Derechos Humanos

El secuestro como régimen de justicia internacional
El 3 de enero los venezolanos despertamos con el estruendo de las explosiones, el rugir de los helicópteros artillados y el zumbido de aviones de última generación. Por primera vez en la historia de Suramérica, Estados Unidos invadía directamente el territorio de una de nuestras naciones, secuestraba al presidente y su esposa, dejando caos y destrucción en menos de dos horas de operaciones. Los partidarios del ataque norteamericano para desplazar al Madurismo del poder, despertaron de la ingenuidad de creer que el ataque gringo solo afectaría a quienes estaban al frente del gobierno; los más de 100 muertos eran todos hijos e hijas de trabajadores, gente común, no murió ningún rico, como siempre son los pobres quienes sufren las consecuencias de la guerra. El dolor por la pérdida de vidas humanas nos unió a todos los venezolanos.

Los partidarios del gobierno, quienes habían creído la retórica que un ataque norteamericano al suelo patrio sería equivalente a un nuevo Vietnam para los gringos, tuvieron que vivir la vergüenza de presenciar la mayor derrota y humillación sufrida por el Ejército venezolano en su historia, incluso de consecuencias más nefastas que la pérdida de la primera república ante los españoles, porque en ese momento rápidamente se reorganizó la resistencia y retomó la lucha por la independencia nacional. Esto no ocurre hoy. Por el contrario, vergonzosamente la cúpula militar afirma que lo que ha ocurrido es el triunfo de la diplomacia por encima de las armas, en una aceptación tácita de los intentos de convertir a la República en Colonia. El ataque norteamericano no solo ocurrió sin bajas en sus filas, sino que ello les permitió amenazar con un segundo ataque más letal, haciendo que el discurso de la cúpula militar abandonara rápidamente toda la jerga antiimperialista para entrar en la narrativa de un nuevo momento político. Hoy muchos venezolanos se preguntan si en medio de la difícil situación económica, son necesarias unas fuerzas armadas de este tipo, si se justifica el volumen de gasto militar en un país cuyos maestros deben ir a dar clases con la zuela de sus zapatos rota.

Pero ese día también se disolvió el orden jurídico internacional, como si uno de los misiles usados hubiese impactado las bases de la convivencia, el derecho y los órganos jurisdiccionales multilaterales de administración de justicia. El presidente Maduro y la diputada Cilia Flores, su esposa, fueron esposados, secuestrados y trasladados a Nueva York, violando la inmunidad de sus cargos y sometiéndolos a la justicia de un país que no es el propio. Esposados, con signos de haber sufrido violencia en su captura, fueron mostrados como trofeos de guerra, convertidos en prisioneros y leídos los cargos por parte de un tribunal que defiende las leyes norteamericanas y para quienes Venezuela es solo un lugar geopolítico. Comienza el juicio y se habla de la necesidad del debido proceso, como si se tuviera que dotar de legitimidad un acto de violación del derecho internacional. La única opción humanitaria de un secuestro es la liberación, no existe otra.

Y no se trata de una defensa de Maduro, cuyo gobierno ha sido la peor desgracia para la clase trabajadora en la historia republicana, un régimen que intervino, copto y sometió a decisiones judiciales a todas las direcciones de los partidos de izquierda, ilegalizó el derecho a huelga, borró la noción de derechos adquiridos como parte de la administración de las negociaciones colectivas, destruyó el salario llevando el mínimo a solo 0,4 de dólar mensual y colocó como techo máximo de ingreso los 160 dólares mensuales (bonificados, no salariales), no permitió desde 2018 la legalización de sindicatos autónomos y proscribió de hecho el derecho a huelga. Si bien las sanciones económicas afectaron la economía y los ingresos del país, el drama de la clase trabajadora inicia antes de 2017, año en el que se imponen las Medidas Coercitivas Unilaterales contra el comercio internacional venezolano. Lo que ha ocurrido los últimos años es una brutal transferencia de la riqueza nacional al sector financiero bancario, la vieja y la nueva burguesía bolivariana. En la misma proporción que aumentaron los ingresos al país por la venta extraordinaria de petróleo a los Estados Unidos debido a la guerra en Ucrania, caían los ingresos salariales; la curva de ingresos del país ha sido inversamente proporcional a la caída del salario y los ingresos para la clase trabajadora.  Pero Maduro, es ante todo un venezolano, un latinoamericano, que solo debe ser juzgado en su país y bajo las leyes nacionales. Es el pueblo venezolano quien debe decidir su futuro político, recuperar la democracia y el estado de derecho, nunca potencia extranjera alguna.

