con fines militares, tales como Italia, Nueva Zelanda, Eslovenia, Luxemburgo y Suiza”, completó.

El directivo de HRW resaltó que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, instó la semana pasada a que todos los países adhieran a la iniciativa y manifestó que desde la organización en la que trabaja “estarían particularmente interesados en que Colombia, Perú, Pakistán, Nepal, Estonia, Arabia Saudita, Yemen y Japón sean los próximos a unirse”.

Los gobiernos que se suscriben la declaración hacen un compromiso que incluye: mejorar el informe sobre ataques contra la educación; investigar y procesar posibles crímenes de guerra que involucran escuelas; y restaurar, rápidamente, el acceso a la educación cuando las escuelas sufren ataques.

Fuente:  http://www.telam.com.ar/notas/201705/190726-declaracion-escuelas-seguras-argentina-conflictos-armados-guerras-educacion.html

 

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Ninguna escuela de EEUU puede rechazar a un estudiante por ser indocumentado: Conoce los derechos de los estudiantes

Estados Unidos/05 junio 2017/Fuente: Univisiòn

Todos los menores de edad tienen derecho a una educación. Incluso, negar o disuadir de estudiar a estudiantes indocumentados o hijos de padres indocumentados es ilegal. Tanto padres, educadores y estudiantes deben tener sus derechos y responsabilidades claras. Entérate de cuáles son.

Los niños van a la escuela a aprender, los maestros, a enseñar. Parece sencillo, pero esto a veces se pierde en medio del clima político actual, cargado de retórica antiinmigrante. Es importante que tanto padres, estudiantes y educadores tengan claro cuáles son los derechos de los estudiantes en las escuelas, sean estos inmigrantes o no.

Lo más importante es que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, tienen los mismos derechos cuando se trata de su educación y de las escuelas. Esto proviene de una decisión de la Corte Suprema de 1982, Plyler v. Doe, que dictaminó que los niños indocumentados o de padres indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas que tienen los niños que son ciudadanos estadounidenses.

Todo esto además está respaldado por la clausula de Protección Equitativa ( Equal Protection clause, en inglés), parte de la 14va Enmienda de la Constitución, que dice que ningún estado puede negarle a una persona «la protección equitativa de la ley».

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Ahora, en Estados Unidos, los jóvenes no solo están obligados a asistir a la escuela hasta los 18 años. Además, las escuelas públicas no pueden:
  • Negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o migratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar.
  • Tratar a un estudiante en forma desigual al verificar la situación de migratoria solo de ciertos estudiantes.
  • Promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares.
  • Requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria.
  • Interrogar a estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados.
  • Exigir que los padres produzcan licencias de conducir u otros documentos de identificación.
  • Exigir que un estudiante obtenga un número de Seguro Social (SS) como requisito de admisión a la escuela.

Si un estudiante no tiene un número de SS, la escuela debe asignarle un número de identificación, según la Asociación de Investigación de Desarollo Intercultural, o IDRA, por sus siglas en inglés. Los adultos sin números de SS que necesitan almuerzo o desayuno gratis solo tienen que indicar que no tienen Seguro Social. Allí debe terminar la conversación.

Sin embargo, escuelas alrededor del país están publicando avisos en sus páginas web y otros sitios web escolares indicando que es necesario tener una tarjeta de SS o un certificado de nacimiento para registrar a los niños en la escuela. Aunque las escuelas pueden solicitar un certificado de nacimiento, no pueden prohibir que los estudiantes se matriculen si no tienen este documento. Esto sería una violación directa de Plyler v. Doe.

Los padres además deben saber que tanto ellos como sus hijos tienen derecho a la privacidad, es decir, el derecho a que no se comparta información de sus hijos, ya se migratoria o de otros temas. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar le restringe a las escuelas compartir información con ICE, o la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

A los estudiantes indocumentados no se debe desalientar asistir.
A los estudiantes indocumentados no se debe desalientar asistir. iStock

¿Por qué EEUU tiene estas políticas de educación hacia los inmigrantes?

Lo que Plyler v. Doe dictaminó fue radical en su momento. La corte dictó que el estatuto de Texas contra el que se entabló la demanda «le impone una vida entera de dificultad y sufrimiento a una clase específica de niños que no son responsables por su estatus discapacitante. Estos niños no pueden ni afectar la conducta de sus padres ni su propio estatus indocumentado».