¿Como es arriba es abajo?
Es imposible solicitar el cumplimiento del derecho internacional para el presidente Maduro, sin revisar la situación jurídica de la clase trabajadora y los ciudadanos en general en el país. Solo en el último año más de dos mil personas han sido detenidas por el delito de opinar contra el gobierno, acusados de incitación al odio y conspiración contra el Estado. Ser opositor en Venezuela es un riesgo para la libertad personal, para la tranquilidad familiar y la vida.

El ministro del interior, justicia y paz Diosdado Cabello Rondón, denominó y popularizó como tum tum (tocar la puerta), la operación policial que en las madrugadas llega a las casas de residencia de los opositores, sin orden judicial ni medida cautelar alguna, sin acusación formal de cargos, y se los lleva detenidos, secuestrados. Y ahí comienza el drama de los familiares, quienes recorren todos los lugares de reclusión, estaciones policiales, juzgados y fiscalías, pidiendo información de los suyos, recibiendo como respuesta “no tenemos información sobre ese caso”. Muchos pasan en situación de desaparición forzada semanas y hasta meses, hasta que se reconoce que están detenidos, sin formularles cargos. Incluso en casos como el de Enrique Márquez (excandidato presidencial y vocero del Frente Democrático Popular), se llegó a señalar luego de varios meses de desaparecido, que “no estaba detenido, sino invitado a conversar”. En la inmensa mayoría de los casos no se le permite designar abogado privado que les defienda e intente encontrar el expediente, sino que se le asigna un abogado de oficio, es decir un profesional del derecho que trabaja para el gobierno que le detuvo.

Esta condición calificada por los familiares de los detenidos como secuestro –la misma denominación que hoy se defiende sobre el estatus jurídico del presidente Maduro– la han vivido mujeres, menores de edad y ciudadanos trabajadores. Un caso es más insólito que el otro; Félix Gustavo Montoya, un hombre de 72 años, jubilado, fue detenido en Calabozo, estado Guárico, acusado de traición a la patria por hacer grafitis contra el gobierno; Luis Óscar Rondón Rodríguez, detenido el 29 de julio de 2024 (después de las elecciones), sus familiares señalan que fue golpeado, por el delito de estar en el lugar equivocado; Juan Valero un trabajador del sector eléctrico, preso hace un año sin causa comprobada; Juan Francisco Alvarado, estudiante de comunicación social,  fue detenido por reportar fallas en su comunidad a través de la propia App creada por el gobierno para esos fines, condenado a 15 años de cárcel; son centenares de casos de detenciones arbitrarias, de sentencias desproporcionadas y sin fundamento, de juicios sin el debido proceso, de detenciones sin orden judicial ni acusación formal, sin garantías procesales, ocurridas en su mayoría desde el 29 de julio de 2024. Muchos de los detenidos solo habían colocado una publicación crítica al gobierno en sus redes sociales y estados de apps, algo común en cualquier lugar del planeta.

Antes del 3 de enero el gobierno no reconocía que había presos políticos (gente común detenida por opinar contra los resultados electorales o las políticas del gobierno), políticos presos (el arcoíris opositor) y ciudadanos aún en condición de desaparecidos. Bastó que el presidente Trump, luego de anunciar su pretensión de convertir a Venezuela en colonia, pidiera el cierre del Helicoide (sitio de reclusión de prisioneros opositores al gobierno, lugar que ha sido objeto de denuncia por aplicarse tortura) y la libertad de los presos políticos, para que el presidente de la asamblea nacional, Jorge Rodríguez, hablara de una liberación masiva de más de 400 detenidos –ahora dice que llegan a 626– y el estudio de más casos. No obstante, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales advertía este 23 de enero de 2026, que los excarcelados, con libertad condicional, solo llegan a los 172 ciudadanos. Otras organizaciones de derechos humanos y gremiales, como Provea, Laboratorio de Paz, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, COFAVIC, así lo confirman.

El Foro Penal, ONG de derechos humanos, denuncia que en el marco de los eventos post 3 de enero de 2026, el número de detenidos se ha incrementado como resultado de la aplicación del artículo 5 del Decreto de Conmoción Externa que se publicó después del secuestro de Maduro y su esposa. Es decir, se está aplicando una especie de puerta giratoria, mientras unos son liberados, otros son detenidos. Los cargos suelen ser incitación al odio, traición a la patria o conspiración. Desde la publicación del decreto, autoridades militares, policiales y funcionarios de inteligencia disfrazados de colectivos, revisan en las calles los celulares en búsqueda de alguna crítica al gobierno, que resultan evidencias vinculantes a alguna de las causas señaladas. Muchos ciudadanos salen a las calles sin teléfono móvil para evitar ser objeto de detención arbitraria.

Enrique Márquez (detenido por más de un año), Nicmer Evans (politólogo, director del medio de comunicación alternativo Punto de Corte y exmilitante de Marea Socialista) y una larga lista de presos han comenzado a ser liberados, pero siguen siendo mucho más los detenidos por razones políticas. Permanecen retenidos centenares de dirigentes sociales y sindicales, habitantes de los barrios cuyo único delito fue colocar un post en el que criticaban a Maduro, muchos de ellos nombres sin gran reconocimiento en los medios de comunicación, invisibles al ojo mediático, cuyas madres, esposas e hijos en estos momentos hacen vigilia frente a los sitios de reclusión. Surgentes una ONG que ha denunciado ampliamente el ataque norteamericano sobre Venezuela, señala que las luchas de las madres por la libertad de sus hijos presos, es cada vez mayor, demandando una auténtica amnistía general y liberación de todos los detenidos.

Sería un acto de cinismo político, solicitar el debido estado de derecho para el presidente Maduro, sin exigir lo propio para los miles de venezolanos que viven en carne propia el desamparo de la ley. Un acto de racionalidad e inteligencia política del cuarteto que dirige el gobierno interino (Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino), liderado por Delcy Rodríguez, sería abrir las puertas de los sitios de reclusión de todos los presos políticos. Este sería un gesto que contribuiría a alimentar el sentimiento nacional antiimperialista.  Es momento de unidad, basada en la Constitución y las leyes que nos hemos dado los venezolanos, de superar el abuso del Estado para enfrentar al enemigo de la patria.

La polarización: Estrategia para ocultar a la oposición de izquierda
El cerco naval y militar norteamericano sobre las costas venezolanas que viene ocurriendo desde agosto de 2025, el manejo de los medios de comunicación internacional y el soft power gringo de los últimos años, ha pretendido mostrar a Venezuela como una nación dividida entre Bolivarianos (Chavistas y Maduristas) versus la derecha democrática. La polarización tiene el propósito de ocultar la existencia de la oposición de izquierda, es decir, sacar de la ecuación política de solución al conflicto, a la izquierda. Y en el plano mediático en buena medida lo han logrado, porque hoy muchos se asombran cuando les hablamos que en Venezuela la izquierda real no es madurista.

La razón de este ocultamiento deliberado, en el que coinciden imperialismo y gobierno venezolano, es que las clases dominantes saben que va a ser muy complejo restituir el nivel de vida material e ingresos salariales de la población a los niveles que tenía en 2013 o 1982, como lo han prometido en los últimos tiempos, especialmente después de la violación de la soberanía por parte de las fuerzas militares norteamericanas, lo cual coloca el descontento, la rebeldía y la conmoción social en el horizonte de la política nacional. Aislar a la izquierda procura evitar que pueda llegar a tener influencia en un escenario de este tipo.