Además, continúa el texto de la decisión, «la educación pública tiene un rol crucial en mantener el tejido de la sociedad y en mantener nuestra herencia política y cultural. Privar de educación deja una marca negativa inestimable en el bienestar social, económico, intelectual y psicológico del individuo, e impone un obstaculo para la realización personal».

El personal de las escuelas – en especial el director y los que admiten a los estudiantes – deben ser conscientes de que no tienen la obligación legal de hacer que se cumplan las leyes de inmigración del país. Su labor es educar y apoyar a sus estudiantes para ayudarlos a aprender y triunfar como individuos y como miembros de la sociedad.

Fuente: http://www.univision.com/noticias/educacion-publica/ninguna-escuela-de-eeuu-puede-rechazar-a-un-estudiante-por-ser-indocumentado-conoce-los-derechos-de-los-estudiantes
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Diversidad y convivencia

Por: Ángeles Solanes

Vivimos en sociedades cada día más diversas, conformadas por personas que se identifican con unos grupos y unas formas de vivir, sentir y actuar que se diferencian, cuando no se oponen, a las de otros. Esta diversidad podría ser motor de desarrollo y crecimiento personal y colectivo, pero mal gestionada nos conduce a escenarios de enfrentamiento, garantía desigual de derechos y retroceso civilizatorio. Incluso, en el peor de los casos, incentiva un odio extremo que acaba teniendo consecuencias devastadoras.

La multiculturalidad exige convivir en la diferencia y requiere un urgente compromiso social y político con la causa de la humanidad compartida y de los derechos humanos. Solo así puede contrarrestarse el vigor que están tomando los discursos encaminados a instaurar un régimen de terror que justifique la violación de los derechos. Como alertaba Zygmunt Bauman, es preciso detener ese proceso de «adiaforización» que opera especialmente contra los inmigrantes y refugiados, y por el cual eximimos de cualquier evaluación moral a las manifestaciones de racismo, xenofobia y discriminación que se dirigen contra los otros.

El análisis de la diversidad latente en el espacio público y en la cotidianidad de Europa, lejos de ser una cuestión de potencial conflicto, debe enfocarse como un desafío no resuelto. Un reto inaplazable que conlleva el debate sobre cuestiones fundamentales como el acceso equitativo al espacio público, la distribución del poder y de los recursos y las políticas liberales en diferentes ámbitos como el laboral, el educativo y el sanitario. El reconocimiento de la diversidad requiere garantías jurídicas para el desarrollo de un ámbito de autonomía y libertad personal, con especial atención a las cuestiones que atañen a la igualdad efectiva por razón de género.

La máxima de un modelo progresivo de convivencia intercultural en sociedades abiertas y plurales exige no reducir el soporte normativo al monopolio coercitivo como única precondición posible, sino más bien apostar por transformaciones sustantivas del derecho para acomodar lo diverso a los estándares internacionales de protección exigibles. Para que dicho modelo sea posible, hay que ser conscientes de la necesidad de una acción conjunta que entienda la diversidad como un valor positivo para hacer frente común a la denominada por Ulrich Beck como «sociedad del riesgo», que menosprecia al ser humano.

Para abordar éstas y otras cuestiones que contribuyan a una gestión de la diversidad, potencien la convivencia pacífica y garanticen los derechos humanos, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, un grupo de expertos procedentes de Canadá, Perú, Reino Unido, Francia, Italia, Grecia y España, nos reunimos hoy y mañana en la Facultat de Dret, en el III Congreso Internacional Multihuri sobre derechos humanos, diversidad y convivencia (I+D+i DER2015-65840-R, Mineco/Feder). Ésta es una oportunidad de reflexionar, desde el convencimiento, como propone Axel Honneth, de que la ciudadanía debe tomar consciencia de su capacidad para mejorar la sociedad junto a una teoría crítica que tiene ahora la obligación moral del optimismo.

Fuente: http://www.levante-emv.com/opinion/2017/06/01/diversidad-convivencia/1574418.html

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Declaración Política del Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México

Estados Unidos /05 de Junio de 2017 /Rebelión

Esta Declaración fue aprobada en lo general por unanimidad, por los participantes presentes en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, celebrado en la Ciudad de México 26 y 27 de mayo de 2017.

Las y los participantes en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), condenamos este modelo porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático. Además, los tratados de libre comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis social.

Apostamos por la construcción de un nuevo modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países, que garantice la participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que, con base, en la cooperación internacional y la soberanía de cada país, promueva la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Además, debe garantizar el trabajo digno y el salario remunerador, independientemente del origen o condición migratoria.

Ya que desde la implementación del TLCAN en 1994, han sido los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países han sufrido, mientras que los inversionistas ricos, las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y han adquirido más derechos y poder. Ese poder ha tenido un efecto negativo en nuestras democracias.

Cualquier tratado comercial debe revertir estas tendencias innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente compartido en toda América del Norte.

Hasta ahora, no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de América del Norte y al medio ambiente que todos compartimos. Varios funcionarios en los Estados Unidos han mencionado utilizar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) como punto de partida, para su revisión, aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP con argumentos concretos y buenas razones.

Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y comunidades originarias rechazamos no sólo los detalles técnicos del actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en las Américas, sino también las posiciones beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del Presidente Trump. Por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no intervención para garantizar la paz mundial.

Nos oponemos a los muros fronterizos en América del Norte y defendemos los derechos humanos y laborales de las personas que emigran, así como su derecho a no ser obligados a emigrar por la pobreza y la inseguridad.

Por estas razones, cualquier Tratado y proceso de negociación debe:

1) Avanzar a través de un proceso transparente, democrático y participativo en el que participen los pueblos y el poder legislativo de cada país.

2) Incluir en el texto del acuerdo normas laborales y ambientales claras y efectivas, vinculantes y ejecutables, con plazos que se cumplan, y que vayan más allá de los estándares internacionales establecidos.

3) Eliminar los privilegios de los inversionistas extranjeros, así como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado (ISDS), así como respetar el derecho de los pueblos a ejercer controles democráticos sobre las políticas públicas en cada país.

4) Establecer normas vinculantes que garanticen la preponderancia de los Derechos Humanos con base en los acuerdos y pactos Internacionales.

5) Instaurar políticas integrales de género, que garanticen la equidad y la no discriminación como principios transversales, así como la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

6) Garantizar la participación y el consentimiento previo e informado de las comunidades y pueblos originarios, con el fin de respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y sus culturas.

7) Incluir medidas en la legislación y prácticas que aumenten los salarios y el acceso al trabajo decente en los tres países, promoviendo la democracia y la libertad sindical y la negociación colectiva transnacional en los casos en que un empleador opere en dos o más países.

8) Garantizar la educación pública, gratuita, en todos los niveles como un derecho social, indispensable en la construcción de sociedades democráticas, con justicia social y para la emancipación de nuestros pueblos y la exclusión de la educación de los tratados de libre comercio, pues no es una mercancía.

9) Impulsar una política industrial en América del Norte, que proteja de manera efectiva una producción compartida, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo el monitoreo para garantizar el origen norteamericano de componentes en industrias claves.

10) Salvaguardar la soberanía alimentaria, los mecanismos de gestión de la producción y su abastecimiento, la subsistencia rural y el derecho a saber qué hay en nuestra alimentación y cómo y dónde se produce.

11) Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad; la educación, la salud, la seguridad social, la energía, el agua, etcétera. Proteger los derechos de las naciones a expandir la propiedad pública de los recursos y los servicios.

12) Incluir compromisos compartidos sobre los derechos de los trabajadores migratorios y los pueblos indígenas y mecanismos ejecutables para protegerlos, así como, garantizar su organización sindical.

13) Rechazar los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico por violar los derechos de libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento y medicamentos. Preservar un internet libre y abierto integralmente, evitar la criminalización de los usuarios finales e impedir que los derechos de autor sean mecanismos de usura.

14) Incorporar compromisos compartidos para mejorar la infraestructura pública y la sostenibilidad, en los tres países, promoviendo la justicia fiscal a través de impuestos justos, equitativos y progresivos sobre los beneficios.

15) Incluir obligaciones fuertemente vinculantes y ejecutables para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua. Se debe requerir a cada país que cumpla con su contribución determinada para el acuerdo de París sobre cambio climático.

Las organizaciones de la sociedad civil de América del Norte no aceptarán un TLCAN tóxico y cooperarán a través de las fronteras para monitorear, movilizar, educar, abogar y exigir que estos objetivos sean conquistados.

Fortalecer nuestro compromiso de trabajar conjuntamente e implementar un plan de acción trinacional; que incluirá un conjunto de manifestaciones, movilizaciones, campañas, declaraciones políticas y el uso de todos los recursos jurídicos, políticos y de cabildeo necesarios para lograr un nuevo modelo de comercio que anteponga a los pueblos y al planeta por encima de las ganancias de las corporaciones.

Con base en lo expuesto, convocamos a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle estrategias de movilización, propuesta e interlocución política para lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=227432

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