En los últimos años, aún en un marco de limitación severa de las libertades políticas, se ha venido construyendo un amplio campo de oposición de izquierda, aún no unificado pero que coincide en lo sustantivo, del cual forman parte el PCV dignidad, el PPT, la corriente COMUNES, Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad, el Bloque Histórico y muchos movimientos más. A la par, la clase trabajadora ha venido recomponiendo sus instrumentos de organización y lucha especialmente a partir del Comité Nacional de los Trabajadores en Lucha (CNCTL) y el acuerdo unitario que finalmente firmaron todas las centrales sindicales el 12 de diciembre de 2025.

Esa realidad le preocupa a la burguesía (tanto cuarto republicana como de la quinta república) y Estados Unidos, quienes han bloqueado la difusión de sus actividades en los grandes medios y su presencia sufre los rigores de la exclusión algorítmica en las redes sociales. Tanto el gobierno de Maduro –y ahora el de Delcy Rodríguez– así como Estados Unidos cuando se refieren a la oposición lo hacen solo mencionando a la derecha, tanto la coptada por el gobierno como la que lidera María Corina Machado. Asumen que, si evitan que se difunda la existencia de la oposición de izquierda, esta desaparecerá. Tremendo error de cálculo, la izquierda tiene una enorme experiencia de sobrevivencia en condiciones autoritarias, dictatoriales, y ha comenzado a recomponer su relación con el movimiento social que resiste a la polarización.

Pero la negación sobre la existencia de una oposición de izquierdas en Venezuela no es solo una posición del gobierno, el imperialismo norteamericano, las derechas locales y mundiales, sino que un sector de la izquierda global ha preferido no darse por enterada, para vivir la comodidad binaria, dotando al Madurismo de una condición revolucionaria y antiimperialista que abandonó en los hechos hace mucho tiempo. La verdad es que el gobierno venezolano hace tiempo perdió su carácter de izquierda, aunque mantenga elementos retóricos, mientras aplica un paquete neoliberal y negocia con los Estados Unidos. La cúspide de esta dualidad esquizoide han sido los encuentros, en Caracas, la ciudad bombardeada, por parte de la presidenta encargada y el alto gobierno venezolano con el director de la CIA, precisamente la persona encargada de diseñar el ataque del 3 de enero y el secuestro de Maduro.

Es terrible que la izquierda geopolítica mundial no comprenda que lo importante es estar con quienes viven el drama de la clase trabajadora, no sacar cuentas de cuantos gobiernos se identifican de derecha y cuantos como progresistas; la política del común no es un juego de monopolio. De hecho, mientras quien dirige la burocrática y patronal Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores (CBST) nunca ha dirigido una huelga en defensa de la clase trabajadora, decenas de dirigentes sindicales de base en Venezuela están hoy prisioneros o tienen medidas restrictivas de libertad, solo por atreverse a exigir aumentos de salarios y derecho a huelga, algo que la izquierda hace en cada lugar del mundo. Estamos seguros de que, en sus países los militantes de esas organizaciones geopolíticas de izquierda jamás aceptarían callar, ante el despojo salarial o la represión al movimiento social. Triste papel el que encarna esa izquierda geopolítica, que por omisión consciente contribuye a ocultar que existe una oposición de izquierda en Venezuela.

La urgencia de una plataforma mundial antiimperialista desde los intereses de la clase trabajadora
Difícil tarea la de los revolucionarios en este periodo, organizar la resistencia ante los avances del fascismo y la ultraderecha, construir coincidencias y articulaciones antiimperialistas a escala global, sin ocultar la situación real de la clase trabajadora venezolana. Impulsar unidad de acción, exigiendo restitución de los derechos democráticos mínimos para la clase trabajadora, porque al final, al único que le favorece que los trabajadores no se organicen autónomamente, es al capitalismo y al imperialismo. En este esfuerzo de unidad en la diversidad estamos comprometidos y trabajando.

Derechos humanos, estatuto colonial y unidad antiimperialista